Protección para la libertad de prensa

En Argentina, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, las legislaturas aprobaron leyes para impedir que el gobierno nacional pueda seguir avanzando en contra de la libertad de prensa y de expresión, en particular contra los medios de comunicación privados.

Existen dudas sobre la constitucionalidad de estas leyes, especialmente porque son redundantes con lo establecido por la Constitución nacional sobre la protección explícita de esas libertades.

No soy partidario de que existan leyes de prensa porque siempre están estipuladas para crear restricciones más que para “democratizar” a los medios, como muchos gobiernos actuales argumentan, justificando de esa manera una forma sutil de silenciar las críticas independientes.

Puede ser que Mauricio Macri, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y José Manuel de la Sota, gobernador de Córdoba, hayan actuado no solo a favor de la libertad de prensa, sino con la idea de beneficiar su posicionamiento político para futuras elecciones presidenciales, al tiempo de sistematizar su prédica opositora.

De todos modos, pese a que no deberían ser necesarias más normas de las que ya existen constitucionalmente, es necesario que la libertad de prensa y de expresión tenga la protección necesaria – incluso en exceso – para que su contribución sea palpable y concreta en la democracia. Así como se necesitan leyes especiales para que haya acceso a la información oficial, para proteger el secreto profesional y reserva de las fuentes, cualquier tipo de ley que reglamente y refuerce el derecho constitucional a gozar de libertad de expresión y de prensa es positivo.

Muchos políticos creen que la Constitución tiene el único propósito de ordenar el poder dentro del Estado, sin embargo es mucho más que eso, se trata de un documento que busca limitar y restringir los abusos que pudiera cometer un gobierno en contra de las libertades y garantías que tienen los ciudadanos.

Las leyes en Córdoba y Buenos Aires prohíben que el gobierno no avasalle a los medios de comunicación. Fueron establecidas como salvavidas a la propiedad privada. Puede que sean medidas redundantes – y políticas - pero en momentos que la justicia no es tan independiente como debiera, este tipo de leyes obliga a quienquiera que tenga una actitud autoritaria, a ser más cauteloso en sus acciones.

Los acosos económico, legal y político del gobierno de Cristina Kirchner contra muchos medios de comunicación privados, son los antecedentes que han originado estas medidas extraordinarias de protección.