Seguramente el presidente Nicolás
Maduro conseguirá los poderes extraordinarios que hoy insistirán en entregarle sus
legisladores chavistas tras lograr el voto de algún diputado disidente de la
oposición para sumar los 99 necesarios.
De esta forma, con un poder judicial
totalmente subyugado y adicto, y una asamblea que responde leal a sus designios
y que ignora su mandato constitucional de ser contrapeso, Maduro conseguirá lo que
era usual para Hugo Chávez y alcanzó en cuatro oportunidades. De golpe y
porrazo, Maduro se convertirá en presidente, juez y legislador al mismo tiempo.
No hay mayor autoritarismo que el
concentrar todos los poderes públicos; concentración que a la democracia la transforma
en dictadura. En especial, cuando la cuarta pata sostén de la democracia, el
poder electoral, está trastocado por el poder político y manchado por una
justicia que tolera y ni siquiera revisa
los procesos de supuesto fraude.
Maduro invoca que su máximo objetivo
para tener poderes de legislador es para dictar normas anti corrupción y
acelerar la economía, dos temas para los que no necesita leyes nuevas, sino
aplicar la sapiencia ejecutiva y la habilidad política, sabiendo que la corrupción
está enquistada en la cultura chavista y es por donde debiera empezar para dar
el ejemplo.
La corrupción, sin embargo, es ya y será
para Maduro la estrategia para desarrollar una caza de brujas y encontrar los
chivos para expiar los pecados del autoritarismo chavista. Creó el CESPPA, y ha
empezado a condenar a aquellos, como los medios, que informan (ni siquiera
denuncian) el desabastecimiento de productos básicos y gasolina.
La Asamblea Nacional venezolana está a
punto de traspasar los pocos poderes democráticos que le quedan al país. Si lo
hace, por el tiempo que lo hiciera, estará hipotecando el futuro de
generaciones venideras, ya que las nuevas leyes ejecutivas no solo afectarán
acciones, sino que se corre el riesgo de que apuntalen una cultura política que
será difícil cambiar en el futuro.
