La verdad y el periodismo

Esta es parte de una charla que di en el Instituto Interamericano para la Democracia en Miami el jueves pasado, en la que me referí, entre otras cosas, al peligro de que se incluya la información veraz como cláusula constitucional.

En materia de libertad de prensa, los cambios constitucionales son tan demagógicos como peligrosos; y muy sutiles. Desde hace años, se insinúa que los periodistas deben decir la verdad, transformando un principio ético en un absolutismo legal. Así, con la posibilidad de definir legalmente lo que es verdad o no, estas constituciones han servido de excusa para hacer y reglamentar leyes que pueden ser utilizadas para castigar a los medios y amordazar periodistas.

No es exageración, que la cláusula de información veraz de la Constitución venezolana fue la base para que Chávez dictara la Ley de Responsabilidad Social o de contenido, que luego derivó en el cierre de RCTV en el 2007, el de unas 50 emisoras recientemente y en el posible cierre de Globovisión, que ya ha sufrido seis apercibimientos administrativos y cuyo cierre depende de Chávez; o que ha sido la inspiración del proyecto de ley de “delitos mediáticos” que propone la fiscal de la Nación.

En ecuador, tres proyectos de ley, uno peor que el otro, son parte de una ley de comunicación que manda dictar la Constitución, que obliga a los medios ser éticos, contratar ombudsman, manual de ética y que pide que la información sea veraz, pero además responsable, y contrastada.

En República Dominicana por suerte ayer, previendo los peligros de que se dicten disposiciones para regular la verdad, se dejó de lado esa cláusula en la nueva reforma constitucional que lidera Leonel Fernández.

En Bolivia la nueva Constitución habla de información veraz y responsable y todavía no tiene efectos negativos, aunque se espera que Morales la ponga en práctica con leyes anti medios, después de que gane las elecciones de diciembre próximo como se prevé. Pero es obvio, que la obligación de que los medios den un espacio a su personal para que expresen su opinión, por más que sea contraria al propio criterio editorial, ya es una nota pesimista.

En Nicaragua hace una semana un grupo de periodistas declarados sandinistas progubernamentales, juraron defender al gobierno ante los embates mentirosos y oligarcas de La prensa, Nuevo Diario o Canal 2.

En Argentina si bien la nueva ley de Servicios Audiovisuales no está orientada por esta premisa, sino por un necesario reordenamiento, se observa que el apresuramiento de los Kirchner es para dictar una ley y minimizar así el poder del Grupo Clarín, conglomerado al que acusó de apoyar a los campesinos en el conflicto agropecuario, y que derrumbó el kirchnerismo en las elecciones legislativas de junio pasado.

En casi todos los países estos gobiernos tuvieron la intención de crear observatorios de medios, siendo el único poder que no pueden controlar totalmente, y creando leyes con organismos poderosos de control político manejados por los poderes ejecutivos, como el caso argentino, el ecuatoriano y ni hablar del de Chávez.

El Estado así monopoliza la definición de la verdad. Si a esto se le suma la dependencia de los poderes judiciales, podremos imaginar qué fácil resulta de ahí censurar a los medios. Así ocurre en Venezuela y también en Brasil, donde jueces adictos al poder, como al del senador y ex presidente Sarney, no le permiten a los medios divulgar una investigación sobre su corrupción y la de su hijo. Esta medida de censura previa en Brasil alcanzó, por otros casos similares, a 31 medios en los últimos meses que no pudieron denunciar hechos de corrupción.

Tanto las leyes ya dictadas en Venezuela, como las que se dictarán en Ecuador y Argentina, tratan de desarmar los monopolios oligárquicos y golpistas por un ordenamiento de medios, pero que en realidad se trata de disfraces para transformar al Estado en dueño y señor de los medios. En la mayoría de los casos, dejan al sector privado dos tercios de las licencias y se reparten la mitad entre el gobierno y las organizaciones no gubernamentales. Por ende la propaganda estatal y la mala calidad invadirán el éter resultando en una pésima opción para los ciudadanos de a pie.

Pero las leyes no son necesarias realmente. En la práctica ya se está dando. El modelo chavista de cerrar medios y crear los propios, incluso con los equipos que roba al sector privado, como los de RCTV que utilizó para crear otra televisora, o crear una agencia de noticias como la Bolivariana o la televisora internacional Telesur para competir con CNN, o cientos de periódicos o cientos de radios comunitarias, está invadiendo otros países como Bolivia, Ecuador, donde Correa se apoderó de radios y televisoras y jamás puso esas licencias a licitación como prometió, o de los Kirchner, que han creado y comprado medios a través de testaferros.