Arrogancia de Correa, justicia y CIDH

El diario El País de Madrid se dedicó esta semana a reportar sobre la falta de independencia de la justicia en Ecuador y el atropello constante del presidente Rafael Correa a todo aquel que piense y se exprese diferente a la voluntad de su gobierno. Muchos videos que durante años tuvimos oportunidad de ver durante las asambleas de la Sociedad Interamericana de Prensa, son testimonio de la arrogancia y el desparpajo con el que Correa se dirige a quienes considera sus súbditos. Todos los demás ciudadanos de su país sin distinción de los cargos, puestos y labores que desarrollen.

En uno de esos inquietantes video-shows, se lo ve a Correa decir que como presidente del país, lo es del Estado, por lo que reclama que es el jefe no solo del Poder Ejecutivo, sino también de todas sus dependencias. Peligrosamente  se refiere a que su poder también abarca a los poderes Judicial, Legislativo y Electoral. ¡Vaya forma de definir una democracia!

Esta semana la Asociación Mundial de Periódicos, comprobó en una vista a Ecuador lo que ya dos misiones internacionales de la SIP y del Comité de Protección de Periodistas, establecieron: La justicia está secuestrada por el Poder Ejecutivo, usándola como brazo armado para callar a opositores, medios y periodistas.

La arrogancia de Correa es perversa. Dijo en estos días que le da la bienvenida a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a su país, pero que no la invitará. Para los desprevenidos esto suena a que Correa tiene todo el derecho a no invitar a una delegación por temor a que en su propia casa le podría condenar por sus faltas graves a la libertad de prensa y de expresión. Pero en este juego verbal, Correa esconde que una misión de la CIDH solo puede apersonarse en un país si existe una invitación formal para hacerlo. Pero aún peor, Correa dijo que él no aceptará ninguna recomendación de la CIDH si habla mal de sus políticas. Lo que es lo mismo a desobedecer los tratados internacionales que el Estado ecuatoriano firmó y ratificó.

Pero bueno, como Correa se autodefine como dueño del Estado, es decir patrón de estancia, puede hacer lo que le da la gana.   

Cabral: Justicia sin equidad

Con su tono irónico y su sentido de la equidad, desde el cielo, Facundo Cabral debe haber cambiado sus poéticos versos de “no soy de aquí ni soy de allá” por los de “solo hay justicia para los famosos”, tratando de registrar la rapidez con la que el gobierno de Guatemala capturó a dos de sus presuntos asesinos.

 

No es que el poeta no esté contento, pero seguro que estará asombrado de cómo una justicia que no puede resolver nada y que deja a más del 90% de todos los crímenes irresueltos cada año, tuvo la pericia y la rapidez necesaria para capturar a sus asesinos.

Me recuerda también a la justicia de México, que poco puede hacer contra el crimen organizado pero que cuando se trató de resolver los crímenes de un par de empleados consulares estadounidenses, lo hizo con rapidez o como por arte de magia.

Esta rapidez en el caso de Cabral, por la presión que significa la personalidad de un famoso o influyente, desnuda que la justicia en nuestros países está muchas veces atada a la voluntad política del gobierno. Es decir justicia parece que sí hay, pero lo que no existe es la equidad necesaria para que todos los ciudadanos seamos y nos sintamos iguales ante la ley.

Al conocer la obra y vida de Cabral, uno sabe que esta situación de justicia sin equidad, si bien no es mala, al menos lo incomoda.

La gira de Obama: ¿y la justicia?

Me da la sensación que por lo que va de la gira de Barack Obama hasta ahora, habiendo estado en Brasil y Chile y partiendo hacia El Salvador, no hubo ningún anuncio espectacular ni especial, sino simplemente un poco más de política y demagogia para edulcorar a una región que estaba esperando palabras dulces para sus oídos.

No está mal. Es bueno y necesario que EEUU, ensimismado y perplejo por situaciones ajenas a nuestro continente, como las preocupaciones nucleares en Japón y las militares en Libia, se haya enfocado en destacar las fortalezas de la región y que haya tratado a los países como socios comerciales indispensables para el progreso y prosperidad de su economía. Habiéndose comportado de esa forma egoísta, tirará por debajo de la borda las críticas de que siempre se comporta como un imperio que mira hacia el sur con una visión paternalista.

Sin embargo, creo que más allá del progreso económico de la región, la necesidad de combatir la pobreza, el desempleo y la inseguridad, Obama hubiera también tenido que aprovechar para remarcar las grandes debilidades de la región que tienen que ver con la corrupción y la falta de justicia, aspectos que estoy convencido están minando las democracias como si se tratara de la implosión de un edificio.

El problema de América Latina es la falta de justicia, una justicia dependiente del poder político, o una justicia corrupta infiltrada por el crimen organizado. Esta falta de un sistema de incentivos y castigos justos y equilibrados hace que la región esté desequilibrada y que sus ciudadanos descrean de las instituciones.

Obama seguramente prometerá más ayuda a El Salvador para combatir al narcotráfico como parte de los esfuerzos por apoyar el Plan Mérida y el Plan Colombia; sin embargo todos los esfuerzos económicos estarán destinados a paliar los gastos militares en esa guerra.

No creo en la legalización de las drogas como proponen muchos ex presidentes, intelectuales y periodistas a cambio de esa política correctiva. Creo que la legalización aportará mayores dolores de cabeza, porque las actividades del crimen organizado simplemente buscarán otras actividades donde anidar.

Creo, en cambio, que EE.UU. podría hacer mucho más si volcara ayuda para fortalecer la justicia. Más recursos económicos, técnicos y humanos para proteger, especializar y entrenar a fiscales, jueces y agentes auxiliares de la justicia podrían empezar a arrojar frutos en el futuro inmediato y a largo plazo.

La fortaleza de una democracia es proporcional al grado de independencia, madurez y eficiencia del sistema judicial. Cuando la justicia funciona, cuando existen castigos e incentivos para todos con igualdad y sin privilegios, retorna la credibilidad del ciudadano y la democracia gana en autoestima.

Marihuana

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que esta semana despenalizó la posesión y consumo de marihuana envía un mensaje pésimo a los jóvenes, a los padres y a los traficantes de drogas. La falta de castigo pudiera propiciar la percepción de que la droga, después de todo, no es tan mala ni peligrosa y hasta es menos dañina que el alcohol y el tabaco.
Aunque el fallo está fundamentado en la excepcionalidad, porque no legaliza la marihuana sino que solo descarta el castigo de cárcel a los mayores de edad que la consumieren en la privacidad y sin perjudicar a terceros, su forma precipitada e inconsulta, invita al rechazo.

El sabio principio constitucional invocado en forma unánime por los siete jueces de que toda acción privada que no ofenda el orden y la moral pública “está sólo reservada a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados”, es irrelevante para los padres, ya que mientras el dictamen apunta a la responsabilidad del Estado sobre las drogas, minimiza los esfuerzos de los progenitores por enseñar a sus hijos sobre los efectos de la marihuana en la salud, el núcleo familiar y en la conducta moral.
Por más que el fallo haga disquisiciones filosóficas sobre el entorno de la persona con su privacidad y libertad, lo que los padres tienen claro es que la droga es mala. El fundamento no es racional, brota de la conciencia pura, del sentido común: nadie aconsejaría a su hijo a consumir drogas, así sea en el rincón más íntimo de su casa, y aunque no sea un delito criminal. Saben que la marihuana provoca adicción, crea tránsito hacia sustancias más tóxicas y desinhibe conductas delictivas, por más que muchos justifiquen lo contrario.
El mensaje del fallo también es peligroso porque relaja el comportamiento de quienes trafican y venden drogas, que con violencia o persuasión, buscan aumentar la demanda. Quienes incluso van más allá de la despenalización y creen en la legalización - porque permitiría mayores controles y hasta cobrar impuestos que reducirían el valor de las drogas y su negocio - desestiman que el narcotráfico maneja volumen, precios de promoción e iniciación, y que las drogas son solo un renglón más de un crimen organizado cada vez más diverso y productivo; que, como en México, es hasta protegido por entidades estatales infiltradas e instituciones sociales beneficiadas con generosas donaciones del narcotráfico.
Despenalizar o no la marihuana es una polémica muy añeja en el mundo con tantos detractores como simpatizantes. No hay evidencia confiable que muestre que con o sin criminalización del consumo se haya reducido la drogadicción. Lo que sí es evidente, es que la batalla contra la globalización del mercado de las drogas se está perdiendo.
De ahí que tres ex presidentes, César Gaviria de Colombia, Henrique Cardoso de Brasil y Ernesto Zedillo de México, ante políticas puramente represivas como las que aplica EE.UU. frente al narcotráfico y a los adictos, hayan sugerido la despenalización del consumo de la marihuana en el documento “Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma”, a la vez de exigir mayor responsabilidad a los países consumistas.
El documento, conocido este año, tiene fallos y aciertos. En lo negativo, desestima que el límite entre países productores, de tránsito y consumidores es cada vez más difuso porque el narcotráfico supo globalizar la venta y el consumo. En lo positivo, como lo apunta el dictamen argentino, la despenalización evitaría el sobrecargo de los sistemas judiciales y penitenciarios, permitiendo a las autoridades combatir el narcotráfico y tratar a los adictos como enfermos, no como criminales.
A pesar de las buenas intenciones de los magistrados argentinos en materia de salud y seguridad pública, su error no radica en el espíritu del fallo, que bien sugiere al Estado la adopción de medidas preventivas "con información y ecuación disuasiva del consumo”, sino en la forma apresurada e impositiva de la decisión.
Una medida de esta naturaleza, como la despenalización – que modificará conductas y apreciaciones morales entre padres, educadores e hijos – hubiera requerido un amplio y profundo debate social, de tal forma que los protagonistas principales hubieran sentido que sus preocupaciones y derechos estuvieran debidamente incluidos.