De Julian Assange a Edward Snowden

Lo único común entre Julian Assange y Edward Snowden es que están bajo el paraguas del gobierno de Ecuador en casos de asilo, el primero habiéndolo conseguido y el segundo siendo considerado, pese a que Assange haya aparecido como el vocero del ex contratista de la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU.

Sus casos no se parecen aunque ambos hayan argumentado que temen por su vida y de no tener un juicio justo en EE.UU. Más allá de la actividad en Wikileaks, los cargos contra Assange tienen que ver con la justicia de Suecia por violación de dos mujeres durante una estadía fugaz en ese país. Las conjeturas que él hace, respecto a que se trata de una treta de Suecia para que Inglaterra lo extradite y que luego será extraditado a EE.UU. donde lo espera una posible condena a muerte, es simplemente un excusa para evadir la justicia.

Por los casos de Snowden y Assange, así como del soldado Bradley Manning quien filtró los 700 mil documentos diplomáticos de su gobierno a Wikiliaks, el gobierno está en su derecho, pero además en su deber legal, de procesar judicialmente a quienes considera que han violado las normas estrictas sobre seguridad nacional. Que estas personas sean o no traidores como varios políticos los han calificado, son simplemente opiniones que a la hora de los juicios los magistrados tendrán que evaluar.

Desde el punto de vista del gobierno el caso de Assange debería ser más peligroso en temas de seguridad nacional porque reveló contenido. El de Snowden fue una denuncia respecto a que el gobierno usa un sistema para espiar a los ciudadanos, especialmente extranjeros a través del internet y en comunicaciones digitales.

Desde la perspectiva de los ciudadanos lo que reveló Snowden es más peligroso por cuanto se habla de la vulnerabilidad de todos los que navegamos internet ante sistemas de espionaje del gobierno, poniéndonos a todos en la misma bolsa de sospechosos y sin siquiera saberlo. El problema es de transparencia en las acciones del gobierno. Sobre este tema comparto mi columna de la semana pasada, la que titulé: ¿Seguridad, privacidad o transparencia?

“El nuevo escándalo que explotó en las manos de Barack Obama por la revelación de programas para espiar comunicaciones telefónicas y por internet, no debería conducir a un debate nacional sobre seguridad vs. privacidad como el Presidente propone.

Más bien, las prácticas de vigilancia secreta que realiza la Agencia Nacional de Seguridad y el FBI a usuarios extranjeros de Verizon y otras telefónicas, y de compañías digitales como Google, Facebook, YouTube, Yahoo, Microsoft, Apple y Skype, indican que la discusión debería enfocarse en la cultura del secreto que mantiene el gobierno y en cómo está minando la credibilidad de un internet abierto y sin restricciones, su mejor aliado para promover libertad y democracia en el mundo.

Obama está en lo cierto cuando dice que no se puede tener 100% de privacidad y seguridad al mismo tiempo mientras el Estado trata de neutralizar ataques terroristas. Todos somos conscientes que por los chequeos en los aeropuertos y por la publicidad personalizada a la que estamos expuestos después de navegar internet, todo ha cambiado tras Setiembre 11 y desde que la comunicación se ha híper digitalizado.

Pero lo que se debe cuestionar no es la legalidad de la vigilancia que está asegurada por la Ley Patriótica para perseguir actos terroristas, sino la secrecía empleada. Lo tenebroso es que esos programas se ejecutan de espaldas a la mayoría de los congresistas y de todos los ciudadanos, y sin conocimiento de las empresas de internet que aseguraron desconocerlos y que solo – dicen -  se someten ante órdenes judiciales.

Que la vigilancia esté destinada solo para extranjeros no es justificación. Muchos actos violentos en EE.UU. fueron cometidos por estadounidenses o nacionalizados. Tampoco es lo mismo vigilar a un extranjero que se comunica con alguien de Al Qaeda, que escudriñar a cualquier francés o español usuario de Facebook, cuando la Unión Europea exige – a modo de reciprocidad - que los datos personales de ciudadanos europeos deben quedar excluidos de las fuerzas de seguridad estadounidenses “salvo en situaciones concretas, excepcionales y revisables judicialmente”.

Lo que realmente está en juego es la credibilidad del gobierno en materia de transparencia, algo que el presidente Obama prometió desde el inicio de su Presidencia. Instalar ahora un debate sobre seguridad y privacidad es desviar la atención, en especial cuando las preferencias del público son fáciles de detectar mediante encuestas, cuyos resultados varían según la cercanía de tiempo con un acto terrorista. La gente concedió perder privacidad ante mayor seguridad, después de Setiembre 11 o del reciente atentado en la maratón de Boston.    

Obama debe revisar sus políticas de vigilancia sobre el internet, ya que no puede estar escribiendo con la mano lo que borra con el codo. Lo contradictorio, es que Obama fue quien ayudó al desarrollo impetuoso de la industria digital, instaló al internet como la panacea para el comercio y el desarrollo internacional, y es quien promociona que las redes sociales sean instrumentos para empoderar cambios democráticos como el de la Primavera Árabe y despotrica contra todo gobierno autoritario que restringe su uso.

Además, lo malo de estas políticas de espionaje es que ofrecen artillería pesada a otros países como China, Irán o Cuba que siempre critican que EE.UU. quiera mantener el control mundial sobre el tráfico de internet, prefiriendo que esa autoridad la ejerza un cuerpo colegiado de las Naciones Unidas, lo que daría pocas garantías de que la red siga siendo libre e irrestricta.

Es lógico que el gobierno debe mantener sigilo para detectar terroristas, pero bien podría hacerlo en forma transparente, explicar sus políticas de vigilancia para que los usuarios de Facebook, Google o Skype sepan a qué atenerse o en qué plataformas pueden sentirse más libres o que no sean tratados como sospechosos.

Más que un debate ciudadano sobre seguridad y privacidad, lo que se requiere es una amplia discusión en el Congreso sobre el costo político, comercial y de credibilidad por mantener una vetusta cultura del secreto. Aunque disguste a muchos, tal vez el delator Edward Snowden, haya ayudado para que el Congreso se enfoque en legislar a favor de la transparencia gubernamental”.