La inseguridad pública y la corrupción son las grandes dificultades que a diario soportan los latinoamericanos, a juzgar por las encuestas y estudios sobre calidad de vida en la región, lo cual es consecuencia de un problema aún más agudo: la falta de sistemas judiciales fuertes y eficientes.
La debilidad de la justicia tiene diversas fuentes, entre ellas, los magros recursos económicos que no superan el 1% del Producto Bruto Interno en los países latinoamericanos; la falta de profesionalización y la infiltración del crimen organizado; y, en peor medida, la falta de independencia, producto del avasallamiento constante que sufre de parte de los poderes políticos.
Un estudio de Freedom House difundido este viernes observó que el éxito de los nuevos procesos políticos en países árabes dependerá de la fortaleza de sus sistemas judiciales, mientras que en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, se percibe un deterioro democrático debido al declive sustancial de la primacía del Derecho en materia civil y criminal.
La falta de independencia judicial no solo está moldeada por aquellos políticos que nombran jueces ideológicamente compatibles, sino también cuando se cambian las reglas de juego con leyes y acuerdos, que bajo la excusa de la reconciliación nacional, favorecen a unos cuantos privilegiados, en desmedro de las víctimas y del bien común.
Por lo visto, en América Latina no acabamos de aprender de nuestros errores, como las amnistías y leyes de Punto Final que por décadas blindaron a los represores que asolaron el Cono Sur en la época de las dictaduras militares. Hace unos días en Uruguay se celebraba la decisión del Congreso de eliminar una ley de amnistía que protegía a criminales durante la dictadura y el de Brasil creaba una Comisión de la Verdad para revisar casos de su oscuro pasado; pero en Perú, una vez más, se proponía una amnistía general, por las violaciones a los derechos humanos en otras épocas.
La polémica entre perdonar y olvidar la reabrió el ministro peruano del Trabajo, Rudecindo Vega, admitiendo que la amnistía debería incluir al ex presidente Alberto Fujimori y a Antauro Humala, hermano del Presidente, y de paso, a los miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso, como para que todo aparente una reconciliación general. Lo lamentable, en todo caso, es que cualquier arreglo terminará afectando a la Justicia, que sin responsabilidad alguna, deberá cargar con la falta de reparación y expectativa de equidad que sentirán miles de víctimas que por décadas fueron afectadas por el terrorismo y los abusos de Estado.
La desazón y desconfianza de los ciudadanos ante la justicia es mayor, cuando se observa que tampoco existe mucha expectativa de que las injusticias se puedan zanjar en tribunales internacionales. Casos recientes de Venezuela y Ecuador lo comprueban. Pese a compromisos contraídos, Hugo Chávez no cumplió con la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de restituir los derechos políticos al proscrito Leopoldo López, aspirante a la presidencia; mientras que esta semana Rafael Correa rechazó las críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre violaciones a la libertad de prensa y se negó invitar a una delegación de la institución para que investigue en su país.
Pero más allá de los intereses políticos, la Justicia no puede funcionar con los mismos recursos que en otras épocas, cuando había menos conflictos y el crimen organizado estaba menos globalizado. Así como en Perú, Colombia y Argentina, en República Dominicana, el Poder Judicial también reclama para el 2012 un mayor presupuesto, un 2.6% del PIB como manda la ley, aunque no tiene muchas esperanzas de alcanzar el ideal que existe en países desarrollados, donde el control del crimen está ligado a la fortaleza de la Justicia.
Así, con bajos recursos, existe el peligro de incentivar mecanismos de justicia por manos propias, como en Guatemala, donde las comisiones de Seguridad Municipal, grupos de vecinos auto convocados y autorizados por ley, terminan siendo responsables de tortura, secuestro y ejecuciones extrajudiciales, delitos que se supone deberían prevenir.
Lamentablemente, casi todos los gobiernos latinoamericanos ven en la Justicia un instrumento político y un gasto, donde deberían ver una inversión y promover su independencia.
