Inseguridad y pena de muerte

La inseguridad es la mayor preocupación de todos los latinoamericanos, según varias encuestas sobre percepciones, mientras que la crisis económica y el desempleo son las otras dos disciplinas que le siguen en forma decreciente.

En muchos países, la desconfianza en la policía muchas veces involucrada ella misma en actos de corrupción, y la lentitud de la justicia, ha hecho que muchos hayan tomado la justicia por sus propias manos. Se han registrado numerosos casos de linchamiento en los últimos meses en países como Bolivia, Guatemala y Venezuela, por nombrar a los más afectados.

En otros países, como ocurrió esta pasada semana en Argentina, la gente ha comenzado a reclamar mayores penas para los delincuentes y criticado a la justicia por su falta de operatividad. En República Dominicana y en Honduras hasta los obispos católicos han reclamado mayor acción, mientras que en Argentina se armó el debate público sobre la aplicación de la pena de muerte, un tema que lo trajo a colación la famosa presentadora Susana Giménez cuando unos depravados mataron salvajemente a uno de sus colaboradores.

Muchos aprovecharon para sintonizar con los dichos Giménez, aunque ella pronto salió a desmentir que cuando dijo que el que mata debe morir, no trató de promover la pena de muerte.

Ya que el debate está abierto y sin entrar a la polémica desde el punto de vista ético o religioso, en el que la pena de muerte no tiene mucho fundamento, es bueno aportar otro elemento, mucho más práctico, como se reportó en Estados Unidos en estos días.

La crisis económica ha traído otro debate en Estados Unidos, resulta que esta práctica generalmente bien aceptada por la sociedad podría tener ahora sus detractores, ya que se estima que es mucho más caro para un estado matar a alguien que mantenerlo de por vida en cadena perpetua. No. No se trata de que una inyección sea cara, sino que los condenados a muerte permanecen en un limbo procesal de muchos años, que aumenta los costos de abogados, abogados de apelación y todo el sistema legal que se involucra.

Por ejemplo en California, donde existe un sistema judicial muy lento, un reo antes de la pena capital pasa unos 20 años en el proceso. Según la AP, en el 2007, fue justamente Nueva Jersey, considerando gastos de tiempo y dinero, el estado que dejó de lado la pena de muerte después de que fuera instaurada por la Corte Suprema en 1972. Cada sentencia a muerte le costaba al estado algo más de cuatro millones de dólares. De los 36 estados con penas de muerte, en ocho hay leyes para eliminarla: Kansas, Colorado, Maryland, Montana, Nebraska, New Hampshire, Nuevo México, Washington.

La pena de muerte no parece ser una solución práctica a la inseguridad.