Justicia injusta y desigual

Thanksgiving, el feriado por excelencia en EEUU, tuvo un sabor agridulce esta vez. El día en que se agradece a Dios por lo que se es y se tiene, quedó manchado por la siempre latente sensación de que la justicia es discriminatoria y racista.

Bastó que en jornadas previas al día de Acción de Gracias, un jurado no encontrara pruebas suficientes para procesar a Darren Wilson, el policía blanco que en agosto mató de varios disparos a Michael Brown, un joven negro residente de la ciudad de Ferguson.

La violencia que se produjo durante las protestas en muchas ciudades del país por la bronca de que el asesinato de un negro quede impune otra vez, no cuestionan la eficiencia de la justicia - en un país cuya grandeza está fundamentada en la fortaleza de sus instituciones - sino en que la justicia y las leyes no se apliquen a todos por igual.

Las estadísticas refuerzan este sentimiento. Ferguson está compuesta por mayoría de población afrodescendiente, sin embargo la policía, la justicia y las demás instituciones públicas están conformadas y lideradas por blancos. A nivel país los datos son más elocuentes sobre la aplicación desigual de las reglas. Los negros conforman el 40% de la población carcelaria del país, mientras que representan solo el 13% de la población total.

Más allá de la desigualdad de la justicia que ven algunos o de su eficiencia por no juzgar a nadie como chivo expiatorio según la visión de otros, lo trascendente es que el caso Ferguson demuestra que se necesitan profundos cambios políticos para neutralizar la discriminación, el racismo y la violencia.

La situación de Ferguson se puede extrapolar a otras ciudades del país, así como también a otros países latinoamericanos. En casi todas y todos se viven situaciones similares de discriminación que la justicia no logra aplacar, como las que padecen minorías étnicas, indígenas, inmigrantes y pobres. Debido a ese eterno desconsuelo y desconfianza que causa una administración de justicia desigual, América Latina se ha convertido en la mayor región del mundo con casos de justicia por manos propias o linchamientos y con cantidad apabullante de grupos parapoliciales o paramilitares incentivados por los propios estados para operar al margen de la ley.

Un estudio de la Universidad de Vanderbilt publicado esta semana no solo revela que el crimen y la violencia representan la mayor amenaza para las democracias latinoamericanas, sino que la confianza en la justicia (o la percepción de injusticia) tocó fondo en este 2014.

El Barómetro para las Américas de Vanderbilt, que mide los factores que generan confianza y desconfianza para la convivencia social, remarca que la impunidad y debilidad institucional de la justicia, son los aspectos que más potencian el clima de inseguridad.

Si bien se remarca la bonanza económica alcanzada en la región y que millones ya no estén dentro del rubro de pobreza extrema, se muestra el pesimismo general ante la sensación de inseguridad, un sentimiento que se fue acentuando en cada año de la última década. En 2004 la preocupación máxima era el estado de la economía, hoy es la violencia, el crimen y la impunidad. Los datos son fuertes: Uno de cada tres homicidios en el mundo se comete en América Latina que tiene la mayor tasa con 23 asesinatos cada 100 mil habitantes de promedio. En Centroamérica esa tasa sube a 34.

La violencia no solo genera estadísticas, sino miedo. El 40% de los latinoamericanos indicó que teme ser asaltado o matado en la calle o en transportes públicos, así como en sus propios barrios, donde asedian el narcotráfico y las pandillas juveniles. Además, existe poca confianza en los cuerpos policiales; en muchos países más cercanos a los delincuentes que a los ciudadanos.

El problema de esta cercanía con la violencia y la sensación de que la justicia y la seguridad están de manos atadas, dispara los índices de percepción sobre inseguridad, pero también provoca las olas migratorias de aquellos que escapan y buscan lugares tranquilos y, sobre todo, más justos.

Así, EEUU, el otrora oasis económico del continente, pese a Ferguson y sus problemas de seguridad, pero con índices manejables y una justicia todavía desigual pero eficiente, se ha transformado en el lugar donde muchos vienen a refugiarse. El mejor bienestar económico termina siendo una añadidura. 

China – EEUU: Aire más puro

Lo más trascendente de la Cumbre Asia-Pacífico no fueron los acuerdos comerciales entre China y EEUU o que se tejieran relaciones este - oeste, sino que Obama se reinventara buscando su norte tras la reciente derrota electoral.

Tras perder las dos cámaras del Congreso a manos de los republicanos, Obama entiende que su legado está en la política exterior. Tiene ahí mayor margen de maniobra que en temas internos. Por eso dejó de lado la beligerancia competitiva con China en asuntos comerciales y tecnológicos, para tejer un fuerte compromiso para detener el cambio climático.

Es la primera vez que ambas potencias se comprometen mutuamente a reducir los gases de efecto invernadero. Ya no existen dudas que son los máximos responsables por el calentamiento global cuyas consecuencias son evidentes: aumento del nivel de los mares, extinción de plantas y especies, cambio brusco en el patrón de cosechas, más muertes y nuevas enfermedades por problemas respiratorios. Para lo más escépticos, un video reciente de la NASA, www.nasa.gov, muestra la elocuencia trágica de la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera norte del planeta, acusando con el dedo a los países más desarrollados.

Nadie cree que este nuevo acuerdo, entre quienes generan el 45% de la contaminación mundial, sea suficiente. Pero sí era necesario. Los presidentes Obama y Xi Jinping declararon una guerra común contra la energía por carbón y quieren que las energías limpias y renovables ocupen la agenda de las próximas décadas. El objetivo común es limitar que la temperatura suba 2 grados centígrados en este siglo. Las proyecciones son catastróficas si sucediera. Para ello, China se comprometió a consumir 20% más de energía limpia para 2030 y EE.UU. a reducir la contaminación a 17% para 2020 y a 26% para el 2030.

Es cierto que el acuerdo entre estas potencias es solo papeles y pura demagogia mientras no muestren acciones concretas de cómo alcanzar sus objetivos paso a paso. Además, esos límites no consideran cabalmente el aumento demográfico en cada país, en especial en China, fuente de contaminación creciente considerando la necesidad de producir más energías.

Lo que resta ahora es que este nuevo marco incentive mejores compromisos en la cumbre de diciembre en Lima y de París del próximo año, donde se espera que los gobiernos alcancen un nuevo tratado de carácter obligatorio que suplante al de Kioto, que ha quedado desfasado, incumplido y tiene grandes ausentes.

No todo es problema en el norte. Las noticias tampoco son buenas en América Latina. Brasil tiene en la Amazonia el pulmón del planeta la solución en sus manos, pero la tala indiscriminada y a pasos agigantados está convirtiéndose en el problema a resolver. La deforestación aumentó en ritmo frenético en el último año, alcanzando 5.891 kilómetros cuadrados muy por arriba de los niveles que se registraron en años anteriores. Antes, las leyes punitivas funcionaban, pero los taladores y contrabandistas le han encontrado sus puntos débiles.

Resta que Dilma Rousseff acepte la responsabilidad para enfrentar el problema, así como lo hizo Obama antes de acordar con los chinos. Después de décadas de resistencia, el gobierno estadounidense aceptó su compromiso tras un informe categórico, “Evaluación Nacional del Clima”, en el que 300 científicos, sin más excusas, determinaron que el cambio climático es efecto de la actividad humana. A partir de ahí se establecieron metas para reducir las emanaciones de automóviles y la explotación de energías fósiles.

Esa posición de Obama ayudó para que este año otros gobiernos resistentes a elaborar protocolos para la descontaminación, como los desarrollados Canadá y Japón con altos índices de polución y la emergente India, se comprometieran en la asamblea de Naciones Unidas a reducir los gases contaminantes a través de un tratado con objetivos concretos.

Nadie puede quedar sin responsabilidad frente al calentamiento global, todos son responsables, los países desarrollados por su nivel industrial y los en desarrollo por la deforestación. Después de Lima y de París ya no quedarán muchas opciones y tiempo para revertir la situación, a no ser que haya un vuelco masivo y decidido a favor de las energías renovables. Así como está, el futuro se mira catastrófico. 

Traje sin bolsillos

El mensaje más potente es el que logra crear una imagen en la mente del interlocutor.

El balde de agua helada con el que celebridades y comunes tiritaban por solo segundos a cambio de combatir la parálisis que provoca la esclerosis múltiple, pudo más que toneladas de investigaciones científicas y titulares en los medios para generar conciencia sobre esa terrible enfermedad.

La cinta rosa contra el cáncer de seno, la roja contra el sida y el arco iris como bandera de homosexuales y lesbianas, son evidencia de que el mensaje poderoso es el que, ajeno a su creador, cobra vida propia y se convierte en símbolo.

Contra la corrupción no lo hay. Transparencia Internacional no ha logrado motivar un símbolo pese a sus denuncias año tras año. Tampoco las manifestaciones de jóvenes brasileños que desde hace un lustro vienen protestando contra la corrupción; o los argentinos que encerraron a los congresistas tras el “corralito” y ahora gritan a su vicepresidente inmune e impune; o los mexicanos que incendian oficinas públicas en rechazo por la matanza en Iguala y por la casa millonaria que la esposa del presidente Peña Nieto no puede justificar.

En Paraguay acaba de gestarse un mensaje que, por crear una nueva imagen, podría convertirse en el símbolo que no prendió pese a las protestas públicas, denuncias periodísticas e investigaciones judiciales. El sastre Roberto Espínola diseñó un traje para hombres sin bolsillos como emblema para avergonzar a los políticos ladrones. Lo llamó “Traje Ibáñez” en “honor” al diputado oficialista del Partido Colorado, José María Ibáñez, procesado por usar el dinero de los contribuyentes para pagar el salario a sus empleados domésticos.

Paraguay viene teniendo buenos gestos contra la corrupción. Este año se promulgó la Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia, ante la insistencia de los periodistas para obtener información sobre la cultura corrupta del gobierno, en la que sus miembros, al estilo Ibáñez, pagan a sus caseros y niñeras con fondos públicos.

Como en muchos otros países, la corrupción está enquistada en la cúspide del gobierno. Muchos escándalos sacudieron la dictadura de Alfredo Stroessner; en 1999 el vicepresidente Luis María Argaña fue asesinado y el ex obispo Fernando Lugo no terminó su Presidencia por intríngulis políticas, más allá de su fama por sus hijos fuera del sacerdocio.

El actual presidente Horacio Cartes fue procesado por un caso de estafa contra el Banco Central y lo investigan periodistas y fiscales porque alguna de sus empresas está vinculada al contrabando de cigarrillos a Brasil, una aceitada maquinaria que mueve más de dos mil millones de dólares al año.

Probablemente Cartes formará fila detrás de otros presidentes y vices latinoamericanos procesados. La lista va por la veintena y a la luz de quienes ocupan hoy esos puestos, como Amado Bodou, seguirá ampliándose. En ella no se distinguen ideologías, habitan desde Carlos Menem a Alberto Fujimori, de Augusto Pinochet a Rafael Videla o de Collor de Melo a Alfonso Portillo.

No es casualidad que Latinoamérica sea la región del mundo donde más constituciones se reformaron en búsqueda de la reelección indefinida. No solo sirve para eternizarse en el poder, sino porque es escudo e inmunidad ante acusaciones e investigaciones por corrupción.

Tampoco es casualidad que Transparencia Internacional sitúe los menores niveles de corrupción en los países más desarrollados. Es que el progreso no solo se logra por buenos y sostenidos niveles de desarrollo educativo, industrial y tecnológico. El progreso está atado, principalmente, a la estabilidad política, a la fortaleza e independencia de las instituciones y a los controles y anticuerpos para combatir la corrupción.

En todos lados existe corrupción. La diferencia radica en cambiar el paradigma y la percepción. Vivir al lado de un político corrupto debería generar tanto rechazo y vergüenza como ser vecino de un ladrón de gallinas.

Ojalá que el traje sin bolsillos, tal el balde de agua helada y las cintas contra el cáncer y el sida, se convierta en un mensaje potente capaz de generar mayor conciencia sobre esta enfermedad de la corrupción que mata todos los sueños de Latinoamérica. 

Difícil equilibrio: privacidad vs. terrorismo

Con las redes sociales y el internet aumentó la capacidad de comunicación de la humanidad, pero también los desafíos. El mayor de todos parecía ser la dificultad para equilibrar dos principios de similar valor: el derecho a la privacidad y la libertad de expresión.

Sin embargo, desde que Edward Snowden irrumpió en escena todo cambió. Se desvaneció aquel idílico panorama en el que se percibía a Facebook y Twitter como generadores de revoluciones democráticas, mientras que los únicos delincuentes eran los usurpadores de identidad, distribuidores de pornografía y difamadores que ya habitaban fuera del internet.

Desde que Snowden robó y divulgó información de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense, se dispararon las alarmas de todos los gobiernos, ante el temor de que otros soplones divulgaran datos sensibles que hasta entonces pertenecían a círculos de inteligencia y espionaje. La vulnerabilidad de las tropas ante ataques terroristas y las relaciones bilaterales corroídas entre países amigos, obligó a los gobiernos a replegarse y a trazar estrategias para defenderse del internet.

No se contentaron con perseguir soplones. Irrumpieron incógnitamente en las redes sociales cazando al azar a todo aquel con apariencia de terrorista o que hiciera apología o propaganda a favor del terrorismo. En la redada cayeron también justos por pecadores. Al principio fueron Facebook, Apple, Microsoft, Google y Yahoo las que ayudaron a los gobiernos en su quehacer, en especial los de EEUU y Reino Unido, hasta que los usuarios pusieron el grito en el cielo, confrontando a esas empresas por romper con el derecho a la privacidad que decían resguardar.

La pulseada entre gobiernos, empresas tecnológicas fue fuerte. Primó el derecho a la privacidad y la libertad de expresión. Las empresas, para no perder credibilidad, rechazaron que los gobiernos pudieran pescar con redes, limitándolos a hacerlo mediante órdenes judiciales y en forma transparente.

Esa transparencia que Google ya aplicaba desde que sufrió censuras de parte del gobierno de China, obligó a Facebook a publicar un informe sobre pedidos oficiales para delatar perfiles de usuarios sospechosos de cometer ilícitos. Esta semana informó que el gobierno de EEUU fue el más agresivo con 15.433 pedidos en estos seis meses - un 23% más que en el semestre anterior – lo que representa la mitad de las solicitudes que también provienen de países como India, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Brasil, Australia, España y Portugal.

Aunque siempre hubo debate sobre privacidad, libertad de expresión y límites al delito como la propaganda terrorista, no se tomó real conciencia del problema hasta que el grupo ultra terrorista Estado Islámico degolló a los periodistas James Foley y Steve Sotloff, colgando videos y proclamas de sus crímenes por YouTube y todo el internet.

Esas decapitaciones fueron punto de quiebre. No hizo falta la intervención de los gobiernos para que Facebook, YouTube, Google, Yahoo, Instagram y Whatsapp adoptaran drásticas medidas para bloquear todo tipo de contenidos terroristas. Sin embargo, ello no quitó que estos grupos siguieran usando mensajes encriptados y el internet profundo, al que suele acudir la gente con intenciones.

Los gobiernos también se vieron compelidos a ser más transparentes. Por eso, el jefe de escuchas del espionaje inglés, Robert Hannigan, pedía mayor cooperación a las empresas tecnológicas y que reconozcan que en sus redes anidan grupos criminales que hacen propaganda y reclutan fieles; mientras que el almirante jefe de la NSA, Michael Rogers, acudía a la Universidad de Stanford para cazar potenciales Snowden, pero “para hacer el bien”.

El internet potenció hasta la infinidad aquel dicho de que las guerras no solo se ganan en los campos de batalla, sino en el territorio de la propaganda, ese espacio que aprovechan y manejan bien los terroristas actuales.

Sin dudas, estos nuevos actores, el terrorismo por internet y la persecución que de él pretenden hacer los gobiernos con eficiencia, han minimizado el debate sobre privacidad vs. libertad de expresión. De ahora en más, se abre una lucha desigual debido al terrorismo. Los usuarios deberemos competir con mayor fuerza para preservar nuestros derechos individuales a la expresión y a la privacidad. 

Menos crecimiento, más propaganda

Cuando los gobiernos no dan pie con bola en lo económico, apelan al uso descontrolado de la propaganda para crear en el ciudadano una sensación ficticia de bienestar.

Argentina y Venezuela son casos típicos del uso de esta regla inversamente proporcional: A menor crecimiento, mayor propaganda. Sus gobiernos apelan al auto elogio político para tapar su mala performance económica.

Ambos gobiernos invierten a diario cifras suculentas en propaganda buscando crear percepciones sobre un país mejor. Fabrican nuevos escenarios llenos de esperanza, exagerando el optimismo por un futuro mejor con presupuestos irreales que luego modifican a gusto y placer; así como no tienen empacho para mentir y manipular índices de inflación, pobreza o crecimiento, desvirtuando la realidad.

Como excusa utilizan la muletilla de siempre. Necesitan contrarrestar la crítica desestabilizadora y mal intencionada de la oposición, entidades independientes y medios de comunicación. Bajo ese argumento, crean su estrategia de propaganda y los millones danzan sin control.

El gobierno de Cristina Kirchner es el más avezado en el gasto de propaganda. La inversión oficial es millonaria en el programa Fútbol para Todos, el actual “pan y circo” del peronismo, donde los eslóganes apuntan a un país de ensueño. Desde que comenzó en 2009, los centenares de millones de dólares gastados hubieran servido para crear una infraestructura digna de juegos olímpicos. Datos cruzados de instituciones como Poder Ciudadano y LED de Argentina sitúan los gastos directos de auto elogio en más de 150 millones de dólares por año, sin contar la publicidad que hacen los organismos autónomos de gobierno.

Los gastos también son siderales en medios de comunicación, agencias de noticias y encuestadoras coaptados, comprados o creados a imagen y semejanza del gobierno con fondos públicos, pero usados como medios propios. Aunque los gobiernos usualmente presionan o influencian a los medios, la exageración de esta táctica en Argentina y Venezuela, así como en Bolivia, Ecuador y Nicaragua, se desprende de la estrategia de “hegemonía comunicacional” inventada y promovida por el expresidente Hugo Chávez.

La consigna propagandística de Chávez – así como de los gobiernos autoritarios de la historia - no solo serviría para contrarrestar la crítica, sino para crear nacionalismos capaces de suplir las carencias de la población y disimular los altos índices de inflación, bajo  crecimiento y el aumento considerable de la pobreza.

En el caso de Venezuela, y debido a la acostumbrada falta de transparencia del gobierno, es más difícil cuantificar el gasto público en publicidad. Además, porque en el esquema de culto al personalismo por Chávez – quien literalmente está hasta en la sopa – la publicidad no se puede contabilizar cuando se incorpora en los libros de textos, en estribillos del cancionero popular o hasta en un “padre nuestro” en honor al “comandante” que se recita en liturgias populares y partidarias.

Ambos países, otrora polos de atracción de inmigrantes, son los que más exportan gente debido a sus crisis económicas y políticas. Es notable como han desperdiciado los beneficios económicos de los altos precios de las materias primas y del petróleo. Otros países, como Bolivia, Paraguay y Perú, con mucho menos recursos, lograron mucho más. Basan sus políticas públicas en la austeridad y en el control del gasto y la corrupción.

Lamentablemente, en Argentina y Venezuela, como sucede con todo gobierno de corte personalista y populista, la propaganda se usa como brazo del clientelismo, creándose un círculo vicioso del que es difícil despegarse. No se entiende que la propaganda mal usada es a la política lo que la inflación a la economía. Cuando están descontroladas, tienen un efecto contrario y devastador, generando mayores obstáculos para el desarrollo económico.

Los gobiernos que sucederán a los de Cristina Kirchner y Nicolás Maduro, deben aprender que la propaganda es un anabólico de la política, que solo genera espejismos y ficciones. La realidad, en cambio, sigue pasando por el uso eficiente de los recursos y la transparencia de las estadísticas oficiales, lo único que puede generar confianza interna y atraer inversiones extranjeras, verdaderos motores del crecimiento. trottiart@gmail.com

Censura: Pueblo anestesiado

La censura tiene mil caras y muy creativas. La reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa fue una muestra fotográfica de esa creatividad. Los gobiernos clonan diarios para auto elogiarse, los narcos usan Facebook para perseguir a sus víctimas y muchos medios se pliegan a la propaganda oficial.

Tres censuras, sin embargo, se mantienen inalterables y tan burdas como siempre; carcomiendo la verdad y el derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados.

La más repugnante de todas es la del plomo. Diecisiete (17) periodistas fueron asesinados en este 2014, entre ellos una bloguera que en forma anónima denunciaba las actividades de los narcos hasta que la descubrieron. Los demás fueron abatidos en México, Honduras, Brasil, Paraguay y Colombia por miembros del crimen organizado. Los silenciaron porque denunciaban corrupción, escribían sobre tala ilegal de árboles, contrabando y trata de personas, o por no rendirse a las exigencias de los narcos.

En dos casos tétricos, los sicarios atentaron contra un periodista en Perú, pero mataron a su esposa; mientras en México apuntaron contra el reportero, pero mataron a su hijo. Lo más triste es que en casi todos los casos, los asesinos tenían lazos con policías y políticos, evidencia de cómo las mafias siguen conquistando espacios y voluntades.

La otra censura es la del lobo disfrazado de oveja. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, es el representante más encumbrado de esta política. Hasta hace poco engañaba con su verborragia a favor de crear una ley para disciplinar a la prensa corrupta y desbocada, a la que acusaba de vender la patria al enemigo y de aumentar sus intereses económicos a expensas del pueblo oprimido.

El engaño se agudizó aún más. Con la aplicación de la Ley de Comunicación, Correa demostró que su verdadero interés es controlar a la prensa para que su imagen permanezca inmaculada, pese a casos de corrupción y autoritarismo. La ley es implacable. Más de 300 censores oficiales examinan los contenidos de los medios, imponiendo multas y castigos, ya sea por publicar una caricatura irreverente o por omitir información, como la sanción impuesta a algunos medios porque no destacaron suficiente la visita oficial a Chile de Correa.

A la censura directa se le sumaron dispositivos indirectos de acoso económico e impositivo que hicieron a muchos medios inviables y cerraron. Los que sobreviven, ante el temor de duras consecuencias, hacen un periodismo más light, sin investigaciones, autocensurado, casi pidiendo permiso, excepto para las obligatorias cadenas nacionales de propaganda. El pueblo, si antes estaba oprimido, ahora está encadenado y desinformado.

A la violencia y al engaño legal, se le suma una censura más sutil pero también maligna. Es la máscara de carnaval con la que los gobiernos promulgan leyes de acceso y transparencia para darse aires de administrar la cosa pública con total honestidad.

El gobierno de EEUU, campeón otrora de transparencia, es ahora uno de los más oscuros. Barack Obama ha encontrado en la seguridad nacional la excusa perfecta para saltar la ley de acceso y negar información pública a los ciudadanos. En Canadá, así como en El Salvador, Honduras, México, Nicaragua o Perú, los gobiernos también invocan excepciones a sus leyes para obstaculizar los pedidos de información de ciudadanos y periodistas.

Pese a la buena tendencia a favor de la transparencia, con la promulgación de leyes en Colombia y Paraguay este año; otros gobiernos, como los de Argentina, Ecuador y Venezuela, niegan tener que rendir cuentas al público. Lo hacen, sin embargo, a su manera, con gastos estrafalarios de propaganda para informar solo aquello que consideran que el pueblo debe saber. De ahí que las cadenas nacionales sean obligatorias e interminables, o que hayan tejido, a base de dineros de todos, una red de medios y periodistas para su servicio personal. Mediante ese combo de personalismo, servilismo y demagogia, las leyes de transparencia son pura declamación; sirven para todo lo contrario.

Si a esa demagogia se le suma la impunidad con la que actúan los violentos y la propaganda desenfrenada, es fácil advertir que estos distintos tipos de censura se utilizan para que el pueblo viva anestesiado, en una realidad convenientemente deformada. 

Evo tramposo, no todo lo que reluce es oro

En Bolivia se dio la lógica. Evo Morales arrasó y se quedó con su tercera Presidencia y, posiblemente, con el sartén por el mango para eternizarse en el poder.

A diferencia de gobiernos con discursos antiimperialistas similares, Evo viene dando cátedra y generando envidias en materia económica. Con una economía estable, gasto público austero, crecimiento sostenido e inclusión de los empresarios de la zona de Santa Cruz, esquivos en su primera época de gobierno, los electores fueron contundentes.

Los votos son indiscutibles. No superó su margen histórico mayor al 64%, pero fue suficiente para sorprender a la comunidad internacional y borrar una imagen bufónica de aquel iletrado que acusaba a la carne de pollo con hormonas y a la Coca Cola, entre otros alimentos imperialistas, de ser el origen del homosexualismo y la calvicie en los hombres en los países desarrollados.

Hoy el respeto a Evo viene desde las autoridades del FMI, del Banco Mundial y de gobiernos vecinos que le piden créditos, tentados por los 15 mil millones de dólares en reserva del banco central. La austeridad Aymara y el destino vienen jugando a su favor. Gasta poco, la corrupción no tiene tinte económico y el precio de las materias primas ha sido alto y sostenido. La explotación ahora estatizada de hidrocarburos va en aumento y pronto, el litio, el mineral en el que flota el país, servirá para que el mundo industrializado reconozca a la nueva potencia.

Pero no hay que engañarse, Evo no solo ganó por todo eso, sino por una férrea mano en la política que restringió todas las libertades de la oposición. Aplica la fórmula autoritaria que antes muchos buscaban entre botas y cuarteles, considerándola solución necesaria para sacar del abismo a una América Latina desgarrada por la corrupción. Evo representa eso, menos corrupción, robos controlados, austeridad, y autoritarismo sesgado en lo político.

Los bolsillos más llenos ayudaron a su victoria, sin dudas. Pero también una prensa internacional sumisa que poco iluminó los focos de autoritarismo en este proceso electoral, sorprendida, quizás, por los informes de bienestar económico e inclusión de los indígenas, los más desfavorecidos por siglos.  

Unos seis millones de electores se quedaron en ascuas en esta elección. Nunca supieron bien que proponían los candidatos de los demás partidos, debido a una ley que no permitió campaña electoral alguna hasta 30 días antes del 12 de octubre, día del sufragio. Si se hubiera aplicado con imparcialidad, la ley pareja era garantía de equidad. Pero sabio en peleas callejeras, ventajas políticas y chicaneos oportunistas, Evo fue el único candidato que estuvo como amo y señor en todos los medios de comunicación, en cadenas nacionales y en actos públicos hasta para inaugurar secas alcantarillas.

Su presencia fue omnipresente. La de los demás candidatos, en cambio, estuvo vetada por el Tribunal Supremo Electoral. Tampoco se supo mucho sobre resultados de encuestas y estudios de opinión, porque las empresas debían estar previamente habilitadas por la autoridad. Ni siquiera Evo, como tampoco sus candidatos a senadores y diputados, sucumbió a los desafíos de la oposición por hacer debates televisivos, un modo de legitimar su presencia en la prensa. Evo siempre desistió, y aunque tenía todos los ingredientes para ganar cualquier debate, no quiso darle prensa a la oposición; la hizo invisible.

Los medios estatales, Bolivia TV, la red radiofónica Patria Nueva y el periódico Cambio - así como muchos medios privados cooptados por el gobierno - no fueron usados como medios públicos sino como órganos de propaganda gubernamental. Ni siquiera difundieron los debates entre los candidatos de la oposición; más bien, siguieron enrolados con aquella prédica original de Evo sobre que los medios deben ser aniquilados o absorbidos por el Estado, por cuanto solo buscan desestabilizar al gobierno con sus cansonas denuncias.

Su discurso anticapitalista hacia el exterior le ha servido para enmascarar su exclusión política en el interior. Habrá que ver ahora si ese absolutismo lo tentará a reformar la Constitución y eternizarse en el poder. Es cierto que lo descartó personalmente, pero, como muchos otros líderes autoritarios, no puso las manos en el fuego por lo que harán su partido y sus fanáticos electores.