¿Comparar a Yoani, Manning y Snowden?

El profesor de Geogetown University de Washington DC, Héctor Schamis, hace una comparación en su columna en El País, titulada “Yoani Sánchez, Bradley Manning y Edward Snowden”, mezclando peras con manzanas.

Su punto de que el gobierno de Barack Obama reclama libertad y respeto a otros países del mundo para que permitan a los soplones y periodistas a hablar y actuar libremente, pero que no tiene la misma actitud cuando se trata de asuntos internos, tiene cierta validez (y me he cansado de criticar a este gobierno en este blog y columnas por su falta de transparencia), pero no creo que se puede dar un ejemplo de ello con una comparación en la que pone en igualdad de condiciones a Yoani, Manning y Snowden. Mucho menos que critique a grupos dedicados a la defensa de libertad de prensa en EE.UU. como el Comité para la Protección de Periodistas porque el columnista entiende que están ante un problema ético, al no poder defender a quienes deberían defender.

Yoani es una periodista independiente cubana que se arriesga diariamente a informar, criticar y opinar en su estilo periodístico  en un país donde estas funciones están condenadas y sus promotores suelen terminar apaleados o en la cárcel. Aunque por esa modalidad del gobierno de los Castro, Yoani a veces se torna en más activista que en reportera o columnista, puede definirse que su trabajo es de periodista.

Lo del soldado Manning y el ex contratista Snowden va por otros andariveles. No son ni nunca fueron periodistas. Su único parentesco con el periodismo es que su información la filtraron a Wikileaks y a los medios de comunicación, pero su tarea de haber robado información no pertenece a esta labor. También es cierto que existen periodistas que roban información, pero terminan pagando las consecuencias y, obviamente, en esos casos, asociaciones como el Comité de Protección siempre tendrían problemas para defender esas actitudes.

Lo que va en otro costal y merece un análisis más profundo, es en qué medida los medios de comunicación pueden hacerse eco de informaciones que son robadas o que la ética periodística no se los permitiría hacer como función propia o tomar a los soplones como sus fuentes principales. Muchos medios se vieron forzados a publicar temas no tanto por el inconmensurable valor de las denuncias, sino porque el internet sería el medio por el cual las denuncias serían ofrecidas de todas formas.

Tampoco vale comparar lo que sucedió con Wikileaks y las denuncias que se publicaron en The Guardina y Der Speigel o The Washington Post referentes a Manning y Snowden, con los casos de Watergate o los Papeles del Pentágono. En aquellos casos es verdad que también hubo soplones y gargantas profundas, pero fue tarea de la prensa, con investigación y narrativa, la que comprobó, denunció y publicó los hechos. Ahora, la prensa terminó siendo un vehículo informativo.  

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/28/actualidad/1377651409_357832.html

“¡Espías go home!”

Crecí mirando un grafiti en un tapial de mi casa, sobre la calle Perú casi esquina Iturraspe, que leía: “¡Fuera yanquis de Vietnam!”. Era un repudio del grupo clandestino Ejército Revolucionario del Pueblo, que por aquella época combatía la dictadura de Juan Carlos Onganía y protestaba por todo contra el gobierno estadounidense.

El mismo sentimiento antiamericano se sintió esta semana en Brasil y Colombia durante la visita del canciller estadounidense, John Kerry. Esta vez la repulsión no se debió al involucramiento de EE.UU. en alguna guerra, sino por el espionaje de comunicaciones telefónicas y electrónicas que, a nivel mundial, afecta tanto la privacidad de los ciudadanos, como la soberanía de los gobiernos.

Mientras los presidentes Juan Manuel Santos y Dilma Rousseff exigían explicaciones a Kerry, centenares de manifestantes gritaban “¡espía go home!”, lo que denota la desconfianza que cosechó el gobierno de Barack Obama tras las filtraciones del ex contratista de la CIA, Edward Snowden, ahora exiliado en Rusia. Una credibilidad que ya venía a la baja desde que el soldado Bradley Manning filtró millones de documentos a Wikileaks, con infidencias sobre el tratamiento espinoso que EE.UU. dispensa a países amigos y enemigos por igual.

Esa desconfianza externa no es tan grave para Obama, como las suspicacias que generó a nivel interno, donde perdió popularidad y terreno político de cara a futuras elecciones legislativas. Frente a los electores, todos usuarios de internet y telefonía, no le resulta fácil justificar la excesiva invasión de la privacidad, como el único método eficiente para neutralizar ataques terroristas.

De ahí que la semana pasada, para retomar la confianza del público, Obama anunció mayor control, transparencia y límites para los programas de vigilancia. Dijo que revisará la Ley Patriótica que ampara el espionaje, reformará las atribuciones de un tribunal que en forma secreta lo autoriza y dará a conocer el tipo de tecnología utilizada. “No basta que el presidente tenga confianza en la legalidad de estos programas, es necesario que el pueblo también lo tenga”, dijo.

Sin embargo, lo que parece incongruente con todas las críticas que el gobierno recogió a nivel externo e interno, es que tanto Obama como Kerry solo pidieron disculpas, pero reafirmaron que EE.UU. continuará con el hábito de recopilar información en aras de la seguridad nacional y global.

En Brasil y Colombia, Kerry se aseguró en explicar en voz alta que EE.UU. no es el único país que espía en el mundo, una tarea bien aceitada por todos los gobiernos la que se ha hecho más fácil desde la irrupción del internet y las redes sociales, donde los usuarios vienen desnudando sin tapujo sus intimidades.

Es fácil advertir que todos los gobiernos espían. No solo por denuncias como la que hizo el diario brasileño O Globo en estos días. Afirmó que Brasil participó de una red de 16 bases de espionaje operadas por EE.UU. interviniendo millones de llamadas de teléfonos y correos electrónicos. Sino también, porque periódicamente, en la prensa y redes sociales de Argentina, Colombia, Perú y Venezuela, los servicios de inteligencia filtran videos y grabaciones clandestinas que dejan en aprietos a personajes públicos, ya sean periodistas, opositores o funcionarios indeseables.

La actitud de Obama de querer mayor transparencia en los sistemas de vigilancia, a través de un sitio digital que explique la tecnología empleada y la creación de un ente de activistas civiles que monitoree posibles abusos, aparenta ser solo un cambio cosmético, de formas, ya que en el fondo, los programas de espionaje persistirán.

Obama debe entender que el problema del espionaje indiscriminado, tal como ahora está concebido, no radica en su transparencia, sino en su existencia misma. A nivel externo, merma la credibilidad en países amigos que ven en EE.UU. a una potencia intervencionista, mientras que a lo interno, la invasión de la privacidad se observa como acto de intimidación que degrada la confianza del público en el sistema político.

A nivel global, Obama trajo la esperanza de cambio en las relaciones internacionales tras la presidencia polémica de George W. Bush., pero la frase “¡Espías go home!” demuestra el lamentable retroceso de esa expectativa. 

Manning: no traidor, sí ladrón

Bradley Manning no fue sentenciado a cadena perpetua por haber filtrado más de 700 mil documentos confidenciales de su gobierno estadounidense a Wikileaks hace tres años atrás mientras se desempeñaba como soldado raso de inteligencia en Irak, pero igualmente irá a la cárcel por muchísimo tiempo.

El gobierno estadounidense no logró su cometido de que Manning sea declarado traidor por ayudar al enemigo, y con ello disuadir a cualquiera otra persona – como a Edward Snowden - que se tiente a filtrar documentos gubernamentales secretos o intríngulis secretos del poder. O que publiquen esos documentos – como el otro caso de Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien se recluyó en la embajada ecuatoriana de Londres, para evitar su extradición a Suecia donde se le quiere procesar por el presunto delito de violación contra dos mujeres.

La jueza militar, coronel Denise Lind, absolvió a Manning del cargo de “ayudar al enemigo”, pero no lo absolvió por tratarse de un jovene ingenuo e idealista que quería cambiar el mundo como pretendía que fuera declarado por su defensa. Se espera que en el juicio que prosigue y terminaría con sentencia para setiembre, Manning afrontará docenas apiladas de años de cárcel, por robo de información, espionaje y fraude informático, entre 20 de los 22 cargos originales.

Varias cosas se desprenden de este fallo. Pese a que Assange siga sosteniendo que ser extraditado a Suecia será el primer paso para que lo extraditen a EE.UU. donde lo condenarían a pena de muerte, sus argumentos ya carecen de validez con el nuevo antecedente creado por la jueza militar. Tampoco Snowden tendría ese argumento como excusa, aunque su caso se presenta como más grave, debido a que se sospecha que la información confidencial que robó no solo la proveyó al diario británico The Guardian y al The Washington Post, sino también la habría puesto en manos de las autoridades chinas y rusas, gobiernos que los fiscales podrían calificar de enemigos de EE.UU.

Uno de los temas más importantes es que la jueza no admitió el argumento de la fiscalía sobre que la publicación en el internet de los documentos confidenciales violaban el Código Militar y la Ley de Espionaje, lo que hubiera sido una medida resistida por el periodismo y los grupos de defensa y promoción de la libertad de prensa, debido a que el periodismo suele publicar investigaciones o denuncias sobre información contenida en documentos secretos gubernamentales, cuando esa información es de interés público.   

Pese a los argumentos de la fiscalía y la defensa, y a la aplicación de la ley, esta sentencia reabre el debate sobre el papel de los delatores, la oscuridad del gobierno en abusar del secretismo y del espionaje, así como el derecho y deber de los medios y los periodistas de publicar información que, aunque sea secreta y es obtenida por medios ilícitos, tienen un alto interés público para la sociedad. 

De Julian Assange a Edward Snowden

Lo único común entre Julian Assange y Edward Snowden es que están bajo el paraguas del gobierno de Ecuador en casos de asilo, el primero habiéndolo conseguido y el segundo siendo considerado, pese a que Assange haya aparecido como el vocero del ex contratista de la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU.

Sus casos no se parecen aunque ambos hayan argumentado que temen por su vida y de no tener un juicio justo en EE.UU. Más allá de la actividad en Wikileaks, los cargos contra Assange tienen que ver con la justicia de Suecia por violación de dos mujeres durante una estadía fugaz en ese país. Las conjeturas que él hace, respecto a que se trata de una treta de Suecia para que Inglaterra lo extradite y que luego será extraditado a EE.UU. donde lo espera una posible condena a muerte, es simplemente un excusa para evadir la justicia.

Por los casos de Snowden y Assange, así como del soldado Bradley Manning quien filtró los 700 mil documentos diplomáticos de su gobierno a Wikiliaks, el gobierno está en su derecho, pero además en su deber legal, de procesar judicialmente a quienes considera que han violado las normas estrictas sobre seguridad nacional. Que estas personas sean o no traidores como varios políticos los han calificado, son simplemente opiniones que a la hora de los juicios los magistrados tendrán que evaluar.

Desde el punto de vista del gobierno el caso de Assange debería ser más peligroso en temas de seguridad nacional porque reveló contenido. El de Snowden fue una denuncia respecto a que el gobierno usa un sistema para espiar a los ciudadanos, especialmente extranjeros a través del internet y en comunicaciones digitales.

Desde la perspectiva de los ciudadanos lo que reveló Snowden es más peligroso por cuanto se habla de la vulnerabilidad de todos los que navegamos internet ante sistemas de espionaje del gobierno, poniéndonos a todos en la misma bolsa de sospechosos y sin siquiera saberlo. El problema es de transparencia en las acciones del gobierno. Sobre este tema comparto mi columna de la semana pasada, la que titulé: ¿Seguridad, privacidad o transparencia?

“El nuevo escándalo que explotó en las manos de Barack Obama por la revelación de programas para espiar comunicaciones telefónicas y por internet, no debería conducir a un debate nacional sobre seguridad vs. privacidad como el Presidente propone.

Más bien, las prácticas de vigilancia secreta que realiza la Agencia Nacional de Seguridad y el FBI a usuarios extranjeros de Verizon y otras telefónicas, y de compañías digitales como Google, Facebook, YouTube, Yahoo, Microsoft, Apple y Skype, indican que la discusión debería enfocarse en la cultura del secreto que mantiene el gobierno y en cómo está minando la credibilidad de un internet abierto y sin restricciones, su mejor aliado para promover libertad y democracia en el mundo.

Obama está en lo cierto cuando dice que no se puede tener 100% de privacidad y seguridad al mismo tiempo mientras el Estado trata de neutralizar ataques terroristas. Todos somos conscientes que por los chequeos en los aeropuertos y por la publicidad personalizada a la que estamos expuestos después de navegar internet, todo ha cambiado tras Setiembre 11 y desde que la comunicación se ha híper digitalizado.

Pero lo que se debe cuestionar no es la legalidad de la vigilancia que está asegurada por la Ley Patriótica para perseguir actos terroristas, sino la secrecía empleada. Lo tenebroso es que esos programas se ejecutan de espaldas a la mayoría de los congresistas y de todos los ciudadanos, y sin conocimiento de las empresas de internet que aseguraron desconocerlos y que solo – dicen -  se someten ante órdenes judiciales.

Que la vigilancia esté destinada solo para extranjeros no es justificación. Muchos actos violentos en EE.UU. fueron cometidos por estadounidenses o nacionalizados. Tampoco es lo mismo vigilar a un extranjero que se comunica con alguien de Al Qaeda, que escudriñar a cualquier francés o español usuario de Facebook, cuando la Unión Europea exige – a modo de reciprocidad - que los datos personales de ciudadanos europeos deben quedar excluidos de las fuerzas de seguridad estadounidenses “salvo en situaciones concretas, excepcionales y revisables judicialmente”.

Lo que realmente está en juego es la credibilidad del gobierno en materia de transparencia, algo que el presidente Obama prometió desde el inicio de su Presidencia. Instalar ahora un debate sobre seguridad y privacidad es desviar la atención, en especial cuando las preferencias del público son fáciles de detectar mediante encuestas, cuyos resultados varían según la cercanía de tiempo con un acto terrorista. La gente concedió perder privacidad ante mayor seguridad, después de Setiembre 11 o del reciente atentado en la maratón de Boston.    

Obama debe revisar sus políticas de vigilancia sobre el internet, ya que no puede estar escribiendo con la mano lo que borra con el codo. Lo contradictorio, es que Obama fue quien ayudó al desarrollo impetuoso de la industria digital, instaló al internet como la panacea para el comercio y el desarrollo internacional, y es quien promociona que las redes sociales sean instrumentos para empoderar cambios democráticos como el de la Primavera Árabe y despotrica contra todo gobierno autoritario que restringe su uso.

Además, lo malo de estas políticas de espionaje es que ofrecen artillería pesada a otros países como China, Irán o Cuba que siempre critican que EE.UU. quiera mantener el control mundial sobre el tráfico de internet, prefiriendo que esa autoridad la ejerza un cuerpo colegiado de las Naciones Unidas, lo que daría pocas garantías de que la red siga siendo libre e irrestricta.

Es lógico que el gobierno debe mantener sigilo para detectar terroristas, pero bien podría hacerlo en forma transparente, explicar sus políticas de vigilancia para que los usuarios de Facebook, Google o Skype sepan a qué atenerse o en qué plataformas pueden sentirse más libres o que no sean tratados como sospechosos.

Más que un debate ciudadano sobre seguridad y privacidad, lo que se requiere es una amplia discusión en el Congreso sobre el costo político, comercial y de credibilidad por mantener una vetusta cultura del secreto. Aunque disguste a muchos, tal vez el delator Edward Snowden, haya ayudado para que el Congreso se enfoque en legislar a favor de la transparencia gubernamental”.