La división
de poderes es una máxima y una necesidad de la sociedad democrática. Se trata
de un contrapeso que se impone como garantía para los ciudadanos; para que
confíen que su sistema de vida en una democracia sobrevivirá pese a que alguno
de los poderes públicos cometa algún abuso o acto arbitrario contra otro poder.
El ataque directo de un poder a otro, el coartarle su independencia, por más
excusas que se encuentren en las constituciones o las leyes para lograrlo, no
es más que un golpe contra el máximo referente de la democracia: la ciudadanía.
Los
ataques contra el Poder Judicial en América Latina no son nuevos, pero se
intensificaron en los últimos días en Honduras y Argentina. Siempre con la
excusa de “democratizar” estos poderes, en Honduras esta semana se destituyó a
cuatro de cinco jueces del Tribunal Suprema de Justicia porque sus fallos
disgustaron al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. La excusa fue que el
Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley de depuración de la
policía, pero muchos creen que hay motivos más políticos en la destitución.
Como
siempre ocurre en cada golpe de poderes, y al menos este sí parece evidente,
habrá que esperar unos días para que se ventilen todos los motivos reales,
porque es difícil creer que el único camino legislativo en contra de la
decisión de inconstitucionalidad haya sido la de destituir a quienes se deben
haber apegado a derecho para llegar a esa conclusión.
Si a
cada decisión judicial que disguste a un gobierno se hace norma la destitución
de los magistrados supremos, es evidente que no se cumple con el equilibrio y
la división de poderes.
En
Argentina, aunque la decisión del gobierno no es tan extremista, si lo es su
intención. La presidente Cristina de Kirchner, enojada porque la Corte Suprema
y otros tribunales no han permitido todavía la implementación completa de la
ley de medios, insiste en que la justicia debe ser depurada o, al menos
controlada.
El
gobierno argentino brega por tener una justicia condescendiente y amiga.
Quisiera tener los fallos adecuados para fortalecer sus decisiones políticas y así
cumplir con sus objetivos de gobierno, pese a que muchos de ellos vayan contra
la Constitución, las leyes y la democracia.
Es evidente que ninguno de los tres poderes
públicos es ajeno a uno de los peores males que carcome la institucionalidad:
la corrupción. Pero si en vez de depurar, se glorifica como en Honduras y en
Argentina que se pretende “democratizar” a la justicia, deberíamos ver que ese
camino ya lo tomaron Rafael Correa y Hugo Chávez.
Obviamente,
ni en Venezuela ni en Ecuador se logró tener una justicia mejor, más
democrática, sino más obediente y menos independiente; un cheque en blanco para los abusos de poder.
