Lo del gobierno del presidente Rafael Correa no tiene nombre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de pedirle oficialmente a su gobierno explicaciones por las represalias tomadas públicamente contra periodistas y activistas de los derechos humanos ecuatorianos que el 25 de octubre acudieron a las sesiones ordinarias de esa institución, convocados a declarar durante una audiencia dedicada a la libertad de prensa.
Luego de esa audiencia, quienes participaron fueron escrachados e insultados en las cadenas de radio y televisión del gobierno, en una muestra más de intolerancia contra quienes opinan y piensan diferente al discurso oficial. Es evidente que estos ataques no son más que formas directas de intimidación en busca de autocensura.
Correa está cada vez más expuesto a la opinión internacional y es el mejor servicio que esos periodistas, los activistas de derechos humanos y la CIDH pueden hacer a favor de la libertad de expresión. Nadie debiera tener miedo a expresarse libremente y el gobierno tiene prohibido, por la Constitución, tomar represalias en contra de quienes opinan diferente.
Correa viene dando muestras de arrogancia e intolerancia, desde los juicios millonarios que interpuso contra periodistas y medios, hasta cuando se abrió la camisa para que le peguen un tiro en el pecho durante la rebelión militar. Debe tener en cuenta que en algún momento sus propios dichos le estarán jugando una mala pasada; hay quienes ya deben estar acumulando mucha evidencia sobre sus insultos y difamación, para pagarle con la misma moneda a sabiendas de las razones valederas del refrán de que por la boca muere el pez.
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