martes, 14 de febrero de 2012

Función pública incautada en Argentina


Casi todos los Congresos de las Américas tienen baja credibilidad, mucho menos que los poderes Ejecutivo, como sucede en Estados Unidos, donde el público rechaza a los legisladores en un 84% debido, especialmente, a las peleas bipartidistas y la obstrucción política que imponen a cualquier proyecto de la oposición.
Sin embargo, en Argentina el descrédito no es tanto por la partidocracia, es decir o que hacen o dejan de hacer para su partido sin importar al sector de la población que representan, sino también por la forma privilegiada que se benefician a sí mismos, con poca sensibilidad por lo que atraviesan los demás trabajadores del país.

Mientras maestros y otros sindicatos están en tratativas y arduas negociaciones para alcanzar un aumento salarial del 10% y los jubilados tuvieron que agradecer el “privilegio” de un incremento de 40 dólares en sus haberes mensuales, los legisladores nacionales, senadores y diputados, con el beneplácito del vicepresidente argentino Amado Bodou y los presidentes de los bloques partidarios, se autorizaron un aumento de salario de más del 100%. Pasarán a cobrar unos 8 mil dólares de nómina mensual, que con los gastos de representación, viáticos y desarraigo par los del interior del país, superarán ampliamente los 10 mil dólares.

La gente está furiosa y no es para menos. Los diputados parecen que se incautaron la función pública para su propio beneficio y la confianza del público en las instituciones sigue en franco deterioro.