En materia de libertad de prensa y relación tensa entre medios y gobierno, en Argentina cualquier cosa cabe, vale. Nada sorprende. Desde ayer el gobierno hizo regir la ley de medios que todavía está paralizada por la justicia, reglamentando que en el término de un año, los medios electrónicos deben vender sus licencias de tv y radio que excedan los límites, según una resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que reglamenta el polémico artículo 161 de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales (ley 26.522).
La resolución también modifica la grilla para los canales de TV por cable, con una manifiesta ventaja para algunas señales según lo describe el diario La Nación de Buenos Aires, que queda conformada de la siguiente forma: CN23 (del grupo Spolsky, cercano al Gobierno) quedará ubicada entre las señales de noticias y los canales de aire; el Canal 7, hoy al servicio de la Casa Rosada, aparecerá entre los dos canales de mayor rating, Telefé y Canal 13, mientras que Telesur sería la primera de las señales internacionales, por arriba de señales como las de la tv española y la británica.
Se espera que en las próximas horas, varios afectados recurran a la justicia para conseguir amparos que ya tienen Grupo Clarín y Grupo Uno.
Por otro lado, en el aspecto positivo, se dieron dos normas impensadas, como es la discusión de dos proyectos de ley, uno sobre acceso a la información pública y el otro que restringe al gobierno el uso discriminatorio de la publicidad oficial.
El Senado aprobó ayer en general un proyecto de ley para garantizar el derecho a la información pública, aunque antes de girarlo a la Cámara de Diputados, donde hay otro proyecto en ciernes, deberá tratarlo artículo por artículo el 30 de setiembre.
Si el proyecto se transformara en ley, lo que fracasó ya en el 2004, sería vinculante para los tres poderes del Estado así como para sociedades estatales. Hasta el momento, a nivel nacional, rige un decreto Ejecutivo que data del 2003 en la presidencia de Néstor Kirchner y que vincula solo a ese poder.
Por otra parte, en una nota más optimista, por la necesidad que existe de controlar el uso de la publicidad oficial, la oposición aprobó el dictamen para regularla, proyecto que se estima será tratado en la Cámara de Diputados en unos 30 días, y que busca que el gobierno no pueda manipular los recursos públicos para censurar indirectamente a medios críticos o beneficiar a los que tienen líneas editoriales cercanas al poder.
La nueva ley obligaría al gobierno a presentar un plan anual de gastos a una comisión bicameral del Congreso para que sea aprobado y crearía un organismo descentralizado, la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial, que será dirigido por un delegado del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
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