Violencia juvenil

El asesinato de Julieth Mejía, abogada colombiana de 28 años con ocho meses de embarazo, cometido por un niño y un adolescente a principios de junio en Medellín, volvió a llamar la atención sobre uno de los estigmas sociales de la América Latina: la violencia en pantaloncitos cortos.

El crimen reverdeció debates sobre exclusión infantil, disgregación familiar y deserción escolar, nutrientes naturales de la violencia; al tiempo que enardeció reclamos por políticas ineficientes del Estado, entrampado en la disyuntiva entre sobreproteger a menores delincuentes o reducir su imputabilidad penal.

En ese río revuelto, los narcotraficantes se aprovechan pescando chicos para convertirlos en asesinos a sueldo. “Sicaritos” en Colombia o “narco juniors” en México, estos niños entre 8 y 9 años son iniciados como “mulas” o cargadores de drogas y armas, para terminar a los 13 graduándose de sicarios, adictos a las drogas y a la adrenalina de la violencia.

Todos terminan mal. El juego de la violencia a ese nivel no tiene salida. Los carteles los descartan cuando creen que los menores tienen conciencia propia; mientras tanto, aprovechan su ferocidad, falta de remordimientos y amparo legal. Muchos acaban en fosas comunes, como el 30 por ciento de los 427 niños contratados por el narcotráfico en los últimos tres años, según la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana. Otros son enviados a reformatorios deficientes, donde cursan “maestrías” en criminalidad, listos para ser reclutados nuevamente.

La enérgica pelea del presidente mexicano Felipe Calderón contra los narcotraficantes ha trasladado y potenciado el problema más hacia el sur, a Centroamérica, donde ya venían lidiando con las pandillas juveniles. Las maras, como la “Salvatrucha 13” o la “M18”, son organizaciones jerárquicas, violentas y ávidas de nuevos territorios y controles, a las que la distribución y venta de drogas ilícitas les resultó un escalón natural en sus quehaceres.

De esta forma, las pandillas redujeron sus grafitis, escondieron sus tatuajes, y manteniendo negocios redituables como la extorsión a las líneas de buses y taxis, pasaron a cometer crímenes violentos, como en Honduras, donde los mareros fueron responsables del 32 por ciento de los 4.500 homicidios del 2008 y de haber ejecutado a centenares de taxistas, crímenes también muy comunes en Guatemala y El Salvador.

Con las drogas y mejores recursos, las maras potenciaron su expansión, nutriéndose de jóvenes marginales, producto de la desintegración familiar, el desempleo y la falta de programas culturales y deportivos en ciudades superadas por las migraciones.

El desafío para los gobiernos se ha vuelto descomunal. Las políticas represivas utilizadas hasta ahora, como las de “mano dura” motivadas por los ex presidentes, el hondureño Ricardo Maduro y los salvadoreños Francisco Flores y Antonio Saca, no tuvieron el éxito esperado. Las calles siguen violentas y las pandillas creciendo a escondidas. La realidad los ha rebasado y las políticas preventivas son escasas. El problema no son los hechos de violencia, sino la cultura tolerada del crimen y la también escasa respuesta de la sociedad.

Una experiencia exitosa es la de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), con sede en Quito, que trabaja para que la pandilla juvenil más grande del país, los “Latin King”, compuesta por unas 712 células, pueda salir del pandillaje. Impulsados a crear microempresas, los “Latin Kings” formaron la Corporación de Reyes Latinos y Reinas Latinas de Ecuador, que derivó en la creación de Cissko Records, un sello discográfico, un taller de serigrafía, y ya planean la apertura de un local para alquiler de computadoras; involucrándose, además, en la organización de musicales, exhibiciones de arte y campañas caritativas.

Mauro Cerbino, catedrático de Flacso, explica que a los jóvenes se les deben ofrecer formas alternativas y creativas que reemplacen la importancia y la estima que logran en las pandillas. Hace unos días, se produjo un avance optimista, varios grupos que reúnen a 12.000 pandilleros del Ecuador, firmaron un acuerdo de no agresión, que los fiscales y policías esperan sea duradero.

Lo de Cerbino me recuerda al consejo de mi papá para cuando tuviera que criar a mis hijos; una fórmula tan válida en lo individual que pudiera eficientemente atribuirse a nivel general para prevenir la vagancia, las drogas y la violencia: “mucha familia, mucha escuela y muchísimo deporte”.

Violencia institucional

Estuve esta semana en San Pedro Sula y en San Salvador y tuve la oportunidad de charlar con taxistas. No me sorprendí que me dijeran que las compañías para las que trabajaban como choferes estuvieran pagando renta a las pandillas juveniles, para poder trabajar con “seguridad”. De otra forma correrían el riesgo de ser asesinados.
En San Salvador, tomé uno de los taxis de la Gran Vía” - un shopping estilo “miamense” – y el conductor me dijo que hacía una semana, su empresa había sido obligada por la mara Salvatrucha 13 a pagar 300 dólares para poder operar. Era la única línea de taxis y de transporte masivo de pasajeros que todavía no había sido extorsionada.
En los primeros meses de este año, tanto en Honduras como en El Salvador, y principalmente en ciudad de Guatemala, los mareros o pandilleros han asesinado a mansalva a decenas de choferes de taxis y buses por negarse a pagar el “peaje”. En San Salvador, nuestros anfitriones, donde realizamos un seminario para diarios populares, nos pidieron por favor no ir al centro de la ciudad para no toparnos con las pandillas juveniles.
No solo las líneas de transporte masivo, sino también muchos de los comerciantes e inclusive los vendedores ambulantes están todos pagando una “renta” a los mareros para poder trabajar. Esta misma situación sucede en muchas ciudades de Colombia, como por ejemplo Medellín, donde los comerciantes del centro de la ciudad – a pesar de que el cartel de Medellín desapareció o se disgregó tras el asesinato de Pablo Escobar – están “vacunados”, es decir que deben pagar una extorsión para poder operar libremente.
Uno, después de escuchar sobre tanta violencia, se pregunta cuál es el papel del gobierno. Y no encuentra respuesta satisfactoria. Pareciera que en América Latina nos estamos acostumbrando a vivir con la violencia y con la ineficiencia del Estado. La violencia se ha institucionalizado.