lunes, 3 de diciembre de 2012

La semana clave del 7D


El gobierno argentino acaba de expresar este fin de semana que no esperará ningún fallo de la Justicia sobre la aplicación e implementación de la ley de medios, para instrumentarla este próximo viernes, denominado 7-D por el oficialismo, y así comenzar con el desguace de los medios, con el objetivo principal de descabezar al Grupo Clarín.

La norma, aunque como muchas sobre comunicación que se crearon en otros países latinoamericanos, dice buscar técnicamente una mayor pluralidad de voces, en realidad está políticamente destinada – y justificada – para coartar el poder de crítica de los medios más independientes. Clarín es el botín más preciado luego de un quiebre entre gobierno y el grupo, que data de la época de la ex presidencia de Néstor Kirchner y que se profundizó con Cristina de Kirchner

La Presidenta estará este próximo viernes en Brasilia cuando venza el plazo que dio a un juez la Corte Suprema de Justicia para expresarse respecto a la medida cautelar impuesta por Clarín sobre el artículo que establece la desinversión de la ley de medios. Habrá que esperar si habrá fallo, de lo contrario Martin Sabbatella, titular  de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) ya anunció que a partir de las 5 de la tarde ya podrá “actuar de oficio”, contra todos aquellos grupos de medios que no haya expresado como se desvinculará de sus licencias.

La pelea no es fácil. Nadie puede oponerse a un gobierno que justifica una medida loable para que haya en el país mayor pluralidad y diversidad de voces, de ahí que Clarín tenga que remar contra la corriente popular para defender sus derechos, incluso comerciales, especialmente en un clima tan polarizado donde desde el Estado se lo ha atacado de todas formas propagandísticas posible para hacerlo ver como el opresor de todas las épocas del pueblo.    

Difícil es defender la libertad de prensa, no a Clarín, sino los principios más elementales de la libertad de prensa cuando el gobierno los disfraza de la libertad de los grupos mediáticos para tejer sus intereses comerciales, como si éstos fueran pecado en sociedades de libre mercado y democracias, pecados que bien pudieran o hubieran podido dirimirse ante la justicia.

La ley de medios no es mala en sí misma para el periodismo y la sociedad argentina, pero sí resulta incongruente cuando es utilizada como arma y sentido revanchista, y a favor de un gobierno que ya ha dado pruebas fehacientes de que no respeta la pluralidad de opinión ni de información, sino que busca desarticular las críticas e imponer una única voz y verdad oficial.

Entre esas evidencias no solo se destaca la propaganda que el gobierno hace a través de los medios oficiales, los medios que domina mediante extorsión a través de publicidad oficial y clientelismo, sino también las que utiliza más allá, en forma directa como propaganda en contra de toda la población. Se destacan las cadenas oficiales de la Presidente para hablar de hechos sin importancia o urgencia, las mentiras oficiales sobre estadísticas respecto a inflación,  pobreza y empleo, la falta de transparencia sobre las funciones públicas, el encubrimiento de actos de corrupción, la ideologización de la educación y el sentido de perversidad manifiesta para imponer un discurso agresivo y polarizante que logra dividir a los argentinos.