Más libertad contra la pobreza

La pobreza es estructural y tiende a ser crónica en América Latina. Para combatirla no alcanza con hacer planes sociales e incentivar el empleo formal. También se hace necesario generar un clima de mayor libertad económica y política.

La libertad no es un concepto abstracto como aparenta, sino fácil de medir. La realidad muestra que los países que acumulan mayor pobreza son los que tienen menor nivel de libertad, ya sea de mercado o de política, de prensa y expresión, de asociación y religión. La economía y la política pueden inducir tanto un círculo virtuoso como vicioso, dependiendo del grado de libertad con la que se vivan.

Para no dar el ejemplo de siempre que evidencia esta hipótesis, EEUU o Canadá vs. Cuba o Venezuela, valen otros menos distantes ideológicamente: Chile, Costa Rica y Uruguay, donde el concepto de libertades individuales y civiles está más arraigado, contrastan con los altos índices de pobreza que se registran en Nicaragua, Guatemala o Paraguay, donde las libertades están más restringidas.

La pobreza que también se ha disparado en países latinoamericanos más ricos, como Argentina, Ecuador y Venezuela, demuestra que no siempre es consecuencia de la economía, sino de malas decisiones políticas. Cristina Kirchner, Rafael Correa y Nicolás Maduro han creado economías cerradas y restringidas políticamente. Las consecuencias son evidentes: La seguridad jurídica se debilitó, la corrupción se institucionalizó y el nivel de vida decayó.

El índice 2015 de Libertad Económica de la Fundación Heritage y el Wall Street Journal concluye que la “corrupción generalizada, la ineficacia reguladora, la inestabilidad monetaria y la debilidad del Estado de Derecho”, son factores que contribuyen al estancamiento y a la recesión. Son, en realidad, motores de pobreza.

Las políticas erróneas pasan mayor factura a los pobres que a las demás clases sociales. El Índice Multidimensional de Pobreza del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo demuestra que en aquellos países con bajo nivel de libertad económica, empeoran los servicios esenciales como la educación y la atención de la salud y deterioran el nivel de vida.

El índice, que mide la seguridad jurídica, el tamaño del gobierno, la apertura de los mercados y la eficacia reguladora, entre otros aspectos, es elocuente. La libertad económica está intrínsecamente conectada a las libertades políticas e individuales que ofrece cada país.

En ese sentido, Chile encabeza el ranking de economía libre entre los 29 países del continente americano, seguido por Colombia. Un par de escalones más abajo se ubican Uruguay, Costa Rica y Perú. Pero en la parte opuesta del escalafón, están aquellos países que en la última década pusieron mayor énfasis en la política ideológica que en la libertad de mercado. Así, los últimos puestos del ranking los ocupan Ecuador, Bolivia, Argentina, Venezuela y Cuba.

A nivel mundial se logra tener una mejor percepción del problema que tienen estas naciones. Argentina (169), Venezuela (176) y Cuba (177) están a la zaga entre las 178 economías medidas. La de Chile, por otro lado, está séptima en la escala mundial, antes que EEUU (12) y un poco después que las economías más libres, prósperas y con menos pobreza: Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Australia y Suiza.

El índice de la Fundación concluye que los gobiernos que garantizan e incentivan la libertad económica crean mejores ambientes para la innovación y el progreso. “El fin último de la libertad económica es el de empoderar a las personas con un mayor número de oportunidades para que puedan elegir por sí mismas cómo aspirar y alcanzar sus sueños, sujetos únicamente a las bases del Estado de Derecho y la honesta competencia entre las personas”.

Pese a los malos augurios para la región debido a la desaceleración económica provocada en parte por la baja en el precio de las materias primas, el Banco Mundial es optimista. Cree que para el 2030 podrá erradicar la pobreza extrema de América Latina, basándose en la disminución lograda en la última década, del 24.1% en 2003 al 11.5% en el 2013.

Optimismo o pesimismo de lado, lo evidente es que los países más libres, económica y políticamente, tienen mejores chances de combatir la pobreza, generar prosperidad y apuntalar un progreso sostenido. 

Para reducir la pobreza: no a la austeridad

Las políticas de ajuste y austeridad económica no permitieron que los países superaran la crisis como se preveía; provocando, además, mayor pobreza, más desigualdad y menos felicidad.

El informe del Credit Suisse lo evidencia. El 1% de la población mundial tiene más dinero que el 99% restante. Coincidencia lapidaria con la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que situó a la desigualdad en el nivel más alto de los últimos 30 años. También lo comprueba el hecho de que Angus Deaton ganara esta semana el premio Nobel de Economía por sus teorías críticas contra los ajustes: “Reducen ingresos, recortan beneficios y destruyen empleos”.

La mayor pobreza, desigualdad e infelicidad fueron generadas especialmente por el desempleo. Por eso aquellos gobiernos que aportaron estímulos económicos, diversificaron la economía, crearon infraestructura, aumentaron presupuestos en educación e incentivaron la innovación, fueron los que mejor lidiaron con la crisis que viene haciendo estragos desde 2007.

En América Latina poco se hizo. Los gobiernos desaprovecharon la abundancia de lo producido por las exportaciones de materias primas de la última década, no volcándolos a la economía formal. Despilfarrados los ingresos, el crecimiento del 5% de la región no se notó y no sirvió para reducir la pobreza, con 167 millones de personas. Lo que creció fue la informalidad, entre el 60 y 70% de la economía, o 130 millones de personas que viven de empleos informales, que supone menor recaudación de impuestos y más desigualdad a largo plazo.

El renombrado éxito de Brasil contra la pobreza e indigencia, por ejemplo, no se debe tan solo a los programas Brasil sin Miseria y Bolsa Familia, que ofrece a los padres un sueldo a cambio de enviar a sus hijos a la escuela, sino al aumento del 60% del empleo formal.

El futuro en América Latina no es alentador. La culpa la tienen los gobiernos poco previsores que dilapidaron la época dorada de los precios por las nubes de las materias primas, creyendo que la expansión de China sería eterna. Pocos gobiernos invirtieron las ganancias en infraestructura, en industrias para crear valor agregado a los commodities, educación vocacional y en institucionalidad democrática.

Este último aspecto, lo político, aunque parezca desligado de la economía, es al que mayor importancia le asigna el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, como motor de desarrollo. Sin seguridad jurídica, con alta dosis de ideologización política, con poca transparencia y sin reglas claras, las inversiones son esquivas y, por ende, la generación de empleos.

América Latina mal administró las vacas gordas. El caso venezolano es patético. El gobierno despilfarró los recursos del petróleo, cuando estaba a más de 100 dólares el barril, para un programa de expansión ideológica inútil. Otros gastaron a mansalva en clientelismo electoral y propaganda, y casi nadie avanzó a favor de la institucionalidad – en especial la autonomía judicial - permitiendo la metástasis del mayor cáncer que afecta a la región: La corrupción.

El egoísmo de estos gobiernos cortoplacistas es que han usado toda su capacidad creativa para los procesos electorales. Menospreciaron la creación de infraestructura necesaria para apoyar la economía, no invirtieron en educación vocacional capaz de crear mano de obra especializada para transformar las materias primas y despreciaron por completo la innovación tecnológica y científica, aspectos que reafirman el subdesarrollo.

Andrés Oppenheimer en su libro “Crear o morir” lo describe en forma espléndida. Dice que Latinoamérica debe entrar de lleno a “la era de la economía del conocimiento” y que se debe entender que “el gran dilema del siglo XXI no será ‘socialismo o muerte’, ni ‘capitalismo o socialismo’, ni ‘Estado o mercado’, sino uno mucho menos ideológico: innovar o quedarnos estancados”.

Citando casos de éxito, Oppenheimer sentencia que la prosperidad de los países depende cada vez menos de los recursos naturales, sino de aquellos que incentivan a sus sistemas educativos, científicos e innovadores.

Queda así demostrado que la fórmula más adecuada para reducir la pobreza, achicar la desigualdad y aumentar la felicidad, tal vez no es la austeridad, sino gastar mucho en la educación de la gente, el mayor capital de una nación.  trottiart@gmail.com

Resolución para 2014: Combatir la miseria en América Latina

Erradicar la miseria debería ser la resolución más relevante del 2014 para que América Latina alcance todo su potencial. La tarea es titánica porque no solo se necesitan planes sociales, empleos e infraestructura para el desarrollo, sino también promover la honestidad, en consideración que la corrupción afecta principalmente a los pobres.

Los vientos están a favor. China promete comprar más en Latinoamérica en los próximos años; la presidente brasileña, Dilma Rousseff, dijo que sacará de la miseria a 40 millones de compatriotas este año; mientras que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, prometió combatir la pobreza con decisión, lo que son buenas noticias ya que entre ambos países aportan la mayor cantidad de indigentes del continente.

Lo más importante, quizás, es que emergió un líder en la región que está creando mayor conciencia sobre este problema - pobreza y corrupción - lo que no han podido hacer hasta ahora informes y estudios. Justamente la nueva visión que está contagiando este líder - la de poner a los pobres como los protagonistas de todas las reformas de políticas públicas - es lo que le ha valido al papa Francisco ser declarado Persona del Año por la revista Time.

Su contagio no deviene por su condición de ser el primer Papa latinoamericano, sino porque predica con el ejemplo. No solo habla de caridad, solidaridad y compasión para con los más vulnerables, sino clama porque se hagan reformas para combatir la corrupción, como él las ha hecho para limpiar al Vaticano de los corruptos.

Es que la manipulación electoral de los gobiernos, el soborno para la construcción de obras públicas o el enriquecimiento ilícito de los poderosos, no atentan contra los ricos, sino contra los pobres. La corrupción crea brechas cada vez mayores entre ricos y pobres, ya que disminuye en estos últimos su capacidad de inserción y participación en la sociedad.

El problema de la corrupción es que se suelen diferir fondos de proyectos públicos a fortunas personales, deteriorándose las instituciones del Estado. Y en ese deterioro, los más afectados son los servicios, como el caso de la salud, la educación, el acceso a energía, cloacas o agua potable, servicios que terminan convirtiéndose en privilegios lejanos para los pobres. Esta ecuación se desprende del informe del Banco Mundial, “La voz de los pobres. ¿Hay alguien que nos escuche?”, donde también se establece una relación profunda entre corrupción y falta de acceso a la información pública.

América Latina sigue siendo una región altamente corrupta. 

En gran parte, esa cultura se debe a la cultura del secretismo o la falta de transparencia con la que se manejan sus gobiernos. Desde manipular índices económicos como los gobiernos de Cristina Kirchner o Nicolás Maduro, hasta negarse a ofrecer declaraciones juradas como en Ecuador o utilizar dineros públicos como si fueran propios en Nicaragua.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que cualquier política dirigida a obstaculizar la información sobre las tareas estatales, tiene el riesgo de promover la corrupción. Por ese motivo, y en plena coincidencia con el Banco Mundial y el PNUD, reclama que se debe propiciar el acceso a la información de los sectores más empobrecidos, ya que es la única forma de permitir su participación activa en el diseño de políticas públicas que afectarán sus vidas.

En columnas anteriores advertía - citando el estudio Panorama Social de América Latina 2013 de la CEPAL y el de Transparencia Internacional - que la corrupción y la pobreza van de la mano. Los países más desarrollados son los menos corruptos y los de mayor corrupción albergan la mayor cantidad de pobres.

En Latinoamérica hay 164 millones de pobres y 68 millones de personas viven en la miseria, según el estudio Panorama Social de América Latina 2013 de la CEPAL. La mayoría de ellos vive en países con los mayores índices de corrupción.

Los políticos y líderes de la región deben asumir que la corrupción es el mejor aliado de la pobreza y la antítesis del desarrollo. Así que cuando hablen de políticas públicas para combatir la pobreza, la prioridad debe estar puesta en promover la honestidad y la transparencia de la gestión pública, más que en incentivar programas de asistencia y/o prácticas clientelistas.