La dualidad del internet: Para el bien y para el mal

Es difícil no estar agradecidos y frustrados al mismo tiempo con el internet y las redes sociales. Es que la web empoderó más libertades, pero también se transformó en una herramienta para la censura y el sometimiento.

En esta época digital, pareciera que todo tuviera la misma relevancia. Tanto da una selfie que se sacaron los jugadores de Boca para festejar un gol que viralizaron por Twitter, que los sanguinarios del Estado Islámico muestren por YouTube como arrojan homosexuales desde azoteas o que el presidente venezolano Nicolás Maduro haya detenido y procesado a siete tuiteros por criticar a su régimen.

Habrá que aprender a convivir con esta dualidad del internet y lidiar caso por caso sin caer en glorificarlo o condenarlo en forma general. Sobre la base de reencontrarnos con amigos de la infancia, acudir marchas de protesta, firmar peticiones, informarse y saberse vigilados o insultados, hemos aprendido que el mundo digital y sus redes son un medio nada más y que pueden usarse para el bien o para el mal.

Esta dualidad se vio plasmada en un caso concreto de la reciente reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa en Panamá. Claudia Gurisatti y Johnattan Balincieri de NTN24, explicaron cómo debieron lidiar con la censura cuando Maduro los expulsó de Venezuela. Lejos de amilanarse, NTN24 siguió informando a través de sitios web y redes sociales. Una y otra vez fueron bloqueados y censurados, pero con creatividad y tesón supieron resistir. Así, la cadena internacional no dejó de informar a los venezolanos.

A esta calidad dual del internet, que de igual forma sirve para censurar como para burlar la censura, el uruguayo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP la definió como el cuchillo de dos filos. Sirve para cortar un buen bistec como para coartar las libertades.

En todos los países se cuecen habas. En EEUU tal vez es donde más se ha notado como el internet ha cambiado la forma de hacer negocios y política. Los shopping Center han perdido gran parte de la clientela que ahora, más selectiva, prefiere comprar a través de Amazon que en Banana Republic. Y, por otro lado, la política ya no será igual. Barack Obama mostró el camino. Ningún candidato puede obviar el uso de las redes sociales para ganar elecciones; aunque también se observó a este gobierno manipular a Facebook e Instagram, para vigilar a los usuarios,  violentando datos y el derecho de los ciudadanos a la privacidad.

En su nuevo libro “La Nueva Censura: La batalla global por la libertad de prensa”, Joel Simon del Comité de Protección para Periodistas argumenta que nunca antes se habían visto tantas amenazas al trabajo de los reporteros. En esta era digital, se enfoca más en las amenazas que provienen de gobiernos elegidos en las urnas pero con rango de autoritarios, a los que llama “democratators” – Maduro y Rafael Correa entran en este rango - que se dedican a censurar, espiar, bloquear y perseguir a sus críticos por internet y redes sociales.

Cuba es un caso concreto de esta práctica vil de censura de Estado. Fue denunciado de manera peculiar este 12 de marzo cuando se celebró el Día Mundial contra la Censura en Internet. La organización Reporteros sin Fronteras puso en marcha su operación “Libertad colateral”, creando espejos de páginas webs en la nube digital para que todo el mundo pueda acceder a los sitios censurados. Yoani Sánchez, la famosa bloguera cubana dijo en la reunión de la SIP, que si bien el internet la ha liberado, también le ha servido al gobierno para rastrearla mejor, así como para perseguir y encarcelar a muchos de sus compatriotas internautas.

El internet ha traído historias de éxitos y fracasos. Desde el sitio Ipaidabribe en India para que los usuarios denuncien a funcionarios que sobornan o el de la periodista mexicana María del Rosario Fuentes, quien sigue desaparecida desde octubre pasado. Desafió a los narcotraficantes informando sobre sus actividades en su página de Facebook “Valor de Tamulipas”, denuncias que los medios tradicionales no se animaban a delatar por temor a las represalias.

Esto comprueba que el internet no es bueno o malo en sí mismo; sino que, como cualquier otro medio de comunicación, es una herramienta que puede usarse para el bien o para el mal. 

Libertad de prensa en las Américas

Al terminar este lunes las deliberaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa en Panamá, quedó un mensaje para la Cumbre de las Américas que se celebrará en abril próximo: Las democracias, para que se precien de tal, necesitan ofrecer una alta dosis de libertad individual a sus ciudadanos y garantizar libertad de prensa y expresión.

Será la primera vez que Barack Obama y Raúl Castro se sentarán en una misma mesa; cruzarán miradas y estrecharán manos sin condicionamientos ideológicos ni diplomáticos. No obstante el optimismo, la SIP insistirá que el acuerdo político-económico será en vano si el gobierno de los Castro sigue golpeando, deteniendo y encarcelando a quienes expresen sus opiniones o debatan por internet.

La reunión de abril, para que se precie de Cumbre, tendrá que lidiar sobre desarrollo sostenible, pobreza, falta de agua, narcotráfico, procesos políticos insostenibles, como el de Venezuela, y sobre el renovado papel que tendrá que jugar una Organización de Estados Americanos más eficiente y ágil. Pero tampoco podrá desconocer que el continente está retrocediendo a pasos agigantados en materia de libertad de prensa y de expresión vulnerándose la esencia misma de la democracia.

Para este lunes, la SIP habrá señalado que la violencia contra periodistas, medios de comunicación y usuarios de redes sociales conspira contra las libertades que deben resguardarse en una democracia. La ineficiencia de los sistemas de protección de periodistas y el asesinato de siete en los últimos tres meses, en Colombia, Honduras, México y Perú, además de la impunidad que rodean a crímenes anteriores – solo en Colombia prescribieron cuatro casos en 2014 y tres más lo harán este año – demuestran el retroceso.

No solo los periodistas están sufriendo represalias físicas y presiones legales-judiciales. En Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro procesó y detuvo a siete usuarios de Twitter por violentar la seguridad nacional, es decir por hablar mal del Presidente. En Ecuador, Rafael Correa hizo cerrar cinco cuentas de Twitter y varias en Facebook porque los usuarios osaron reírse y burlarse del gobierno.

En México fue peor, el crimen organizado asesinó a una usuaria de Facebook porque denunció actividades del narcotráfico. Algo que los medios tradicionales y periodistas obvian y se autocensuran para evitar seguir siendo blanco, en un país que el Estado es poco eficiente para controlar tanta violencia.

En materia de internet la SIP ha puesto el grito en el cielo. Cada vez es más palpable el uso que le dan los gobiernos - EEUU, Canadá, Colombia, Argentina, Venezuela, Panamá y Ecuador - para restringir las libertades individuales más que para empoderar a los ciudadanos. Las potenciales amenazas del terrorismo, que en la mayoría de los casos se usa como excusa para vigilar a los ciudadanos, han servido a los gobiernos para crear intrincados sistemas de espionaje con la intención de vigilar ciudadanos, neutralizar denuncias de periodistas y detener estrategias de los políticos de oposición.

En la Cumbre de las Américas tampoco será bueno que los casos de Dilma Rousseff y Petrobras en Brasil o la interminable lista de Amado Bodou en Argentina eviten que se vea el bosque de la corrupción cultural y casi generalizada. Muchos gobiernos siguen usando los dineros del Estado como propios, viven haciendo propaganda de sus actos como si vivieran en procesos electorales continuos y el dinero para viviendas y salud lo siguen derrochando en clientelismo para llenar narcisistas actos partidarios.     

La Cumbre deberá revisar varios casos de democracias que no son tales y que pasan debajo del radar por el espejismo de vivir en elección tras elección. Venezuela es el caso más patético de cómo estos procesos le permiten al gobierno sobrevivir, escondiendo engaños y restricciones.

Sin embargo, es Ecuador el país al que se debiera ponerle mayor atención. Correa ha creado una ley de Comunicación con la que legitima la censura. En un par de meses ha extendido 37 procesos y sanciones económicas a medios, periodistas y usuarios de internet. Mandó a cerrar dos radios y cuentas de usuarios en redes sociales. Su tendencia medieval a censurar a sus críticos no tiene fin y es una tendencia que tenderá a agravarse en el futuro inmediato. 

Francisco y el narcotráfico

Cayeron mal en México las palabras del papa Francisco sobre que “ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización”, refiriéndose al avance violento del narcotráfico en Argentina. El gobierno de Enrique Peña Nieto las consideró una estigmatización injusta.

Años atrás el mismo dolor sintió el gobierno de Colombia cuando el periodismo internacional temía la “colombianización” de México, advirtiendo que la violencia de los carteles de Cali y Medellín se estaba expandiendo a Guerrero y Tamaulipas. Cuarenta mil asesinatos de mexicanos después, aquella estigmatización solo fue un crudo diagnóstico.

Los prejuicios y comparaciones duelen por odiosas, pero no se puede desconocer la realidad. Aún más, el papa Francisco hubiera acertado si se refería a toda Latinoamérica y no solo a Argentina, ya que el narcotráfico ha convertido al continente en el más letal del mundo.

Francisco, en realidad, solo citaba el “terror” que los obispos mexicanos dicen se vive en su país cada vez más infiltrado por el narcotráfico, y que se ha apoderado de todos los sectores y estratos, así como lo estuvo Colombia cuando las mafias dominaban, compraban conciencias, elecciones y asientos en congresos, tribunales y alcaldías. Pablo Escobar fue capo y diputado, y jefes de carteles de menor o mayor calibre que él, lamentablemente hoy forman parte de los poderes públicos de muchos países latinoamericanos.

El problema es que muchos se han acostumbrado a que el narco sea parte del paisaje; está institucionalizado. Por ello las denuncias contra el presidente del Congreso de Venezuela, Diosdado Cabello, de que sería el jefe del cartel de los Soles no causaron más que algunos titulares de ocasión.

Denuncias graves parecidas en Bolivia y Perú o sobre elecciones financiadas por el narco en Ecuador, también pasaron desapercibidas. Es que el narco se ha extendido y arraigado en el sistema y creado tácticas de autoprotección. Por eso en ese laberinto de la narcopolítica pocos se atreven a denunciar, y los que lo hacen, políticos, fiscales y periodistas, terminan asesinados y sus crímenes en total impunidad.

Un caso pavoroso que describe esta narcopolítica ocurrió en Paraguay. Se sabía que el epicentro mafioso estaba en Ciudad del Este, pero de tanta inacción del Estado, el narco fue corrompiendo otras zonas de la política nacional. De ejemplo sirve el asesinato del periodista Pablo Medina en octubre pasado, que después de denunciar a un alcalde por narcotraficante, le descerrajaron a tiros la cabeza. Tras determinar que el alcalde era el autor intelectual, la policía requisó de su domicilio toneladas de marihuana, parte de ella camuflada en una ambulancia del hospital público que usaba para distribuirla. Finalmente el alcalde escapó, protegido por policías y otras autoridades que acostumbraban a recibir bonos y beneficios.

No todo son batallas perdidas. El gobierno mexicano viene gastando mucho presupuesto y aportando muchas víctimas contra el narcotráfico, y sin ello la realidad podría ser más oscura. Colombia también se alió al gobierno de EEUU que, admitiendo culpas por generar la mayor demanda de drogas, aportó millones que sirvieron para sanear en parte la política y que el tráfico de drogas quede circunscripto al accionar de guerrilleros y paramilitares.

En este contexto, se avecina ahora el mayor reto de los colombianos para desprenderse aún más de su pasado. Si el proceso de paz entre el gobierno y las FARC se concreta, no hay dudas que los guerrilleros dejarán las armas y se insertarán en la vida política, pero habrá que ver en que manos quedará el negocio millonario del narcotráfico que les ha permitido costear por décadas su ideología.

Medellín es claro ejemplo de batallas ganadas. Después de ser la ciudad más violenta del mundo en la época de Escobar, se ha transformado en capital de la innovación y la tecnología al provecho de sus ciudadanos. Y hoy poco les importa que su pasado siga creando estigmatizaciones y que a la ciudad de Rosario se la conozca como la “Medellín argentina”.

Es entendible que se le reclame a Francisco por la estigmatización incómoda creada entre mexicanos y argentinos. Pero sería una pena que ambos gobiernos se ensañen contra el mensajero, en vez de actuar en contra del narcotráfico. 

El populismo y las nuevas mayorías

Con las marchas de #F18 en Buenos Aires y Caracas pidiendo justicia por un fiscal muerto y un alcalde preso, el ciclotímico péndulo de la política latinoamericana pareciera que está iniciando su oscilación hacia el otro extremo.

Los gobiernos populistas de Cristina de Kirchner y Nicolás Maduro recordarán que en esta fecha no fueron desafiados sus gobiernos, sino la forma de gobernar. Las protestas por la muerte dudosa del fiscal Alberto Nisman y el arbitrario encarcelamiento del alcalde Leopoldo López desde hace un año, son síntoma de dos sociedades que se cansaron de la impudicia y la inmunidad del poder.

Ambos gobiernos perdieron mucho de la popularidad que ostentaban en otras épocas, en parte real y en parte ficticia, creada con clientelismo, demagogia y propaganda. Hasta ahora reinaron a base de divisiones y polarización, pero en el camino generaron más desigualdades de las que prometieron remediar.

Así como otros discursos e ideologías se fueron extinguiendo, desde la neoliberal a la nacionalista o de la socialdemócrata a la progresista, el populismo latinoamericano está tocando fondo y desacreditado. En Argentina y Venezuela la inflación es agobiante, la corrupción exorbitante y la inseguridad desconcertante, razones que han dejado a estos populistas sin sus acostumbradas mayorías. Ni Kirchner ni Maduro juntan más del 20 por ciento de aprobación y las nuevas mayorías los culpan del desparpajo actual.

Las nuevas mayorías son espontáneas y heterogéneas. Ya no son cacerolazos en barrios pudientes o mitines liderados por opositores en sedes de partidos, sino marchas, tuits y desesperanza convocadas por fiscales y jueces asediados. Las nuevas mayorías incluyen a desesperados de todos los estratos sociales, cansadas de tanta inseguridad e injusticia, y que el derecho a la expresión y el disenso siempre sea descalificado por apátrida y golpista.

Las protestas del #F18 desafiaron la arrogancia y el atropello como forma de gobernar. Las nuevas mayorías están molestas de que sus gobiernos no reconozcan errores y desestimen la autocrítica. Que miren hacia otro lado o hacia Atucha, que sigan armando contramarchas y actos oficiales con militantes pagados o usando cibermilitantes para invadir redes sociales con etiquetas #TodosconCristina, cuando el clamor es por justicia y #TodosconNisman.

Las nuevas mayorías son desconfiadas. Ya no creen en la cancillería argentina cuando envía cartas acusando a los servicios de inteligencia israelíes y estadounidenses de todos los males, desde la muerte de Nisman al atentado de la AMIA. Tampoco creen en el encarcelamiento intempestivo y violento esta semana del alcalde opositor de Caracas, Antonio Ledezma, a quien Maduro acusa de conspirar en EEUU y estar detrás del intento número mil de golpe de Estado, a razón de dos por día de su corta presidencia.

Las nuevas mayorías están cansadas de las excusas y máscaras, de las mentiras y chivos expiatorios. Quieren saber la verdad. Y aunque la mala economía agobie, las marchas no reclaman pan sino que se termine el circo. Reclaman justicia tanto por Nisman como antes por María Soledad, José Luis Cabezas y Axel Bloomberg. En Venezuela no se reclama por la fastidiosa escasez de papel higiénico, sino por la impúdica muerte de decenas de estudiantes que hace un año fueron asesinados por la seguridad del Estado, disfrazándoseles de golpistas.

Los gobiernos populistas han perdido el norte porque se han creído dueños del Estado. Han utilizado recursos de todos como si fueran propios. Han confundido su llamado a ocupar oficinas para administrar la cosa pública, con la plaza para fabricar ideología. Han arengado a las masas, pero no han empoderado a los ciudadanos. Por más de una docena de años en Argentina o más de 15 en Venezuela, los populistas han perdido las oportunidades y están desgastados. Difícilmente podrán recuperar en meses lo perdido en años.

Aunque nunca se debe pecar de ingenuos ante regímenes que usan los recursos de todos para reinventarse y contraatacar, los numerosos frentes abiertos en lo económico y político terminarán por condenar a estos gobiernos. La memoria de Nisman y los casos de López y Ledezma, pesarán demasiado en los procesos electorales de fin de año en ambos países. Las nuevas mayorías están hartas y sentenciarán. 

Crisis de credibilidad

La libertad de expresión es un derecho complejo. No todos pueden gozarlo de la misma manera. Los personajes públicos no pueden decir lo que sienten, piensan o quieren, sin medir primero los efectos de sus palabras.

Un presidente tiene mayores responsabilidades para expresarse porque puede provocar efectos inesperados. Lo comprobó la presidenta Cristina Kirchner al escribir un chiste en twitter sobre la forma en que hablan los chinos. El jocoso episodio de cambiar las erres por las eles - que no le acarrearía consecuencia alguna al ciudadano común – ofendió al gobierno de China y sus ciudadanos. La simple broma le generó más descrédito internacional que la provocada por los asombrosos líos oficiales que rodean la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Para un político el desgaste de credibilidad es inexorable con el tiempo; pero, hablar por hablar, acelera el proceso. Máxime si sus abundantes discursos y cadenas están cargados de críticas, sarcasmos y confrontación, como en los casos de Kirchner, Rafael Correa y Nicolás Maduro. Puede que los partidarios glorifiquen sus palabras, pero a la larga, los discursos de confrontación tienen un agravante: además de auto descrédito, dividen y generan polarización, degradando la seriedad institucional del cargo que se encomendó.

Quienes hacen de la credibilidad su negocio deben trabajar arduamente para mantenerla, de lo contrario cualquier desliz puede ser fatal. En EEUU el presentador estrella de la TV, Brian Williams, el periodista más creíble del país, vio destartalada su credibilidad después de que lo acusaron por Facebook de falsear información. Terminó admitiendo que no viajaba en el helicóptero alcanzado por proyectiles durante la invasión a Irak hace 12 años. Estaba en otro y sin riesgos. NBC lo suspendió para evitar mayor incredulidad sobre sus noticieros. Brian fue suspendido por seis meses, pero difícilmente pueda volver a trabajar como periodista. La confianza en él depositada por el público era demasiado alta, de ahí la gran desilusión y su destrucción.

Sobran ejemplos sobre la vulnerabilidad expresiva de los personajes públicos. Hasta la infalibilidad popular del papa Francisco quedó en entredicho tras el atentado contra Charlie Hebdo. Sacado de contexto, lo acusaron de justificar el atentando cuando dijo que “si alguien insulta a mi madre, le pego un puñetazo”. Semanas después tuvo otro desliz; justificó un par de nalgadas como método para educar a los hijos. Una comisión del Vaticano no tardó mucho para salir a reprocharle y zanjar el asunto.

Sin embargo, sería exagerado sostener que la crisis de credibilidad está provocada por el exceso de palabras. Más bien se debe a la escasez de acciones, principalmente de la Justicia. La mayor fuente de desconfianza en una sociedad la produce la impunidad o la ausencia de verdad, ya sea por ineficiencia, omisión o negligencia.

Esa es la motivación especial de la inédita marcha de los fiscales argentinos convocada para el 18 de febrero. Quieren honrar la memoria de Nisman, pero en realidad estarán protestando contra la crisis de credibilidad que envuelve al gobierno. Exigen verdad y justicia.

Los argentinos no están solos. Los mexicanos tampoco creen en las instituciones. El presidente Enrique Peña Nieto debe demostrar que no cometió excesos intercambiando favores políticos por intereses personales; en el Congreso hay muchos sospechados de estar auspiciados por los narcos y la Justicia es incapaz de esclarecer miles de crímenes, entre ellos la masacre de los 43 estudiantes de Iguala.

En Colombia, pese a todas las buenas apariencias, la impunidad sigue reinando. La Justicia ni esclarece ni repara, es que es tanta y son tantos los casos acumulados en más de 50 años de guerra, que el sistema está colapsado. Al presidente Juan Manuel Santos no le quedan muchos caminos. En las negociaciones con las Farc tendrá que sacrificar justicia por paz o de lo contrario la amenaza de la guerra continuará. Los colombianos no tienen otra salida, tendrán que perdonar y permitir que los líderes guerrilleros se sienten en el Congreso.

Muchas palabras y poca justicia son los ingredientes que acrecientan la crisis de credibilidad. ¿Tendrán conciencia los gobiernos que la desconfianza es el valor más difícil de restaurar y el que hipoteca el futuro? 

Crudo y cruda corrupción

A más de 100 dólares el barril el año pasado o ahora a menos de 50 dólares, el petróleo sigue siendo la gasolina que mueve al mundo. Influye en la geopolítica, transforma las relaciones diplomáticas y cambia nuestros hábitos de consumo.

Con menores ingresos por venta de crudo, a Vladimir Putin le resulta difícil mantener sus sueños por Ucrania y al gobierno de Irak detener el avance de los terroristas del Estado Islámico. El precio bajo permite a China reducir a la mitad su déficit comercial y en EEUU, con una gasolina que cayó de un dólar a 50 centavos el litro, los consumidores gastan la diferencia en gadgets y restaurantes, aunque también en camionetas de alto consumo, lo que pone en jaque los esfuerzos contra el calentamiento global.

La decisión de la Opec de mantener la producción alta y, por ende, los precios bajos, tiene efectos inconmensurables. Las nuevas relaciones diplomáticas entre EEUU y Cuba que iniciaron Barack Obama y Raúl Castro, impensadas meses atrás, fueron precipitadas por la caída del precio del crudo. Los Castro se volvieron más prácticos al quedarse otra vez sin flujo de caja, desde que observaron que la exportación de algo de los 100 mil barriles de petróleo que les regala el gobierno venezolano no tiene mayor impacto en sus finanzas. Advirtiendo que Venezuela ya no les resulta útil, así como antes descartaron a sus benefactores históricos, Rusia y China, los Castro se acercaron a su eterno rival, EEUU, su última y única carta de sobrevivencia.

Más drástico es el caso de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro pasó de ser protagonista a tener influencia mínima en América Latina. En su nuevo papel de pordiosero, aprovechó esta semana foros del Alba y Unasur - creados por Hugo Chávez en épocas de esplendor petrolífero - para pedir a sus aliados que influyan ante EEUU por una “diplomacia de paz” y así recibir el mismo trato que el “imperio” le prodiga ahora a los Castro.

Lejos de lograrlo, en el frente interno Maduro disfraza su ineficiencia administrativa achacándole todos los males al gobierno estadounidense, al que acusa de propiciar la caída de los precios e iniciar así una guerra económica con el fin de derrotarlo. Ya nadie se traga el anzuelo. Las colas interminables y el desabastecimiento de carne de pollo, tampones o baterías para autos, fueron siempre característica intrínseca del chavismo, aun cuando el barril de crudo se cotizaba por arriba de los 100 dólares.

La adicción al petróleo condenó al chavismo a su autodestrucción. La caída del precio no tendría mayor impacto si el gobierno hubiera apostado a la diversificación económica. En cambio, malgastó recursos. Se dedicó a vender ideología y comprar alianzas para pelear contra EEUU en todos los frentes, sin advertir que la perorata ideológica, al mejor estilo cubano, no es suficiente para mantener ni a un régimen ni a un país.

En épocas de vacas gordas, Chávez y Maduro no ahorraron pensando en el futuro. Malgastaron recursos, no construyeron infraestructura, no diversificaron industrias, no invirtieron en educación especializada. Al contrario, mataron a la empresa privada, hicieron propaganda con educación y salud de cuarta, polarizaron y crearon mayor desigualdad entre clases sociales.

Distinto panorama tendría Venezuela si el gobierno en lugar de imitar al retrógrado y fracasado modelo cubano, hubiera mirado hacia los emiratos árabes, donde se comprendió que el petróleo es una materia prima agotable. Hoy los venezolanos gozarían de puentes y carreteras, industrias variadas, empleo, educación de primer mundo y menos pobreza.

El chavismo no es el único gobierno que deberá pagar factura histórica por haber malgastado tanta riqueza. Además de la malograda PDVSA, la mexicana PEMEX y la brasileña PETROBRAS también están condenando la ineficiencia de Enrique Peña Nieto, Dilma Rousseff y a sus antecesores. Recién ahora, en época de vacas flacas, cuando no hay dinero público para gastar y se debe raspar la olla de estas empresas, salió a relucir cuán profunda, arraigada y protegida está la corrupción en América Latina.

Es evidente que el precio del crudo tiene influencias geopolíticas insoslayables, pero no hay que dejarse engañar. La cruda realidad es que la mala administración pública de este recurso es lo que tiene mayor impacto negativo en nuestras sociedades.

Gobiernos Pinocho

Las mentiras oficiales todavía forman parte de la cultura latinoamericana. El desprecio por la verdad de los gobiernos actuales de Argentina, Ecuador, México y Venezuela, se ha enquistado como política de Estado profundizando aún más el rampante clima de corrupción e impunidad.

Este desprecio por la verdad quedó reflejado en el informe anual sobre derechos humanos que presentó esta semana Human Rights Watch. Advierte sobre el deterioro de la democracia en esos países en particular, como consecuencia de poderes judiciales politizados, violaciones sistemáticas a la libertad de prensa y expresión, falta de leyes que obliguen a los gobiernos a brindar información fidedigna, a ser transparentes, a no manipular datos o mentir.

Aunque hace rato estos gobiernos se comportan como Pinocho, los últimos hechos noticiosos los terminaron por desenmascarar. La presidente Cristina Kirchner quedó retratada con nariz creciente en una caricatura de Clarín, por sus reportes vacilantes y cambiantes sobre la muerte dudosa del fiscal Alberto Nisman que la tenía a ella como encubridora del caso AMIA. En México, el  presidente Enrique Peña Nieto quiso imponer punto final a la masacre de los 43 estudiantes de Iguala, declarando muertos a los desaparecidos, temiendo que la ineficiencia judicial sea el lastre que termine con su gobierno.

Y en Venezuela, mientras el titular del Congreso, Diosdado Cabello, trata sin pruebas e información de librarse de quienes lo acusan con evidencias de liderar un cartel de narcotraficantes, el presidente ecuatoriano Rafael Correa creó un sitio de internet, Somos +, para continuar la defensa moral de su régimen, al que lo siente víctima de críticos y difamadores. En la nueva página web y bajo su argumento de calificar toda crítica de mentirosa y de que todos deben ser súbditos de la verdad oficial, seguidores partidarios y funcionarios públicos se darán a la tarea de identificar, desprestigiar y hasta perseguir legalmente a los usuarios de internet y redes sociales que critiquen al gobierno: “Si ellos mandan un tuit, nosotros mandaremos 10 mil”.

El desprecio por la verdad no es conducta nueva. Tras las intervenciones del INDEC en Argentina y de entidades autónomas en Venezuela, siempre se mintió sobre la inflación, los niveles de pobreza y otras estadísticas estratégicas. Una contradicción con los nuevos tiempos, cuando los países perfeccionan y aprecian la exactitud y cruce de datos con la intención de crear estrategias para remediar problemas sociales. Sin datos verdaderos, los gobiernos terminan apelando a la propaganda.

El escritor Martín Caparrós argumentó sobre los efectos de las mentiras oficiales. En un artículo en El País, se refiere a las devaluaciones argentinas, pero no a las económicas, sino a la más importante “la devaluación de la palabra del Estado”. Acusa al gobierno de Kirchner de ser “una fábrica de ficciones”, y sobre los efectos de los excesivos discursos de Cristina Kirchner observa que la “palabra presidencial se va degradando hasta convertirse en ocasión de chistes malos o, en el mejor de los casos, en un ruido de fondo”.

Todo gobierno, con el tiempo, devalúa su palabra, de ahí el declive de los índices popularidad como efecto de mentiras y contradicciones en el discurso. Pero es en los regímenes populistas, amantes de cadenas nacionales, discursos interminables y excesiva propaganda, donde se observa como la palabra mal usada termina por degradar y polarizar a la sociedad. No hay extremo más ejemplarizante que el de Venezuela, donde Nicolás Maduro usa de la misma forma el discurso de odio para acusar y perseguir a opositores, que el histriónico para respaldar su revolución mediante un Hugo Chávez encarnado en pajarito.

La mentira tiene patas cortas. Tarde o temprano los gobiernos deben rendir cuentas por más que crean que una mentira dicha mil veces se puede transformar en una verdad absoluta como sostenía el arquitecto de la propaganda nazi, Joseph Goebbels.

En esta época digital en que los ciudadanos pueden informarse y difundir información, criticar y fiscalizar, los gobiernos Pinocho verán mermada su credibilidad por más que digan la verdad, así como aquel pastorcito de la fábula, que después de engañar y mentir a la gente, ya nadie le creyó cuando gritó que el lobo se estaba devorando a sus ovejas.