Esta semana que pasó trajo excelentes noticias en materia de justicia. Tanto en Argentina, Uruguay como en Brasil, se adoptaron medidas judiciales y legislativas para acabar con la impunidad y la inmunidad de muchos criminales de la época del Plan Cóndor – entongue entre las dictaduras militares que asolaron el Cono Sur del continente - quienes habían sido beneficiados por el olvido, los perdones y amnistías y hasta leyes de Punto Final.
Dos cosas muy interesantes se desprenden de lo que se acordó en los tres países. Primero, la esperanza de que aunque la justicia sea lenta, terminará por imponerse al final para que todo el sistema y todos los ciudadanos nos sintamos iguales y sin privilegios. Segundo - tanto ayer como hoy - por más que algunos gobiernos traten de perpetuarse en la impunidad con la promulgación de leyes para su propio beneficio (así sea las de amnistía) o traten de tapar su corrupción o retuerzan las leyes para reformar constituciones y seguir en el poder o limitar a los congresos y a las cortes, existirá siempre la esperanza de que la justicia prevalecerá. Un buen mensaje también para los gobiernos actuales, especialmente aquellos que se sienten arrogantes.
Esta semana en Argentina una corte sentenció a 12 ex militares y policiales a cadena perpetua y otras penas menores, por los crímenes que se cometieron durante la dictadura de las juntas militares entre 1976 y 1983. Gracias a la derogación en 2005 de una ley de amnistía, fueron sentenciadas desde entonces 262 personas, además de otros 802 casos desde que Raúl Alfonsín y la democracia irrumpieron en 1983.
Otra medida relevante de esta semana fue la derogación de la ley de amnistía por parte del gobierno de Uruguay, que también ayudará a rever parte de la historia de ese país, de la que el propio presidente José Mujica estuvo involucrado como guerrillero y preso político. Lo mismo sucedió con el caso de Brasil, aunque con una situación un poco más tímida, al ser el Congreso el que le miércoles pasado creó una Comisión de la Verdad, que tendrá como objetivo primordial revisar los crímenes cometidos durante las dictaduras militares entre 1964 y 1985, y se podrá así escudriñar mejor las peripecias de la presidenta Dilma Rousseff, quien también fue activista de la guerrilla, detenida en celdas clandestinas y torturada.
Ojalá que en su capacidad, la justicia para que sea entera y verdadera, también mire con la misma óptica aquellos crímenes de lesa humanidad que perpetraron los grupos clandestinos y guerrilleros que pensaron que la lucha de las ideas debía ser por las armas. Esa lucha también fue fratricida y tiene sus responsabilidades ante los derechos humanos que violaron constantemente.
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