De San Pedro Sula a Teherán

El derecho de reunión es uno de los derechos humanos más fundamentales concebidos en los tratados internacionales y en las constituciones de cada país. Su mejor representación es a través de la convocatoria ciudadana para reclamar justicia, exigir cambios o reprobar conductas.
Así como lo están demostrando los iraníes, quienes vienen manifestándose públicamente en las calles de Teherán y otras ciudades de su país para reprobar el fraude y burla electoral cometido por su gobierno, los hondureños de Tegucigalpa y San Pedro Sula vienen haciendo uso de esta herramienta popular para exigir que el gobierno desista de sus intenciones de perpetuarse en el poder a través de una reforma que permita la reelección.
La marcha de ayer en San Pedro Sula, calificada por el diario La Prensa de San Pedro Sula, como histórica, es una muestra más de la madurez de un pueblo que quiere vivir en una democracia palpable, diversa y plural, sin la necesidad de que los gobernantes – como sucede lamentablemente en muchos países – traten de perpetuarse en el poder mediante métodos no muy transparentes. Los gobiernos, por lo general, tienen los recursos y muchas veces las herramientas fraudulentas (como en Irán) para poder acomodar las cosas a su antojo y a los intereses personales.
A diferencia de los iraníes – claro está – los hondureños tienen la libertad para expresarse y hacer cuántas marchas quieran. Pero más allá de esa diferencia, el ímpetu demostrado en las marchas como la de “la unidad nacional en paz y libertad”, muestran la vocación y el ansia de vivir en una democracia plural y diversa.
Las marchas en contra de los secuestrados en Colombia, en contra de la violencia en Guatemala, en contra del terrorismo en España, en contra del fraude electoral en Irán, en Venezuela o en Nicaragua y en contra de la inseguridad en tantas capitales latinoamericanas, son un canto al coraje y a la valentía de un pueblo que quiere hacer escuchar su voz y que no solo quiere que lo tomen en cuenta durante los períodos electorales.

Violencia institucional

Estuve esta semana en San Pedro Sula y en San Salvador y tuve la oportunidad de charlar con taxistas. No me sorprendí que me dijeran que las compañías para las que trabajaban como choferes estuvieran pagando renta a las pandillas juveniles, para poder trabajar con “seguridad”. De otra forma correrían el riesgo de ser asesinados.
En San Salvador, tomé uno de los taxis de la Gran Vía” - un shopping estilo “miamense” – y el conductor me dijo que hacía una semana, su empresa había sido obligada por la mara Salvatrucha 13 a pagar 300 dólares para poder operar. Era la única línea de taxis y de transporte masivo de pasajeros que todavía no había sido extorsionada.
En los primeros meses de este año, tanto en Honduras como en El Salvador, y principalmente en ciudad de Guatemala, los mareros o pandilleros han asesinado a mansalva a decenas de choferes de taxis y buses por negarse a pagar el “peaje”. En San Salvador, nuestros anfitriones, donde realizamos un seminario para diarios populares, nos pidieron por favor no ir al centro de la ciudad para no toparnos con las pandillas juveniles.
No solo las líneas de transporte masivo, sino también muchos de los comerciantes e inclusive los vendedores ambulantes están todos pagando una “renta” a los mareros para poder trabajar. Esta misma situación sucede en muchas ciudades de Colombia, como por ejemplo Medellín, donde los comerciantes del centro de la ciudad – a pesar de que el cartel de Medellín desapareció o se disgregó tras el asesinato de Pablo Escobar – están “vacunados”, es decir que deben pagar una extorsión para poder operar libremente.
Uno, después de escuchar sobre tanta violencia, se pregunta cuál es el papel del gobierno. Y no encuentra respuesta satisfactoria. Pareciera que en América Latina nos estamos acostumbrando a vivir con la violencia y con la ineficiencia del Estado. La violencia se ha institucionalizado.