Violencia institucional

Estuve esta semana en San Pedro Sula y en San Salvador y tuve la oportunidad de charlar con taxistas. No me sorprendí que me dijeran que las compañías para las que trabajaban como choferes estuvieran pagando renta a las pandillas juveniles, para poder trabajar con “seguridad”. De otra forma correrían el riesgo de ser asesinados.
En San Salvador, tomé uno de los taxis de la Gran Vía” - un shopping estilo “miamense” – y el conductor me dijo que hacía una semana, su empresa había sido obligada por la mara Salvatrucha 13 a pagar 300 dólares para poder operar. Era la única línea de taxis y de transporte masivo de pasajeros que todavía no había sido extorsionada.
En los primeros meses de este año, tanto en Honduras como en El Salvador, y principalmente en ciudad de Guatemala, los mareros o pandilleros han asesinado a mansalva a decenas de choferes de taxis y buses por negarse a pagar el “peaje”. En San Salvador, nuestros anfitriones, donde realizamos un seminario para diarios populares, nos pidieron por favor no ir al centro de la ciudad para no toparnos con las pandillas juveniles.
No solo las líneas de transporte masivo, sino también muchos de los comerciantes e inclusive los vendedores ambulantes están todos pagando una “renta” a los mareros para poder trabajar. Esta misma situación sucede en muchas ciudades de Colombia, como por ejemplo Medellín, donde los comerciantes del centro de la ciudad – a pesar de que el cartel de Medellín desapareció o se disgregó tras el asesinato de Pablo Escobar – están “vacunados”, es decir que deben pagar una extorsión para poder operar libremente.
Uno, después de escuchar sobre tanta violencia, se pregunta cuál es el papel del gobierno. Y no encuentra respuesta satisfactoria. Pareciera que en América Latina nos estamos acostumbrando a vivir con la violencia y con la ineficiencia del Estado. La violencia se ha institucionalizado.