La Casa Blanca: Inquilinos muy opacos

Barack Obama y sus antecesores en la Casa Blanca no se han mostrado muy transparentes. Y a juzgar por la opacidad de los dos contendientes que desean habitarla, la tendencia a la oscuridad parece extenderse hacia futuro.

La falta de transparencia parece regla más que excepción en la carrera presidencial. Esta semana el tema explotó cuando Hillary Clinton, acalorada y deshidratada, trastabilló al subir a una camioneta en plena campaña. No interesó tanto el incidente, como que haya ocultado la neumonía y sus antecedentes médicos que, por lo visto, acusan otras caídas y contusiones en meses recientes.

La opacidad de la candidata, que se vio obligada a revelar su estado clínico, sobrepasa su estado de salud. Se le critica que haya ocultado información sobre más de 60 mil correos oficiales que despachó por su cuenta privada y que no ofrezca conferencias de prensa por temor a confrontar a los periodistas. Por suerte para ella, Donald Trump tampoco es transparente. Se le reprocha no dar a conocer su declaración de impuestos, mentir sobre resonantes donaciones que no salen de su bolsillo y por sobornar a un fiscal para que no investigue irregularidades en su universidad.

La falta de transparencia de los inquilinos de la Casa Blanca no es nueva. Es una tradición que empezó desde que fue construida por esclavos, como denunció Mitchell Obama. Sus ocupantes fueron siempre opacos a la hora de informar, ya sea sobre la guerra de Vietnam, los entretelones de espionaje que derribaron a Richard Nixon, los argumentos sobre las armas de destrucción masiva que George Bush nunca encontró en Irak, o hasta por la inteligencia con la que la democracia más fuerte del planeta se involucró con dictadores. La opacidad también abarcó temas mundanos, entre ellos, los amoríos de John Kennedy con Marilyn Monroe y las aventuras sexuales de Bill Clinton en el Salón Oval.

En materia de transparencia el presidente Obama ha sido un fiasco. Prometió mucho al inicio de su mandato, pero casi a su término, es lo que más se le critica. Esta semana, la Sociedad Interamericana de Prensa, junto a 40 instituciones estadounidenses, le escribió reprochándole que su gobierno clasifica demasiada información, retrasa de manera excesiva las solicitudes de entrevistas y que las agencias federales discriminan a reporteros críticos.

Esto, claro, parecen minucias a la hora de las escuchas telefónicas que el gobierno ordenó en contra de la agencia de noticias AP y del espionaje indiscriminado contra ciudadanos en las redes sociales e internet. De no haber sido por las filtraciones de Edward Snowden, quizás esos programas seguirían funcionando.

La Casa Blanca no es una aguja en el pajar. La falta de transparencia es un mal extendido. La divulgación de los Panama Papers que mostró como muchos creaban empresas off-shore para evadir impuestos en sus países de origen, obligó a algunos poderosos a dimitir, como el primer ministro de Islandia. Otros, como el presidente Mauricio Macri todavía está tratando de aclarar ante los fiscales que su participación en empresas off-shore fue inducida por su padre.

Macri, de todos modos, logró esta semana lo que el anterior no hizo en los 12 años anteriores. A su iniciativa, el Congreso aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, la que obligará al gobierno y al Estado a ser más transparentes. La nueva legislación incluye fuertes penalidades para aquellos funcionarios que nieguen o tarden en entregar la información que los ciudadanos soliciten.

Sin embargo, hay que entender que las leyes por sí solas no crean automáticamente mayor transparencia. EEUU tiene en vigencia esta legislación desde 1966 - muchos países latinoamericanos la adoptaron en la última década - y, pese a ello, la opacidad sigue reinando entre quienes recibieron el mandato de administrar los bienes públicos.  

En el mejor de los casos, la ley es un punto de inicio, una herramienta idónea, pero por sí sola no crea cultura de transparencia. Esta se construye exigiendo información, incluso a través de demandas judiciales y con un gobierno cuya obligación es educar a la población sobre cómo usar esa ley.

La opacidad de Hillary y Trump demuestra que por más alto que sea el nivel de la democracia de un país, la transparencia debe ser un reclamo y ejercicio permanentes. trottiart@gmail.com

Traje sin bolsillos

El mensaje más potente es el que logra crear una imagen en la mente del interlocutor.

El balde de agua helada con el que celebridades y comunes tiritaban por solo segundos a cambio de combatir la parálisis que provoca la esclerosis múltiple, pudo más que toneladas de investigaciones científicas y titulares en los medios para generar conciencia sobre esa terrible enfermedad.

La cinta rosa contra el cáncer de seno, la roja contra el sida y el arco iris como bandera de homosexuales y lesbianas, son evidencia de que el mensaje poderoso es el que, ajeno a su creador, cobra vida propia y se convierte en símbolo.

Contra la corrupción no lo hay. Transparencia Internacional no ha logrado motivar un símbolo pese a sus denuncias año tras año. Tampoco las manifestaciones de jóvenes brasileños que desde hace un lustro vienen protestando contra la corrupción; o los argentinos que encerraron a los congresistas tras el “corralito” y ahora gritan a su vicepresidente inmune e impune; o los mexicanos que incendian oficinas públicas en rechazo por la matanza en Iguala y por la casa millonaria que la esposa del presidente Peña Nieto no puede justificar.

En Paraguay acaba de gestarse un mensaje que, por crear una nueva imagen, podría convertirse en el símbolo que no prendió pese a las protestas públicas, denuncias periodísticas e investigaciones judiciales. El sastre Roberto Espínola diseñó un traje para hombres sin bolsillos como emblema para avergonzar a los políticos ladrones. Lo llamó “Traje Ibáñez” en “honor” al diputado oficialista del Partido Colorado, José María Ibáñez, procesado por usar el dinero de los contribuyentes para pagar el salario a sus empleados domésticos.

Paraguay viene teniendo buenos gestos contra la corrupción. Este año se promulgó la Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia, ante la insistencia de los periodistas para obtener información sobre la cultura corrupta del gobierno, en la que sus miembros, al estilo Ibáñez, pagan a sus caseros y niñeras con fondos públicos.

Como en muchos otros países, la corrupción está enquistada en la cúspide del gobierno. Muchos escándalos sacudieron la dictadura de Alfredo Stroessner; en 1999 el vicepresidente Luis María Argaña fue asesinado y el ex obispo Fernando Lugo no terminó su Presidencia por intríngulis políticas, más allá de su fama por sus hijos fuera del sacerdocio.

El actual presidente Horacio Cartes fue procesado por un caso de estafa contra el Banco Central y lo investigan periodistas y fiscales porque alguna de sus empresas está vinculada al contrabando de cigarrillos a Brasil, una aceitada maquinaria que mueve más de dos mil millones de dólares al año.

Probablemente Cartes formará fila detrás de otros presidentes y vices latinoamericanos procesados. La lista va por la veintena y a la luz de quienes ocupan hoy esos puestos, como Amado Bodou, seguirá ampliándose. En ella no se distinguen ideologías, habitan desde Carlos Menem a Alberto Fujimori, de Augusto Pinochet a Rafael Videla o de Collor de Melo a Alfonso Portillo.

No es casualidad que Latinoamérica sea la región del mundo donde más constituciones se reformaron en búsqueda de la reelección indefinida. No solo sirve para eternizarse en el poder, sino porque es escudo e inmunidad ante acusaciones e investigaciones por corrupción.

Tampoco es casualidad que Transparencia Internacional sitúe los menores niveles de corrupción en los países más desarrollados. Es que el progreso no solo se logra por buenos y sostenidos niveles de desarrollo educativo, industrial y tecnológico. El progreso está atado, principalmente, a la estabilidad política, a la fortaleza e independencia de las instituciones y a los controles y anticuerpos para combatir la corrupción.

En todos lados existe corrupción. La diferencia radica en cambiar el paradigma y la percepción. Vivir al lado de un político corrupto debería generar tanto rechazo y vergüenza como ser vecino de un ladrón de gallinas.

Ojalá que el traje sin bolsillos, tal el balde de agua helada y las cintas contra el cáncer y el sida, se convierta en un mensaje potente capaz de generar mayor conciencia sobre esta enfermedad de la corrupción que mata todos los sueños de Latinoamérica. 

Democratización de la comunicación

Sin libertad de expresión la democracia es imperfecta. Esta máxima quedó más vigente que nunca tras la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa que culminó en Brasil esta semana.

No se debe solo a los 18 periodistas latinoamericanos asesinados este año, ni al bullying gubernamental ni al acoso legal contra medios de comunicación privados, pero a dos temas que trascienden a estos grupos y que afectan la libertad de expresión de los ciudadanos: Las restricciones a la información pública que los gobiernos están obligados a ofrecer y el burdo bombardeo propagandístico estatal, como si se viviera en un proceso de elecciones permanentes.

Estas dos características desnaturalizan la esencia de la democracia, la que no se basa solo en el derecho del ciudadano a votar, sino en el deber del gobierno a informar sin mentir y a rendir cuentas de sus acciones. Para que el sistema funcione, la democracia tiene en las ONGs y en la prensa privada a sus anticuerpos, las que deben tener libertad y garantías para fiscalizar al poder público.

Existen  gobiernos y grupos que reniegan de esa acción fiscalizadora ciudadana. En un mensaje a la SIP, el premio Nobel argentino, Adolfo Pérez Esquivel, y un grupo de intelectuales, calificaron a la institución de “Cartel” compuesto por dueños de medios “que concentran y monopolizan el sector”, y que se oponen a la “democratización de la comunicación”. Invalidaron así, que periódicos de familias como El Universal de Caracas, El Comercio de Lima, La Nación de Buenos Aires o el New York Times de los Sulzberger, tuvieran derecho a existir.

La SIP y los medios no se inmutan por descalificaciones, ya que las han experimentado con diferentes gobiernos arbitrarios, desde Augusto Pinochet a Hugo Chávez, Alfredo Stroessner a Rafael Correa o de Alberto Fujimori a Cristina de Kirchner. Pero ahora, lo que por “democratización de la comunicación” se vende, es el falso precepto de que los medios privados pretenden el dominio económico, oprimir a los pobres, son corruptos y antidemocráticos, por lo que el Estado debe disciplinarlos y asumir o subsidiar canales informativos propios para decir la “única verdad”.

Ese estatismo comunicacional – a lo que el expresidente peruano Alan García denominó el “opio de los pueblos”, rescatando la famosa sentencia que Karl Marx atribuía a las religiones – lo vienen consumando los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. No satisfechos con la creación de docenas de medios estatales a los que manejan como propios, han instituido gigantescos aparatos de propaganda, en los que se vierte información dirigida, sin contraste ni equilibrio.

Es cierto que existen medios privados que también manipulan información, pero está el público para desecharlos o no prestarles atención. Los medios estatales son distintos. Por su carácter de públicos, porque pertenecen a todos y están hechos con los recursos de todos, el gobierno tiene la obligación de ser objetivo, equilibrado, no manipular información ni mentir sobre estadísticas oficiales de pobreza e inflación, como ocurre en Argentina y Venezuela. Si el gobierno miente, difícil resultará la implementación de políticas públicas para solucionar esos problemas.

También es grave, cuando los gobiernos, además de manipular datos, omiten y traban el acceso a la información pública. En los informes de violaciones a la libertad de prensa que repasó la SIP, tanto de Argentina, Canadá, Cuba, El Salvador, Ecuador, Haití, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela, esta dificultad se observa como estructural. Pese a que en muchos países existen leyes que obligan a los gobiernos a ofrecer la información oficial a los ciudadanos sin cortapisas, en la práctica el acceso se restringe y los estados siguen inmersos en la cultura pasada del silencio y el secretismo.

Si los gobiernos realmente quieren “democratizar la comunicación” deberían informar con la verdad, sin necesidad de saturar a la ciudadanía propalando en forma constante por cadenas nacionales, actos políticos y medios oficiosos. Estos métodos populistas de propaganda y de restricción de información oficial para dominar la opinión pública, tienen como consecuencia la instauración de democracias cada vez más imperfectas. trottiart@gmail.com

En Argentina ya nada sorprende

En materia de libertad de prensa y relación tensa entre medios y gobierno, en Argentina cualquier cosa cabe, vale. Nada sorprende. Desde ayer el gobierno hizo regir la ley de medios que todavía está paralizada por la justicia, reglamentando que en el término de un año, los medios electrónicos deben vender sus licencias de tv y radio que excedan los límites, según una resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que reglamenta el polémico artículo 161 de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales (ley 26.522).

La resolución también modifica la grilla para los canales de TV por cable, con una manifiesta ventaja para algunas señales según lo describe el diario La Nación de Buenos Aires, que queda conformada de la siguiente forma: CN23 (del grupo Spolsky, cercano al Gobierno) quedará ubicada entre las señales de noticias y los canales de aire; el Canal 7, hoy al servicio de la Casa Rosada, aparecerá entre los dos canales de mayor rating, Telefé y Canal 13, mientras que Telesur sería la primera de las señales internacionales, por arriba de señales como las de la tv española y la británica.

Se espera que en las próximas horas, varios afectados recurran a la justicia para conseguir amparos que ya tienen Grupo Clarín y Grupo Uno.
Por otro lado, en el aspecto positivo, se dieron dos normas impensadas, como es la discusión de dos proyectos de ley, uno sobre acceso a la información pública y el otro que restringe al gobierno el uso discriminatorio de la publicidad oficial.

El Senado aprobó ayer en general un proyecto de ley para garantizar el derecho a la información pública, aunque antes de girarlo a la Cámara de Diputados, donde hay otro proyecto en ciernes, deberá tratarlo artículo por artículo el 30 de setiembre.

Si el proyecto se transformara en ley, lo que fracasó ya en el 2004, sería vinculante para los tres poderes del Estado así como para sociedades estatales. Hasta el momento, a nivel nacional, rige un decreto Ejecutivo que data del 2003 en la presidencia de Néstor Kirchner y que vincula solo a ese poder.

Por otra parte, en una nota más optimista, por la necesidad que existe de controlar el uso de la publicidad oficial, la oposición aprobó el dictamen para regularla, proyecto que se estima será tratado en la Cámara de Diputados en unos 30 días, y que busca que el gobierno no pueda manipular los recursos públicos para censurar indirectamente a medios críticos o beneficiar a los que tienen líneas editoriales cercanas al poder.

La nueva ley obligaría al gobierno a presentar un plan anual de gastos a una comisión bicameral del Congreso para que sea aprobado y crearía un organismo descentralizado, la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial, que será dirigido por un delegado del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Candidatos peruanos y acceso a la información

Peruanos y acceso 9-09-10
Estando en Perú en estos días donde vine a inaugurar un seminario sobre Diarios Populares como parte de nuestra oferta de entrenamiento profesional con la Sociedad Interamericana de Prensa, tuve la satisfacción de llegar el día en que los candidatos a alcalde de Lima se comprometieron públicamente con la libertad de prensa y de expresión.
Los aspirantes al sillón municipal firmaron “Los principios de Lima”, comprometiéndose, en caso de ser elegidos el 3 de octubre, a “promover y facilitar el acceso a la información pública en favor de los ciudadanos para fortalecer la libertad de expresión”, según recoge el diario El Comercio en su portada de hoy.
Los candidatos, reunidos en esta iniciativa del Consejo de la Prensa Peruana, se comprometieron a mantener administraciones transparentes como forma de luchar en contra de la corrupción y en contra de la cultura del secreto. Entre ellos se encontraban las máximas aspirantes, según las encuestas, la ex candidata presidencial Lourdes Flores y Susana Villarán.
“Los principios de Lima” es un decálogo que incluye preceptos sobre acceso a la información como derecho humano, transparencia y desarrollo, protección de fuentes periodísticas y la obligación de las autoridades en estos casos.

Infodemias

,Parece que pasó una eternidad desde que el 23 de abril el gobierno mexicano anunció el brote de gripe porcina. En unos pocos días, una contagiosa pero también beneficiosa avalancha informativa nos volvió conscientes y precavidos sobre los alcances de esta pandemia. Ya somos expertos y críticos en virus, síntomas y tipos de mascarillas.
Cierto es también, que los rumores de boca en boca, la especulación y el sensacionalismo informativo pueden provocar en el público un estado de pánico y sicosis, tan contraproducente como el contagio que se quiere detener. Esta epidemia informativa o “infodemia” es inevitable, resultado de la curiosidad innata, de la premura por los detalles y las urgencias por las primicias. La única cura para este mal es la decisión de público para elegir a conciencia los medios de su mayor confianza y credibilidad.
Los medios de comunicación suelen hacer un buen papel en el manejo de las emergencias y urgencias. Informan con rapidez, orientan sobre prevención y fiscalizan el desempeño de organismos de ayuda y gobiernos. George Bush los debió soportar por su ineficacia ante el huracán Katrina; lo mismo que el hondureño Carlos Flores ante Mitch y ahora Cristina de Kirchner por el incontrolable contagio del dengue en Argentina.
A pesar de su connotación negativa, la “infodemia”, así como la información responsable, ayuda a que los gobiernos reaccionen con mayor antelación. Ese factor fue clave en la rapidez con la que actuó el gobierno mexicano para cerrar escuelas y estadios ante la gripe porcina, a diferencia de la notable reacción lenta del gobierno chino hace tres años para anunciar el brote de la gripe aviaria. Cuando no hay un sistema libre de medios de comunicación y el Estado es el que los domina, como el caso chino o el cubano en nuestro continente, los gobiernos pueden manipular los tiempos, las decisiones y esconder fracasos o ensalzar logros. No significa que en los mercados libres eso no ocurra, pero ciertamente la fiscalización de la prensa y la presión social, demandan respuestas más urgentes.
Pero tampoco se trata de clasificar a los medios como buenos y a los gobiernos como malos. A los primeros les cabe mucha responsabilidad, especialmente para evitar que el debate se desvíe hacia la búsqueda de culpables. En esa confrontación, se torna peligroso que el público se adhiera a actitudes discriminatorias, como las que despertó la gripe aviaria contra chinos y asiáticos en todo el mundo o algunos sentimientos anti inmigratorios que ya aparecieron en algunos medios de Estados Unidos contra los mexicanos. La segregación y el aislamiento que por muchos años sufrieron los contagiados por el SIDA, es una lección sobre cuán frágil es la sociedad cuando la información no es responsable.
Las crisis de salubridad no son tan severas cuando abundan las noticias, más allá de si existe o no la cura. Si bien la globalización es un factor clave del contagio masivo, también es una ventaja que las informaciones, incluyendo las campañas de prevención y control, viajen a la velocidad de la luz. Las pestes y epidemias del pasado, cuando las noticias no eran rápidas ni simultáneas, costaron millones de vidas; en cambio, en esta época, el SARS, las gripes aviaria y porcina, las epidemias de dengue, cólera y de la vaca loca, aunque con irresponsables tardanzas en su reconocimiento oficial, no generaron altos índices de mortalidad como se temía.
Las críticas contra el periodismo también se centran en que si bien tiene una alta capacidad reactiva ante los problemas, no suele profundizar en el día después o sobre problemas estratégicos que afectan a sectores más vulnerables, como los campesinos, pobres y desplazados. Después de todo, si bien la gripe porcina crea pánico, también es importante considerar que las diferentes enfermedades contagiosas en el mundo matan silenciosamente a 1.5 millones de personas al día y que las catástrofes se cobran la vida de 1.5 millones de víctimas por mes.
Tal vez un sentido de importancia por sobre la urgencia, podría estimular en los medios coberturas más imperiosas sobre otras epidemias más silenciosas que la actual. De esa forma, instituciones como la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana, no quedarían tan huérfanas en sus luchas.

El mensaje de Fernando Lugo

El presidente Fernando Lugo nos brindó ayer un soberbio mensaje sobre libertad de expresión y sobre los lineamientos de su gobierno en materia de comunicación que no tuvo desperdicio, y que fue ovacionado por interminables minutos por la asamblea de la SIP reunida en Paraguay.

A diferencia de otras presentaciones de Presidentes que hemos tenido en todos estos años , Lugo se dedicó enteramente a hablar de prensa y poder, de comunicación y gobierno, de propaganda y medios públicos, de críticas fiscalizadoras y de asesinatos de periodistas, de ofrecer propuestas para mejorar la comunicación oficial y atacar a la impunidad.

“Es mejor una prensa adversa y leal que nos ayuda desde su cuestionamientos a producir la autocritica necesaria para enmendar nuestros errores, que una prensa amiga que oculte los síntomas de errores de gestión”, dijo Lugo, distanciándose de esa forma de varios presidentes latinoamericanos como Zelaya, Chávez Tabaré Vázquez, Lula, Uribe, Correa, Morales y Kirchner que continuamente hostigan a medios y periodistas por su tarea crítica y fiscalizadora.

“Nuestro gobierno - reiterando lo que ya hemos dicho el 15 de agosto- no tiene en su agenda proyecto alguno de legislación reguladora del ejercicio de la prensa en Paraguay”, agregó.

“Hemos iniciado – por primera vez en la historia del Paraguay –la reingeniería de nuestros medios gubernativos hacia su conversión en MEDIOS PUBLICOS buscando que en breve la línea editorial y un poco más tarde la propia sostenibilidad de estos medios esté co gerenciada por el Estado y la Sociedad Civil”.

“Hemos dispuesto incrementar el proceso investigativo sobre la muerte mártir de SANTIAGO LEGUIZAMON, un verdadero símbolo del periodismo que entrega su vida por la verdad en Paraguay. Solicitamos con énfasis y premura a la Asesoría Jurídica del Gobierno para que se insista ante los organismos judiciales pertinentes y se ejerza un seguimiento de este caso además de otros como el de ALBERTO PALMA, BENITO RAMON JARA y SALVADOR MEDINA con el propósito que la delincuencia y la mafia acalladora sepan que en este gobierno nunca encontrarán complicidad ni indiferencia”.

Texto completo del discurso de Fernando Lugo ofrecido a la SIP el 15 de marzo de 2009:

“Creo que el acceso a la información por parte de la persona humana es un insumo indispensable para su progreso y sus expectativas de éxito y también creo que tanto los medios de comunicación como los periodistas se encuentran hoy, acodados en la ventana de una nueva alborada tecnológica, política, económica y social, sumamente compleja que supone un desafío a la creatividad.

Valoro la intensidad del esfuerzo que cotidianamente realizan a favor de sus ideales de preservar las condiciones para que el desempeño de la comunicación social se desarrolle en un marco de legalidad, legitimidad y fundamentalmente de libertad.

Mirar el ejercicio de la prensa desde el poder político o administrativo y expresarse al mismo tiempo con sinceridad es una tentación de cuestionar a las críticas que a veces pueden ser desmedidas.

Sin embargo nosotros sostenemos una postura invariable desde el 15 de Agosto cuando asumimos y así seguirá hasta el 15 de Agosto del 2013 cuando nos despidamos de la Presidencia: es mejor una prensa adversa y leal que nos ayuda desde su cuestionamientos a producir la autocritica necesaria para enmendar nuestros errores, que una prensa amiga que oculte los síntomas de errores de gestión.

Nuestro gobierno no tiene reparos en aceptar que algunas medidas fueron revisadas mediante el debate instalado en los medios. No podemos avalar la hipocresía de quienes aducen ejercer el poder prescindiendo de la opinión de los medios como no sería creíble quejarse de la humedad en medio del desierto.

Es cierto que existen y existirán tensiones también muy reales en el cotidiano desafío de nuestras agendas; pero ni la de los medios se conmueve ni la del gobierno se humilla cuando discuten y aprenden a convivir en un clima de democracia y de mutuo reconocimiento de su rol en la sociedad.

A propósito, debo recordar que nuestro Gobierno representa las aspiraciones contenidas durante décadas por amplios sectores políticos y sociales.
Este mandato se ha reflejado en un sencillo pero concreto programa de 6 acciones principales que la ciudadanía votó y nosotros estamos dispuestos a cumplir. La tónica de las aspiraciones tiene principalísima relación con la inclusión social, lo cual produce que el escenario social y las políticas socioeconómicas sea el sitio donde compartiremos nuestras miradas en este lustro.

Señoras, Señores: El marco legal que acoge el ejercicio de la libertad de expresión es un punto de partida importante para la misión del periodismo se desempeñe con garantías.

No es posible construir el futuro sobre las bases endebles de la incertidumbre.

Nuestro gobierno - reiterando lo que ya hemos dicho el 15 de Agosto- no tiene en su agenda proyecto alguno de legislación reguladora del ejercicio de la prensa en Paraguay.

Cuando nos surgen inquietudes preferimos confiar en los mecanismos de regulación que los propios medios sepan establecer desde sus perspectivas éticas y como actores jurídicos y sociales de este tiempo de construcción de un nuevo Paraguay.

Como dice la Declaración de Chapultepec “no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.

En este capítulo, somos respetuosos y estamos dispuestos a producir las acciones necesarias para que este principio sea preservado.

Sentimos especial obligación por el principio número 3 de esta declaración cuando se señala que “Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público”.

En este orden hemos dispuesto que exista la máxima predisposición en las oficinas del Estado y hemos creado con rango ministerial la Secretaria de Información y Comunicación para el Desarrollo. Los ciudadanos pueden llegar a la información pública desde su propia gestión particular, por la mediación de la prensa o desde la propia tarea de los medios del Estado.

Nuestro ideal es que por los tres caminos no existan impedimentos ni barreras, las que muchas veces no se remueven con facilidad ni por decreto porque forman parte de prácticas burocráticas sedimentadas en el tiempo pero no nos cansaremos hasta lograrlo.

Hemos iniciado – por primera vez en la historia del Paraguay –la reingeniería de nuestros medios gubernativos hacia su conversión en MEDIOS PUBLICOS buscando que en breve la línea editorial y un poco más tarde la propia sostenibilidad de estos medios esté co gerenciada por el Estado y la Sociedad Civil.

En estos días tuvimos la satisfacción de ser testigos de un hecho inèdito: nuestra Radio Nacional (en el pasado trinchera de la propaganda pro gubernista) convocando a la ciudadanía a concursar con sus ideas para la programación de 2009-2010.

La creación de la AGENCIA INFORMATIVA NACIONAL sobre la cual pesó al principio alguna especulación previa de su potencial como instrumentación propagandística; ha demostrado en el campo de la realidad lo que en verdad es: un espacio de información pública al servicio a la ciudadanía y a los medios.
Por ello reiteramos lo que mencionábamos en la fundación de esta agencia, “Para este gobierno la comunicación es una cuestión profesional, cuya misión es transferir información de las oficinas del Estado, sin otra intencionalidad”.
El Gobierno o sus sectores componentes pueden asumir una postura política sobre los acontecimientos de la historia de nuestros días pero no nos interesa conjugar con dicho debate la tarea periodística porque nuestra misión es informar para paraguayos y extranjeros parados en diversos lugares ideológicos y sociales.
La línea de base de nuestra gestión informativa como gobierno es el periodismo, la comunicación, y no tiene otro nombre.
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Estimados asambleístas de la SIP: En estos tiempos en que el manejo irresponsable de los liderazgos produce profundos temblores financieros cuyas consecuencias aun no se pueden concluir; la previsibilidad es valor de inestimable calidad.

Nuestro gobierno se encuentra preocupado por la crisis financiera mundial y su incidencia en el sostenimiento de los medios de comunicación, consecuentemente en la libertad de expresión. Estamos abiertos al diálogo con los propietarios de medios para alentar los rumbos que fueran importantes para apoyarlos en esta coyuntura.

Me interesa hoy recordar que una parte importante de la prensa en Paraguay se ha jugado con rebeldía la propia existencia en los días aciagos de la dictadura y cotidianamente ofrecen en sus páginas el testimonio de una interlocución constante con la civilidad y la democracia.

Los gobernantes tenemos que asumir el ejercicio de la prensa con el mismo entusiasmo y apertura como cuando éramos gobernados y encontrábamos en ella la representación que muchas veces no hallábamos en las propias instituciones del Estado encargadas de velar por la seguridad, las garantías constitucionales y la transparencia.

Hoy, en una etapa en la que el Gobierno pretende que dichas instituciones funcionen, mal podríamos relativizar el ejercicio informativo sino – por el contrario – debemos animarlo a continuar con su misión estimulante.

Señoras, señores: Quiero referirme ahora al proyecto país sobre el cual nos interesa llegar a los editores de medios de la Sociedad Interamericana de Prensa con un pronunciamiento claro: Con frecuencia en diferentes foros nacionales o internacionales preguntan a este presidente a que signo ideológico corresponde; si somos de izquierda, de centro… ( Bueno… ¡ debo reconocer que nunca nos preguntaron si éramos de derecha!) O en otras ocasiones si deseamos imitar al Sr. Chavez, al Sr Lula o a la Sra. Bachellet.

Aprovecho esta privilegiada coyuntura para decir lo siguiente:
• Nosotros necesitamos que comprendan, todos, que este primer proceso de cambio, en 60 años, es un tiempo demasiado delicado, demasiado sensible, para que las estridencias de la anécdota ralenticen la estructura de una nueva historia.
• Es cierto que nuestra alianza, nuestra coalición, tiene un arco iris ideológico amplio
• Pero es más cierto que existe algo aun más importante que ese debate y es la suerte de Juan y Maria, paraguayo y Paraguaya postergados por décadas en su desarrollo, arrinconados en las estadísticas del 20 por ciento de pobreza extrema y atrapados en dilemas de sobrevivencia mucho más contundentes.
• Necesitamos de urgencia una pausa en nuestras polaridades y una aceleración en nuestras acciones vinculadas al desarrollo social.
• EN CONCRETO - durante mi mandato como Presidente- más importante que el Paraguay político será el Paraguay pragmático que nos ayude a encontrar las soluciones del País urgente que recibimos con cariño, como un niño enfermo, en nuestros brazos compartidos.

Nuestro estilo de gobierno, la tendencia de nuestro gobierno, es el estilo y la tendencia de un gobierno que tiene la inmensa responsabilidad del quinquenio del sacrificio por el cambio cultural que consolide la democracia con justicia social.

Estimados y estimadas concurrentes: Desde la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo, en respuesta inmediata a vuestra solicitud expresa, ha surgido la iniciativa que mi gobierno ha acogido con verdadera pasión:

Hemos dispuesto incrementar el proceso investigativo sobre la muerte mártir de SANTIAGO LEGUIZAMON, un verdadero símbolo del periodismo que entrega su vida por la verdad en Paraguay.

Solicitamos con énfasis y premura a la Asesoría Jurídica del Gobierno para que se insista ante los organismos judiciales pertinentes y se ejerza un seguimiento de este caso además de otros como el de ALBERTO PALMA, BENITO RAMON JARA y SALVADOR MEDINA con el propósito que la delincuencia y la mafia acalladora sepan que en este gobierno nunca encontrarán complicidad ni indiferencia.

Por otra parte, queremos anunciar que la SICOM, Secretaria de Información del Gobierno, presenta el 26 de Abril de este año, en el décimo Octavo aniversario del asesinato de SANTIAGO LEGUIZAMÒN el primer premio paraguayo al periodismo de investigación de ilícitos; el primer premio para la mejor investigación sobre temas medioambientales y el premio al mejor trabajo periodístico sobre desarrollo campesino, y justamente, hemos decidido instaurar todas estas distinciones , con un fondo global de unos 18 mil dólares por año, a la memoria y con la denominación de SANTIAGO LEGUIZAMÓN.
De ahora en más y durante todo nuestro mandato, no solo abrimos nuestra administración a la misión fiscalizadora de la prensa, sino además premiamos el mejor control.

Apreciados concurrentes: Como lector, televidente, radioescucha tengo un càlido pedido final para quienes tienen la extraordinaria misión de construir el futuro de la opinión pública en el continente:

Tras los gobiernos militares en la región y con la apertura de los procesos democratizadores era absolutamente importante el paradigma de la participación como prédica concienciadora; hoy en día esta región precisa ir ampliando los horizontes de su ciudadanía y tal es un paradigma interesante.
Mejorar la ciudadanía es proveerles no solo LA INFORMACIÒN - elemento suficiente en las sociedades del primer mundo, con múltiples recursos educativos y oportunidades de formación - sino por cierto, a aportar en creciente grado a la formación de las comunidades.

Me consta que se trata de una discusión casi doctrinaria sobre los alcances y las obligaciones de la función periodística, pero en un mundo que se replantea - y por cierto - cambia todos los días, no está mal suponer nuevos desafíos.

Amigas y amigos: Que estos días en Paraguay, por cierto cálidos desde todo punto de vista, sean también oportunos para comprender que hay mucho por hacer pero que la esperanza es la única bandera que los vientos ni rompen ni despintan.

El Gobierno del Paraguay confía en la prensa porque no tiene problemas de conciencia, porque cree en la libertad y porque la prensa – con sus fortalezas y debilidades – es la gran garantía para que no se levanten liderazgos que callen o hagan callar. Y por sobre todo porque no vemos un futuro razonablemente viable sin libertad de expresión aquí y en lugar alguno del planeta.

Que tengan feliz estadía…y muchas gracias…”

La transparencia de Obama

A pesar de que la crisis le está pasando una mala jugada, que la bolsa lo patea en contra a diario y fuerte, lo que le ha provocado que las canas le ganen las sienes, es necesario sacarse el sombrero ante un Barack Obama que, antes de cumplir 50 días de gobierno, ya ha hecho de la transparencia su estilo.

Algunas medidas concretas ameritan el gesto. El gobierno, desde el primer día, y más ahora con la aprobación del paquete de estímulo, ha puesto a disposición abierta por internet en varios sitios todos los récords de cómo los dineros se están adjudicando y gastando.

En otra medida sin precedente, esta semana la Casa Blanca difundió nueve memorandos del gobierno anterior de George Bush donde se conculcaron libertades garantizadas por la Constitución. El Departamento de Justicia mostró así que apenas después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, el gobierno de Bush determinó que ciertos derechos constitucionales serían ignorados posteriormente. Dos semanas después del atentado, los asesores legales del gobierno ya estaban probando mecanismos para grabar conversaciones telefónicas en Estados Unidos sin mediar órdenes judiciales, además de vuelos secretos por el espacio de varios países y la aprobación de la cárcel de Guatánamo y los métodos de tortura.

A principios de esta semana, el secretario de Defensa, Robert Gates, en otra medida ejemplar, anunció la eliminación de la prohibición a los medios de comunicación de reportar la llegada de los cuerpos de soldados caídos o, en realidad, la publicación de fotografías de ataúdes con las banderas estadounidenses al llegar a la Base Aérea Dover en Delaware. La decisión final sobre la conveniencia de la reproducción fotográfica será, de ahora en más, una decisión en manos de los familiares de las víctimas.

También vale destacar, el anuncio de este 21 de enero de nuevas políticas de acceso a la información pública. Las nuevas medidas revisan los controles existentes en la Ley de Acceso a la Información y a la Ley de Archivos de la presidencia, estableciendo que, ante una disputa sobre la secrecía o no de un documento, siempre debe prevalecer la presunción de la desclasificación, es decir que ante la duda, prevalece la apertura. Esta medida sienta un precedente inigualable de acceso y transparencia de los documentos públicos.