Assange y su gran omisión

Como era de esperarse, y muy al estilo el papa Benedicto XVI, Julián Assange salió ayer al balcón de la embajada de Ecuador en Londres, para seguir defendiéndose del gobierno de EE.UU. al que acusa de que lo sigue investigando en secreto para condenarlo a la pena de muerte por sus filtraciones a través de Wikileaks.

Seguramente como parte de un libreto del gobierno ecuatoriano o al menos por agradecimiento al asilo que le extendió Rafael Correa en agosto pasado después que se refugió en junio en suelo ecuatoriano, el discurso de Assange estuvo más dirigido a pegarle a EE.UU. que a defenderse de las acusaciones de agresión sexual que le imputa la fiscalía de Suecia.

De esa forma, Assange habló de que Ecuador debe cuidarse de que EE.UU. no intervenga su economía ni las elecciones presidenciales de febrero próximo, para luego prometer que, con renovada fuerza, Wikileaks seguirá en 2013 con su derrotero de publicar miles de informes secretos de los gobiernos. (Seguramente ninguno del gobierno ecuatoriano).

Pero hasta aquí, Assange habló de EE.UU. y de su caso, lo que claramente tiene derecho a hacerlo, y aunque habló de la libertad en internet, omitió hablar del tema, en especial de un problema que ha pasado bastante desapercibido para el periodismo y para el público y que tiene que ver con los efectos negativos para la libertad en internet, no de Assange, sino del resto de los mortales.

En la reciente cumbre de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones la mayoría de los 193 gobiernos integrantes de las Naciones Unidas decidieron firmar un protocolo internacional que posibilitará a cada uno de los países imponer cortapisas a la libertad de sus ciudadanos para navegar, buscar y distribuir información en internet.

El nuevo tratado, impulsado por regímenes autoritarios como Rusia, China, varios países árabes y muchos africanos, entrará en vigencia en 2015. Y aunque muchos crean que quienes vivimos en países libres no seremos afectados por las próximas políticas en contra del libre acceso al internet, sí los estaremos por cuanto muchas veces chocaremos con búsquedas y distribución de información en  y a través de países oprimidos.

La nueva resolución, en nombre de la soberanía nacional, les dará el poder a los gobiernos a limitar el internet, bloquearlo y a encarcelar internautas.

Assange no dijo nada sobre este tema.

Libertad digital en Dubai

Sigue esta semana la reunión de la UIT que este año trata de remendar los protocolos de la comunicación internacional que datan de 1988. El pelirgo es que los gobiernos del mundo busquen imponer trabas al carácter gratuito y libre del internet. Comparto mi columna del pasado fin de semana que tiene vigencia, que titulé "Quieren quitarnos la libertad digital".

Damos por sentado que navegar en internet e interactuar en las redes sociales es un ejercicio normal de todos los días, libre y gratuito. Sin embargo, a partir de este lunes todo puede cambiar, cuando los gobiernos del mundo entero se reúnan en Dubai para discutir el futuro del ciberespacio.

Con la excusa de que se debe dotar de orden al caos del internet, varios de los 175 estados que se reunirán del 3 al 14 de diciembre en la Conferencia Mundial de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), proponen que sean los gobiernos los que regulen el internet, lo que derivaría en controles y excesos en contra del libre intercambio de información que hoy se experimenta.

Algunos gobiernos pretenden imponer tarifas de comunicación, al estilo servicio telefónico, por lo que los usuarios no solo pagarán por conexión, sino también por tiempo y descarga de contenidos. Aunque el pretexto es colectar dinero para ampliar redes de banda ancha, un servicio más costoso evitará que los más necesitados puedan acceder a él, ampliando la brecha digital y cultural entre ciudadanos y países, ricos y pobres, que el internet está ayudando a disipar.

No es casualidad que estas propuestas sean de gobiernos que ya tienen por costumbre bloquear y censurar el internet, así como encarcelar a blogueros e internautas, como el caso de Cuba, Irán, China y Rusia, los peores países en la reciente clasificación mundial sobre libertad en internet del Freedom House.

Pese a que estos países justifiquen que las regulaciones servirán para castigar ciberataques, pornografía infantil o piratería – aspectos ya contemplados en las leyes regulares – los nuevos controles buscarán limitar que el internet sea un espacio democrático, diverso y plural, de probada eficacia. Hubiera sido difícil para los disidentes cubanos burlar la censura oficial sin blogs; a los musulmanes crear la Primavera Árabe sin Twitter, a los argentinos auto convocarse en cacerolazos sin Facebook o a los chinos exponer actos de corrupción sin sus filmaciones con teléfonos móviles inteligentes.

Estos países y, lamentablemente, los democráticos Brasil e India, en un grupo que destacan árabes y africanos, insistirán que el internet debe ser regulado por las Naciones Unidas (ONU), desconociendo que el internet ha crecido y se ha expandido – y con ello globalizó la economía y la cultura mundial - porque es ajeno a los gobiernos y está en manos de organizaciones no gubernamentales y privadas.

Pero no será fácil para esos gobiernos imponer condiciones. Muchos países latinoamericanos y europeos, entre ellos la pequeña Estonia – donde los ciudadanos pueden votar en línea, acceder al historial médico y a las tareas escolares de sus hijos - quieren que el internet mantenga su status quo, sin límites ni prohibiciones. Además, la delegación de EE.UU. tiene de su Congreso un mandato preciso para Dubai: El ciberespacio debe ser de acceso libre y gratuito, tal como fue creado, y debe permanecer “estable, seguro y libre del control gubernamental”.

Se trata de una posición destacada, siendo el país inventor del internet y al que muchas veces éste le ha jugado malas pasadas por lo que tendría excusas suficientes para censurarlo. EE.UU. es el país que más recibe ciberataques contra sus instalaciones militares, de inteligencia y empresas privadas; su servicio diplomático fue avergonzado por millones de documentos confidenciales que fueron expuestos por Wikileaks y miles de fotos y videos también revelaron que sus soldados torturaron en cárceles clandestinas.

Si en la reunión de Dubai se adoptan regulaciones, se tratará de una de las mayores contradicciones de la historia. Es que la ONU, ente madre de la UIT, promueve achicar la brecha digital entre pobres y ricos mediante un internet libre y gratuito, pregonando que el derecho de conexión y de banda ancha es tan importante como el derecho a los alimentos, al agua y a la justicia.

Bajo esos preceptos, más que regular, los gobiernos deberían promover que el internet llegue a las dos terceras partes del mundo que todavía no lo tienen y garantizar la libertad de expresión por cualquier medio y sin limitaciones de fronteras, como les demanda la Declaración Universal de los Derechos Humanos.