Más que de un fallo, se trató de una falla judicial

No porque una ley se apegue a la Constitución tiene que ser buena. El gobierno interpreta que la ley de medios es la panacea democrática porque la Corte Suprema la avaló. En algunos países la pena de muerte y el aborto son principios constitucionales, pero no por ello son buenos.

Es loable regular los espacios para que nadie concentre ni medios ni opiniones, para que la crítica y el disenso sean plurales y diversos. Pero no es bueno que se restrinjan espacios independientes y que, en cambio, el gobierno pueda entrometerse en los contenidos de los medios privados, sin límites de tiempo, para cadenas nacionales de “trascendencia institucional” o espacios de “interés relevante” que seguirá usando para hacer propaganda.

No es bueno que la misma ley permita al Estado concentrar medios, así sean públicos o comunitarios, a sabiendas que no existen públicos (de todos), sino gubernamentales (para el beneficio del oficialismo) y que los comunitarios terminarán en manos de aquellos que se alineen con el gobierno.

Que los funcionarios digan que existe plena libertad de prensa, no es verdad. Los medios sí pueden criticar, pero sufren consecuencias y represalias. La ley de medios nació selectiva, tiene en su ADN el método de la revancha política, y aunque ahora el blanco es Grupo Clarín, podrá luego activarse contra cualquier otro medio considerado opositor. Un calificativo que reciben quienes critican al gobierno, así sean consultoras privadas que intentan medir la inflación real o fiscales que investigan la corrupción en altas esferas del poder.

La ley no es tan mala, pero por su ADN, existe desconfianza en cómo se aplicará. El fallo supremo de 392 páginas es prolífico en señalar el irrespeto del gobierno en materia de medios, por lo que no ofrece garantías de que habrá equidad en su aplicación. La sentencia infiere que hay medios públicos que no son tales, que el gobierno concentra medios y usa fondos públicos para comprar medios y voluntades, condena que la publicidad oficial se utilice para discriminar a los críticos y favorecer a los acólitos, y reclama que no existen normas para obligar al gobierno a dar acceso a la información pública, mientras pone en dudas que garantice la libertad de expresión, principio constitucional.

Esta ley vino acompañada de la ofensa y el desprestigio. La presidente, su predecesor y sus funcionarios enjuiciaron en Plaza de Mayo a periodistas y medios críticos mientras que su eslogan de “Clarín miente” sirvió de fondo en canchas de fútbol y en zoquetes de beneficencia para niños africanos. El escarnio público, con el fin de generar miedo y autocensura, siempre fue intención del kirchnerismo, como de otros ismos que le antecedieron.

El gobierno supo identificar a su enemigo y polarizar. Muchos distraídos creen que Clarín es monopolio, que el éxito o sustentabilidad económica es degradante e ilícita o que La Nación y Perfil son cómplices y antidemocráticos por haber expandido sus negocios y las críticas. Los más cautos entienden que defender a Clarín, no es defender sus pecados, sino a otros medios que en el futuro pueden ser víctimas de una aplicación política y no técnica de la ley.

Es que cuando los gobiernos se ensañan contra los medios privados e independientes, es síntoma de que ya lo han hecho o harán con otras estructuras de poder. Venezuela es ejemplo. El ex presidente Hugo Chávez se ensañó por años contra los “cuatro jinetes del Apocalipsis” en referencia a las cadenas televisivas Globovisión, Venevisión, RCTV y Televén. Tras la sanción en 2004, la ley de medios, destinada para crear “espacios democráticos”, sirvió para cerrar RCTV, neutralizar Globovisión mediante su compra por allegados al chavismo, y para domesticar los informativos de Venevisión y Televén.

Aunque tras la derrota electoral algunos vaticinen que el kirchnerismo ya está en retirada y que Clarín podrá seguir defendiéndose en los tribunales, la sentencia del máximo tribunal no fue buena. Por no ser concluyente y permitir interpretaciones varias, se trató de un gesto político, perdiéndose otra oportunidad para crear jurisprudencia en favor de la libertad de prensa.

Se trató de un aval de constitucionalidad, pero sin la debida interpretación del espíritu, contexto y manejo político de la ley. 

La justicia como superpoder

Lo más importante para que el sistema democrático sea fehaciente y creíble es que haya independencia y equilibrio de poderes. Es una buena señal cuando el Poder Judicial se interpone ante decisiones ejecutivas o cuestiona y desafía leyes por considerarlas inconstitucionales. Que un aparato judicial sea independiente y por tanto tenga ese poder de equilibrio es una buena garantía para los ciudadanos, pese a que muchas veces los fallos puedan ser cuestionados o, aparentemente, no sean equitativos.

El poder del Poder Judicial puede resultar el único freno contra el autoritarismo o las pretensiones de un gobierno de salirse con la suya.

Esto sucede en la Argentina de hoy. La presidenta Cristina de Kirchner está pataleando más de la cuenta, enojada con la justicia, porque considera que dos medidas cautelares recientes que suspenden la aplicación de la Ley de Medios y la expropiación de los predios de la Sociedad Rural Argentina son de carácter político para dañar a su gobierno. Considera, como expresó ayer por Twitter, que los jueces se han transformado en un superpoder que beneficia solo a las corporaciones – la oligarquía mediática y agropecuaria – a expensas de los intereses del pueblo – léase del gobierno, en consideración de que ella y su gobierno son los únicos que consideran que pueden interpretar qué es el pueblo.

De esta forma la Presidenta, en lugar de hacer ver que la democracia se robustece con el equilibrio de poderes, saltó a la palestra insultando a medio mundo porque los jueces se oponen a la voluntad de su gobierno. Y lo hizo en contra de los jueces de un tribunal menor, sabiendo que como cualquier ciudadano común puede apelar los fallos y seguir el curso de la justicia hasta que haya instancias definitivas.

Sin embargo, y pese a que muchos jueces fueron ungidos por el oficialismo y por eso ella considera que deben favorecerle con sus fallos, ella y muchos funcionarios y partidistas, como Hebe de Bonafini, líder de las Madres de Plaza de Mayo, comenzaron a decir que saldrán a contar detalles y poner trapitos al sol sobre la conducta personal de los jueces. Un tipo de represalia y presión contra los jueces que el gobierno viene usando contra todos los que no se acomoden a sus designios. Vale recordar los juicios públicos que se le hicieron a montones de periodistas en la Plaza de Mayo para desacreditar, insolentemente, a periodistas que se consideraba habían estado al servicio de la dictadura.

Varias veces la Presidente ha acusado a los jueces de corruptos. Varias veces ha dicho que se necesita reformar el aparato judicial. Evidentemente, está en la misma tesitura del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien luego de desacreditar a los jueces y acusarlos de corruptos, hizo una reforma judicial que terminó por beneficiarlo directamente a él, no al pueblo ni a la justicia ni a la democracia como sustentaba en sus argumentos para la reforma.

Los jueces no son mejores ni peores que cualquier otro miembro de cualquiera otra disciplina. Los hay probos y deshonestos; pero hay formas de combatir esa corrupción sin tener que entrar a lidiar con reformas que lo que buscan es solo fomentar una justicia adicta y permisiva para los intereses de los otros poderes del Estado.

El lamentable 7-D argentino

Siempre sostuve que la diferencia entre Argentina y Venezuela radica que en el país gaucho todavía existe independencia de la justicia, pese a que el gobierno de Cristina de Kirchner siempre ha querido emular al de Hugo Chávez también en esa disciplina.

El 7-D desnudó, de todos modos, un proceso lamentable en el país. Un gobierno totalmente arrogante, con pocas ganas de ajustarse a derecho, quería aplicar la ley más allá de lo que establecieran las cortes. Cristina de Kirchner bien sabe que tarde o temprano le ganará la pulseada al Grupo Clarín ya que la desinversión que deben hacer los grupos está establecida por la ley de medios, solo que ahora debe esperar ante una medida cautelar admitida por un tribunal y hasta que la Corte Suprema se expida sobre el fondo de la cuestión: la Constitucionalidad de dos artículos relativos a la venta de medios que esos grupos deben hacer.

La ley no es mala, si en cambio, su espíritu e intención. Apunta a que haya más pluralidad y diversidad de medios. Pero con el vicio del gobierno de tener medios propios, de amigos y de acólitos, y de someter a los independientes, no es difícil adivinar que seguirá buscando la hegemonía comunicacional para controlar la verdad. 

Si el gobierno fuera claro, transparente y realmente le importaría la libertad de prensa y de expresión – y lo demostrara en los hechos - difícilmente algún ciudadano o juez pudiera rechazar esta ley y su proceso.

El gobierno es tan arrogante que termina hiriéndose a sí mismo. No solo esperaba aplicar la ley este viernes, al que le puso nombre de guerra, sino que usó todo un armamento propagandístico para “vender” al público y a la justicia, que un fallo contra Clarín – una empresa privada – serviría para reverdecer la democracia y acabar con muchos problemas heredados de la historia. En realidad, como bien lo han usado otros presidentes, tal el caso de Rafael Correa y Hugo Chávez, Cristina de Kirchner endilga a la prensa los grandes males del país, una forma de exculparse de responsabilidad.

Los mismos parámetros de lucha lo usaron Chávez con RCTV - a la que cerró - y Correa con El Universo de Guayaquil, al que todavía no pudo doblegar.

Cristina seguramente terminará ganando la batalla a largo plazo, ya que los legisladores, aún sin que la justicia permita aplicar la actual, irán recreando otras leyes tratando de limitar el poder de Clarín. Pero bien hubiera podido esperar los fallos de la justicia, darse su tiempo, seguir con los procesos y no crear actos y propaganda para cantar victoria; de lo contrario, cuando le llegan los fracasos, lo único que aumenta es la intención y vocación por tomar revancha.

Seguramente mucho de eso se verá en los próximos días – lo que se observó antes de la resolución judicial a favor de Clarín – cuando los funcionarios atacarán a jueces o seguirán pidiendo su remoción.

El Poder Ejecutivo tiene todo el derecho de pelear sus batallas y por sus convicciones, pero está obligado a respetar los plazos judiciales y aquellos que también le pueden ser adversos. Pero sobre todo, como eje de un país, debe estar dispuesto a hacerlo con mesura, prudencia y en forma civilizada y con sentido común.

Lamentablemente, es tanta la arrogancia del gobierno, que le resulta cada vez más difícil tener sentido común. 

La semana clave del 7D

El gobierno argentino acaba de expresar este fin de semana que no esperará ningún fallo de la Justicia sobre la aplicación e implementación de la ley de medios, para instrumentarla este próximo viernes, denominado 7-D por el oficialismo, y así comenzar con el desguace de los medios, con el objetivo principal de descabezar al Grupo Clarín.

La norma, aunque como muchas sobre comunicación que se crearon en otros países latinoamericanos, dice buscar técnicamente una mayor pluralidad de voces, en realidad está políticamente destinada – y justificada – para coartar el poder de crítica de los medios más independientes. Clarín es el botín más preciado luego de un quiebre entre gobierno y el grupo, que data de la época de la ex presidencia de Néstor Kirchner y que se profundizó con Cristina de Kirchner

La Presidenta estará este próximo viernes en Brasilia cuando venza el plazo que dio a un juez la Corte Suprema de Justicia para expresarse respecto a la medida cautelar impuesta por Clarín sobre el artículo que establece la desinversión de la ley de medios. Habrá que esperar si habrá fallo, de lo contrario Martin Sabbatella, titular  de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) ya anunció que a partir de las 5 de la tarde ya podrá “actuar de oficio”, contra todos aquellos grupos de medios que no haya expresado como se desvinculará de sus licencias.

La pelea no es fácil. Nadie puede oponerse a un gobierno que justifica una medida loable para que haya en el país mayor pluralidad y diversidad de voces, de ahí que Clarín tenga que remar contra la corriente popular para defender sus derechos, incluso comerciales, especialmente en un clima tan polarizado donde desde el Estado se lo ha atacado de todas formas propagandísticas posible para hacerlo ver como el opresor de todas las épocas del pueblo.    

Difícil es defender la libertad de prensa, no a Clarín, sino los principios más elementales de la libertad de prensa cuando el gobierno los disfraza de la libertad de los grupos mediáticos para tejer sus intereses comerciales, como si éstos fueran pecado en sociedades de libre mercado y democracias, pecados que bien pudieran o hubieran podido dirimirse ante la justicia.

La ley de medios no es mala en sí misma para el periodismo y la sociedad argentina, pero sí resulta incongruente cuando es utilizada como arma y sentido revanchista, y a favor de un gobierno que ya ha dado pruebas fehacientes de que no respeta la pluralidad de opinión ni de información, sino que busca desarticular las críticas e imponer una única voz y verdad oficial.

Entre esas evidencias no solo se destaca la propaganda que el gobierno hace a través de los medios oficiales, los medios que domina mediante extorsión a través de publicidad oficial y clientelismo, sino también las que utiliza más allá, en forma directa como propaganda en contra de toda la población. Se destacan las cadenas oficiales de la Presidente para hablar de hechos sin importancia o urgencia, las mentiras oficiales sobre estadísticas respecto a inflación,  pobreza y empleo, la falta de transparencia sobre las funciones públicas, el encubrimiento de actos de corrupción, la ideologización de la educación y el sentido de perversidad manifiesta para imponer un discurso agresivo y polarizante que logra dividir a los argentinos.

En Argentina ya nada sorprende

En materia de libertad de prensa y relación tensa entre medios y gobierno, en Argentina cualquier cosa cabe, vale. Nada sorprende. Desde ayer el gobierno hizo regir la ley de medios que todavía está paralizada por la justicia, reglamentando que en el término de un año, los medios electrónicos deben vender sus licencias de tv y radio que excedan los límites, según una resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que reglamenta el polémico artículo 161 de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales (ley 26.522).

La resolución también modifica la grilla para los canales de TV por cable, con una manifiesta ventaja para algunas señales según lo describe el diario La Nación de Buenos Aires, que queda conformada de la siguiente forma: CN23 (del grupo Spolsky, cercano al Gobierno) quedará ubicada entre las señales de noticias y los canales de aire; el Canal 7, hoy al servicio de la Casa Rosada, aparecerá entre los dos canales de mayor rating, Telefé y Canal 13, mientras que Telesur sería la primera de las señales internacionales, por arriba de señales como las de la tv española y la británica.

Se espera que en las próximas horas, varios afectados recurran a la justicia para conseguir amparos que ya tienen Grupo Clarín y Grupo Uno.
Por otro lado, en el aspecto positivo, se dieron dos normas impensadas, como es la discusión de dos proyectos de ley, uno sobre acceso a la información pública y el otro que restringe al gobierno el uso discriminatorio de la publicidad oficial.

El Senado aprobó ayer en general un proyecto de ley para garantizar el derecho a la información pública, aunque antes de girarlo a la Cámara de Diputados, donde hay otro proyecto en ciernes, deberá tratarlo artículo por artículo el 30 de setiembre.

Si el proyecto se transformara en ley, lo que fracasó ya en el 2004, sería vinculante para los tres poderes del Estado así como para sociedades estatales. Hasta el momento, a nivel nacional, rige un decreto Ejecutivo que data del 2003 en la presidencia de Néstor Kirchner y que vincula solo a ese poder.

Por otra parte, en una nota más optimista, por la necesidad que existe de controlar el uso de la publicidad oficial, la oposición aprobó el dictamen para regularla, proyecto que se estima será tratado en la Cámara de Diputados en unos 30 días, y que busca que el gobierno no pueda manipular los recursos públicos para censurar indirectamente a medios críticos o beneficiar a los que tienen líneas editoriales cercanas al poder.

La nueva ley obligaría al gobierno a presentar un plan anual de gastos a una comisión bicameral del Congreso para que sea aprobado y crearía un organismo descentralizado, la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial, que será dirigido por un delegado del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.