Videos contra el abuso policial

La violencia policial es costumbre en EEUU, pero más brutal contra las minorías, la afroamericana en particular. Los disturbios de esta semana en Baltimore para vengar a Freddy Grey, un joven negro que murió por maltrato de la policía, forma parte de un largo historial de abusos.

Como nunca antes las imágenes captadas por la gente con sus teléfonos móviles jugaron un papel fundamental en este caso. Estos videos, más allá de hacerse virales en las redes sociales, se están convirtiendo en la evidencia perfecta que los fiscales no pueden evadir. Presión para la justicia, quizás; pero definitivamente mayores beneficios, considerando que antes de la tecnología en manos de todos, los jueces debían confiar en testimonios oculares y en la reconstrucción de los hechos.

Las imágenes que ahora puede captar cualquier ciudadano convertido en periodista cívico, está incentivando la cultura de la denuncia, importante para que la sociedad cree anticuerpos contra los violentos. Es verdad también que la saturación y manipulación de imágenes o distribuirlas sin contexto puede provocar mayor violencia. Se pudo apreciar esta semana en Baltimore, y meses atrás en Charleston, New York, Cleveland y Ferguson, ciudades donde las comunidades afroamericanas salieron enfurecidas a las calles a reclamar justicia y trato igualitario.

Sin embargo, más allá de los disturbios, las fotografías y videos circunstanciales están ayudando a la gente a consumir realidad, un elemento que entendieron bien las televisoras cuando lanzaron los reality shows y que sirvió a YouTube, Instagram y Facebook, para posicionarse como líderes del mercado en distribución y consumo de actualidad.

Gracias a la propagación de imágenes por estas redes sociales, Baltimore pasó de ser una ciudad que se apreciaba y percibía violenta a través de la televisión, a una ciudad con sentido común y cuyos vecinos, también afroamericanos, ansiaban el orden y la paz. Bastó un video de una madre agarrando a golpes a su hijo adolescente para que deje de arrojar piedras contra la policía.

La imagen fue contundente. Así como la muerte de Freddy encendió el fuego, el video sobre la madre afroamericana Toya Grahman lo apagó. La ciudad y sus vecinos comenzaron a calmarse, a quitar a sus hijos y nietos de las protestas, y así, lo que las autoridades no habían podido lograr días previos con el toque de queda, un corto video de un hecho que se hizo viral en las redes sociales cambió la historia, obligando incluso a la televisión a cambiar la perspectiva de la información y construir otra realidad.

Disuadir a los violentos es justamente la medida pretendida. Prevención y no represión es el lema de un gobierno federal que trata de imponer su peso a los estados para que reformen códigos de conducta policial y combatir a sus violentos. Un grupo de trabajo que formó el presidente Barack Obama en diciembre pasado, determinó, entre varias medidas, que poner cámaras en los uniformes de los policías para que filmen su propia pericia al momento de arrestos o cuando acuden al lugar de los delitos, puede ser un fuerte disuasivo para que se eviten los abusos.

Las imágenes de esas cámaras que supervisan la conducta de los policías, según varios proyectos pilotos que se hicieron en el país con 50 mil agentes, mostraron mayores beneficios. Hasta los delincuentes se comportan más civilmente al momento del arresto, evitando, tal vez, que las imágenes se vuelven en su contra en los tribunales.

No obstante el beneficio, se está estudiando también que las imágenes podrían invadir la privacidad y, por lo tanto, desmotivar la denuncia. El ejemplo típico se da en casos de violencia doméstica, en los que la víctima que llamó a la policía para denunciar los golpes, puede terminar más víctima y avergonzada ante la exposición pública de los videos.

Las imágenes no pueden suplantar reformas profundas y necesarias para que los afroamericanos dejen de ser considerados por la policía como ciudadanos de segunda. Para ello se necesita más castigo para los policías abusadores, mayor educación y discusiones públicas para evitar los fantasmas de la segregación del pasado.

Mientras esto no suceda, las imágenes distribuidas en las redes sociales ayudan a propagar la verdad. Por ahora, el mejor antídoto contra los violentos. 

Justicia injusta y desigual

Thanksgiving, el feriado por excelencia en EEUU, tuvo un sabor agridulce esta vez. El día en que se agradece a Dios por lo que se es y se tiene, quedó manchado por la siempre latente sensación de que la justicia es discriminatoria y racista.

Bastó que en jornadas previas al día de Acción de Gracias, un jurado no encontrara pruebas suficientes para procesar a Darren Wilson, el policía blanco que en agosto mató de varios disparos a Michael Brown, un joven negro residente de la ciudad de Ferguson.

La violencia que se produjo durante las protestas en muchas ciudades del país por la bronca de que el asesinato de un negro quede impune otra vez, no cuestionan la eficiencia de la justicia - en un país cuya grandeza está fundamentada en la fortaleza de sus instituciones - sino en que la justicia y las leyes no se apliquen a todos por igual.

Las estadísticas refuerzan este sentimiento. Ferguson está compuesta por mayoría de población afrodescendiente, sin embargo la policía, la justicia y las demás instituciones públicas están conformadas y lideradas por blancos. A nivel país los datos son más elocuentes sobre la aplicación desigual de las reglas. Los negros conforman el 40% de la población carcelaria del país, mientras que representan solo el 13% de la población total.

Más allá de la desigualdad de la justicia que ven algunos o de su eficiencia por no juzgar a nadie como chivo expiatorio según la visión de otros, lo trascendente es que el caso Ferguson demuestra que se necesitan profundos cambios políticos para neutralizar la discriminación, el racismo y la violencia.

La situación de Ferguson se puede extrapolar a otras ciudades del país, así como también a otros países latinoamericanos. En casi todas y todos se viven situaciones similares de discriminación que la justicia no logra aplacar, como las que padecen minorías étnicas, indígenas, inmigrantes y pobres. Debido a ese eterno desconsuelo y desconfianza que causa una administración de justicia desigual, América Latina se ha convertido en la mayor región del mundo con casos de justicia por manos propias o linchamientos y con cantidad apabullante de grupos parapoliciales o paramilitares incentivados por los propios estados para operar al margen de la ley.

Un estudio de la Universidad de Vanderbilt publicado esta semana no solo revela que el crimen y la violencia representan la mayor amenaza para las democracias latinoamericanas, sino que la confianza en la justicia (o la percepción de injusticia) tocó fondo en este 2014.

El Barómetro para las Américas de Vanderbilt, que mide los factores que generan confianza y desconfianza para la convivencia social, remarca que la impunidad y debilidad institucional de la justicia, son los aspectos que más potencian el clima de inseguridad.

Si bien se remarca la bonanza económica alcanzada en la región y que millones ya no estén dentro del rubro de pobreza extrema, se muestra el pesimismo general ante la sensación de inseguridad, un sentimiento que se fue acentuando en cada año de la última década. En 2004 la preocupación máxima era el estado de la economía, hoy es la violencia, el crimen y la impunidad. Los datos son fuertes: Uno de cada tres homicidios en el mundo se comete en América Latina que tiene la mayor tasa con 23 asesinatos cada 100 mil habitantes de promedio. En Centroamérica esa tasa sube a 34.

La violencia no solo genera estadísticas, sino miedo. El 40% de los latinoamericanos indicó que teme ser asaltado o matado en la calle o en transportes públicos, así como en sus propios barrios, donde asedian el narcotráfico y las pandillas juveniles. Además, existe poca confianza en los cuerpos policiales; en muchos países más cercanos a los delincuentes que a los ciudadanos.

El problema de esta cercanía con la violencia y la sensación de que la justicia y la seguridad están de manos atadas, dispara los índices de percepción sobre inseguridad, pero también provoca las olas migratorias de aquellos que escapan y buscan lugares tranquilos y, sobre todo, más justos.

Así, EEUU, el otrora oasis económico del continente, pese a Ferguson y sus problemas de seguridad, pero con índices manejables y una justicia todavía desigual pero eficiente, se ha transformado en el lugar donde muchos vienen a refugiarse. El mejor bienestar económico termina siendo una añadidura. 

Racismo, policías y armas

Con una persona negra en la Casa Blanca, muchos pensaron en el fin de la segregación. Creyeron que con la presencia de Barack Obama habría cambios a favor de la igualdad y en contra del racismo. Hace 150 años se creyó lo mismo tras la abolición de la esclavitud.

Nunca ocurrió. Cada tanto un nuevo episodio recuerda cuan profundo está el racismo enquistado en la sociedad y cultura estadounidense. Pese a las grandes luchas por los derechos civiles en los 70, todavía existen evidencias sobre la segregación. Algunas no resueltas a nivel oficial, como el bajo nivel educativo y acceso a la salud que padecen los afroamericanos; y otras a nivel social que perduran como secretos a gritos, como la devaluación que sufren las propiedades de un barrio cuando un negro decide mudarse a ese sector.

Sin embargo, son los crímenes de odio, la violencia y el uso indebido de fuerza en contra de los afroamericanos y otras minorías, los hechos que periódicamente hacen que el país se confronte y polarice, reabriéndose viejas heridas. Esta vez el vaso lo rebalsó el asesinato de un joven negro de 19 años, Michael Brown, a menos del policía Darren Wilson, en el pueblo de Ferguson, suburbio de St. Louis en Missouri.

La desproporcionalidad de seis disparos (dos en la cabeza) para detener a un chico desarmado que solo atinó a levantar los brazos en rendición, y el posterior exceso policial para detener a la población furiosa, parecieron echarle más leña al fuego a un caso de racismo que otra vez terminó cuestionando al sistema de seguridad pública del país.

Tuvo que intervenir Barack Obama y el fiscal general Eric Holder para poner un poco de mesura, reconocer que la fuerza policial está excesivamente militarizada,  compuesta por francotiradores apertrechados y carros blindados de última generación; demasiada contrafuerza para detener a una población lastimada y frustrada, aún con la inclusión de delincuentes infiltrados que desde otros estados llegaron para generar caos y anarquía.

Las circunstancias en Ferguson trajeron a la memoria el asesinato de Trayvon Martin, un joven negro y desarmado de un pueblo del centro de Florida que en 2012 fue abatido por un agente de seguridad vecinal, George Zimmerman. Al igual que ahora, con el racismo a flor de piel y tras comprobarse el exceso de fuerza y que las policías están desproporcionadamente compuestas por policías blancos en ciudades de predominancia negra, las reacciones civiles violentas con piedras, bombas molotov y algunos tiros se multiplicaron por doquier.

Los crímenes raciales, las armas y la fuerza policial, alguna vez coctel motivacional para los enérgicos discursos de Martin Luther King, siempre terminan por poner a Obama frente a una encrucijada. Como Presidente no puede disparar dardos por los derechos civiles como quisiera, sino buscar puntos de equilibrio y bien común.

En el caso de Florida y después que Zimmerman fuera declarado inocente en 2013 por la ley que permite el uso de armas de fuego en defensa personal, Obama lideró una cruzada en contra de las armas de fuego para uso civil que no llegó a buen fin. Pese a las movilizaciones en su apoyo en más de 100 ciudades, grupos de poder lograron sostener que la portación de armas para defensa personal es un derecho constitucional garantizado.

En el caso de Ferguson no se trata de un derecho individual a la protección personal sino de exceso por parte de fuerzas del orden. La desmesura está provocada por el “programa 1033” del Departamento de Defensa que permite al Pentágono traspasar a las policías pertrechos de guerra en desuso que quedaron tras las guerras de Irak y Afganistán. Esa reutilización del armamento cobra una dimensión desproporcionada entre los vecinos de una ciudad, que solo acostumbraban a verlo por televisión o en videojuegos.

La discusión ya empezó a calar hondo. Algunos legisladores quieren desmilitarizar a la policía y otros creen que el armamento militar es la única forma de disuadir a posibles terroristas, mafias y narcotraficantes con alta capacidad de fuego.

Lamentablemente, la polémica parece que derivará hacia ese terreno, así como antes derivó hacia el uso de armas para defensa personal, por lo que la discusión profunda sobre el racismo quedará de nuevo postergada. O hasta que ocurra un nuevo crimen de odio.