Eran de esperar las reacciones fundadas de los gobiernos de Ecuador y de Venezuela, a las declaraciones del ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, que defendió la actitud de su gobierno como “derecho a la legítima defensa” el hecho de incursionar en países extranjeros para capturar, perseguir o matar a los guerrilleros de las FARC.
En declaraciones coincidentes a publicaciones hechas por la prensa colombiana sobre que los cabecillas de las FARC se esconden en Venezuela y en Ecuador, nueve y dos respectivamente, y a un año de la incursión del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano, el ministro Santos armó un revuelo que muchos adujeron se trató de una treta para levantar popularidad de caras a una posible nominación a la presidencia de su país.
De una u otra forma, si bien Colombia pudo asestar un duro golpe a la guerrilla en su incursión en Ecuador, no deja de ser un atropello a la soberanía ese tipo de intromisión, ajena a todo tratado internacional. A pesar de que pueda compartir las dudas que tiene el gobierno colombiano sobre la “protección” que los guerrilleros encuentran en suelo extranjero, siempre es bueno el viejo adagio de que el fin no justifica los medios.
Las declaraciones de Santos son un poco peor todavía, ya que el hecho de azuzar nuevamente el fuego y de haber provocado a los gobiernos vecinos parece una actitud ajena a toda ética que se suma a cualquier otra consideración legal internacional.
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