sábado, 31 de octubre de 2009

Correa y la ética obligada

Quien ambiciona el poder absoluto, primero tiene que adueñarse de la verdad. Para ello, su necesidad indispensable es mantener la divergencia a niveles mínimos, limitar la información y castigar la crítica. Cuba es maestra en el uso de esta metodología. Venezuela está a medio camino. Mientras que Ecuador ya mostró sus primeras armas para silenciar al periodismo y, así, restringir el disenso.

La fórmula es fácil y perversa. Casi todos los gobiernos de tinte autoritario se justifican detrás de constituciones hechas a su medida y semejanza en las que incluyen normas de apariencia inocente que, en el futuro, les sirve para dictar leyes reguladoras y controladoras contra los medios y sus contenidos.

Así como la cláusula de “información veraz” de la constitución venezolana sirvió para dar forma a la ley de Responsabilidad Social con la que se cerraron televisoras, radios y se persigue a periodistas; el artículo de la nueva carta magna ecuatoriana, que exige que la información debe ser “veraz, verificada, oportuna, contextualizada…”, ofrece al presidente Rafael Correa la posibilidad de sancionar a todo aquel que se aparte de la verdad oficial.

Ante ese peligro, en República Dominicana, se logró hace semanas derribar la norma de “información veraz” que se incluía en la reforma constitucional, mientras que en Bolivia habrá que ver si Evo Morales, después de ganar las elecciones de diciembre, dictará leyes de control inspirándose en su Constitución, que ordena a la información ser “veraz y responsable”.

Valiéndose de las debilidades de alguna prensa éticamente cuestionable, y rechazando a la investigativa por sus denuncias sobre corrupción, Correa ha creado un clima general de hostilidad y desprestigio contra todos los informadores, a los que alecciona con llamados públicos a la responsabilidad por ser “mentirosos, corruptos, desestabilizadores y enemigos de la revolución”.

De esta forma, con la ficción creada – mandato constitucional y clima hostil - muchos desprevenidos compran la idea de que todos los males se resuelven maniatando a la prensa “perversa y ventajista que solo busca defender sus intereses”. En ese juego maquiavélico, Correa mandó redactar una Ley de Comunicación, instrumento perfecto que aparenta proteger al público, cuando en realidad servirá para blindar a su gobierno de las críticas.

La semana pasada, tras una visita de una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa que expresó su criticismo en Quito, Correa calificó su propuesta legislativa como “proyecto estrella del gobierno”. Junto con otros dos anteproyectos de la oposición, la ley, que podría sancionarse antes de fin de año, hace de la ética periodística un deber legal. Exige a los medios la adopción de códigos de ética y contratación de ombudsman, creando organismos cuasi judiciales que vigilarán la aplicación de los estándares éticos en la información, pudiendo cerrar a medios que reiteren fallas informativas; tan simples como la publicación de un titular desacertado y una foto grotesca o tan complejas como la denuncia en contra de un funcionario corrupto.

Aunque Correa prometa que no habrá intromisión en los contenidos, dada la experiencia de gobernantes que pagan a seguidores para engrosar marchas políticas así como urnas electorales, no es descabellado pensar que éste o gobiernos futuros, motivarán a batallones de gente para que denuncien fallas morales en los medios, provocándose autocensura, silencio y un declive considerable del periodismo investigativo. Además, la reglamentación de la ley tendrá que conciliar un código de ética universal, enajenándose así el derecho a una línea editorial propia e independiente, como estipulan principios básicos de la libertad de prensa.

En aras de la igualdad, la nueva ley divide en 33 por ciento la propiedad creando medios públicos, comunitarios y privados. Pero en un país, donde el gobierno ya controla el 70 por ciento de la televisión por aire después de expropiaciones a privados y donde no existe conciencia sobre el papel de los medios públicos, usados solo para hacer propaganda, no es difícil advertir que se busca consolidar una plataforma mediática gubernamental, monopolizar la verdad oficial y minimizar a la prensa privada e independiente.

Esta ley miente. Confunde. Dice proteger a los ciudadanos de los abusos de los periodistas, cuando lo que busca es evitar que haya reflectores iluminando las acciones del gobierno. Quiere silencio. Todos los ecuatorianos perderán.

4 comentarios:

itinerariodelcaracol dijo...

No creo que todos los ecuatorianos vamos a perder algo. Los únicos que van a perder algo son los ecuatorianos (unos pocos, muy pocos) que han tenido secuestrada la verdad antes de correa. El resto no perderemos nada porque nunca hemos tenido nada, ni casi la posibilidad real de gritar esa nada. Es decir, lo único que va a pasar es que un nuevo secuestrador ocupará el espacio de un viejo secuestrador. Si hoy es correa quien decide totalitariamente quien puede o no hacer ruido, antes era la lógica desmedida del mercado (no se olvide que ésta no puede estar separada de la banca, de la mega publicidad), la necesidad mayor de vender que de decir la verdad. En fin, el poder...

Edwin Francisco Herrera Paz dijo...

Todos los extremos son malos, pero estos gobernantes del socialismo del siglo XXI estan administrando medicinas más perjudiciales que la enfermedad. Al final, el objetivo claro es atacar por todos los frentes para mantenerse en el poder vitaliciamente.

Anónimo dijo...

Me encantaría que el Congreso Nacional de Honduras les dieran otra alegría al pueblo Hondureño, al estilo de la Seleccion Nacional.
Serían los segundos héroes de Honduras y la segunda fiesta Nacional la que se celebraría si no restituyen a Zelaya...
Adelante Congreso Hondureño eso canten Hondureños asi como cantaron !!!!Adelante Selección, adelante Selección y ganamos el viaje al mundial de Sudafrica, y ahora deberían de ganar el retorno a la tranquilidad y que perdimos el viaje al infierno .

iman dijo...

thank's for sharing info,..!
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