Intercepciones telefónicas

Varios casos de espionaje telefónico contra jueces, políticos y periodistas alcanzaron nivel de escándalo recientemente en América Latina y su publicación en la prensa hizo que los gobiernos tomaran medidas correctivas contra sus servicios de inteligencia.

En Colombia fue despedido el jefe de inteligencia junto con sus subalternos; en México debió renunciar el ministro de Comunicaciones; en Argentina la justicia trató de cortar de cuajo el abuso del Estado declarando inconstitucional una ley que permitía espiar; y en Perú, un atentado contra la fiscal nacional, recordó que el año pasado el gobierno reemplazó a varios ministros en medio de una extensa investigación por sobornos de parte de una petrolera extranjera.

Como suele suceder, el que lleva a la atención pública los casos de corrupción, termina acusado y en el centro de la polémica. Varios funcionarios afectados reclamaron que los medios de comunicación no deberían divulgar el contenido de las escuchas telefónicas ilícitas, ya que si bien espiar quebranta la ley, su reproducción aumenta y propaga el delito. De acusaciones similares tuvo que defenderse la revista Semana de Colombia que denunció al Departamento Administrativo de Seguridad de espionaje telefónico selectivo y sistemático contra magistrados, políticos y directores de medios.

En estas controversias, es necesario comprender la diferencia entre espionaje e interferencia telefónica. Mientras en la primera práctica el Estado abusa al violar los derechos de privacidad, libre asociación y expresión que debe proteger; en la segunda suele estar amparado por leyes que le permiten, bajo orden judicial, interferir llamadas entre personas que estarían en evidencia de cometer delitos, como en casos de narcotráfico o terrorismo.

Así como Semana despertó el escándalo en Colombia, en México la reproducción en el programa de Carmen Arizmendi de un mensaje dejado en un celular donde se señala como ladrón a un ex mandatario, precipitó la salida esta semana del ministro de Comunicaciones del presidente Felipe Calderón.

En Perú sucedió algo parecido. No fueron las grabaciones clandestinas, conocidas como el caso de los “petrocassettes”, por las que Alan García tuvo que purgar su gabinete, sino el hecho de que fueran divulgadas por el programa televisivo Cuarto Poder, después de que llegaran en forma anónima a los medios. Este caso recordó aquellos infames videos de Montesinos que precipitaron la caída de un régimen, gracias a que también fueron divulgados por los medios, comprendiéndose así el alcance del abuso gubernamental para extorsionar y corromper.

En Brasil, la revista Veja publicó el año pasado grabaciones ilícitas entre políticos y miembros del Supremo Tribunal Federal que le habría proporcionado la Agencia Brasileña de Inteligencia y hace unos años, la Red Globo, tras reproducir escuchas clandestinas, logró que se desbarate el espionaje estatal contra asociaciones del Movimiento de los Sin Tierra.

El ajuste de cuentas no se hizo esperar. En castigo, los políticos brasileños, al no saber cómo manejar el escándalo, prefirieron atacar a los mensajeros, promoviendo en el 2008 una ley que castiga con cárcel a los responsables de medios y periodistas por divulgar información obtenida en forma ilícita sin la autorización de un juez.

Leyes así desnaturalizan el derecho a saber y la misión de la prensa, cuyo principio básico es difundir asuntos - aún si provienen de fuentes no identificadas – que estén justificados por el interés público, el bien común y la máxima rigurosidad por la verdad. Distinto sería, si fueran los medios los que utilizaran métodos ilegales o en disputa con su ética, como el uso de cámaras ocultas o pagar para obtener información. Pero divulgar hechos corruptos, es la savia y la obligación del periodismo, por lo que a veces hasta se deben desafiar las leyes para cumplir con la misión. Así sucedió con el New York Times en la década del 70, que divulgó los documentos secretos del Pentágono para argumentar su obligación y derecho a publicar, a pesar de que estaba prohibido por ley.

La libertad de divulgar hechos corruptos acarrea por lo general el pataleo inicial de los afectados y la desconfianza sobre los medios y periodistas. Sin embargo, cuando las aguas se calman, esa libertad origina la posibilidad de que se corrijan conductas corruptas, por lo que preservarla es esencial al derecho a saber de la sociedad y saludable para la democracia.

Lo más difícil en el periodismo

Participé en Lima de una conferencia en el Congreso entre legisladores y periodistas que nos abocamos a tratar dos temas inquietantes para ambos grupos y la sociedad. El acceso a la información pública y los crímenes contra periodistas irresueltos.

Fui panelista, pero más allá del tema general de acceso, me enfrasqué en la discusión sobre el papel de los medios de comunicación y del periodismo para ofrecer información que es obtenida ilícitamente y cómo se debe sopesar el valor del interés público por sobre el interés del periodismo o ante las prohibiciones que marca la ley.

El tema fue traído a colación por el caso de los “petro-cassetes” un escándalo de escuchas telefónicas clandestinas que luego de que fue publicado por algunos medios – otros decidieron no hacerlo – involucró al gobierno de Alan García, obligado a cambiar gran parte de su gabinete salpicado por la corrupción.

En el post de mañana ofreceré mi charla (que la estoy editando) y por el momento dejo esta entrevista que me sacaron hoy en diario El Comercio de Lima.

"Las decisiones éticas son las más difíciles en el periodismo"
El director de Libertad de Prensa de la SIP participó en Lima en un foro en el Congreso
Por Gerardo Caballero Rojas

Directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), representantes del Consejo de la Prensa Peruana, directores de medios y congresistas analizaron la situación de la libertad de expresión y la democracia en el Perú. Entre los representantes del organismo hemisférico estuvo presente Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la SIP, quien se refirió al deber ético y al acceso a la información.

¿En el caso de audios o videos obtenidos ilícitamente qué debe primar: el respeto a la Constitución y las leyes o el deber de informar sobre actos de corrupción?
El deber del periodista es informar a sus lectores y que se genere un diálogo en la redacción para decidir si (la información) se puede publicar o no. En este caso (de los audios entre Rómulo León y Alberto Quimper), no fue un material obtenido ilícitamente por los periodistas. A ellos les fue dado como una denuncia pública. Además, lo que siempre tratan de hacer los periodistas es analizar las consecuencias, tomando en cuenta que la información sea necesaria para el público. El segundo aspecto consiste en establecer si hay algunas consecuencias relevantes para los funcionarios, para los afectados o para el propio medio. Y eso surge del constante diálogo en la redacción.

¿Y en el caso de audios ocurrido recientemente en el Perú?
Ni un caso es igual al otro. Se trata de discusiones diferentes. Obviamente tiene que haber un esfuerzo del periodista por tratar de identificar la fuente, pero en ocasiones esas fuentes no son identificables y prevalece el interés público.
Pero a veces son identificables, incluso se puede reconocer un interés comercial o político.

No existe una regla básica para decir a los medios qué tienen y qué no tienen que hacer. Eso depende de la política editorial del medio y del grado de necesidad de información. En esas situaciones no hay el periodista bueno y el periodista malo. Lo que hay es una serie de aspectos grises que se deben diferenciar. Siempre se dice que las decisiones éticas son las más difíciles de tomar en el periodismo porque se basan precisamente en esos grises.

¿Debe ser el periodista quien decide si se publica un material como el de los audios Quimper-León, o debería ser una instancia como el Poder Judicial?
No, tiene que ser el propio medio. La instancia judicial tendrá que ver si el periodista tiene responsabilidades ulteriores, pero nunca debería la justicia determinar la censura previa.