El gobierno argentino acaba
de expresar este fin de semana que no esperará ningún fallo de la Justicia sobre
la aplicación e implementación de la ley de medios, para instrumentarla este
próximo viernes, denominado 7-D por el oficialismo, y así comenzar con el
desguace de los medios, con el objetivo principal de descabezar al Grupo
Clarín.
La norma, aunque como muchas
sobre comunicación que se crearon en otros países latinoamericanos, dice buscar
técnicamente una mayor pluralidad de voces, en realidad está políticamente destinada
– y justificada – para coartar el poder de crítica de los medios más
independientes. Clarín es el botín más preciado luego de un quiebre entre
gobierno y el grupo, que data de la época de la ex presidencia de Néstor
Kirchner y que se profundizó con Cristina de Kirchner
La Presidenta estará este
próximo viernes en Brasilia cuando venza el plazo que dio a un juez la Corte
Suprema de Justicia para expresarse respecto a la medida cautelar impuesta por
Clarín sobre el artículo que establece la desinversión de la ley de medios.
Habrá que esperar si habrá fallo, de lo contrario Martin Sabbatella, titular de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) ya anunció que a
partir de las 5 de la tarde ya podrá “actuar de oficio”, contra todos aquellos
grupos de medios que no haya expresado como se desvinculará de sus licencias.
La pelea no es fácil. Nadie
puede oponerse a un gobierno que justifica una medida loable para que haya en
el país mayor pluralidad y diversidad de voces, de ahí que Clarín tenga que
remar contra la corriente popular para defender sus derechos, incluso
comerciales, especialmente en un clima tan polarizado donde desde el Estado se
lo ha atacado de todas formas propagandísticas posible para hacerlo ver como el
opresor de todas las épocas del pueblo.
Difícil es defender la
libertad de prensa, no a Clarín, sino los principios más elementales de la
libertad de prensa cuando el gobierno los disfraza de la libertad de los grupos
mediáticos para tejer sus intereses comerciales, como si éstos fueran pecado en
sociedades de libre mercado y democracias, pecados que bien pudieran o hubieran
podido dirimirse ante la justicia.
La ley de medios no es mala
en sí misma para el periodismo y la sociedad argentina, pero sí resulta incongruente
cuando es utilizada como arma y sentido revanchista, y a favor de un gobierno
que ya ha dado pruebas fehacientes de que no respeta la pluralidad de opinión
ni de información, sino que busca desarticular las críticas e imponer una única
voz y verdad oficial.
Entre esas evidencias no
solo se destaca la propaganda que el gobierno hace a través de los medios
oficiales, los medios que domina mediante extorsión a través de publicidad
oficial y clientelismo, sino también las que utiliza más allá, en forma directa
como propaganda en contra de toda la población. Se destacan las cadenas
oficiales de la Presidente para hablar de hechos sin importancia o urgencia,
las mentiras oficiales sobre estadísticas respecto a inflación, pobreza y empleo, la falta de transparencia sobre
las funciones públicas, el encubrimiento de actos de corrupción, la
ideologización de la educación y el sentido de perversidad manifiesta para
imponer un discurso agresivo y polarizante que logra dividir a los argentinos.
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