Francisco y el narcotráfico

Cayeron mal en México las palabras del papa Francisco sobre que “ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización”, refiriéndose al avance violento del narcotráfico en Argentina. El gobierno de Enrique Peña Nieto las consideró una estigmatización injusta.

Años atrás el mismo dolor sintió el gobierno de Colombia cuando el periodismo internacional temía la “colombianización” de México, advirtiendo que la violencia de los carteles de Cali y Medellín se estaba expandiendo a Guerrero y Tamaulipas. Cuarenta mil asesinatos de mexicanos después, aquella estigmatización solo fue un crudo diagnóstico.

Los prejuicios y comparaciones duelen por odiosas, pero no se puede desconocer la realidad. Aún más, el papa Francisco hubiera acertado si se refería a toda Latinoamérica y no solo a Argentina, ya que el narcotráfico ha convertido al continente en el más letal del mundo.

Francisco, en realidad, solo citaba el “terror” que los obispos mexicanos dicen se vive en su país cada vez más infiltrado por el narcotráfico, y que se ha apoderado de todos los sectores y estratos, así como lo estuvo Colombia cuando las mafias dominaban, compraban conciencias, elecciones y asientos en congresos, tribunales y alcaldías. Pablo Escobar fue capo y diputado, y jefes de carteles de menor o mayor calibre que él, lamentablemente hoy forman parte de los poderes públicos de muchos países latinoamericanos.

El problema es que muchos se han acostumbrado a que el narco sea parte del paisaje; está institucionalizado. Por ello las denuncias contra el presidente del Congreso de Venezuela, Diosdado Cabello, de que sería el jefe del cartel de los Soles no causaron más que algunos titulares de ocasión.

Denuncias graves parecidas en Bolivia y Perú o sobre elecciones financiadas por el narco en Ecuador, también pasaron desapercibidas. Es que el narco se ha extendido y arraigado en el sistema y creado tácticas de autoprotección. Por eso en ese laberinto de la narcopolítica pocos se atreven a denunciar, y los que lo hacen, políticos, fiscales y periodistas, terminan asesinados y sus crímenes en total impunidad.

Un caso pavoroso que describe esta narcopolítica ocurrió en Paraguay. Se sabía que el epicentro mafioso estaba en Ciudad del Este, pero de tanta inacción del Estado, el narco fue corrompiendo otras zonas de la política nacional. De ejemplo sirve el asesinato del periodista Pablo Medina en octubre pasado, que después de denunciar a un alcalde por narcotraficante, le descerrajaron a tiros la cabeza. Tras determinar que el alcalde era el autor intelectual, la policía requisó de su domicilio toneladas de marihuana, parte de ella camuflada en una ambulancia del hospital público que usaba para distribuirla. Finalmente el alcalde escapó, protegido por policías y otras autoridades que acostumbraban a recibir bonos y beneficios.

No todo son batallas perdidas. El gobierno mexicano viene gastando mucho presupuesto y aportando muchas víctimas contra el narcotráfico, y sin ello la realidad podría ser más oscura. Colombia también se alió al gobierno de EEUU que, admitiendo culpas por generar la mayor demanda de drogas, aportó millones que sirvieron para sanear en parte la política y que el tráfico de drogas quede circunscripto al accionar de guerrilleros y paramilitares.

En este contexto, se avecina ahora el mayor reto de los colombianos para desprenderse aún más de su pasado. Si el proceso de paz entre el gobierno y las FARC se concreta, no hay dudas que los guerrilleros dejarán las armas y se insertarán en la vida política, pero habrá que ver en que manos quedará el negocio millonario del narcotráfico que les ha permitido costear por décadas su ideología.

Medellín es claro ejemplo de batallas ganadas. Después de ser la ciudad más violenta del mundo en la época de Escobar, se ha transformado en capital de la innovación y la tecnología al provecho de sus ciudadanos. Y hoy poco les importa que su pasado siga creando estigmatizaciones y que a la ciudad de Rosario se la conozca como la “Medellín argentina”.

Es entendible que se le reclame a Francisco por la estigmatización incómoda creada entre mexicanos y argentinos. Pero sería una pena que ambos gobiernos se ensañen contra el mensajero, en vez de actuar en contra del narcotráfico. 

El populismo y las nuevas mayorías

Con las marchas de #F18 en Buenos Aires y Caracas pidiendo justicia por un fiscal muerto y un alcalde preso, el ciclotímico péndulo de la política latinoamericana pareciera que está iniciando su oscilación hacia el otro extremo.

Los gobiernos populistas de Cristina de Kirchner y Nicolás Maduro recordarán que en esta fecha no fueron desafiados sus gobiernos, sino la forma de gobernar. Las protestas por la muerte dudosa del fiscal Alberto Nisman y el arbitrario encarcelamiento del alcalde Leopoldo López desde hace un año, son síntoma de dos sociedades que se cansaron de la impudicia y la inmunidad del poder.

Ambos gobiernos perdieron mucho de la popularidad que ostentaban en otras épocas, en parte real y en parte ficticia, creada con clientelismo, demagogia y propaganda. Hasta ahora reinaron a base de divisiones y polarización, pero en el camino generaron más desigualdades de las que prometieron remediar.

Así como otros discursos e ideologías se fueron extinguiendo, desde la neoliberal a la nacionalista o de la socialdemócrata a la progresista, el populismo latinoamericano está tocando fondo y desacreditado. En Argentina y Venezuela la inflación es agobiante, la corrupción exorbitante y la inseguridad desconcertante, razones que han dejado a estos populistas sin sus acostumbradas mayorías. Ni Kirchner ni Maduro juntan más del 20 por ciento de aprobación y las nuevas mayorías los culpan del desparpajo actual.

Las nuevas mayorías son espontáneas y heterogéneas. Ya no son cacerolazos en barrios pudientes o mitines liderados por opositores en sedes de partidos, sino marchas, tuits y desesperanza convocadas por fiscales y jueces asediados. Las nuevas mayorías incluyen a desesperados de todos los estratos sociales, cansadas de tanta inseguridad e injusticia, y que el derecho a la expresión y el disenso siempre sea descalificado por apátrida y golpista.

Las protestas del #F18 desafiaron la arrogancia y el atropello como forma de gobernar. Las nuevas mayorías están molestas de que sus gobiernos no reconozcan errores y desestimen la autocrítica. Que miren hacia otro lado o hacia Atucha, que sigan armando contramarchas y actos oficiales con militantes pagados o usando cibermilitantes para invadir redes sociales con etiquetas #TodosconCristina, cuando el clamor es por justicia y #TodosconNisman.

Las nuevas mayorías son desconfiadas. Ya no creen en la cancillería argentina cuando envía cartas acusando a los servicios de inteligencia israelíes y estadounidenses de todos los males, desde la muerte de Nisman al atentado de la AMIA. Tampoco creen en el encarcelamiento intempestivo y violento esta semana del alcalde opositor de Caracas, Antonio Ledezma, a quien Maduro acusa de conspirar en EEUU y estar detrás del intento número mil de golpe de Estado, a razón de dos por día de su corta presidencia.

Las nuevas mayorías están cansadas de las excusas y máscaras, de las mentiras y chivos expiatorios. Quieren saber la verdad. Y aunque la mala economía agobie, las marchas no reclaman pan sino que se termine el circo. Reclaman justicia tanto por Nisman como antes por María Soledad, José Luis Cabezas y Axel Bloomberg. En Venezuela no se reclama por la fastidiosa escasez de papel higiénico, sino por la impúdica muerte de decenas de estudiantes que hace un año fueron asesinados por la seguridad del Estado, disfrazándoseles de golpistas.

Los gobiernos populistas han perdido el norte porque se han creído dueños del Estado. Han utilizado recursos de todos como si fueran propios. Han confundido su llamado a ocupar oficinas para administrar la cosa pública, con la plaza para fabricar ideología. Han arengado a las masas, pero no han empoderado a los ciudadanos. Por más de una docena de años en Argentina o más de 15 en Venezuela, los populistas han perdido las oportunidades y están desgastados. Difícilmente podrán recuperar en meses lo perdido en años.

Aunque nunca se debe pecar de ingenuos ante regímenes que usan los recursos de todos para reinventarse y contraatacar, los numerosos frentes abiertos en lo económico y político terminarán por condenar a estos gobiernos. La memoria de Nisman y los casos de López y Ledezma, pesarán demasiado en los procesos electorales de fin de año en ambos países. Las nuevas mayorías están hartas y sentenciarán. 

Crisis de credibilidad

La libertad de expresión es un derecho complejo. No todos pueden gozarlo de la misma manera. Los personajes públicos no pueden decir lo que sienten, piensan o quieren, sin medir primero los efectos de sus palabras.

Un presidente tiene mayores responsabilidades para expresarse porque puede provocar efectos inesperados. Lo comprobó la presidenta Cristina Kirchner al escribir un chiste en twitter sobre la forma en que hablan los chinos. El jocoso episodio de cambiar las erres por las eles - que no le acarrearía consecuencia alguna al ciudadano común – ofendió al gobierno de China y sus ciudadanos. La simple broma le generó más descrédito internacional que la provocada por los asombrosos líos oficiales que rodean la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Para un político el desgaste de credibilidad es inexorable con el tiempo; pero, hablar por hablar, acelera el proceso. Máxime si sus abundantes discursos y cadenas están cargados de críticas, sarcasmos y confrontación, como en los casos de Kirchner, Rafael Correa y Nicolás Maduro. Puede que los partidarios glorifiquen sus palabras, pero a la larga, los discursos de confrontación tienen un agravante: además de auto descrédito, dividen y generan polarización, degradando la seriedad institucional del cargo que se encomendó.

Quienes hacen de la credibilidad su negocio deben trabajar arduamente para mantenerla, de lo contrario cualquier desliz puede ser fatal. En EEUU el presentador estrella de la TV, Brian Williams, el periodista más creíble del país, vio destartalada su credibilidad después de que lo acusaron por Facebook de falsear información. Terminó admitiendo que no viajaba en el helicóptero alcanzado por proyectiles durante la invasión a Irak hace 12 años. Estaba en otro y sin riesgos. NBC lo suspendió para evitar mayor incredulidad sobre sus noticieros. Brian fue suspendido por seis meses, pero difícilmente pueda volver a trabajar como periodista. La confianza en él depositada por el público era demasiado alta, de ahí la gran desilusión y su destrucción.

Sobran ejemplos sobre la vulnerabilidad expresiva de los personajes públicos. Hasta la infalibilidad popular del papa Francisco quedó en entredicho tras el atentado contra Charlie Hebdo. Sacado de contexto, lo acusaron de justificar el atentando cuando dijo que “si alguien insulta a mi madre, le pego un puñetazo”. Semanas después tuvo otro desliz; justificó un par de nalgadas como método para educar a los hijos. Una comisión del Vaticano no tardó mucho para salir a reprocharle y zanjar el asunto.

Sin embargo, sería exagerado sostener que la crisis de credibilidad está provocada por el exceso de palabras. Más bien se debe a la escasez de acciones, principalmente de la Justicia. La mayor fuente de desconfianza en una sociedad la produce la impunidad o la ausencia de verdad, ya sea por ineficiencia, omisión o negligencia.

Esa es la motivación especial de la inédita marcha de los fiscales argentinos convocada para el 18 de febrero. Quieren honrar la memoria de Nisman, pero en realidad estarán protestando contra la crisis de credibilidad que envuelve al gobierno. Exigen verdad y justicia.

Los argentinos no están solos. Los mexicanos tampoco creen en las instituciones. El presidente Enrique Peña Nieto debe demostrar que no cometió excesos intercambiando favores políticos por intereses personales; en el Congreso hay muchos sospechados de estar auspiciados por los narcos y la Justicia es incapaz de esclarecer miles de crímenes, entre ellos la masacre de los 43 estudiantes de Iguala.

En Colombia, pese a todas las buenas apariencias, la impunidad sigue reinando. La Justicia ni esclarece ni repara, es que es tanta y son tantos los casos acumulados en más de 50 años de guerra, que el sistema está colapsado. Al presidente Juan Manuel Santos no le quedan muchos caminos. En las negociaciones con las Farc tendrá que sacrificar justicia por paz o de lo contrario la amenaza de la guerra continuará. Los colombianos no tienen otra salida, tendrán que perdonar y permitir que los líderes guerrilleros se sienten en el Congreso.

Muchas palabras y poca justicia son los ingredientes que acrecientan la crisis de credibilidad. ¿Tendrán conciencia los gobiernos que la desconfianza es el valor más difícil de restaurar y el que hipoteca el futuro? 

Crudo y cruda corrupción

A más de 100 dólares el barril el año pasado o ahora a menos de 50 dólares, el petróleo sigue siendo la gasolina que mueve al mundo. Influye en la geopolítica, transforma las relaciones diplomáticas y cambia nuestros hábitos de consumo.

Con menores ingresos por venta de crudo, a Vladimir Putin le resulta difícil mantener sus sueños por Ucrania y al gobierno de Irak detener el avance de los terroristas del Estado Islámico. El precio bajo permite a China reducir a la mitad su déficit comercial y en EEUU, con una gasolina que cayó de un dólar a 50 centavos el litro, los consumidores gastan la diferencia en gadgets y restaurantes, aunque también en camionetas de alto consumo, lo que pone en jaque los esfuerzos contra el calentamiento global.

La decisión de la Opec de mantener la producción alta y, por ende, los precios bajos, tiene efectos inconmensurables. Las nuevas relaciones diplomáticas entre EEUU y Cuba que iniciaron Barack Obama y Raúl Castro, impensadas meses atrás, fueron precipitadas por la caída del precio del crudo. Los Castro se volvieron más prácticos al quedarse otra vez sin flujo de caja, desde que observaron que la exportación de algo de los 100 mil barriles de petróleo que les regala el gobierno venezolano no tiene mayor impacto en sus finanzas. Advirtiendo que Venezuela ya no les resulta útil, así como antes descartaron a sus benefactores históricos, Rusia y China, los Castro se acercaron a su eterno rival, EEUU, su última y única carta de sobrevivencia.

Más drástico es el caso de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro pasó de ser protagonista a tener influencia mínima en América Latina. En su nuevo papel de pordiosero, aprovechó esta semana foros del Alba y Unasur - creados por Hugo Chávez en épocas de esplendor petrolífero - para pedir a sus aliados que influyan ante EEUU por una “diplomacia de paz” y así recibir el mismo trato que el “imperio” le prodiga ahora a los Castro.

Lejos de lograrlo, en el frente interno Maduro disfraza su ineficiencia administrativa achacándole todos los males al gobierno estadounidense, al que acusa de propiciar la caída de los precios e iniciar así una guerra económica con el fin de derrotarlo. Ya nadie se traga el anzuelo. Las colas interminables y el desabastecimiento de carne de pollo, tampones o baterías para autos, fueron siempre característica intrínseca del chavismo, aun cuando el barril de crudo se cotizaba por arriba de los 100 dólares.

La adicción al petróleo condenó al chavismo a su autodestrucción. La caída del precio no tendría mayor impacto si el gobierno hubiera apostado a la diversificación económica. En cambio, malgastó recursos. Se dedicó a vender ideología y comprar alianzas para pelear contra EEUU en todos los frentes, sin advertir que la perorata ideológica, al mejor estilo cubano, no es suficiente para mantener ni a un régimen ni a un país.

En épocas de vacas gordas, Chávez y Maduro no ahorraron pensando en el futuro. Malgastaron recursos, no construyeron infraestructura, no diversificaron industrias, no invirtieron en educación especializada. Al contrario, mataron a la empresa privada, hicieron propaganda con educación y salud de cuarta, polarizaron y crearon mayor desigualdad entre clases sociales.

Distinto panorama tendría Venezuela si el gobierno en lugar de imitar al retrógrado y fracasado modelo cubano, hubiera mirado hacia los emiratos árabes, donde se comprendió que el petróleo es una materia prima agotable. Hoy los venezolanos gozarían de puentes y carreteras, industrias variadas, empleo, educación de primer mundo y menos pobreza.

El chavismo no es el único gobierno que deberá pagar factura histórica por haber malgastado tanta riqueza. Además de la malograda PDVSA, la mexicana PEMEX y la brasileña PETROBRAS también están condenando la ineficiencia de Enrique Peña Nieto, Dilma Rousseff y a sus antecesores. Recién ahora, en época de vacas flacas, cuando no hay dinero público para gastar y se debe raspar la olla de estas empresas, salió a relucir cuán profunda, arraigada y protegida está la corrupción en América Latina.

Es evidente que el precio del crudo tiene influencias geopolíticas insoslayables, pero no hay que dejarse engañar. La cruda realidad es que la mala administración pública de este recurso es lo que tiene mayor impacto negativo en nuestras sociedades.

Gobiernos Pinocho

Las mentiras oficiales todavía forman parte de la cultura latinoamericana. El desprecio por la verdad de los gobiernos actuales de Argentina, Ecuador, México y Venezuela, se ha enquistado como política de Estado profundizando aún más el rampante clima de corrupción e impunidad.

Este desprecio por la verdad quedó reflejado en el informe anual sobre derechos humanos que presentó esta semana Human Rights Watch. Advierte sobre el deterioro de la democracia en esos países en particular, como consecuencia de poderes judiciales politizados, violaciones sistemáticas a la libertad de prensa y expresión, falta de leyes que obliguen a los gobiernos a brindar información fidedigna, a ser transparentes, a no manipular datos o mentir.

Aunque hace rato estos gobiernos se comportan como Pinocho, los últimos hechos noticiosos los terminaron por desenmascarar. La presidente Cristina Kirchner quedó retratada con nariz creciente en una caricatura de Clarín, por sus reportes vacilantes y cambiantes sobre la muerte dudosa del fiscal Alberto Nisman que la tenía a ella como encubridora del caso AMIA. En México, el  presidente Enrique Peña Nieto quiso imponer punto final a la masacre de los 43 estudiantes de Iguala, declarando muertos a los desaparecidos, temiendo que la ineficiencia judicial sea el lastre que termine con su gobierno.

Y en Venezuela, mientras el titular del Congreso, Diosdado Cabello, trata sin pruebas e información de librarse de quienes lo acusan con evidencias de liderar un cartel de narcotraficantes, el presidente ecuatoriano Rafael Correa creó un sitio de internet, Somos +, para continuar la defensa moral de su régimen, al que lo siente víctima de críticos y difamadores. En la nueva página web y bajo su argumento de calificar toda crítica de mentirosa y de que todos deben ser súbditos de la verdad oficial, seguidores partidarios y funcionarios públicos se darán a la tarea de identificar, desprestigiar y hasta perseguir legalmente a los usuarios de internet y redes sociales que critiquen al gobierno: “Si ellos mandan un tuit, nosotros mandaremos 10 mil”.

El desprecio por la verdad no es conducta nueva. Tras las intervenciones del INDEC en Argentina y de entidades autónomas en Venezuela, siempre se mintió sobre la inflación, los niveles de pobreza y otras estadísticas estratégicas. Una contradicción con los nuevos tiempos, cuando los países perfeccionan y aprecian la exactitud y cruce de datos con la intención de crear estrategias para remediar problemas sociales. Sin datos verdaderos, los gobiernos terminan apelando a la propaganda.

El escritor Martín Caparrós argumentó sobre los efectos de las mentiras oficiales. En un artículo en El País, se refiere a las devaluaciones argentinas, pero no a las económicas, sino a la más importante “la devaluación de la palabra del Estado”. Acusa al gobierno de Kirchner de ser “una fábrica de ficciones”, y sobre los efectos de los excesivos discursos de Cristina Kirchner observa que la “palabra presidencial se va degradando hasta convertirse en ocasión de chistes malos o, en el mejor de los casos, en un ruido de fondo”.

Todo gobierno, con el tiempo, devalúa su palabra, de ahí el declive de los índices popularidad como efecto de mentiras y contradicciones en el discurso. Pero es en los regímenes populistas, amantes de cadenas nacionales, discursos interminables y excesiva propaganda, donde se observa como la palabra mal usada termina por degradar y polarizar a la sociedad. No hay extremo más ejemplarizante que el de Venezuela, donde Nicolás Maduro usa de la misma forma el discurso de odio para acusar y perseguir a opositores, que el histriónico para respaldar su revolución mediante un Hugo Chávez encarnado en pajarito.

La mentira tiene patas cortas. Tarde o temprano los gobiernos deben rendir cuentas por más que crean que una mentira dicha mil veces se puede transformar en una verdad absoluta como sostenía el arquitecto de la propaganda nazi, Joseph Goebbels.

En esta época digital en que los ciudadanos pueden informarse y difundir información, criticar y fiscalizar, los gobiernos Pinocho verán mermada su credibilidad por más que digan la verdad, así como aquel pastorcito de la fábula, que después de engañar y mentir a la gente, ya nadie le creyó cuando gritó que el lobo se estaba devorando a sus ovejas. 

Justicia - Nisman: Destinados a ser bananeros

¿En qué se diferencia un país desarrollado de una república bananera?

La respuesta más simple apunta a diferencias de nivel económico y desarrollo entre uno y otro país. La más competente, sin embargo, tiene que ver con el grado de estabilidad política, los niveles de corrupción y la independencia de poderes, especialmente de la justicia.

Sin justicia no hay igualdad y sin justicia independiente un país está destinado a la autodestrucción. La calidad de una democracia, incluso el desarrollo económico, está íntimamente ligada a la calidad de la justicia. Esto es palpable en América Latina.

No es casualidad que Uruguay, Chile, Colombia y Costa Rica tengan mejores sistemas judiciales y, a su vez, menos corrupción, más estabilidad económica y mejor institucionalidad. En las antípodas se encuentran Argentina, Venezuela y México, con poderes judiciales ineficientes, satélites del poder, y con resultado similar: Una superlativa sensación de impunidad, desigualdad e inseguridad.

Las marchas y cacerolazos en Argentina en reclamo por justicia tras la muerte dudosa del fiscal Alberto Nisman, muestran frustración e impotencia social frente a un Estado que, enajenado por el poder de turno, no ofrece ni garantías ni bien común.

El sistema de administración de justicia de Argentina, como el de Venezuela, está infiltrado por el gobierno. Quedó demostrado en ambos casos que los intentos por “democratizar la justicia” no fueron más que la búsqueda permanente de transformar al Poder Judicial en un aparato judicial para el interés y servicio propio.

Difícilmente pueda el caso Nisman ser punto de quiebre para que todo cambie de ahora en más. El kirchnerismo, como el chavismo después de que fue asesinado en Venezuela el fiscal  Danilo Anderson en 2004, sacará a relucir toda suerte de teorías de la conspiración y chivos expiatorios. La primera carta en Facebook de la presidenta Cristina Kirchner ya apuntó en esa dirección. Culpó a extraños y espías, conspiraciones, titulares de Clarín y a la propia víctima, librándose de la acusación de que el gobierno encubrió a funcionarios iraníes por la masacre contra la AMIA, a cambio de favores políticos y económicos.

Fue la misma fórmula original que Hugo Chávez utilizó para perseguir a periodistas y opositores sin ton ni son; muchos acusados, varios encarcelados y otros exiliados.

El secuestro de la justicia, que no se le puede achacar solo al presente gobierno argentino, es el mayor vicio del país. Las reformas judiciales siempre intentaron crear fiscales y jueces “gubernamentales”. La consecuencia es un estado perenne de impunidad e inmunidad, sintetizado ahora en las irregularidades irresueltas de la misma Presidenta sobre sus negocios inmobiliarios, en los negociados del vicepresidente Amadao Bodou y de tantos otros como los Báez, Ciccone, de Vido adosados como ornamentos a un gran arbolito de Navidad.

Es claro. Por la falta de independencia de la justicia se agudizan todos los vicios, el más perverso, la corrupción, y el más violento, las mafias. En su reciente viaje a Filipinas el papa Francisco advirtió que la corrupción o la falta de justicia es el equivalente a “terrorismo de Estado”, el origen de la desigualdad.

Lo más trascendente del discurso de Barack Obama al Congreso esta semana, no fue que se haya enfocado en la mejoría del empleo, la independencia energética y en terminar terrorismos y guerras, sino en su idea de que la justicia y la igualdad son la base del desarrollo de su país: “(Nos) va mejor cuando todo el mundo tiene su oportunidad justa, recibe lo justo, donde todo el mundo juega con las mismas normas”.

EEUU está repleto de ambigüedades y limitaciones como cualquier país. Pero si hay algo que los ciudadanos valoran es la sensación de que las reglas son claras y parejas para todos. Que las leyes no están inspiradas en revanchismos políticos, sino en el bien común.

La certeza ciudadana de que la justicia es independiente al poder político, que no se usa para perseguir o blindar a nadie, que no existe otro interés más que buscar la verdad y de que la ley se aplicará sin distinciones, crea confianza, institucionalidad y despeja el camino para el desarrollo.

La eficiencia de la justicia define a un país; sin independencia cualquier país está destinado a ser bananero. 

Charlie Hebdo y el futuro del internet

Así como sucedió tras el atentado contra las torres gemelas de Nueva York en 2001, el ataque contra la revista parisina Charlie Hebdo tendrá influencia superlativa sobre el futuro del internet.

A una semana del atentado, y decantada la euforia que concitó el apoyo a Charlie Hebdo con la compra de cinco millones de ejemplares de su edición post barbarie con la tapa de otro Mahoma, varios gobiernos occidentales ya adelantaron nuevas medidas restrictivas que adoptarán para el internet, una cara diametralmente opuesta a la que mostraron el domingo pasado al frente de la marcha en París a favor de la libertad de expresión.

Justificados en nombre de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo, así como amparados por la conmoción y el duelo público, los gobiernos occidentales están aprovechando el cheque en blanco que tienen en estas primeras semanas después del atentado, para firmar leyes restrictivas al internet, que difícilmente hubiesen podido adoptarse días antes de la tragedia.

En horas previas al ataque a Charlie Hebdo, el debate sobre el internet tenía otro enfoque. Estaba centrado sobre la conveniencia o no del derecho al olvido; el derecho de autor y si Google puede beneficiarse de contenidos que crean otros; la protección de datos personales; la neutralidad y gobernanza de la web y sobre cómo neutralizar los abusos de los gobiernos a los derechos individuales como los que permitió la Ley Patriótica estadounidense, post Setiembre 11.

En este contexto, Francia tomó la iniciativa. El primer ministro, Manuel Valls, puso énfasis en aumentar el control sobre Internet y las redes sociales, medios predilectos de los terroristas para hacer propaganda, adoctrinar y buscar seguidores. Reino Unido, Alemania, España y Bélgica le siguieron, anunciando que dictarán leyes porque necesitan más poder legal y judicial para rastrear las telecomunicaciones en busca de terroristas, medidas que hace poco dejaron de lado por ser violadoras de los derechos humanos.

De este lado del Atlántico, Barack Obama tampoco perdió tiempo para reverdecer una ley sobre ciberseguridad que le había volteado el Congreso hace un par de años. Con el nuevo contexto y predicando que las amenazas cibernéticas son urgentes y crecientes, anunció una nueva legislación sin mayores aprehensiones.

A la luz de la amenaza de que sucedan nuevos Charlie Hebdo, de los ciberataques de Norcorea a Sony, los del Estado Islámico a las cuentas de Twitter y YouTube del Pentágono y del robo de datos de empresas privadas como Home Depot y Target, pareciera que los argumentos de Obama y de sus colegas europeos son sólidos e irrefutables. Se entiende que busquen mayor intercambio de información con empresas de telecomunicaciones y que le den a la Justicia más armas para encontrar, perseguir y vigilar cibercriminales y terroristas.

Sin embargo, estas nuevas medidas “de excepción” y que se calculan eficientes para prevenir nuevos atentados terroristas, pudieran quedarse para siempre, servir para cometer abusos, vigilar a justos por pecadores o remozar aquellas políticas de espionaje masivo e indiscriminado en internet que realizó la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, amparándose en razones de seguridad nacional y como consecuencia del robo y filtración de información que cometió Edward Snowden.

El panorama ahora es preocupante. Muchos gobiernos juegan de hipócritas así como lo hicieron en la marcha de París, donde no muchos de los que marcharon por el respeto por la libertad de expresión, cumplen con respetarla en sus países. Ahí estaban líderes rusos, africanos, asiáticos y árabes que encarcelan a blogueros, periodistas y disidentes. Es probable que con esa misma actitud simulen ahora defenderse de ataques terroristas, pero para imponer mayores controles al internet que aprovecharán para vigilar a sus ciudadanos, críticos y opositores.

La barbarie y la violencia terrorista contra Charlie Hebdo han torcido la historia. El ataque de los terroristas y el contraataque de los gobiernos han llevado el debate sobre el internet por terrenos fangosos. En un abrir y cerrar de ojos, hemos pasado de debatir sobre los altos niveles de libertad de expresión a los que deberíamos aspirar en la web, a los aceptables niveles de restricciones con los que deberíamos convivir.