Queridos amigos todos

Tengo amigos de sangre, amigos del alma y amigos íntimos; amigos de lejos y amigos de cerca; amigos con los que vivo y por los que me desvivo; y amigos que no están más, a los que rezo y pido por más que no sean divinos.

Tengo amigos por montones y conectados a esta nueva vida de las redes sociales y otros menos conocidos que distintas experiencias los acumulan en recuerdos.

Tengo amigos a los que llamo, a los que leo y a los que escribo. A los que pienso y a los que siento.

Tengo amigos de los que conozco como crecen sus hijos y de los que sé que están pendientes. Sobre los que me preocupo cuando están mal y me regocijo cuando les va bien.

Tengo amigos arrogantes y de los más humildes; pocos envidiosos y muchos generosos. Tengo amigos que son diferentes y algunos difíciles. Tengo amigos que enseñan como aprenden de cada experiencia y otros que siempre luchan contra lo mismo.

Tengo amigos con mucha salud, dinero y amor, o un poco de cada cosa; y muchos con todo lo contrario.

Al escribir estas líneas pienso en todos ellos, en TODOS USTEDES. Todos son entrañables, todos queridos, todos forman parte del sentido de la vida.

A todos les deseo una Navidad feliz y que disfruten de todos sus amigos; y un 2013 insuperable, con bendiciones y más salud, porque el resto es todo por añadidura.

Ricardo o Kaiá o Nenucho o Gordo o Nenito  

PD. Gracias a todos los que leen y me comentan en este blog 

Como en el Lejano Oeste

Finalmente la Asociación Nacional del Rifle (NRA) salió de su letargo este viernes para hablar de las “contribuciones significativas” que el miércoles prometió – después de pasarse agazapada y avergonzada tras la masacre en la escuela primaria Sandy Hood de Newtown – para evitar que sucedan otros tiroteos a mansalva en las escuelas del país.

Hubo ciertas esperanzas de que el anuncio del miércoles llevara a esta influyente organización a aportar medidas interesantes. Sin embargo, como también se temía, no aportó nada espectacular, simplemente propuso combatir a las armas con más armas. Considera que la mejor solución es poner policías armados en las escuelas para disuadir a los atacantes.

Puede que la medida a corto plazo intente disuadir a los imitadores y, complementariamente, proteger a los niños; pero, a largo plazo, se necesitan medidas más audaces que tienen que ver con el acceso desmesurado que cualquier persona puede tener en EE.UU. a armas de guerra como la utilizada por Adam Lanza. La política del “ojo por ojo, diente por diente”, nunca fue tan efectiva, como que sí despertó más violencia, y de eso hay pruebas a montones en las políticas públicas de los países y hasta retrotrayéndonos al lejano oeste.

Una medida más interesante de la NRA hubiera sido ponerse a disposición del vicepresidente Joe Biden, quien nombrado por el presidente Barack Obama, está liderando un grupo de trabajo para encontrar soluciones de largo plazo, no solo en materia de control y restricción sobre el uso de armas de fuego, sino también sobre programas de salud mental, prevención del delito, restricciones de licencias, etc…

La NRA, como era de esperarse, solo aportó una ineficiente “contribución significativa”  y, encima, lo único que hizo es criticar a los medios de comunicación, al cine, a la música y a la industria de los videojuegos como los causantes de la violencia social. Seguramente, a partir de ahora, seguirá tratando de influir a los congresistas con el mismo tipo de cabildeo agresivo que utilizó para que las armas de fuego no sean parte del debate nacional.

Pero esta vez, creo que en nombre de los “20 angelitos” asesinados a mansalva en Sandy Hood, el público, indignado, no bajará su presión hasta que haya cambios de consideración. La NRA esta vez no se enfrenta contra congresistas, por lo que le resultará difícil dejar de admitir responsabilidades y aportar algo más significativo.   

Assange y su gran omisión

Como era de esperarse, y muy al estilo el papa Benedicto XVI, Julián Assange salió ayer al balcón de la embajada de Ecuador en Londres, para seguir defendiéndose del gobierno de EE.UU. al que acusa de que lo sigue investigando en secreto para condenarlo a la pena de muerte por sus filtraciones a través de Wikileaks.

Seguramente como parte de un libreto del gobierno ecuatoriano o al menos por agradecimiento al asilo que le extendió Rafael Correa en agosto pasado después que se refugió en junio en suelo ecuatoriano, el discurso de Assange estuvo más dirigido a pegarle a EE.UU. que a defenderse de las acusaciones de agresión sexual que le imputa la fiscalía de Suecia.

De esa forma, Assange habló de que Ecuador debe cuidarse de que EE.UU. no intervenga su economía ni las elecciones presidenciales de febrero próximo, para luego prometer que, con renovada fuerza, Wikileaks seguirá en 2013 con su derrotero de publicar miles de informes secretos de los gobiernos. (Seguramente ninguno del gobierno ecuatoriano).

Pero hasta aquí, Assange habló de EE.UU. y de su caso, lo que claramente tiene derecho a hacerlo, y aunque habló de la libertad en internet, omitió hablar del tema, en especial de un problema que ha pasado bastante desapercibido para el periodismo y para el público y que tiene que ver con los efectos negativos para la libertad en internet, no de Assange, sino del resto de los mortales.

En la reciente cumbre de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones la mayoría de los 193 gobiernos integrantes de las Naciones Unidas decidieron firmar un protocolo internacional que posibilitará a cada uno de los países imponer cortapisas a la libertad de sus ciudadanos para navegar, buscar y distribuir información en internet.

El nuevo tratado, impulsado por regímenes autoritarios como Rusia, China, varios países árabes y muchos africanos, entrará en vigencia en 2015. Y aunque muchos crean que quienes vivimos en países libres no seremos afectados por las próximas políticas en contra del libre acceso al internet, sí los estaremos por cuanto muchas veces chocaremos con búsquedas y distribución de información en  y a través de países oprimidos.

La nueva resolución, en nombre de la soberanía nacional, les dará el poder a los gobiernos a limitar el internet, bloquearlo y a encarcelar internautas.

Assange no dijo nada sobre este tema.

Peña Nieto contra el crimen

El nuevo presidente de México, el priista Enrique Peña Nieto, tiene nuevos bríos para enfrentar al crimen organizado. En una presentación de la nueva Política de Estado por la Seguridad y la Justicia de los Mexicanos, dijo que su plan consta de seis partes y que dividirá al país en cinco regiones, con la idea de reducir la violencia, y recuperar la paz y la tranquilidad.

En su alocución no faltaron las críticas al período anterior de Felipe Calderón, sexenio en el que murieron más de 70 mil mexicanos y se dispararon los índices de delitos, entre ellos los homicidios por ejecuciones, los secuestros y las extorsiones.

En su plan de seis estadios, Peña Nieto indicó que creará una Gendarmería con 10 mil efectivos, reorganizará a la Policía Federal, le proveerá de un presupuesto generoso y mantendrá a los militares en tareas de seguridad.

Pero más allá de estos importantes avances, de lo que Peña Nieto no habló es de lo que está desgarrando al país. No dio indicios sobre la corrupción y la impunidad, aspectos que son responsables para que el 70 por ciento de los mexicanos se sienta inseguro.

Es que Peña Nieto habló de un contexto ideal, como si el malo fuera el crimen organizado y el bueno el gobierno y el Estado, sin reconocer que todo eso está muy confundido en el país. Por ejemplo, algunas gobernaciones y cientos de localidades están coludidas por el narcotráfico, mientras que una veintena de legisladores en el período anterior, asumieron pese a sospechas de que estaban patrocinados por los capos de las drogas.

La justicia mexicana es una de las más ineficientes de América Latina con índices de impunidad que sobrepasan el 90%. Un factor que contribuye en gran medida a la alta corrupción que se registra en el país, y por lo cual figura en el puesto 105 de 174 países del índice de percepción de la corrupción que este año reveló Amnistía Internacional.

Sería importante que en esta lucha, Peña Nieto advirtiera que al enemigo también hay que combatirlo desde adentro, donde se es aún mucho más peligroso.

Golpes de arrogancia

La destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema hondureña por parte del Congreso y la intención en Argentina de “democratizar” a los jueces, demuestra que todavía existen gobiernos que prefieren una justicia obediente, pese a que atenten contra el requisito democrático de división e independencia de poderes. 

En ambos casos se trató de revancha política, por considerar que los jueces pecaron por obra u omisión. En Honduras, el presidente Porfirio Lobo se disgustó porque los magistrados declararon inconstitucional aspectos técnicos de un decreto sobre una necesaria depuración policial. Luego, los legisladores abusaron de poder despidiendo a los jueces, causando inestabilidad, de la que se terminó acusando a los medios por informar.

En Argentina, la presidente Cristina de Kirchner, encontró la excusa perfecta para disciplinar y someter a los jueces. Aprovechó la indignación social por la absolución de los acusados de secuestrar y obligar a la joven Marita Verón a la prostitución, aunque en el fondo se trató de una represalia contra la Corte Suprema y otros tribunales, que todavía no permiten la implementación completa de la Ley de Medios, cuyo motivo real no es tener una prensa plural y robusta, sino someter a la crítica e independiente.

Con esa justificación, Cristina de Kirchner dijo que impulsará una reforma en el Congreso para democratizar al Poder Judicial ya que lo ve divorciado de las demandas de la gente. Se trata del mismo patrón arrogante que siguieron Rafael Correa y Hugo Chávez, quienes acusaron a la prensa y luego al Poder Judicial por todos los males que no pudieron resolver, desde corrupción a inseguridad.

Hoy, en Ecuador y Venezuela, luego de pomposas reformas judiciales y tras haberse instalado jueces amigos, y sometido a los independientes, los problemas siguen igual o peor, pero nadie se atreve a procesar o auditar a los gobiernos, pese a denuncias por corrupción, fraude electoral y violación a los derechos humanos.

Las reformas terminaron siendo el pretexto de los gobiernos para blindarse, evitar los cuestionamientos y fallos incómodos, y arrogarse el poder absoluto.

Varios gobiernos latinoamericanos están demostrando poseer esa arrogancia arbitraria en el proceso de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que tiene que decidir la Organización de Estados Americanos en los primeros meses de 2013. 

Muchos países, en venganza por varias decisiones contrarias dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) - y opiniones desfavorables de su Relatoría Especial por la Libertad de Expresión -  en vez de corregir, admitir vicios o reparar a las víctimas, prefieren coartarle a este organismo su autonomía y libertad para actuar.

La excusa perfecta la dio Brasil, cuando decidió retirar a su embajador de la OEA en 2011, en represalia por una decisión de la CIDH que ordenaba detener la construcción de una represa en el Amazonas porque violaba derechos de los indígenas. De aquella decisión se aprovecharon otros gobiernos.

Ecuador pidió una reforma profunda del sistema interamericano al catalogar que la defensa de periodistas y de un diario de ese país por parte de la CIDH, era una intromisión a su soberanía. Venezuela calificó de “mafia” a los comisionados y pese a que nunca cumplió con varias decisiones de la Comisión y Corte interamericanas, decidió retirarse de su jurisdicción; una total contradicción con su flamante puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, conseguido en noviembre.

Otros estados, como Colombia y México también ven con buenos ojos una reforma, y aunque dicen pretender mayor eficiencia, quieren quitarle dientes a un sistema que tiene ante sí muchas denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por sus fuerzas armadas.

Es evidente y necesario que los poderes judiciales, así como el sistema jurídico interamericano, necesitan ser más eficientes. Pero esa mejoría para que sea tal debe estar al servicio de la ciudadanía y no de los gobiernos como pretenden las ansiadas reformas.

Que hay jueces malos y corruptos es cierto, como también gobernantes y legisladores. Pero existen formas técnicas para corregir y castigar conductas, evitando someter a todo un poder con destituciones masivas, amenazas y golpes de arrogancia.

Newton y el necesario control de armas

Es mucho el dolor que a uno le embarga como padre, principalmente, y como ciudadano ante cada masacre de niños como el perpetrado ayer en la escuela primaria de Newton en Connecticut. Apenas uno se entera de lo ocurrido pasa por varias etapas emocionales. La primera de incredulidad y sorpresa, la segunda de necesidad por saber qué pasó, y luego la tercera, la del estrés, la de ponerse uno en los zapatos del otro, y quedar en un quiebre emocional tratando de buscar respuestas, frustrado y con impotencia. Y la cuarta, pasada las horas, la de la bronca, pensando que después de tantas masacres contra escuelas que suceden periódicamente, uno se pregunta por qué no hay más control para la compra de armas.

Ayer creo que todos pasamos por esas etapas cuando supimos que de los 28 acribillados por el tarado jovencito Lanza, armado hasta los dientes, 20 era niños que ni superaban la década de vida.

El presidente Barack Obama dijo que “nuestros corazones están desgarrados” y convocó a sus colegas políticos a tomar “medidas significativas” para acabar con estos tiroteos, sin entrar en detalles, y pidiéndoles que dejen a un lado sus diferencias.

Lo de Obama, como siempre en materia de control de armas - algo que aparentemente no se anima a decir con todas las letras - siempre fue tibio.

Por eso prefiero esta vez quedarme con las declaraciones del alcalde Michael R. Bloomberg de Nueva York, quien ya se ha expresado numerosas veces en contra de la Asociación Nacional del Rifle, que todos los años gasta millones en cabildeo para evitar que haya control de armas.

Bloomberg publicó una nota después del discurso de Obama que creo fue lo más acertado en un día tan negro: “El presidente Obama envió con razón sus sentidas condolencias a las familias de Newtown; pero el país necesita que envíe un proyecto del ley al Congreso para arreglar este problema. Hacer un llamado a tomar ‘medidas significativas’ no es suficiente. Necesitamos medidas inmediatas”.

Remover jueces, ejercicio arrogante del poder

La división de poderes es una máxima y una necesidad de la sociedad democrática. Se trata de un contrapeso que se impone como garantía para los ciudadanos; para que confíen que su sistema de vida en una democracia sobrevivirá pese a que alguno de los poderes públicos cometa algún abuso o acto arbitrario contra otro poder. El ataque directo de un poder a otro, el coartarle su independencia, por más excusas que se encuentren en las constituciones o las leyes para lograrlo, no es más que un golpe contra el máximo referente de la democracia: la ciudadanía.

Los ataques contra el Poder Judicial en América Latina no son nuevos, pero se intensificaron en los últimos días en Honduras y Argentina. Siempre con la excusa de “democratizar” estos poderes, en Honduras esta semana se destituyó a cuatro de cinco jueces del Tribunal Suprema de Justicia porque sus fallos disgustaron al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. La excusa fue que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley de depuración de la policía, pero muchos creen que hay motivos más políticos en la destitución.

Como siempre ocurre en cada golpe de poderes, y al menos este sí parece evidente, habrá que esperar unos días para que se ventilen todos los motivos reales, porque es difícil creer que el único camino legislativo en contra de la decisión de inconstitucionalidad haya sido la de destituir a quienes se deben haber apegado a derecho para llegar a esa conclusión.

Si a cada decisión judicial que disguste a un gobierno se hace norma la destitución de los magistrados supremos, es evidente que no se cumple con el equilibrio y la división de poderes.

En Argentina, aunque la decisión del gobierno no es tan extremista, si lo es su intención. La presidente Cristina de Kirchner, enojada porque la Corte Suprema y otros tribunales no han permitido todavía la implementación completa de la ley de medios, insiste en que la justicia debe ser depurada o, al menos controlada.

El gobierno argentino brega por tener una justicia condescendiente y amiga. Quisiera tener los fallos adecuados para fortalecer sus decisiones políticas y así cumplir con sus objetivos de gobierno, pese a que muchos de ellos vayan contra la Constitución, las leyes y la democracia.

Es evidente que ninguno de los tres poderes públicos es ajeno a uno de los peores males que carcome la institucionalidad: la corrupción. Pero si en vez de depurar, se glorifica como en Honduras y en Argentina que se pretende “democratizar” a la justicia, deberíamos ver que ese camino ya lo tomaron Rafael Correa y Hugo Chávez.

Obviamente, ni en Venezuela ni en Ecuador se logró tener una justicia mejor, más democrática, sino más obediente y menos independiente; un cheque en blanco para los abusos de poder.