De blanco a gris oscuro

Cuando creíamos que por los sobornos en el fútbol y el consumo de esteroides en el atletismo habíamos perdido la capacidad de asombro sobre la corrupción y el engaño en el deporte, esta semana nos volvimos a sorprender por las denuncias contra el deporte de blanco.

La noticia cayó justo al inicio del Open de Australia. El estruendo lo provocó una denuncia periodística de la BBC y BuzzFeed. En la última década, unos 16 tenistas profesionales del top 50 pactaron perder sus partidos para beneficiar a las mafias rusas e italianas de apuestas.

El escándalo no apunta tanto a los tenistas o a las mafias que exigen resultados previsibles mediante partidos arreglados, sino a que los dirigentes, sabiendo de la corrupción y teniendo identificados a los tenistas, prefirieron tapar las evidencias para guardar las apariencias. Léase, no espantar a los sponsors o perder derechos televisivos que hacen de esta disciplina una de las más rentables.

Tras la denuncia se comprueba que encubrir la realidad produce el efecto contrario. Por no haberse hecho justicia con los malos, hasta los buenos han quedado bajo sospecha. En un deporte en el que un solo individuo maneja el destino del partido, ¿qué espectador no dudará ahora si un partido está o no amañado?

El tenis perdió el partido de la credibilidad. La confianza está destruida y costará restablecerla si los dirigentes no investigan a fondo o insisten en que no tienen pruebas para sancionar. Las dudas sobre la Asociación Profesional de Tenis no ayudan, son de vieja data. André Agassi ya las había planteado en Open, su autobiografía de 2014. 

Confesó que tras dar positivo en un control antidoping, los dirigentes miraron para otro lado permitiéndole ascender en un torneo. La prioridad fue el negocio, no el deporte.

Este tipo de encubrimiento también fue evidente cuando, “por falta de pruebas”, no se sancionó a una de las estrellas top 10, Nicolay Davidenko, tras retirarse por lesión de un match contra el argentino Martín Vasallo Arguello en 2008. Aquel partido detonó las alarmas de los arreglos y condujo a la creación de un tribunal de disciplina que terminó enfocándose en los más rezagados del tenis, cuyas faltas no hacen tanto ruido como lo harían las sanciones contra la élite.

La corrupción en el tenis era un secreto a voces, pero faltaban los detalles. En un primer momento, las autoridades y tenistas en Australia se mostraron sorprendidos y guardaron las apariencias ante la denuncia. La ficción duró solo unos instantes, hasta que, por suerte, llegó la confesión más contundente. El número uno, Novak Djokovic, reveló que en 2007 le ofrecieron 200 mil dólares para perder un partido.

Ya no hizo más falta que la BBC y BuzzFeed trataran de demostrar que su denuncia estaba basada en investigaciones sobre el análisis científico de los resultados de 26 mil partidos en la última década, en información filtrada e intercambio de miles de correos electrónicos entre tenistas, apostadores y mafiosos. Djokovic dio credibilidad a la denuncia: En el circuito existen arreglos de partidos y las mafias acechan.

Por razones legales la BBC y BuzzFeed no identificaron a los tenistas, pero sí dijeron que la Asociación tiene identificados a los 16, ocho de los cuales están o estuvieron jugando en la presente competencia de Melbourne. Inmediatamente, Roger Federer y Andy Murray pidieron deslindar responsabilidades. Reclamaron nombres, por el bien y la credibilidad del tenis y el circuito.

Les llegó a los dirigentes la hora de sincerarse y entrar en el proceso de limpieza, como lo han hecho otras disciplinas deportivas. Deberán revisar no solo los torneos mayores, sino también los menores y de juveniles donde los mafiosos “educan” a futuro. Y como les gustan tanto las apariencias, deberán revisar si no es conflicto de interés mantener a las casas de apuestas como sponsors de grandes torneos, incluido el Open presente.

Sin embargo no todo el trabajo de limpieza lo deben hacer los dirigentes y jugadores. Para el bien de la afición y el tenis, es de esperar que así como sucedió con la FIFA, la justicia de algún país actúe de oficio. Los partidos amañados por sobornos mafiosos son corrupción de alto voltaje. Estos delitos no pueden quedar al simple arbitrio de un tribunal de ética deportiva. 

Lo esencial entre narcos, fugas y periodistas

La atención que despertó la espectacular captura del Chapo Guzmán en México y de los hermanos Lanatta y Schilachi en Argentina, validan aquellas líneas de El Principito que “lo esencial es invisible a los ojos”.

Esa tendencia a irnos por las ramas hizo que se hable más sobre el túnel del Chapo y la cacería de película estilo Osama Bin Laden que de lo esencial. Se discute más sobre su admiración por Kate del Castillo y la entrevista de Sean Penn o sobre la fuga de los tres narcos argentinos a punta de pistola de juguete, que de la connivencia del narcotráfico con la política, la justicia y las fuerzas de seguridad.

El papa Francisco ya había advertido sobre lo esencial: La mexicanización de Argentina. Aquel estereotipo – molesto para el gobierno de México, como antes para el de Colombia cuando se hablaba de la colombianización de México - ya no es ficción en Argentina.

El presidente Mauricio Macri tiene razón para justificar una depuración de los cuerpos policiales, penitenciarios y de seguridad, ante la infiltración de los carteles en todas las esferas. Pero no la tiene cuando le pasa todo el fardo a la administración anterior, por más que Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete, manchado por la efedrina y derivados, evidencia el auge del narco en el país.

Los gobiernos argentinos de las últimas cinco décadas, incluido las dictaduras, son responsables. Sucumbieron a la globalización de las drogas; descreyeron del poder de los carteles internacionales; descuidaron las fronteras; permitieron que el país pasara de tránsito a consumidor y productor; omitieron castigar el uso de  dineros sucios en campañas electorales y en el sistema financiero; e hicieron la vista gorda al narcomenudeo y las peleas cotidianas del narco por disputarse territorios.

Lo de Sean Penn y la Reina del Sur no es esencial en esta historia, pero sintomático. Idolatraron a un asesino y narco que, como buen samaritano estilo Pablo Escobar, se las ingenió para engañar a medio mundo, haciendo obras de infraestructura y caridad con los pobres, y cosechando voluntades ante la ineficiencia del Estado.

La discusión sobre si Penn es o no periodista, es aún menor. Más allá que su condición de actor le abre puertas, es periodista. Hizo una entrevista, la publicó la revista Rolling Stone, así como antes se publicaron sus charlas con Fidel Castro y Hugo Chávez. Lo esencial es si fue un buen trabajo periodístico. No lo fue. Hizo propaganda. Se dejó deslumbrar por un “caballero” que lo recibió con carne asada, tequila y que se jactó de ser el mayor exportador de marihuana, heroína y metanfetaminas del mundo. No lo cuestionó. Se olvidó de sus asesinatos.

Diferente trabajo hizo el periodista Jorge Lanata. Cuando presionó en su entrevista a Martín Lanatta en la cárcel, consiguió confesiones y evidencias sobre negocios del narco. Eso fue periodismo.

Yo comparto la actitud de muchos periodistas mexicanos de prestigio que se han negado a entrevistar al Chapo, así como en Colombia en algún momento los periodistas dejaron de seguir entrevistando a guerrilleros y narcos para no engrandecer su popularidad y evitar la apología de sus crímenes. Pero sobre todo, porque el Chapo es responsable directo de docenas de asesinatos de periodistas, quienes jamás tuvieron los privilegios que se le concedieron al actor.

Lo esencial será ver como el niño travieso de Hollywood y la Reina del Sur se libran de las autoridades estadounidenses. Entrevistar a uno de los mayores asesinos de la historia no es ilegal, puede ser inmoral en todo caso. Lo que sí es ilegal es haber transado la posibilidad de producir su película biográfica, un negocio que, como cualquier otro, la ley prohíbe con todo aquel que esté registrado en la lista negra de los narcotraficantes, como es el caso del Chapo.

La idolatría popular y la desidia de las autoridades para actuar es el estímulo que el narco necesita para crecer. En Argentina es tarde para tomar medidas preventivas, se necesitan correctivas. Además de la depuración urgente al mejor estilo Colombia, Macri debe alistar al país para otros debates que se avecinan: Si el gobierno permitirá la asistencia formal de la DEA, la agencia antidroga estadounidense, y si cabría echar mano a los militares para una tarea que a la policía ya le rebasa. 

Trump, terroristas y censura

La respuesta gubernamental a la incitación al terrorismo y la propaganda que pregonan grupos como el Estado Islámico y Al Qaeda través del internet y las redes sociales, está desbaratando logros sobre libertad de expresión que a la humanidad le ha costado siglos conseguir.

Muchos gobiernos, entre ellos China, Alemania, Francia y el Consejo de Seguridad de la ONU, ya han adoptado medidas y legislaciones de censura directa contra aquellos individuos que usan el internet para incitar a favor del terrorismo, reclutar a militantes y organizar atentados.

Aunque la acción gubernamental pareciera loable y lógica, existe el peligro de que se ponga todo en una misma bolsa, confundiéndose la incitación a la violencia y  los discursos de odio, con acciones directas de proselitismo extremista y organización de atentados, acciones, estas últimas, que sí merecen atención legislativa en favor de la seguridad nacional y personal.

El problema es cuando se promulgan leyes en contra de la incitación al terrorismo o la violencia y sobre los discursos de odio, lo que brinda a los gobiernos la excusa para reprimir otras formas legítimas de expresión, ya sean políticas, étnicas o religiosas. La nueva ley antiterrorista que China promulgó en diciembre para censurar la actividad de grupos terroristas en internet, sirve de ejemplo. Ya es usada para castigar a disidentes y opositores a los que también se califica de terroristas.

Algo parecido todavía sucede en algunos países latinoamericanos, donde el solo mote de “terrorista de Estado” a opositores, ha servido para que las cárceles estén llenas de presos políticos. En Inglaterra, por otro lado, la controversia surge en torno a la legislación sobre el discurso de odio. El Parlamento inglés decidirá esta próxima semana si permite la entrada al país de Donald Trump, quien criticó a los musulmanes ingleses y pregona que no dejará entrar a ningún musulmán a EEUU de llegar a la Presidencia.

Los dichos y prejuicios de Trump pueden ser insultantes, pero prohibirle que los exprese o condenar sus opiniones antes de que se conviertan en acciones reales, es una reacción exagerada. Una reacción que podría degenerar en excesos para censurar otras expresiones que aunque sean ofensivas, pueden contribuir al debate y generar aprendizaje.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de EEUU, que siempre ha protegido el derecho a la libertad de expresión por sobre otros, solo permite la restricción a la incitación a la violencia, cuando la agresión es intencional o representa un peligro inminente. La Corte prohíbe que se censuren los discursos inflamatorios, considerando que para lidiar con ellos es mejor más libertad que represión.  De ahí que contrario a otros países, en EEUU no se prohíben manifestaciones neo nazis, alabanzas al Ku Klux Klan o la quema de la bandera, siempre y cuando no entorpezcan otras actividades públicas.

Castigar la incitación a la violencia y los discursos de odio cuando son solo expresiones sin que representen peligros inminentes, podría provocar abusos contra todo tipo de mensajes. Por ejemplo, la revista satírica francesa Charlie Hebdó no habría podido publicar esta semana un homenaje en tapa a sus 11 caricaturistas acribillados en nombre de Alá el año pasado. Publicó una caricatura de un Dios malvado con un fusil en su espalda y un titular sugerente – “un año después el asesino sigue suelto”- que seguramente ofendió a musulmanes y creyentes en general, como así lo señaló el Osservatore Romano del Vaticano.

El tema es complejo. Las nuevas legislaciones no distinguen la incitación al terrorismo con reclutamiento de terroristas, los gobiernos más autoritarios aprovechan a restringir todo en nombre de la seguridad nacional y otros vigilan indiscriminadamente a los usuarios afectando el derecho a la privacidad. Por otro lado, empresas tecnológicas como Facebook, Twitter y Google, están siendo presionadas para crear mecanismos de censura contra los terroristas para evitar que sigan usando sus redes para hacer propaganda, planear atentados y reclutar militantes.

Ojala las empresas activen esos mecanismos en forma rápida y eficiente. Así evitarán que los gobiernos tengan que reaccionar creando leyes antiterroristas que, indefectiblemente como en el caso de China, servirán para censurar todo tipo de expresiones.

Recuperar la palabra

Mas allá de los impredecibles éxitos que podrá alcanzar el gobierno de Mauricio Macri en el corto plazo, ya se avizoran acciones y efectos concretos en la recuperación del valor de la palabra, un bien que fue degradado tras doce años de propaganda kirchnerista.

Algunos actos oficiales del nuevo gobierno son consecuentes con promesas de campaña: Se dejará de lado la "guerra del Estado contra del Periodismo"; los medios de comunicación que maneja el gobierno serán públicos y no partidarios, bajo una política de "pluralismo, federalismo e innovación"; la publicidad oficial no será utilizada para premiar a medios amigos y castigar a los críticos; y los periodistas militantes serán despedidos o deberán trabajar profesionalmente sin sueldos de privilegio.

La política para desmantelar el aparato de propaganda estatal no debería cometer el error de censurar la libertad de expresión. Deben seguir existiendo espacios para programas partidarios como el ex oficialista 678 o para que pregonen su militancia periodistas como Víctor Hugo Morales. Eso sí, esos espacios no debieran estar en medios públicos o pagados por el bolsillo de todos los argentinos, sino en privados, bajo las reglas del rating de la audiencia o el criterio e interés editorial de sus propietarios.

Si se cumple con los anuncios del ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, la Argentina podrá ir recuperando el valor de la palabra, especialmente después de años en que la propaganda gubernamental se utilizaba para suplir las carencias de la población, manipular las estadísticas oficiales y para crear un culto a la personalidad hacia Cristina Kirchner y su difunto esposo.

 Lombardi tiene razón cuando dice que no solo heredó un ministerio del relato sino “un aparato propagandístico muy fuerte, concentrado y unilateral” que ha sido pernicioso para el país y también para el propio gobierno que se creyó su propio relato, alejándose de la realidad.

La narrativa del gobierno anterior se basó en la mentira, la omisión y la exageración, tres ingredientes de la propaganda. De ahí que la intervención del INDEC sirvió para mentir sobre porcentajes de pobreza e inflación, programas como Fútbol para Todos fueron utilizados para hacer auto bombo, mientras que las cadenas nacionales de la Presidenta eran incongruentes con los propósitos y restricciones que marca la Constitución para ese tipo de alocuciones.

Ojalá Argentina, a diferencia de lo que sucede en países con gobiernos populistas y propagandísticos como los de Rafael Correa, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Evo Morales, pueda ver modelos de medios públicos como los de Uruguay, Costa Rica y Chile que, aunque tienen limitaciones, han avanzado respetando la pluralidad y diversidad de la población.

No es malo que los gobiernos se auto elogien o resalten sus acto, siempre y cuando ello no sea política de Estado como ocurría con el modelo kirchnerista. Los gobiernos deben tener limitaciones y restricciones para hablar de sus logros, así como los tienen durante las campañas electorales, cuando no pueden abusar del dinero de todos los ciudadanos para fines proselitistas.

En materia de comunicación pública, además de desmantelar el aparato de propaganda y hacer reformas a las leyes de medios y de telecomunicaciones para que no sean utilizadas para castigar o maniatar a medios críticos, el gobierno de Macri tiene dos tareas importantes que gobiernos anteriores no las quisieron emprender: Debe promulgar una ley de Acceso a la Información Pública y de Transparencia, y también acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que exige una reglamentación específica para el uso y gasto del Estado en publicidad oficial.

Que el Estado no esté obligado a ofrecer información de la administración pública cuando los ciudadanos lo pidan es una de las grandes distancias que Argentina tiene con países de mayor nivel democrático. La transparencia y los datos verdaderos son el antídoto contra la propaganda y la única forma que permite generar confianza y abandonar una realidad de ficciones. La verdad es la única forma para recuperar la confianza en la palabra, ese bien que ha sido devaluado por el gobierno anterior, como bien sentenciaba el escritor Martín Caparrós.

FIFA, justicia y moral

La fiscal general estadounidense Loretta Lynch cumplió su palabra. Tras anunciar en junio que "iremos por más" después de culminar la primera etapa de investigación sobre corrupción en la FIFA, este diciembre encauso a otros 30 malandras de alto vuelo que usaban a la máxima institución del fútbol para sus chanchullos.

El mensaje de Lynch fue contundente camino al 2016. Dijo que la espiral de corrupción que  se viene fraguando desde hace 25 años desde la FIFA, por un total de 200 millones de dólares, es repugnante, inadmisible e intolerante y que perseguirá a cualquier culpable que permanezca en la sombra: "Nadie escapara de nuestro foco".

Sin dudas fue una de las mejores noticias del 2015. Una forma de terminar el 2015 con la esperanza de que se puede combatir la corrupción y que la justicia, tarde o temprano, cuando existen recursos, rigurosidad profesional  e independencia, puede corregir errores y crear disuasivos para que otros corruptos desistan de sus fines.

Que haya corrupción entre gobiernos y la empresa privada especialmente en su relación con el Estado es lamentablemente normal. Lo que aquí  sorprende es la avaricia de dirigentes de todos los colores y nacionalidades, como el ex presidente de Honduras Rafael Callejas o un juez constitucional de Guatemala, que se mantuvieron unidos por 25 años dentro de una rosca sin fin.

Lo importante es que la FIFA, que se manejaba como un Estado con sus propias reglas y sanciones y castigaba los "delitos" como si fueran fallas éticas, se ha quedado sin la inmunidad de sus propios privilegios. Todo esto, porque los corruptos usaron entidades crediticias de EEUU para sus transferencias y conspiraron para lavar dinero.

Lo que se vio este diciembre y se verá en 2016 ya no es tanto la rigurosidad Investigativa de la ministra de Justicia de EEUU, sino la acción de soplones y arrepentidos que, a cambio de reducción de penas y multas, "traicionarán" a sus antiguos colegas con tal de salvar en algo su pellejo. Si el grupo de corruptos no ha tenido moral para traicionar a todo el mundo del fútbol, menos lo tendrá para delatar a sus propios compañeros de faena.

El último peso pesado acaba de caer esta semana, el resistido secretario general Sepp Blatter, que aunque pende sobre el una investigación de las justicias suiza y estadounidense, término acusado por falta de moral. El tribunal de ética de la FIFA decidió que el y su pupilo, el célebre Michel Platini, no podrán participar de ninguna actividad en el fútbol por ocho años por un desfalco de unos dos millones de dólares.

La única diferencia que hay entre este diciembre y junio, es que la opinión pública y los medios ya no le dieron tanta atención a los hechos. No es porque los delitos sean menos graves - fraude, asociación ilícita y conspiración para el lavado de dinero entre dirigentes de la FIFA y ejecutivos de empresas de mercadeo deportivo -  sino porque las denuncias ya no son novedad y la corrupción, lamentablemente, está institucionaliza y aceptada.

Seguramente las acciones de la fiscal general estadounidense darán sus frutos para el 26 de febrero cuando la FIFA tenga que elegir a sus nuevas autoridades. Pero más allá de las elecciones, lo importante será que la institución, por respeto al mundo del fútbol, cree una estructura de controles éticos internos, con compliance officers y Ombudsmen, para que ayuden disparar las alarmas anti corrupción y disuadan a otros dirigentes que puedan seguir viendo a la FIFA como su botín como ha ocurrido por más de dos décadas impunes.  

Por si quedaban dudas sobre la democracia en Venezuela

¿Alguien tenía dudas de que Venezuela no es una democracia? Ya no creo, después que Nicolás Maduro, mediante un autogolpe de Estado encubierto, creó esta semana el Parlamento Comunal, una especie de “congreso del pueblo” que tendrá como misión contrarrestar a “la nueva burguesía” que ganó la mayoría en la Asamblea Nacional.

Fiel a su estilo, el chavismo demuestra así que desconoce la derrota abrumadora sufrida en las urnas y que mantiene intacta su capacidad de destruir y desestabilizar las instituciones democráticas.

Lo que confunden esta vez Maduro y Diosdado Cabello, quien perdió la presidencia del Poder Legislativo, es que su renovada fórmula desestabilizadora llega a destiempo. El populismo siempre llega al poder tras una profunda crisis social-política y cuando las instituciones están más debilitadas, de la mano de un líder salvador que promete barrer con el establisment y gobernar a favor de un pueblo sufrido abusado por las élites.

En el “borrón y cuenta nueva”, y con una población cansada de los abusos e injusticias, se catapultan estos líderes mesiánicos, siendo ejemplos palpables un mililitar como Hugo Chávez, un sindicalista como Evo Morales o un político satélite de su partido político, como Néstor Kirchner que con solo el 22% de votos apareció en escena como el salvador tras la crisis económica y política a principios de la década pasada.

En lo que realmente se confunden Maduro y Cabello es que esta vez la crisis política y social no es de otros, de ahí que nadie les compra la idea de que pueden ser los salvadores de sus propios errores o de lo que ellos mismos provocaron. No por ello, no dejarán de seguir queriéndose aferrar al poder y tratar de gobernar de espaldas a las instituciones.

El chavismo está acostumbrado a ello. A fines de 2000, Chávez logró que el Congreso le habilitara a gobernar por decreto por 18 meses. Aquella auto destrucción o auto golpe pasó casi desapercibida, no así los efectos del autoritarismo cada vez más profundo que Chávez utilizó para tapar los primeros coletazos de una crisis económica que se fue agravando hasta hoy.

Aquella desestabilización democrática era parte de lo que Chávez denominó la “quinta república” que permitiría la redistribución de la riqueza de los ingresos del petróleo, lo que finalmente nunca llegó. Pero aquello le dio excusas perfectas para reformar la Constitución que le permitiría expropiar empresas en forma legítima, crear y armar las milicias urbanas llamada círculos bolivarianos, militarizar su gabinete, ideologizar la educación en las escuelas primarias, encarcelar y echar al exilio a sus opositores, privilegiar solo a los revolucionarios y crear alianzas con gobiernos extranjeros mediante regalos y subsidios petroleros.

Maduro y Cabello no reconocen que hoy están pagando los platos rotos de todo aquel legado que viene creando el chavismo desde hace 15 años. De ahí que reaparecen con una fórmula poco creativa y engañosa como la creación del Parlamento Comunal, un cuerpo paralelo o paraestatal, con el que quieren congraciarse con el pueblo que los rechazó en las urnas. Se trata de un simple manotazo de ahogado al que le imponen la narrativa mesiánica de siempre, argumentando que quieren devolverle el poder al pueblo ante “un Congreso al servicio de la burguesía”, que solo debe estar compuesto “por revolucionarios y no por escuálidos”, y al que le otorgarán los “recursos, toma de decisiones y forma de vida".   

No hay dudas que el chavismo necesita mantener el poder que perdió en las urnas para suplir la crisis económica; pero, a su pesar, el ingrediente que le falta ahora es el poder de movilizar a las masas, un poder sin el cual no puede sobrevivir un movimiento populista.

La reinvención del chavismo jamás será posible con las fórmulas autoritarias que en otro contexto y época política le fueron exitosas. Hoy los venezolanos, en su mayoría como lo demostraron en las últimas elecciones legislativas, le dieron la espalda al chavismo y su ineficiencia administrativa. La nueva mayoría o la nueva masa, eligió a un nuevo modelo político alejado de los vicios de la corrupción, la inseguridad y la inflación desbordadas.

Si el chavismo quiere mantener la cuota de poder deberá hacerlo dentro de las reglas democráticas. Por fuera solo seguirá alimentando su autodestrucción. 

Venezuela y Argentina deben crear institucionalidad y confianza

Argentinos y venezolanos empiezan nuevas etapas políticas. Optaron por países más serios, sin estridencias ni revanchismos. Erradicar la corrupción, combatir la inseguridad y crear bienestar y desarrollo son objetivos en común.

Cristina Kirchner y Nicolás Maduro aceptaron la derrota en las urnas, aunque por sus acciones, no reconocieron la victoria de la oposición. La ex mandataria se fue a los carterazos, criticando al presidente Mauricio Macri y a una justicia que nunca pudo dominar y a la que le teme, dejando una estela de nombramientos interminables y arcas vacías para empantanar el nuevo modelo.

Venezuela tiene un panorama todavía difícil, pese al rotundo éxito de la oposición en las legislativas del domingo. Maduro fue sentenciado en las urnas, pero sigue. Ya anunció que vetará cualquiera ley que emerja del nuevo Congreso opositor. Pero de aquí a enero, cuando asumirá la oposición, nombrará 12 jueces chavistas a la Corte Suprema, para neutralizar al nuevo Congreso.

Maduro de poca autocrítica, ya acusó de su derrota a la “guerra económica” y al avance de “las nuevas oligarquías latinoamericanas” (por aquello de Macri), y teme que los diputados quieran darle la estocada final, ahora que está insolvente y sin apoyo militar ni popular. Los 112 diputados opositores podrían legislar a su gusto, crear una ley habilitante, llamar a plebiscito para reformar la Constitución, destituir funcionarios y plantear juicios políticos.

Sin embargo, mejor sería que adopten la tónica del gobernador opositor Henrique Capriles, que pidió una legislatura que esquive “la venganza” y se dedique a procurar justicia. La oposición tiene que pensar que su fuerza, ahora monolítica y exultante por la victoria, puede ser pasajera. Después de la práctica del poder, cuando lleguen las primeras fisuras entre partidos de izquierda y derecha, el chavismo estará acechando como siempre. Tratará de comprar votos o amenazará con desafueros y cárcel, fiel a su estilo.

Por los primeros discursos de Macri, se entiende que no será un gobierno revanchista y que tiene en mente a todos los argentinos. Se valora aún más su decisión de ser implacable contra la corrupción, sin privilegios para nadie, tal vez el punto de quiebre con Cristina y lo que provocó la telenovela de la transición del mando.

A diferencia de Venezuela, Macri tiene frente a sí equilibrio de poderes. Un Congreso en el que tendrá que hacer alianzas y una justicia independiente a la que prometió no contaminar. La gobernabilidad le será difícil, pero de eso se trata la democracia. Tendrá que buscar consensos, respetar a las minorías y ojalá termine con la política habitual del Ejecutivo de castigar y premiar con fondos públicos como si fueran propios.

Lo más importante para los nuevos dirigentes en ambos países, es que deberán crear institucionalidad e incentivar la independencia y equilibrio de poderes. El estado de Derecho es la garantía indispensable para empezar a crear confianza y desarrollo. Las inversiones extranjeras y el crédito volverán cuando se deje de expropiar por ideología o conveniencia, se incentive la producción privada, se construya infraestructura pública y haya reglas de juego claras y transparentes.

El sinceramiento de las estadísticas públicas es de las primeras medidas que deberán adoptar. En Argentina el gobierno las manipuló y en Venezuela las escondió, como si evadiendo los datos de la inflación o la pobreza, hubieran podido evadir la realidad.

Venezuela tiene retos mayúsculos comparados a Argentina. Maduro es un cero a la izquierda en eficiencia administrativa y ha matado a la gallina de los huevos de oro, la estatal petrolífera PDVSA. No ha diversificado la economía más allá del petróleo, al cual todavía usa como como mercancía para exportar una ideología retrógrada que solo acarrea divisiones a quien la abraza.

Macri sabe de desarrollo y tiene delante de sí un mundo de posibilidades. Debe poner la casa en orden y ofrecer gobernabilidad, un atributo esquivo y todavía inmaduro desde que se ganó la democracia en 1983.

Más allá de izquierdas o derechas, argentinos y venezolanos sentenciaron en las urnas que están cansados del infantilismo político de las últimas décadas. Quieren países en serio y estables, donde todos puedan soñar su futuro. Esa es la esperanza.  trottiart@gmail.com