Erradicar la miseria debería ser la resolución más relevante del 2014
para que América Latina alcance todo su potencial. La tarea es titánica porque
no solo se necesitan planes sociales, empleos e infraestructura para el
desarrollo, sino también promover la honestidad, en consideración que la
corrupción afecta principalmente a los pobres.
Los vientos están a favor. China promete comprar más en Latinoamérica
en los próximos años; la presidente brasileña, Dilma Rousseff, dijo que sacará
de la miseria a 40 millones de compatriotas este año; mientras que el presidente
mexicano, Enrique Peña Nieto, prometió combatir la pobreza con decisión, lo que
son buenas noticias ya que entre ambos países aportan la mayor cantidad de
indigentes del continente.
Lo más importante, quizás, es que emergió un líder en la región que está
creando mayor conciencia sobre este problema - pobreza y corrupción - lo que no
han podido hacer hasta ahora informes y estudios. Justamente la nueva visión
que está contagiando este líder - la de poner a los pobres como los
protagonistas de todas las reformas de políticas públicas - es lo que le ha
valido al papa Francisco ser declarado Persona del Año por la revista Time.
Su contagio no deviene por su condición de ser el primer Papa
latinoamericano, sino porque predica con el ejemplo. No solo habla de caridad,
solidaridad y compasión para con los más vulnerables, sino clama porque se
hagan reformas para combatir la corrupción, como él las ha hecho para limpiar al
Vaticano de los corruptos.
Es que la manipulación electoral de los gobiernos, el soborno para la
construcción de obras públicas o el enriquecimiento ilícito de los poderosos, no
atentan contra los ricos, sino contra los pobres. La corrupción crea brechas
cada vez mayores entre ricos y pobres, ya que disminuye en estos últimos su
capacidad de inserción y participación en la sociedad.
El problema de la corrupción es que se suelen diferir fondos de
proyectos públicos a fortunas personales, deteriorándose las instituciones del
Estado. Y en ese deterioro, los más afectados son los servicios, como el caso
de la salud, la educación, el acceso a energía, cloacas o agua potable, servicios
que terminan convirtiéndose en privilegios lejanos para los pobres. Esta
ecuación se desprende del informe del Banco Mundial, “La voz de los pobres.
¿Hay alguien que nos escuche?”, donde también se establece una relación
profunda entre corrupción y falta de acceso a la información pública.
América Latina sigue siendo una región altamente corrupta.
En gran
parte, esa cultura se debe a la cultura del secretismo o la falta de
transparencia con la que se manejan sus gobiernos. Desde manipular índices
económicos como los gobiernos de Cristina Kirchner o Nicolás Maduro, hasta negarse
a ofrecer declaraciones juradas como en Ecuador o utilizar dineros públicos
como si fueran propios en Nicaragua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que cualquier
política dirigida a obstaculizar la información sobre las tareas estatales,
tiene el riesgo de promover la corrupción. Por ese motivo, y en plena
coincidencia con el Banco Mundial y el PNUD, reclama que se debe propiciar el
acceso a la información de los sectores más empobrecidos, ya que es la única
forma de permitir su participación activa en el diseño de políticas públicas
que afectarán sus vidas.
En columnas anteriores advertía - citando el estudio Panorama Social
de América Latina 2013 de la CEPAL y el de Transparencia Internacional - que la
corrupción y la pobreza van de la mano. Los países más desarrollados son los
menos corruptos y los de mayor corrupción albergan la mayor cantidad de pobres.
En Latinoamérica hay 164 millones de pobres y 68 millones de personas
viven en la miseria, según el estudio Panorama Social de América Latina 2013 de la
CEPAL. La mayoría de ellos vive en países con los mayores índices de corrupción.
Los políticos y líderes de la región deben asumir que la corrupción es el mejor aliado de la pobreza y la antítesis del desarrollo. Así que cuando hablen de políticas públicas para combatir la pobreza, la prioridad debe estar puesta en promover la honestidad y la transparencia de la gestión pública, más que en incentivar programas de asistencia y/o prácticas clientelistas.
