Mientras en la OEA el chavismo
mostraba hoy lo enemigo que es de la libertad de expresión y de prensa, al silenciar
de nuevo a la oposición de su país y a los medios de comunicación, bloqueando
la entrada a una reunión que finalmente fue de carácter privada, en Caracas el régimen
autoritario anunciaba medidas adicionales a favor de instalar la censura
completa de los medios tradicionales.
Nuevamente la censura
adicional fue anunciada por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en franca complicidad
con el oficialismo, sin vergüenza, y de tal forma como lo hizo en 2009 cuando advirtió
sobre una ley para penalizar los “delitos mediáticos”. Ortega dijo esta vez que
era necesaria una legislación para que los medios y los periodistas dejen de decir
mentiras. Claro que no se refería a los medios oficiales, sino solo a los
críticos e independientes.
Pidió de nuevo que debe
haber una ley, “en sintonía con el Ministerio Público” (es decir que admitió el
carácter de censor que tiene y la quiere imprimir a esa entidad) para impulsar
regulaciones que obliguen a los medios de comunicación a informar solo con la
verdad, en forma imparcial y objetiva.
Lo que a la fiscal le faltó decir es cómo y quien
define la verdad, ya que para el régimen, todo lo que se desprende de
investigaciones periodísticas, denuncias sobre corrupción o fotografías que
muestran cadáveres apilados en las morgues o gente con carteles en protestas
callejeras o caricaturas humorísticas u opiniones o convocatorias a través de
Twitter – en casi todo los casos informaciones imparciales y objetivas – son calificadas
de tendenciosas, manipulativas, desestabilizadoras y golpistas.
Lamentablemente, el régimen de Hugo Chávez fue muy inteligente en su primera reforma constitucional apenas despuntaba el gobierno. En forma tramposa logró incluir la cláusula de información veraz en el texto magno, permitiéndose luego fabricar leyes y decretos en contra de los medios y periodistas, invocando aquella cláusula (la trampa) que le obligaba a tener que hacerla cumplir porque “es ley suprema” de la Constitución.
A ese argumento, Chávez, Maduro, Cabello y muchos otros
lo usaron a destajo. Y ahora de nuevo lo utilizó la fiscal. Por eso dijo lo habitual,
invocando aquel principio constitucional con el que todo justifica y el cual
obliga, según ella, darles un escarmiento a los medios y periodistas
mentirosas: “La Constitución señala que hay libertad de expresión, pero eso
tiene un límite como todo derecho. La información tiene que ser veraz, tiene
que ser cierta. Toda la Constitución tiene que ser desarrollada por leyes y
tiene que haber una ley que desarrolle ese artículo, que regule la información
de los medios de comunicación y que esta sea imparcial, objetiva. Que la propia
persona saque sus conclusiones”.
Es probable que como en 2009, la propuesta mordaza de la fiscal quede en la nada. La gravedad del anuncio, sin embargo, es la utilización de la amenaza permanente como herramienta de intimidación, con la intención de crear un clima favorable para la zozobra y la autocensura.
Es probable que como en 2009, la propuesta mordaza de la fiscal quede en la nada. La gravedad del anuncio, sin embargo, es la utilización de la amenaza permanente como herramienta de intimidación, con la intención de crear un clima favorable para la zozobra y la autocensura.
