Argentina, la corrupción y los medios

Lo peor de la corrupción pública que se denuncia en Argentina es que nada se hace al respecto. De ahí que las denuncias de enriquecimiento ilícito de la familia presidencial terminaron borradas o la valija de Antonioni quedó sólo para la anécdota.

En estos días nuevamente el gobierno fue ensuciado por denuncias de que sigue manejando los recursos públicos con falta de transparencia como si se tratara de fondos al servicio del gobierno partidario y no como dineros del Estado que pertenecen a todos los argentinos y que tiene la obligación de administrar con eficiencia, honestidad y nitidez.

Lamentablemente Cristina de Kirchner tiene un baño de teflón y la actual polémica, que se repite cada seis meses, cada vez que se denuncia el uso discriminatorio de la pauta oficial con la que se premia a medios amigos y se castiga a los independientes, le terminará por resbalar y todo quedará en la nada.

Se denunció que de los 27 millones de dólares que el gobierno nacional gastó en publicidad oficial en la televisión, el 67.5% fue a parar a las arcas de Canal 9, en detrimento de todos los demás canales que tienen mayor audiencia, rating y penetración. Lo obvio es que Canal 9 pertenece a un empresario identificado con el kirchnerismo, Diego Grivtz, y de ahí que se le proteja, incentive y enriquezca.

Sería importante que en Argentina, como en muchos países latinoamericanos, se desengavete un proyecto de ley con el que se buscaba establecer criterios técnicos en el uso de la publicidad oficial, porque de otro modo se estará permitiendo al gobierno ser cada vez más corrupto.

En Argentina ya nada sorprende

En materia de libertad de prensa y relación tensa entre medios y gobierno, en Argentina cualquier cosa cabe, vale. Nada sorprende. Desde ayer el gobierno hizo regir la ley de medios que todavía está paralizada por la justicia, reglamentando que en el término de un año, los medios electrónicos deben vender sus licencias de tv y radio que excedan los límites, según una resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que reglamenta el polémico artículo 161 de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales (ley 26.522).

La resolución también modifica la grilla para los canales de TV por cable, con una manifiesta ventaja para algunas señales según lo describe el diario La Nación de Buenos Aires, que queda conformada de la siguiente forma: CN23 (del grupo Spolsky, cercano al Gobierno) quedará ubicada entre las señales de noticias y los canales de aire; el Canal 7, hoy al servicio de la Casa Rosada, aparecerá entre los dos canales de mayor rating, Telefé y Canal 13, mientras que Telesur sería la primera de las señales internacionales, por arriba de señales como las de la tv española y la británica.

Se espera que en las próximas horas, varios afectados recurran a la justicia para conseguir amparos que ya tienen Grupo Clarín y Grupo Uno.
Por otro lado, en el aspecto positivo, se dieron dos normas impensadas, como es la discusión de dos proyectos de ley, uno sobre acceso a la información pública y el otro que restringe al gobierno el uso discriminatorio de la publicidad oficial.

El Senado aprobó ayer en general un proyecto de ley para garantizar el derecho a la información pública, aunque antes de girarlo a la Cámara de Diputados, donde hay otro proyecto en ciernes, deberá tratarlo artículo por artículo el 30 de setiembre.

Si el proyecto se transformara en ley, lo que fracasó ya en el 2004, sería vinculante para los tres poderes del Estado así como para sociedades estatales. Hasta el momento, a nivel nacional, rige un decreto Ejecutivo que data del 2003 en la presidencia de Néstor Kirchner y que vincula solo a ese poder.

Por otra parte, en una nota más optimista, por la necesidad que existe de controlar el uso de la publicidad oficial, la oposición aprobó el dictamen para regularla, proyecto que se estima será tratado en la Cámara de Diputados en unos 30 días, y que busca que el gobierno no pueda manipular los recursos públicos para censurar indirectamente a medios críticos o beneficiar a los que tienen líneas editoriales cercanas al poder.

La nueva ley obligaría al gobierno a presentar un plan anual de gastos a una comisión bicameral del Congreso para que sea aprobado y crearía un organismo descentralizado, la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial, que será dirigido por un delegado del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Corrupción: publicidad oficial

No hay censura tan solapada y abominable como el uso discriminatorio de la publicidad oficial que utilizan muchos gobiernos para castigar económicamente a los medios e comunicación y periodistas que lo critican o para premiar a aquellos que lo favorecen.
Este modelo de premiar o castigar a los medios es tan viejo como la prostitución y cada gobierno lo asume con la misma naturalidad que rechaza esta práctica cuando es oposición. Lo peor de todo, no es solo la mala práctica, sino que mucha gente disculpa al gobierno diciendo que tiene el derecho de usar la publicidad donde y como más le convenga.
Muchos no se dan cuenta que no se trata de publicidad, sino del manejo de recursos públicos y cuando estos son administrados ineficientemente, esto no tiene otra traducción que corrupción.
En Argentina, la oposición, liderada en este tema por la diputada Silvana Giudici, está presentando un proyecto de ley auspicioso que busca imponer al gobierno ciertas restricciones para que no pueda discriminar a los medios con la publicidad oficial y para que no pueda usarla como propaganda política o para su propio beneficio partidario.
Giudice, en una nota de opinión publicada por La Nación de Buenos Aires el 12 de agosto, denuncia que el gobierno de los Kirchner gasta 800 millones en publicidad oficial, 900 millones en la televisación del fútbol, además de los 1.000 millones en la creación de la televisión digital.
Lo importante es que esta sería la primera ley de esta naturaleza que podría ayudar para sentar un buen precedente para otros países latinoamericanos, cuyos pueblos también demandan que sus gobiernos sean transparente y usen los recursos públicos en forma transparente, sin negligencia o mala práctica.

Corrupción oficializada

Si la versión del diario Clarín es cierta (y no tiene porque no serlo) referente a que un funcionario público argentino habría dicho que el gobierno discrimina con publicidad oficial a algunos medios para “no ayudar a la concentración de medios”, estaríamos ante la oficialización de la corrupción.
Que el gobierno argentino es corrupto es lo que las denuncias periodísticas demuestran, pero como todavía no hay sentencia judicial, los hechos todavía permanecen en el terreno de las sospechas. Sin embargo, que se haya dicho que se usa la publicidad oficial de una forma discriminatoria, castigando a los medios más grandes, es ya hacer oficial la corrupción.
Me explico: La publicidad oficial se paga con dinero público (de todos) que debe ser administrado de la forma más eficiente. Si ese dinero se usa para beneficio del gobierno, con la intención de castigar a los medios, sin tener en cuenta criterios técnicos (distribución y penetración, entre otros conceptos) para que el mensaje se distribuya en forma eficiente, estamos frente a un acto de mal uso del dinero. Y, aun peor, si esto se hace con el propósito de castigar a los medios como argumentó el funcionario – el gobierno no tiene porque actuar sobre lo que considera que está bien o mal (concentración), debe respetar la ley – estamos frente a un caso de flagrante corrupción.
Esto no es nuevo en Argentina y tampoco sucedió solo en el gobierno de los Kirchner. Pero últimamente se agravó al no haber leyes que limiten al gobierno.
En el 2009 el gobierno pagó más dinero en publicidad a los medios oficialistas que a los que tienen mayor circulación. Por ejemplo entregó 41.6 millones al diario Página 12, con 12 veces menos circulación que La Nación, diario que recibió menos del doble de esa cantidad.
BAE, que también se alista hacia el lado del gobierno, recibió 6.1 millones de publicidad gubernamental más del doble que El Cronista. Perfil, uno de los más críticos del gobierno sólo obtuvo medio millón, mientras Crítica, 2 millones.
Mientras en el país la oposición no logre consenso entre todas las fuerzas políticas para obligar al oficialismo a sancionar una ley de publicidad oficial, que realmente busque la eficiencia en el uso de los dineros públicos, teniendo en cuenta criterios técnicos, además de la equidad, pluralidad y diversidad del mensaje, será cómplice y tan responsable como el gobierno en el manejo corrupto de la cosa pública.