Es importante que los estados sigan combatiendo las
injusticias y tratando de acabar con la impunidad. Que al dictador argentino Jorge
Rafael Videla le hayan condenado ayer a 50 años de cárcel por la apropiación de
niños durante la dictadura militar que lideró entre 1976 y 1983, así como
también se sentenció a uno de sus sucesores, Reynaldo Bignone, sienta
precedentes importantes en la lucha contra la impunidad en América Latina. La
justicia se ha tardado décadas; aunque a destiempo, es importante que esté
ayudando a cicatrizar las heridas de las víctimas y sus familiares. La justicia
fuerte y firme, al fin y al cabo, es el único disuasivo que existe para
combatir la violencia.
Así como en Argentina, un movimiento parecido se
está viviendo en Brasil para poder resolver los crímenes que en el Cono Sur los
gobiernos dictatoriales cometieron a través de la Operación Cóndor. Aunque en
Brasil una ley de 1979 amnistió los crímenes cometidos entre 1964 y 1985, años
de gobierno dictatorial, se están buscando mecanismos y el necesario plafond parlamentario
y social, para que estos crímenes no continúen impunes.
Durante un foro legislativo celebrado en Brasilia en
el que se discutió sobre la alianza represiva militar Operación Cóndor, diputados
y activistas de los derechos humanos en representación de Argentina, Brasil,
Chile, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos dejaron sentado en un documento que los
"agentes de Estado, así como sus cómplices civiles que violaron los
derechos humanos, sean procesados y castigados con penas proporcionales a sus
crímenes".
Brasil es el único país involucrado en el Plan
Cóndor que no ha condenado a sus represores. Seguramente las condenas de
Videla, Bignone y otros militares argentinos, representarán una presión importante para que el gobierno
brasileño legisle en contra de la amnistía otorgada.
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