Función pública incautada en Argentina

Casi todos los Congresos de las Américas tienen baja credibilidad, mucho menos que los poderes Ejecutivo, como sucede en Estados Unidos, donde el público rechaza a los legisladores en un 84% debido, especialmente, a las peleas bipartidistas y la obstrucción política que imponen a cualquier proyecto de la oposición.
Sin embargo, en Argentina el descrédito no es tanto por la partidocracia, es decir o que hacen o dejan de hacer para su partido sin importar al sector de la población que representan, sino también por la forma privilegiada que se benefician a sí mismos, con poca sensibilidad por lo que atraviesan los demás trabajadores del país.

Mientras maestros y otros sindicatos están en tratativas y arduas negociaciones para alcanzar un aumento salarial del 10% y los jubilados tuvieron que agradecer el “privilegio” de un incremento de 40 dólares en sus haberes mensuales, los legisladores nacionales, senadores y diputados, con el beneplácito del vicepresidente argentino Amado Bodou y los presidentes de los bloques partidarios, se autorizaron un aumento de salario de más del 100%. Pasarán a cobrar unos 8 mil dólares de nómina mensual, que con los gastos de representación, viáticos y desarraigo par los del interior del país, superarán ampliamente los 10 mil dólares.

La gente está furiosa y no es para menos. Los diputados parecen que se incautaron la función pública para su propio beneficio y la confianza del público en las instituciones sigue en franco deterioro.

Congreso argentino y equilibrio

Por suerte en la Argentina actual, donde el Poder Judicial está absorbido por el Poder Ejecutivo, el Congreso tiene fuerza, es contrapeso y equilibrio ante los potenciales abusos que busque cometer la Presidencia.

Por eso tengo la esperanza de que la Cámara de Diputados bloquee el proyecto de ley que trata de declarar de “interés público” la fabricación, distribución y comercialización de papel para diarios, en una nueva embestida del Poder Ejecutivo para controlar a los medios de comunicación, como sucedía en la década del 50 con el férreo autoritarismo del gobierno de Juan Domingo Perón.

El avance de los gobiernos contra el papel no es nuevo. Desde Perón a Hugo Chávez, que imposibilita la compra tras el control sobre la importación, o el control que ejercía el PRI mexicano a través de Pipsa, con lo que se discriminaba a los medios mexicanos. Siempre los gobiernos utilizaron al papel periódico como forma de premio y castigo.

El proyecto del gobierno no puede pasar en el Congreso. De lo contrario sería legitimar una medida anticonstitucional, descabellada, ya que se estaría violando el Art. 32 de la Constitución que establece, de la misma forma que la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, que no se puede dictar ninguna ley que viole la libertad de imprenta.

También, de aprobarse un proyecto así, se violarían tratados internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos firmada por el país, la que establece que no puede haber arbitrariedades en contra del papel en su Art. 13.3 especifica: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Pareciera que la mayoría opositora en la Cámara de Diputados considera que estos dos artículos son suficientes para no avalar el proyecto de ley.

Aprobar esta ley haría legal la posibilidad de la censura, algo que el propio matrimonio Kirchner hubiera querido que nunca existiera en la Argentina de la dictadura militar. La libertad de prensa y de expresión es uno de los derechos humanos fundamentales, de ahí que no se entiende por qué tanto ahínco en tratar de violarla.