Spotlight o Primera Plana y el PERIODISMO en mayúsculas

Es irrelevante que Spotlight gane o pierda el Oscar a la mejor película en la ceremonia del 28 de febrero próximo en Hollywood. Su trascendencia no es para el cine, sino para demostrar el poder transformador que tiene el Periodismo de calidad en una comunidad.

La película retrata cómo una investigación periodística logró desenmascarar a la jerarquía de la Iglesia Católica de Boston que, por años, ocultó el abuso sexual de menores por parte de curas pederastas, confirmando mi convicción de que la máxima cualidad del Periodismo no es cubrir los hechos, sino descubrirlos.

En momentos en que el Periodismo está confundido, ya sea por los desafíos tecnológicos y los políticos, que lo pueden impulsar a la superficialidad o a la militancia política, Spotlight recuerda que la prensa tiene como función social iluminar los hechos, crear conversación pública y, sobre todo, empoderar a la sociedad para que encuentre los antídotos contra el mal.

El Periodismo no debe tener todas las respuestas, pero sí la responsabilidad de alumbrar aquello que muchos quieren mantener oculto. Su función es descubrir la verdad por más dolorosa que esta sea, es decir, que los delitos criminales no se escondan como simples pecados de Confesión.  

La película emociona desde el primero al último cuadro, en especial, cuando uno presta atención a las estrategias investigativas de Martin Baron – interpretado por Liev Screiber - el arquitecto de la investigación del Boston Globe y a quien conocí en su paso anterior por The Miami Herald. Es que en dos horas, la película comprime una investigación de meses y enseña todos los valores que a un estudiante de Periodismo le llevan cuatro años de universidad para aprender.

Una de las cualidades de Baron es que pidió al equipo investigativo del diario (que da nombre a la película) a profundizar las investigaciones aun cuando creían haber llegado a la meta. En una secuencia, los periodistas, interpretados por Mark Ruffalo y Michael Keaton, estaban ansiosos por publicar los resultados sobre unos 60 curas pedófilos. Baron, lejos de quedarse con el sensacionalismo y el golpe de efecto que produciría entre sus lectores dar los nombres de los delincuentes, prefirió que escarben más. Les pidió desenmascarar todo un sistema de encubrimiento y ramificaciones de la jerarquía eclesiástica sobre la justicia y la educación.

En otra secuencia se sienten las presiones a las que es sometida la verdad por sectores acomodados e intereses sectoriales, pese a que las víctimas eran niños. Muestra la conveniencia social de vivir entre mentiras, apariencias y con prejuicios. Pero ahí aparece la grandeza del Periodismo bien hecho, libre, distante e independiente, incluso asumiendo consecuencias de posibles boicots de lectores, anunciantes y sectores que siempre prefieren dejar las cosas como están. No enfrentarlas.

Como en muchas películas e investigaciones, pese a las tramas y los traumas, Spotlight tuvo final feliz: Las víctimas encontraron caminos de redención; la Iglesia de purificación habiendo echado al cardenal Bernard Law y designando al cardenal Sean O’Malley para “blanquear los sepulcros”; la justicia condenó a muchos delincuentes; el Boston Globe renovó su posición de liderazgo y confianza con la sociedad; la comunidad aprendió que ningún poder es absoluto y a cuestionar a sus líderes; mientras que otros medios y comunidades del mundo se dieron cuenta que tenían el mismo problema que descubrió Spotlight.

Al terminar la proyección, Baron dedicó varias párrafos para hablar de su trabajo actual en The Washington Post, un diario que su jefe, Jeff Bezos, dueño de Amazon, quiere convertir en el diario nacional de mayor repercusión. La intención es combinar un periodismo más digital, relatado en otras formas, pero manteniendo los valores tradicionales mostrados en Spotlight y aquella otra gran investigación, Watergate, que permitió a los anteriores dueños del Post, comandados por Katherine Graham, a desafiar a todo el establishment político de la época.

No hay dudas que Baron, que sabe de aguas turbulentas, es un timonel sagaz para la travesía y que llegará pronto a destino. En el trayecto y a futuro, deja demostrado que pese a que el papel de diarios podrá morir algún día, lo que jamás morirá es el papel del buen Periodismo en una sociedad. 

Teconología y terrorismo

La era digital conlleva grandes desafíos. El más impensado es que ha metido de cabeza a las empresas privadas a resolver guerras, conflictos y terrorismo, un campo que antes era exclusivo de gobiernos y estados enfrentados.

Google, Facebook, YouTube y Twitter están cada vez más acorraladas. Tras los ataques del Estado Islámico en París y San Bernardino, el gobierno de Barack Obama les está exigiendo más compromiso para que sus plataformas tecnológicas no sean usadas por los terroristas para propagar su odio, reclutar voluntades y organizar atentados.

El reclamo, también instalado en la campaña electoral por Hillary Clinton y Donald Trump, parece loable y patriótico, aunque esconde muchas complejidades. La principal es que impone a las compañías privadas una actitud de policía que no tienen.

Si estas compañías no resisten, corren el riesgo de perder independencia, lo que carcomerá la confianza del público. También perderán negocios en el extranjero por el temor de que sus productos estén infiltrados por la vigilancia del gobierno estadounidense. Especialmente, les lloverán pedidos similares de gobiernos no tan democráticos, que bajo la excusa de perseguir a terroristas, usarán la información para marginar a sus opositores.

Obama pidió a las empresas digitales que combatan al terrorismo con la misma fuerza que a la pornografía infantil y que dejen de desarrollar tecnología para encriptación de mensajes, para que la información sea más permeable para las agencias de seguridad.

Las tecnológicas han mejorado su trabajo con bancos de imágenes que les permiten detectar pornografía y desactivarla de inmediato, aunque un “googleo” rápido muestra que no son muy eficientes. La encriptación de mensajes, por otro lado, es un arma de doble filo, esencialmente porque es tecnología creada para aumentar la privacidad de los usuarios y para evitar que hackers y cibercriminales puedan atacar bancos, transporte aéreo o plantas nucleares.

Los terroristas, además, no siempre mantienen sus conversaciones a oscuras y son ávidos en el uso de las tecnologías. En París se comunicaron por mensaje de texto regulares y en San Bernardino cuando Twitter eliminó el tuiteo del Estado Islámico, “California: hemos llegado con nuestros soldados y decidan su final, con bombas o cuchillos”; los terroristas reaparecieron con decenas de cuentas nuevas.

En este intríngulis donde entran en conflicto derechos constitucionales de igual valor, como la seguridad nacional, el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, la tarea no es fácil. Las compañías digitales basan su estrategia de crecimiento no solo en la innovación, sino también en la credibilidad, la que ya fue corroída cuando admitieron el espionaje y vigilancia del gobierno tras la denuncia de Edward Snowden en 2013.

Tras aquel escándalo, las empresas reforzaron la protección de los datos de los usuarios y comenzaron a ofrecer informes de transparencia, en los que se describen los pedidos de gobiernos y usuarios para desactivar contenidos incendiarios, los que no siempre acatan.

Por ahora, mientras no haya una ley que los obligue, solo entregan información cuando es solicitada mediante orden judicial. Muchas veces, además, no desactivan contenidos ante el pedido de las propias agencias de seguridad que prefieren no alertar a los sospechosos que están investigando. Parece ser el caso de Tashfeen Malik, el autor de la masacre de San Bernardino, a quien vigilaban por pregonar contenidos propagandísticos a favor del terrorismo en su perfil de Facebook.

Los terroristas, así en el territorio físico como en el virtual, regeneran tácticas y estrategias mediante el uso de tecnologías disponibles para todos, por lo que no resulta fácil encontrar el antídoto. De todos modos, sería grave limitar la eficiencia de los mensajes encriptados. Se correría el riesgo de que la realidad digital se vuelva más vulnerable y disminuyan los espacios de privacidad.

La polémica está situada y no será fácil resolverla. Hasta ahora la tecnología se percibía como la solución a muchos problemas, pero en el caso del terrorismo es en sí misma el problema. La innovación seguramente encontrará sus formas. Ojalá que en el ínterin, los gobiernos no obliguen a las empresas privadas a actuar como agencias de seguridad.

De blanco a gris oscuro

Cuando creíamos que por los sobornos en el fútbol y el consumo de esteroides en el atletismo habíamos perdido la capacidad de asombro sobre la corrupción y el engaño en el deporte, esta semana nos volvimos a sorprender por las denuncias contra el deporte de blanco.

La noticia cayó justo al inicio del Open de Australia. El estruendo lo provocó una denuncia periodística de la BBC y BuzzFeed. En la última década, unos 16 tenistas profesionales del top 50 pactaron perder sus partidos para beneficiar a las mafias rusas e italianas de apuestas.

El escándalo no apunta tanto a los tenistas o a las mafias que exigen resultados previsibles mediante partidos arreglados, sino a que los dirigentes, sabiendo de la corrupción y teniendo identificados a los tenistas, prefirieron tapar las evidencias para guardar las apariencias. Léase, no espantar a los sponsors o perder derechos televisivos que hacen de esta disciplina una de las más rentables.

Tras la denuncia se comprueba que encubrir la realidad produce el efecto contrario. Por no haberse hecho justicia con los malos, hasta los buenos han quedado bajo sospecha. En un deporte en el que un solo individuo maneja el destino del partido, ¿qué espectador no dudará ahora si un partido está o no amañado?

El tenis perdió el partido de la credibilidad. La confianza está destruida y costará restablecerla si los dirigentes no investigan a fondo o insisten en que no tienen pruebas para sancionar. Las dudas sobre la Asociación Profesional de Tenis no ayudan, son de vieja data. André Agassi ya las había planteado en Open, su autobiografía de 2014. 

Confesó que tras dar positivo en un control antidoping, los dirigentes miraron para otro lado permitiéndole ascender en un torneo. La prioridad fue el negocio, no el deporte.

Este tipo de encubrimiento también fue evidente cuando, “por falta de pruebas”, no se sancionó a una de las estrellas top 10, Nicolay Davidenko, tras retirarse por lesión de un match contra el argentino Martín Vasallo Arguello en 2008. Aquel partido detonó las alarmas de los arreglos y condujo a la creación de un tribunal de disciplina que terminó enfocándose en los más rezagados del tenis, cuyas faltas no hacen tanto ruido como lo harían las sanciones contra la élite.

La corrupción en el tenis era un secreto a voces, pero faltaban los detalles. En un primer momento, las autoridades y tenistas en Australia se mostraron sorprendidos y guardaron las apariencias ante la denuncia. La ficción duró solo unos instantes, hasta que, por suerte, llegó la confesión más contundente. El número uno, Novak Djokovic, reveló que en 2007 le ofrecieron 200 mil dólares para perder un partido.

Ya no hizo más falta que la BBC y BuzzFeed trataran de demostrar que su denuncia estaba basada en investigaciones sobre el análisis científico de los resultados de 26 mil partidos en la última década, en información filtrada e intercambio de miles de correos electrónicos entre tenistas, apostadores y mafiosos. Djokovic dio credibilidad a la denuncia: En el circuito existen arreglos de partidos y las mafias acechan.

Por razones legales la BBC y BuzzFeed no identificaron a los tenistas, pero sí dijeron que la Asociación tiene identificados a los 16, ocho de los cuales están o estuvieron jugando en la presente competencia de Melbourne. Inmediatamente, Roger Federer y Andy Murray pidieron deslindar responsabilidades. Reclamaron nombres, por el bien y la credibilidad del tenis y el circuito.

Les llegó a los dirigentes la hora de sincerarse y entrar en el proceso de limpieza, como lo han hecho otras disciplinas deportivas. Deberán revisar no solo los torneos mayores, sino también los menores y de juveniles donde los mafiosos “educan” a futuro. Y como les gustan tanto las apariencias, deberán revisar si no es conflicto de interés mantener a las casas de apuestas como sponsors de grandes torneos, incluido el Open presente.

Sin embargo no todo el trabajo de limpieza lo deben hacer los dirigentes y jugadores. Para el bien de la afición y el tenis, es de esperar que así como sucedió con la FIFA, la justicia de algún país actúe de oficio. Los partidos amañados por sobornos mafiosos son corrupción de alto voltaje. Estos delitos no pueden quedar al simple arbitrio de un tribunal de ética deportiva. 

Lo esencial entre narcos, fugas y periodistas

La atención que despertó la espectacular captura del Chapo Guzmán en México y de los hermanos Lanatta y Schilachi en Argentina, validan aquellas líneas de El Principito que “lo esencial es invisible a los ojos”.

Esa tendencia a irnos por las ramas hizo que se hable más sobre el túnel del Chapo y la cacería de película estilo Osama Bin Laden que de lo esencial. Se discute más sobre su admiración por Kate del Castillo y la entrevista de Sean Penn o sobre la fuga de los tres narcos argentinos a punta de pistola de juguete, que de la connivencia del narcotráfico con la política, la justicia y las fuerzas de seguridad.

El papa Francisco ya había advertido sobre lo esencial: La mexicanización de Argentina. Aquel estereotipo – molesto para el gobierno de México, como antes para el de Colombia cuando se hablaba de la colombianización de México - ya no es ficción en Argentina.

El presidente Mauricio Macri tiene razón para justificar una depuración de los cuerpos policiales, penitenciarios y de seguridad, ante la infiltración de los carteles en todas las esferas. Pero no la tiene cuando le pasa todo el fardo a la administración anterior, por más que Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete, manchado por la efedrina y derivados, evidencia el auge del narco en el país.

Los gobiernos argentinos de las últimas cinco décadas, incluido las dictaduras, son responsables. Sucumbieron a la globalización de las drogas; descreyeron del poder de los carteles internacionales; descuidaron las fronteras; permitieron que el país pasara de tránsito a consumidor y productor; omitieron castigar el uso de  dineros sucios en campañas electorales y en el sistema financiero; e hicieron la vista gorda al narcomenudeo y las peleas cotidianas del narco por disputarse territorios.

Lo de Sean Penn y la Reina del Sur no es esencial en esta historia, pero sintomático. Idolatraron a un asesino y narco que, como buen samaritano estilo Pablo Escobar, se las ingenió para engañar a medio mundo, haciendo obras de infraestructura y caridad con los pobres, y cosechando voluntades ante la ineficiencia del Estado.

La discusión sobre si Penn es o no periodista, es aún menor. Más allá que su condición de actor le abre puertas, es periodista. Hizo una entrevista, la publicó la revista Rolling Stone, así como antes se publicaron sus charlas con Fidel Castro y Hugo Chávez. Lo esencial es si fue un buen trabajo periodístico. No lo fue. Hizo propaganda. Se dejó deslumbrar por un “caballero” que lo recibió con carne asada, tequila y que se jactó de ser el mayor exportador de marihuana, heroína y metanfetaminas del mundo. No lo cuestionó. Se olvidó de sus asesinatos.

Diferente trabajo hizo el periodista Jorge Lanata. Cuando presionó en su entrevista a Martín Lanatta en la cárcel, consiguió confesiones y evidencias sobre negocios del narco. Eso fue periodismo.

Yo comparto la actitud de muchos periodistas mexicanos de prestigio que se han negado a entrevistar al Chapo, así como en Colombia en algún momento los periodistas dejaron de seguir entrevistando a guerrilleros y narcos para no engrandecer su popularidad y evitar la apología de sus crímenes. Pero sobre todo, porque el Chapo es responsable directo de docenas de asesinatos de periodistas, quienes jamás tuvieron los privilegios que se le concedieron al actor.

Lo esencial será ver como el niño travieso de Hollywood y la Reina del Sur se libran de las autoridades estadounidenses. Entrevistar a uno de los mayores asesinos de la historia no es ilegal, puede ser inmoral en todo caso. Lo que sí es ilegal es haber transado la posibilidad de producir su película biográfica, un negocio que, como cualquier otro, la ley prohíbe con todo aquel que esté registrado en la lista negra de los narcotraficantes, como es el caso del Chapo.

La idolatría popular y la desidia de las autoridades para actuar es el estímulo que el narco necesita para crecer. En Argentina es tarde para tomar medidas preventivas, se necesitan correctivas. Además de la depuración urgente al mejor estilo Colombia, Macri debe alistar al país para otros debates que se avecinan: Si el gobierno permitirá la asistencia formal de la DEA, la agencia antidroga estadounidense, y si cabría echar mano a los militares para una tarea que a la policía ya le rebasa. 

Trump, terroristas y censura

La respuesta gubernamental a la incitación al terrorismo y la propaganda que pregonan grupos como el Estado Islámico y Al Qaeda través del internet y las redes sociales, está desbaratando logros sobre libertad de expresión que a la humanidad le ha costado siglos conseguir.

Muchos gobiernos, entre ellos China, Alemania, Francia y el Consejo de Seguridad de la ONU, ya han adoptado medidas y legislaciones de censura directa contra aquellos individuos que usan el internet para incitar a favor del terrorismo, reclutar a militantes y organizar atentados.

Aunque la acción gubernamental pareciera loable y lógica, existe el peligro de que se ponga todo en una misma bolsa, confundiéndose la incitación a la violencia y  los discursos de odio, con acciones directas de proselitismo extremista y organización de atentados, acciones, estas últimas, que sí merecen atención legislativa en favor de la seguridad nacional y personal.

El problema es cuando se promulgan leyes en contra de la incitación al terrorismo o la violencia y sobre los discursos de odio, lo que brinda a los gobiernos la excusa para reprimir otras formas legítimas de expresión, ya sean políticas, étnicas o religiosas. La nueva ley antiterrorista que China promulgó en diciembre para censurar la actividad de grupos terroristas en internet, sirve de ejemplo. Ya es usada para castigar a disidentes y opositores a los que también se califica de terroristas.

Algo parecido todavía sucede en algunos países latinoamericanos, donde el solo mote de “terrorista de Estado” a opositores, ha servido para que las cárceles estén llenas de presos políticos. En Inglaterra, por otro lado, la controversia surge en torno a la legislación sobre el discurso de odio. El Parlamento inglés decidirá esta próxima semana si permite la entrada al país de Donald Trump, quien criticó a los musulmanes ingleses y pregona que no dejará entrar a ningún musulmán a EEUU de llegar a la Presidencia.

Los dichos y prejuicios de Trump pueden ser insultantes, pero prohibirle que los exprese o condenar sus opiniones antes de que se conviertan en acciones reales, es una reacción exagerada. Una reacción que podría degenerar en excesos para censurar otras expresiones que aunque sean ofensivas, pueden contribuir al debate y generar aprendizaje.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de EEUU, que siempre ha protegido el derecho a la libertad de expresión por sobre otros, solo permite la restricción a la incitación a la violencia, cuando la agresión es intencional o representa un peligro inminente. La Corte prohíbe que se censuren los discursos inflamatorios, considerando que para lidiar con ellos es mejor más libertad que represión.  De ahí que contrario a otros países, en EEUU no se prohíben manifestaciones neo nazis, alabanzas al Ku Klux Klan o la quema de la bandera, siempre y cuando no entorpezcan otras actividades públicas.

Castigar la incitación a la violencia y los discursos de odio cuando son solo expresiones sin que representen peligros inminentes, podría provocar abusos contra todo tipo de mensajes. Por ejemplo, la revista satírica francesa Charlie Hebdó no habría podido publicar esta semana un homenaje en tapa a sus 11 caricaturistas acribillados en nombre de Alá el año pasado. Publicó una caricatura de un Dios malvado con un fusil en su espalda y un titular sugerente – “un año después el asesino sigue suelto”- que seguramente ofendió a musulmanes y creyentes en general, como así lo señaló el Osservatore Romano del Vaticano.

El tema es complejo. Las nuevas legislaciones no distinguen la incitación al terrorismo con reclutamiento de terroristas, los gobiernos más autoritarios aprovechan a restringir todo en nombre de la seguridad nacional y otros vigilan indiscriminadamente a los usuarios afectando el derecho a la privacidad. Por otro lado, empresas tecnológicas como Facebook, Twitter y Google, están siendo presionadas para crear mecanismos de censura contra los terroristas para evitar que sigan usando sus redes para hacer propaganda, planear atentados y reclutar militantes.

Ojala las empresas activen esos mecanismos en forma rápida y eficiente. Así evitarán que los gobiernos tengan que reaccionar creando leyes antiterroristas que, indefectiblemente como en el caso de China, servirán para censurar todo tipo de expresiones.

Recuperar la palabra

Mas allá de los impredecibles éxitos que podrá alcanzar el gobierno de Mauricio Macri en el corto plazo, ya se avizoran acciones y efectos concretos en la recuperación del valor de la palabra, un bien que fue degradado tras doce años de propaganda kirchnerista.

Algunos actos oficiales del nuevo gobierno son consecuentes con promesas de campaña: Se dejará de lado la "guerra del Estado contra del Periodismo"; los medios de comunicación que maneja el gobierno serán públicos y no partidarios, bajo una política de "pluralismo, federalismo e innovación"; la publicidad oficial no será utilizada para premiar a medios amigos y castigar a los críticos; y los periodistas militantes serán despedidos o deberán trabajar profesionalmente sin sueldos de privilegio.

La política para desmantelar el aparato de propaganda estatal no debería cometer el error de censurar la libertad de expresión. Deben seguir existiendo espacios para programas partidarios como el ex oficialista 678 o para que pregonen su militancia periodistas como Víctor Hugo Morales. Eso sí, esos espacios no debieran estar en medios públicos o pagados por el bolsillo de todos los argentinos, sino en privados, bajo las reglas del rating de la audiencia o el criterio e interés editorial de sus propietarios.

Si se cumple con los anuncios del ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, la Argentina podrá ir recuperando el valor de la palabra, especialmente después de años en que la propaganda gubernamental se utilizaba para suplir las carencias de la población, manipular las estadísticas oficiales y para crear un culto a la personalidad hacia Cristina Kirchner y su difunto esposo.

 Lombardi tiene razón cuando dice que no solo heredó un ministerio del relato sino “un aparato propagandístico muy fuerte, concentrado y unilateral” que ha sido pernicioso para el país y también para el propio gobierno que se creyó su propio relato, alejándose de la realidad.

La narrativa del gobierno anterior se basó en la mentira, la omisión y la exageración, tres ingredientes de la propaganda. De ahí que la intervención del INDEC sirvió para mentir sobre porcentajes de pobreza e inflación, programas como Fútbol para Todos fueron utilizados para hacer auto bombo, mientras que las cadenas nacionales de la Presidenta eran incongruentes con los propósitos y restricciones que marca la Constitución para ese tipo de alocuciones.

Ojalá Argentina, a diferencia de lo que sucede en países con gobiernos populistas y propagandísticos como los de Rafael Correa, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Evo Morales, pueda ver modelos de medios públicos como los de Uruguay, Costa Rica y Chile que, aunque tienen limitaciones, han avanzado respetando la pluralidad y diversidad de la población.

No es malo que los gobiernos se auto elogien o resalten sus acto, siempre y cuando ello no sea política de Estado como ocurría con el modelo kirchnerista. Los gobiernos deben tener limitaciones y restricciones para hablar de sus logros, así como los tienen durante las campañas electorales, cuando no pueden abusar del dinero de todos los ciudadanos para fines proselitistas.

En materia de comunicación pública, además de desmantelar el aparato de propaganda y hacer reformas a las leyes de medios y de telecomunicaciones para que no sean utilizadas para castigar o maniatar a medios críticos, el gobierno de Macri tiene dos tareas importantes que gobiernos anteriores no las quisieron emprender: Debe promulgar una ley de Acceso a la Información Pública y de Transparencia, y también acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que exige una reglamentación específica para el uso y gasto del Estado en publicidad oficial.

Que el Estado no esté obligado a ofrecer información de la administración pública cuando los ciudadanos lo pidan es una de las grandes distancias que Argentina tiene con países de mayor nivel democrático. La transparencia y los datos verdaderos son el antídoto contra la propaganda y la única forma que permite generar confianza y abandonar una realidad de ficciones. La verdad es la única forma para recuperar la confianza en la palabra, ese bien que ha sido devaluado por el gobierno anterior, como bien sentenciaba el escritor Martín Caparrós.

FIFA, justicia y moral

La fiscal general estadounidense Loretta Lynch cumplió su palabra. Tras anunciar en junio que "iremos por más" después de culminar la primera etapa de investigación sobre corrupción en la FIFA, este diciembre encauso a otros 30 malandras de alto vuelo que usaban a la máxima institución del fútbol para sus chanchullos.

El mensaje de Lynch fue contundente camino al 2016. Dijo que la espiral de corrupción que  se viene fraguando desde hace 25 años desde la FIFA, por un total de 200 millones de dólares, es repugnante, inadmisible e intolerante y que perseguirá a cualquier culpable que permanezca en la sombra: "Nadie escapara de nuestro foco".

Sin dudas fue una de las mejores noticias del 2015. Una forma de terminar el 2015 con la esperanza de que se puede combatir la corrupción y que la justicia, tarde o temprano, cuando existen recursos, rigurosidad profesional  e independencia, puede corregir errores y crear disuasivos para que otros corruptos desistan de sus fines.

Que haya corrupción entre gobiernos y la empresa privada especialmente en su relación con el Estado es lamentablemente normal. Lo que aquí  sorprende es la avaricia de dirigentes de todos los colores y nacionalidades, como el ex presidente de Honduras Rafael Callejas o un juez constitucional de Guatemala, que se mantuvieron unidos por 25 años dentro de una rosca sin fin.

Lo importante es que la FIFA, que se manejaba como un Estado con sus propias reglas y sanciones y castigaba los "delitos" como si fueran fallas éticas, se ha quedado sin la inmunidad de sus propios privilegios. Todo esto, porque los corruptos usaron entidades crediticias de EEUU para sus transferencias y conspiraron para lavar dinero.

Lo que se vio este diciembre y se verá en 2016 ya no es tanto la rigurosidad Investigativa de la ministra de Justicia de EEUU, sino la acción de soplones y arrepentidos que, a cambio de reducción de penas y multas, "traicionarán" a sus antiguos colegas con tal de salvar en algo su pellejo. Si el grupo de corruptos no ha tenido moral para traicionar a todo el mundo del fútbol, menos lo tendrá para delatar a sus propios compañeros de faena.

El último peso pesado acaba de caer esta semana, el resistido secretario general Sepp Blatter, que aunque pende sobre el una investigación de las justicias suiza y estadounidense, término acusado por falta de moral. El tribunal de ética de la FIFA decidió que el y su pupilo, el célebre Michel Platini, no podrán participar de ninguna actividad en el fútbol por ocho años por un desfalco de unos dos millones de dólares.

La única diferencia que hay entre este diciembre y junio, es que la opinión pública y los medios ya no le dieron tanta atención a los hechos. No es porque los delitos sean menos graves - fraude, asociación ilícita y conspiración para el lavado de dinero entre dirigentes de la FIFA y ejecutivos de empresas de mercadeo deportivo -  sino porque las denuncias ya no son novedad y la corrupción, lamentablemente, está institucionaliza y aceptada.

Seguramente las acciones de la fiscal general estadounidense darán sus frutos para el 26 de febrero cuando la FIFA tenga que elegir a sus nuevas autoridades. Pero más allá de las elecciones, lo importante será que la institución, por respeto al mundo del fútbol, cree una estructura de controles éticos internos, con compliance officers y Ombudsmen, para que ayuden disparar las alarmas anti corrupción y disuadan a otros dirigentes que puedan seguir viendo a la FIFA como su botín como ha ocurrido por más de dos décadas impunes.