¿Para censurar legalmente? La trampa constitucional de Venezuela

Mientras en la OEA el chavismo mostraba hoy lo enemigo que es de la libertad de expresión y de prensa, al silenciar de nuevo a la oposición de su país y a los medios de comunicación, bloqueando la entrada a una reunión que finalmente fue de carácter privada, en Caracas el régimen autoritario anunciaba medidas adicionales a favor de instalar la censura completa de los medios tradicionales.

Nuevamente la censura adicional fue anunciada por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en franca complicidad con el oficialismo, sin vergüenza, y de tal forma como lo hizo en 2009 cuando advirtió sobre una ley para penalizar los “delitos mediáticos”. Ortega dijo esta vez que era necesaria una legislación para que los medios y los periodistas dejen de decir mentiras. Claro que no se refería a los medios oficiales, sino solo a los críticos e independientes.

Pidió de nuevo que debe haber una ley, “en sintonía con el Ministerio Público” (es decir que admitió el carácter de censor que tiene y la quiere imprimir a esa entidad) para impulsar regulaciones que obliguen a los medios de comunicación a informar solo con la verdad, en forma imparcial y objetiva.

Lo que a la fiscal le faltó decir es cómo y quien define la verdad, ya que para el régimen, todo lo que se desprende de investigaciones periodísticas, denuncias sobre corrupción o fotografías que muestran cadáveres apilados en las morgues o gente con carteles en protestas callejeras o caricaturas humorísticas u opiniones o convocatorias a través de Twitter – en casi todo los casos informaciones imparciales y objetivas – son calificadas de tendenciosas, manipulativas, desestabilizadoras y golpistas.

Lamentablemente, el régimen de Hugo Chávez fue muy inteligente en su primera reforma constitucional apenas despuntaba el gobierno. En forma tramposa logró incluir la cláusula de información veraz en el texto magno, permitiéndose luego fabricar leyes y decretos en contra de los medios y periodistas, invocando aquella cláusula (la trampa) que le obligaba a tener que hacerla cumplir porque “es ley suprema” de la Constitución.

A ese argumento, Chávez, Maduro, Cabello y muchos otros lo usaron a destajo. Y ahora de nuevo lo utilizó la fiscal. Por eso dijo lo habitual, invocando aquel principio constitucional con el que todo justifica y el cual obliga, según ella, darles un escarmiento a los medios y periodistas mentirosas: “La Constitución señala que hay libertad de expresión, pero eso tiene un límite como todo derecho. La información tiene que ser veraz, tiene que ser cierta. Toda la Constitución tiene que ser desarrollada por leyes y tiene que haber una ley que desarrolle ese artículo, que regule la información de los medios de comunicación y que esta sea imparcial, objetiva. Que la propia persona saque sus conclusiones”.

Es probable que como en 2009, la propuesta mordaza de la fiscal quede en la nada. La gravedad del anuncio, sin embargo, es la utilización de la amenaza permanente como herramienta de intimidación, con la intención de crear un clima favorable para la zozobra y la autocensura.