Pese a
las amenazas del huracán Joaquín y al estado de emergencia declarado por la
gobernadora de Carolina del Sur, la Sociedad Interamericana de Prensa se reúne
este fin de semana en la histórica ciudad de Charleston para repasar un nuevo y
desastroso semestre en materia de libertad de prensa en el continente
americano.
El peor
embate contra la prensa lo debieron soportar los periodistas. Una docena de
ellos fueron asesinados en los últimos meses a causa de su labor. Brasil y
México, con tres crímenes cada uno, siguen siendo los países como mayores
riesgos. Esto se debe a los casos que los periodistas venían destapando habían sobre
dos temas que han crecido vertiginosamente en ambos países: la corrupción y el
crimen organizado.
Además
de otros asesinatos cometidos por los mismos motivos, en Colombia, Guatemala,
República Dominicana y Honduras, en general se percibe un clima general de
violencia contra la prensa en todos los países del área, entre agresiones y
ataques contra periodistas y medios de comunicación. Las causas son variadas,
pero predomina la intolerancia política y la polarización de las sociedades. En
muchos casos, se trata de una consecuencia natural a los discursos de odio de
presidentes como Nicolás Maduro y Rafael Correa, quienes diariamente arremeten
e identifican a los periodistas como a sus máximos opositores, lo que incentiva
a sus partidarios a hacer justicia por manos propias.
El
retroceso en la región en materia de libertades es notable. Tal vez el mayor
escollo que se ha convertido en un patrón común en cada país del continente, es
la restricción que los gobiernos han impuesto a la información pública. Existen
países como Argentina que permanecen rezagados, ya que todavía no posee una Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Otras naciones, con una
larga tradición de transparencia, como Canadá y EEUU, que desde hace décadas
tienen instrumentos legales que obligan a revelar información pública, han
adoptado severos reglamentos para clasificar información. La lucha contra el
terrorismo y la seguridad nacional se han convertido en la coartada perfecta
para denegar información en cuestiones irrelevantes para la soberanía de los
estados.
Paraguay
es el país más joven en adoptar este tipo de legislación, México el más longevo
y Honduras el más atrevido. Sin embargo, en ninguno de los casos, los gobiernos
cumplen con ofrecer un acceso ilimitado a cuestiones administrativas públicas
como indica la ley. Hecha esta, hecha la trampa. Encuentran en los trámites de
solicitudes, burocráticos y caros, la mejor excusa para blindarse y seguir tan
oscuros como antes de la legislación. Es obvio, como en Paraguay, que muchas
veces la adopción de legislación es pura demagogia, utilizada por los partidos
políticos para fortalecer sus promesas preelectorales; luego incumplidas.
La
polarización y el abuso de poder, esos “pecados” de la política que la semana
pasada el papa Francisco denunció ante el Congreso estadounidense, es fuente de
las muchas cortapisas que se imponen al derechos de los ciudadanos a gozar de
la libertad de expresión. Como producto de ello, se ve como los gobernantes,
desde Correa a Cristina Kirchner, abusan del uso de cadenas nacionales para
hablar sobre actos de gobierno y mezclarse en contiendas electorales, pese a
que estos espacios están limitados por la Constitución para que se usen solo en
estados de emergencia y por asuntos de interés y bien público.
El
gasto de propaganda de los gobiernos ha aumentado en casi todos los países.
Esto que en muchos casos solo aparentaría un dato económico algo
desproporcionado aunque no muy relevante, dentro de los presupuestos, esconde
el ansia de los políticos por aferrarse al poder. Los casos de Bolivia, Nicaragua
y Honduras son notables, el aumento económico del aparato de propaganda de los
gobernantes ha crecido tanto como las pretensiones de Evo Morales y Daniel
Ortega de refundar las constituciones para aferrarse para siempre al sillón
presidencial.
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