Sociedad extorsionada

La cuota es una de las palabras que definen el clima de máxima inseguridad pública que se vive en El Salvador, un país que tiene 72 homicidios cada 100 mil habitantes, uno de los más altos de las Américas.
La cuota o la renta es el “impuesto” que cobran los mareros (pandilleros juveniles) a toda persona que tiene la posibilidad de realizar una actividad comercial, ya sea desde un taxista, chofer de microbús de transporte hasta un comercio establecido como un vendedor ambulante.
Los pandilleros, de cualquier clica, subdivisión de una pandilla de las MS, Maras Salvatruchas, que operan en un sector determinado, cobran sus cuotas en sus zonas pero a través de menores de edad, quienes no son imputables ante la ley por delitos de asociación ilícita. Estos menores son quienes recogen el dinero o entregan el mensaje que de no obtenerlo, sus superiores enviarán a una pandilla a matarlo.
Las amenazas se cumplen. Las denuncias no se hacen, como el Estado lo establece a través del 911, porque la gente dejó de confiar en la policía. La ley antimaras que establece mayores penas a los menores que cometen delitos graves, y es apoyada por todos los sectores de la sociedad, todavía no fue sancionada y los militares que patrullan las calles bajo iniciativa del presidente Mauricio Funes no tienen gran impacto, debido a que su imagen se está desnaturalizando, porque no tienen fuerza de policía.
Los grandes desafíos que acarrea la inseguridad pública, no solo para la confianza de la gente, sino para la imagen del país. Inversiones y turismo a la baja.
La sociedad salvadoreña está extorsionada por las pandillas juveniles.