Infantilismo de Micheletti

Más allá de los hechos políticos de estos días, el decreto del gobierno hondureño de prohibir las garantías constitucionales muestra cierto infantilismo político de parte del presidente Roberto Micheletti.

Si bien la medida es una reacción al llamado a la insurrección de parte del irresponsable presidente depuesto Manuel Zelaya y del gobierno de Brasil que le permite usar suelo brasileño con ese fin, Micheletti ha exagerado quitando las libertades públicas a todos los ciudadanos y, mucho más, permitiendo que las autoridades puedan cerrar los medios de comunicación que consideren perturbadores para la tranquilidad nacional.

Mejor sería que restablezca todas las garantías constitucionales y que movilice a la Justicia y a las fuerzas de seguridad para que actúen en contra de las turbas si es que se convierten en un factor de inseguridad pública. Pero quitarle a todos los ciudadanos el derecho a movilizarse, a reunirse, a asociarse, a estar informados por los medios de su elección, es francamente un castigo para todos los hondureños y, en todo caso, un signo inmaduro, infantil y de debilidad política.

El gobierno ya ha cerrado dos medios de comunicación que se han mostrado y comportado como activistas, más que desarrollando una actividad periodística en sí, pero ello es igualmente indicativo de que se está violando la libertad de expresión. Si se justifica el criterio de cerrar Canal 36 y Radio Globo, en algún momento, el mismo atropello podría ser utilizado contra otros medios que pudieran tener otra tendencia o criterio editorial, porque solo bastaría que una autoridad competente dijera que la información – por más verdadera que fuera – pudiera estar acarreando intranquilidad para la nación.

A pesar de que uno comparta o no el criterio editorial de Canal 36 y Radio Globo, estos medios tienen todo el derecho de buscar la verdad de la forma que lo desean, claro está, que si cometen algún delito, tienen responsabilidades ulteriores de acuerdo a lo que establecen las leyes por lo que deben ser demandados ante la Justicia. Lo que no debe hacerse, es crear leyes – como pudiera interpretarse lo que significa la aplicación de un decreto o un estado de sitio o de excepción – para generar censura previa, es decir prohibir que puedan informar.

Lo mejor que le pudiera pasar al régimen de Micheletti es que recapacite, que vuelva hacia atrás, desactive este decreto que conculca las libertades y trate de buscar una salida pacífica a este entuerto. Como dije en otros posts, creo que lo más sensato hasta ahora y que resulta en una salida elegante para ambas partes – al menos la más elegante – es aceptar el Acuerdo de San José propuesto por el presidente costarricense Oscar Arias. De esa forma, Zelaya al poder pero con un gobierno de unidad nacional y camino hacia unas elecciones en la que no podrá tener ningún tipo de opción una “cuarta urna” y una salida del poder en enero, termina siendo, al fin y al cabo, el anhelo que tuvieron Micheletti, el Congreso y la Corte Suprema, cuando decidieron voltear a Zelaya el 28 de junio para que no busque perpetuarse en el poder y violar la Constitución.