Sensibilidad, autocensura y Cristina

Aunque parece razonable, no creo que sea apropiada la decisión de varios diarios que en sus sitios de internet, privan a los lectores de escribir comentarios debajo de las notas referidas a la salud de la presidente Cristina Kirchner.

La política de autorregulación del diario La Nación - implícita en la frase, “Debido a la sensibilidad del tema, la nota está cerrada a comentarios”, de su versión on-line - también implementada por Página 12, Infobae y Ámbito Financiero, pretende evitar convertirse en vehículo de insultos que usualmente se prodigan entre lectores o contra la Presidente.

La medida tiene justificativo. Los comentarios se han vuelto un dolor de cabeza para los medios, ya que en sociedades polarizadas como la argentina, los usuarios de internet tienden a burlarse y hacer comentarios irónicos, inhibiendo y degradando la discusión. Un síntoma que incentivan presidentes como Cristina, Nicolás Maduro y Rafael Correa, con discursos cargados de insolencias y sarcasmos en contra de opositores y críticos de su gestión.

No permitir comentarios de ningún tipo, y menos sobre un Presidente, puede ser un privilegio no reservado a otros mortales. Privilegios que en Argentina se eliminaron cuando se derogó el delito de desacato, aquella figura medieval que protegía al Presidente de las críticas, y que se contrapone a la jurisprudencia interamericana, que indica que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad.

Ante la prohibición, uno podría preguntarse ¿cuál es la vara justa para medir otros casos y el nivel de sensibilidad que debe guardarse? ¿Acaso se deberían prohibir comentarios en notas sobre Francisco porque podrían derivar en críticas a curas pederastas; o sobre Amado Boudou, porque se señalaría que nadie con seis procesos judiciales abiertos debiera tener las riendas del país?

En épocas de redes sociales y de constante búsqueda por mayores espacios de participación ciudadana, discriminar qué notas pueden o no ser comentadas, puede inducir a los medios a aplicar censura previa, algo que detestan y combaten. En todo caso, sería preferible que no permitieran comentarios en ninguna nota, a que tengan una política selectiva que puede llevar a errores.

La esencia del periodismo es fiscalizar, criticar y señalar caminos, pero no es su función discriminar. Por ejemplo, se puede ser más prudente o reducir el sensacionalismo en hechos de sangre, pero no se los puede ocultar. Su oficio es mostrarlos, y será la sociedad, los expertos y legisladores, quienes tendrán que interpretarlos y buscar correctivos.

Tampoco se trata de otorgar una patente de corso a los usuarios, ya que los medios también pueden ser responsables (ética y legalmente) ante cualquier apología a la violencia u otros delitos como los de injurias y calumnias. Pero en lugar de censurar, los medios pueden optar por editar, filtrar, ordenar y administrar esos comentarios, siendo bien explícitos con sus usuarios sobre las reglas y los límites de la discusión. 

Es una tarea cara, claro, pero fundamental para seguir liderando la discusión ciudadana y la agenda pública.

Esa labor evitaría que se censuren críticas de gente bien intencionada que termina pagando los platos rotos por aquellos que insultan sin ton ni son. Gente que pudiera estar comparando conductas entre el gobierno argentino y el venezolano sobre el grado de desinformación respecto a la salud de Cristina y de Hugo Chávez. O que podrían comparar con las políticas más transparentes que se utilizaron en otros países para informar sobre el cáncer que padecían Fernando Lugo, Juan Manuel Santos, Dilma Rousseff o Lula da Silva.

Cerrando la puerta a los comentarios, se evita ese torrente de opiniones que servirían para presionar al gobierno de Cristina a que no informe a regañadientes sobre sus desmayos o manipule índices de pobreza e inflación. Torrente que clamaría por una esperada ley de transparencia y acceso a la información pública que obligue al gobierno a decir la verdad.

Los comentarios de la gente en los medios pueden ser dolorosos, pero prohibirlos desnaturaliza su función. La autorregulación clama más bien para que sean editados y ordenados, ya que administrar discusiones constructivas será siempre mejor opción. 

Cristina, polarización, Boudou y comentarios por internet

Con su forma soberbia de gobernar, la presidente de Argentina, Cristina Kirchner, ha polarizado a la sociedad. La polarización es consecuencia directa de los gobiernos más autoritarios, aquellos que aunque soportan estoicamente la crítica hacen o dicen siempre lo que les place, evadiendo la discusión y la negociación ante el disenso. Momentos de polarización intensa, a veces más o menos controlado por el autoritarismo, se vivieron en Argentina ya sea en épocas de militares o de gobiernos como el de Perón o Frondizi y se viven en países latinoamericanos con gobiernos similares.

La polarización en Argentina, entre aquellos que aman u odian al gobierno, aman u odian a Cristina, es cada vez más profunda y una muestra de ello se puede ver claramente en los sentimientos que los ciudadanos expresan en los comentarios que siguen a las notas periodísticas. Por cualquier motivo, los insultos de uno y otro bando afloran como en estadio de fútbol. De cualquier tema, se termina siempre en el descrédito y el agravio, y de lo político y social se termina en lo personal.

Hoy el diario La Nación de Buenos Aires tomó un camino distinto, pese a que algunos otros medios pudieran criticarlo por imponer censura previa. Debajo de sus notas sobre la operación quirúrgica que Cristina tendrá hoy y notas relativas del traspaso al poder al vicepresidente Amado Boudou, se aplicó la frase: “La nota fue cerrada a comentarios debido a la sensibilidad del tema”.

La frase connota esa polarización, es decir se cierran los comentarios a sabiendas que el tema de la presidente acarrearía comentarios injuriosos y subidos de tono en momentos que se merece mayor respeto. El diario Clarín, por dar otro ejemplo, seguía esta mañana abierto a los comentarios de la gente y el resultado fue el mismo de siempre,  polarización intensa y comentarios irrespetuosos.

Podrá decirse que La Nación optó por censurar y no confiar el proceso democrático del disenso aunque este a veces sea doloroso. Fue, seguramente, un proceso y decisión editorial que dentro del diario también habrá tenido adeptos y detractores, por lo que sería importante que el periódico explique a sus lectores e internautas ese proceso y esa decisión.

La polarización también se hace evidente cuando no se administra el riesgo. El gobierno poco hizo para ayudar en el proceso judicial que se le siguió al vicepresidente, atornillándolo al poder cuando se merecía obligarlo a dar un paso al costado para someterse a la justicia. Hoy, por aquellas malas decisiones, Argentina está gobernada por un presidente interino en funciones que obliga la Constitución, pero a quien Cristina no le confía el poder, y con varios procesos judiciales que merman su capacidad gubernativa y la confianza mínima del público que el puesto requiere.

Boudou está investigado y procesado en media docena de casos, especialmente en lo concerniente a su patrimonio que no es compatible con su salario como funcionario, al caso de la imprenta de papel moneda que quedaría para sus colaboradores más cercanos y, entre otros, por la compra de automóviles de lujo.

Es evidente que el período de Boudou, marcado por la campaña electoral en víspera de los próximos sufragios legislativos, será de polarización y desconfianza aún mayores.

Represalias hasta con papel

Uno pudiera pensar que para dañar a otra persona habría que usar un arma de fuego, un cuchillo o hasta una botella rota con vidrios puntiagudos, pero en Argentina el gobierno lo hace con cosas mucho más suaves pero igual de letales: papel.

Resulta que el gobierno de la presidenta Cristina de Kirchner es el único de todo el hemisferio que declaró que el papel para periódicos es de interés público, por lo que su producción y comercialización deben estar regulados estrictamente, ya que a nombre de la democracia, este es un bien público que debe ser repartido en igualdad de condiciones.

Había advertido en este espacio, que esa ley aprobada tras gallos y medianoche en diciembre en una sesión extraordinaria del Congreso, serviría para pronto asestar un golpe duro a los periódicos en general, pese a que en un principio estaba destinada a debilitar solo a los diarios Clarín y La Nación, socios mayoritarios del sector privado, junto al Estado, en la fábrica de papel para periódicos, Papel Prensa.

Pero bueno, el pronto se transformó en inmediato, y el gobierno acaba esta semana de dictar la reglamentación de esa ley, imponiendo cuotas o cupos para la fabricación del papel e imponiendo nuevas cargas para la importación, que siempre se reclamó debería ser libre y sin ataduras del gobierno para que la libertad de prensa se pudiera sostener.

En realidad, esta ley y su reglamentación ya eran parte de una amenaza que había hecho la Presidenta desde que el año pasado quiso usurpar a Papel Prensa tras denunciar que los dos diarios habían comprado la fábrica a sus anteriores dueños bajo coerción y delitos que fueron calificados de lesa humanidad, dentro de la cruzada por derechos humanos que el gobierno inició para exorcizar los asesinatos de las dictaduras antes que la democracia retornara en 1983.

Lo cierto de todo esto es que en nombre de la democracia, el gobierno kirchnerista busca “expropiar” legalmente o quedarse con la fábrica de papel – si no se cumplen con cupos de elaboración de celulosa y papel el Estado tiene la libertad de aumentar su participación accionaria – sin pagar un peso, lo que en realidad representa un robo (no a mano armada) blandiendo un papel.

Pero no solo Clarín y La Nación están pagando un alto precio por sus actitudes editoriales críticas al gobierno, esta factura la están pagando todos los demás medios y más aún, los ciudadanos que cada vez están viendo menores espacios de libertad y a muchos otros medios practicando autocensura por temor a sufrir las mismas represalias.

Cristina se burló de nuevo de la prensa

Confiada en la nueva integración oficialista de la Cámara de Diputados y adoptando una de sus primeras medidas como flamante presidenta reelegida, Cristina Kirchner renovó su actitud revanchista y sus represalias contra la prensa argentina.

Volvió al ataque en este diciembre segura de que conseguirá que sus diputados y senadores kirchneristas le darán las herramientas necesarias para que el Estado (mejor dicho su gobierno) pueda expropiar la fábrica de Papel Prensa, que el Estado tiene en propiedad con los diarios Clarín y La Nación de Buenos Aires.

El dictamen que se aprobó esta semana entre cinco comisiones de la Cámara de Diputados y que busca convertirse en ley antes del fin de semana, es la de que el papel para periódicos sea declarado de “interés nacional”. Las excusas del oficialismo son burdas, justificando que los periódicos del país deben tener igualdad de condiciones para acceder al papel, lo que hasta ahora es así, ya que no hay desabastecimiento y los diarios pueden comprar este insumo en el extranjero a mejores precios.

En realidad, la pretensión de Cristina es quedarse con la fábrica de papel muy pronto para desbancar a los dos medios que su gobierno más odia en el país. Algunos diarios en el país no están del todo en contra de la futura ley y si bien algunos gritan a favor de la ley otros miran para el costado. Es que en el pasado, Papel Prensa solía discriminar con precios y cuotas a los demás diarios, muchos de ellos en el interior del país.

Como quiera que sea, no sólo es una época distinta ahora donde no se percibe ninguna medida discriminatoria, sino que además no se entiende ese resentimiento infundado e incomprensible, toda vez que se puede observar claramente que la medida del gobierno es una burda maniobra para controlar a Clarín y La Nación, pero que en el futuro será un instrumento que potencialmente podrá ser usado en contra de cualquiera o contra todos los periódicos que el gobierno considere que lo critica en demasía o no se amoldan a la línea oficial.

Con esta ley cuyo dictamen aprobado esta semana, permite controlar a través del Ministerio de Economía regular los precios, la comercialización y la producción de papel periódico, todos los argentinos verán cómo quedará reducido su derecho a la libertad de prensa en el futuro próximo.

Piñera, y otro buen ejemplo

En momentos que varios presidentes latinoamericanos, como Evo Morales, Cristina de Kirchner, Hugo Chávez, Daniel Ortega y Rafael Correa, siguen añadiendo medios de comunicación a su red de propaganda gubernamental, el primer mandatario chileno, Sebastián Piñera, decidió cerrar el diario estatal La Nación, un gesto que había prometido durante la campaña electoral.

La Nación, que pertenece en un 69 por ciento al Estado, dejará de imprimirse tras 93 años de circulación, y a partir del 28 de noviembre, su última edición impresa, solo se publicará por internet.

A diferencia de otros gobiernos que compran medios a través de testaferros, que clausuran, expropian o confiscan aquellos medios que consideran críticos, la buena lección de Piñera es que durante la campaña electoral había prometido que cerraría a La Nación por haberse convertido "en una fábrica de propaganda de los Gobiernos de turno y de ataques a los opositores de turno".

En mayo pasado mientras estaba deshaciéndose de su propia televisora, una de las de mayor prestigio de su país, el Presidente chileno había prometido que abriría un debate sobre La Nación para que el diario se transforme en un medio al servicio de todos los chilenos y no al servicio de los gobiernos de turno.