Propaganda como sostén de la ineptitud gubernamental

No la información oficial, pero sí la propaganda política para “vender” logros, mostrar actividades y adoctrinar o convencer con ideología, ha sido desde épocas remotas la marca registrada de gobiernos que, por lo general, tienen la predisposición al culto a la personalidad de su líder.

Por lo general, la propaganda termina siendo el complemento necesario para suplir la falta de eficiencia de un régimen. Los gobiernos populistas de la región han adoptado este método extraordinario de convicción, de ahí que uno pueda ver hasta el cansancio a Cristina de Kirchner, Nicolás Maduro o Rafael Correa, inundando cadenas televisivas para mantener – según justifican – un diálogo sin interlocutores con el pueblo. Es decir, no quieren ser molestados con preguntas por los periodistas, simplemente decir y hacer la propaganda que se les place.

Pese a que en esos países no esas cadenas violan las constituciones, los presidentes mencionados siguen inaugurando espacios en medios periodísticos gubernamentales – que deberían ser públicos y no para su uso personal – haciendo campañas mediáticas para vender sus logros, utilizando dineros del pueblo. Una excelente forma de corrupción disfrazada, una especie de “lavado de ideas”.

Tal vez el gobierno más desfachatado en este rubro es el argentino. Ayer la entidad de medios escritos del país, ADEPA, ratificó los datos que hace un par de semanas introdujo la Fundación LED de ese país, que estimó, con datos fidedignos y oficiales, que la publicidad oficial del gobierno de Cristina de Kirchner creció un 3.000% en 10 años. Según esta fundación, en 2013 el gobierno gastó 10 mil millones de pesos en comunicación oficial, es decir para publicitar sus actos.

"Esta gran masa de recursos que dispone el gobierno está puesta alservicio del sostenimiento del discurso de su propio relato", manifestó Silvana Giúdice, directora de la Fundación, quien fuera ex presidente de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja.

En el documento se detalló que la Publicidad Oficial creció un 3.005 por ciento entre 2003 y 2013 y que se gastaron 52.258.000 pesos para el seguimiento a la actividad de la Presidenta las 24 horas los 365 días del año.

Fútbol para Todos, uno de los emblemáticos espacios tomados por el kirchnerismo utilizado para la propaganda estatal, le costó al Estado 1.512.088.910 de pesos en 2013.

Lo más triste del caso argentino y también del venezolano es que no existen leyes de acceso a la información oficial que penalicen a funcionarios estatales cuando no brindan información solicitada por los ciudadanos, ni tampoco cuando el oficialismo miente en torno a datos y estadísticas oficiales como en el caso de los índices de inflación, inseguridad y desigualdad.

La propaganda, por ello, que les sirve para propagar actos, mentiras e ideas, termina siendo fundamental para estos regímenes, como aquellos de los más autoritarios de la historia.  

A juicio, la eficiencia de UNASUR

La misión de UNASUR, aquella entidad orquestada por Hugo Chávez para neutralizar a la OEA a la que acusaba de estar manipulada por EE.UU., está en Venezuela con el firme propósito de Nicolás Maduro de que debe respaldar su posición y acusar a la oposición, incluidos los estudiantes, de que se sigue planeando la mayor conjura de todos los tiempos.

La UNASUR está entre la espada y la pared. Por un lado, a su llegada, Maduro anunció la detención de tres generales de la Fuerza Aérea que estarían intentando un golpe de Estado bajo mandato de la oposición, una especie de golpe de suerte – si fuera verdad – o de golpe propagandístico desvergonzado para minar las intenciones de los cancilleres de Paraguay y Colombia que querían que su misión no esté atada a los designios del gobierno y así poder entrevistarse con miembros de la oposición.

Por otro lado, la misión no podrá dejar de evidenciar que la mayoría de los 34 muertos, centenares de heridos y detenidos son causa y efecto de los abusos de Estado para controlar las protestas, situación agravada por la ilegítima quita de fueros a la parlamentaria María Corina Machado, el encarcelamiento de Leopoldo López y de otros dos alcaldes no chavistas, por una Justicia que actúa al son del poder político y unos medios de comunicación y redes sociales que deben sobrevivir bajo la censura directa y la autocensura por temor a mayores represalias.

A la luz de los estándares internacionales sobre derechos humanos y principios democráticos no harían falta muchos más elementos para considerar a este gobierno venezolano como el más totalitario y fascista de la región, a excepción del cubano de los hermanos Castro, por supuesto.

Justamente a imagen y semejanza de Cuba, en Venezuela, donde no se permite  a la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos ni a la OEA ni a organismos europeos evaluar in situ la situación, sino solo a aquellos organismos de conclusiones predeterminadas, la UNASUR llega como anillo al dedo para un régimen que pide a gritos que se le siga legitimando su accionar autoritario y fachada democrática.

Así, a no ser que prevalezca la independencia de criterios, la corta vida de la UNASUR se verá aún más acotada, utilizada y manipulada por un régimen que tiene en sí mismo todos los vicios y pecados que les achaca a los demás.

Internet paradógico: Liberación y esclavitud

Comparto mi post de este fin de semana sobre "Internet, esa gran paradoja", con la buena consideración de que el gobierno de Barack Obama está pro presentar un proyecto de ley que reformará la capacidad de la NSA para acceder en forma indiscriminada e irrestricta a datos de telecomunicaciones y de internet de los usuarios nacionales y extranjeros. 

Según el proyecto, de ser aprobado por el Congreso, la NSA requerirá de órdenes judiciales para poder acceder a las comunicaciones, y siempre y cuando esos individuos o entidades estén sospechadaos de estar planeando o cometiendo actividades terroristas.

Este es mi texto del fin de semana:

"El internet tiene grandes paradojas. Nos hizo más libres, aunque también más esclavos. Nos conecta a otras realidades y contenidos, aumentando nuestro conocimiento; pero, al mismo tiempo, nos expone a mayor vigilancia y escrutinio, reduciendo nuestra intimidad y privacidad.

La mayor paradoja quedó en evidencia luego que EE.UU., el país que creó, masificó y cuidó que el internet fuera libre y sin censura, lo desvirtuara tras usarlo como instrumento para espiar a los usuarios, dentro y fuera del país, justificando tácticas contraterroristas.

Cuando Edward Snowden reveló el alcance del programa de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), se sabía que las consecuencias no tardarían en llegar. Al principio, sus denuncias sirvieron para avergonzar al gobierno y así Barack Obama no tuvo más remedio que admitir culpas y disiparlas con una serie de regulaciones que prohíben espiar en forma indiscriminada, sin justificación u órdenes judiciales.

Ahora, sin embargo, las denuncias de Snowden cobraron otra dimensión, transformándose en un búmeran que pone en riesgo las cualidades innatas del internet, tal como lo disfrutamos hasta hoy: Libre, global y abierto. Muchos países, aprovechando la pérdida de confianza en EE.UU., reclaman con insistencia a Obama que deje el control y la administración del internet en manos de un órgano gubernamental internacional.

Hábil en el juego geopolítico, el gobierno estadounidense contraatacó esta semana. Obama anunció que cederá la administración del internet para 2015, año en que vence el contrato de su administrador de siempre, la ICANN, una agencia privada, autónoma y sin fines de lucro creada por las autoridades estadounidenses con ese fin. Lo más sorpresivo del anuncio fue que las discusiones sobre el traspaso comenzarán este 23 de marzo en Singapur, semanas antes de que inicie otra reunión convocada por la presidente brasileña, Dilma Rousseff.

De esta forma, EE.UU. no solo quiere descomprimir las críticas y la presión por su manipulación del internet, sino neutralizar las pretensiones de Rousseff, que buscará, a través de una reunión global en Sao Paulo en abril, que la administración del internet termine en manos de gobiernos dentro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), dependiente de Naciones Unidas.

Rousseff tiene razones justificadas en su propuesta. Siendo aliada de EE.UU., está indignada que la NSA infiltrara sus telecomunicaciones y mensajes electrónicos. Por ello canceló una visita oficial a Obama y en la asamblea de Naciones Unidas lideró la moción para que la gobernanza del internet no quede en EE.UU.

La paradoja, sin embargo, es que mientras en Brasil se ofrecen garantías de libertad para el internet, cuyo uso fue esencial en las protestas callejeras, la propuesta de Rousseff está siendo respaldada y aprovechada por otros Estados como China, Rusia, Cuba, Irán y Venezuela, que ya han demostrado en sus prácticas que, para ellos, la palabra administrar es sinónimo de controlar, restringir y censurar.

EE.UU. la tiene clara. Cederá la administración siempre y cuando la asuma un nuevo ente internacional, de carácter multilateral, privado, apolítico y autónomo de los gobiernos, muy lejos de Naciones Unidas y de los intereses políticos de países opresores y censores, que también manipulan las discusiones sobre derechos humanos.

Puede ser que los gobiernos autoritarios insistan en restringir el internet, sin embargo, seguirán desafiados y desbordados por las nuevas tecnologías y el buen uso que de ellas hacen los usuarios. Además, el internet que ya está en camino, el de las cosas que se conectan entre sí - desde automóviles a refrigeradoras o de cámaras fotográficas a prendas de vestir – será cada vez más difícil de controlar, paradójicamente, tanto para gobiernos como para usuarios.

Lo más importante, quizás, para romper las paradojas actuales, es que el internet se mantenga alejado de los gobiernos, imponiéndoseles condiciones para que no lo puedan manipular a su antojo, reduciendo la posibilidad para que se invada nuestra privacidad.

La idea a preservar es que la web se mantenga privada, libre, global y abierta, características que sirvieron para que se expanda a todas las regiones del mundo y para que prospere la creatividad, su innovación y el desarrollo económico. 

¿Para censurar legalmente? La trampa constitucional de Venezuela

Mientras en la OEA el chavismo mostraba hoy lo enemigo que es de la libertad de expresión y de prensa, al silenciar de nuevo a la oposición de su país y a los medios de comunicación, bloqueando la entrada a una reunión que finalmente fue de carácter privada, en Caracas el régimen autoritario anunciaba medidas adicionales a favor de instalar la censura completa de los medios tradicionales.

Nuevamente la censura adicional fue anunciada por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en franca complicidad con el oficialismo, sin vergüenza, y de tal forma como lo hizo en 2009 cuando advirtió sobre una ley para penalizar los “delitos mediáticos”. Ortega dijo esta vez que era necesaria una legislación para que los medios y los periodistas dejen de decir mentiras. Claro que no se refería a los medios oficiales, sino solo a los críticos e independientes.

Pidió de nuevo que debe haber una ley, “en sintonía con el Ministerio Público” (es decir que admitió el carácter de censor que tiene y la quiere imprimir a esa entidad) para impulsar regulaciones que obliguen a los medios de comunicación a informar solo con la verdad, en forma imparcial y objetiva.

Lo que a la fiscal le faltó decir es cómo y quien define la verdad, ya que para el régimen, todo lo que se desprende de investigaciones periodísticas, denuncias sobre corrupción o fotografías que muestran cadáveres apilados en las morgues o gente con carteles en protestas callejeras o caricaturas humorísticas u opiniones o convocatorias a través de Twitter – en casi todo los casos informaciones imparciales y objetivas – son calificadas de tendenciosas, manipulativas, desestabilizadoras y golpistas.

Lamentablemente, el régimen de Hugo Chávez fue muy inteligente en su primera reforma constitucional apenas despuntaba el gobierno. En forma tramposa logró incluir la cláusula de información veraz en el texto magno, permitiéndose luego fabricar leyes y decretos en contra de los medios y periodistas, invocando aquella cláusula (la trampa) que le obligaba a tener que hacerla cumplir porque “es ley suprema” de la Constitución.

A ese argumento, Chávez, Maduro, Cabello y muchos otros lo usaron a destajo. Y ahora de nuevo lo utilizó la fiscal. Por eso dijo lo habitual, invocando aquel principio constitucional con el que todo justifica y el cual obliga, según ella, darles un escarmiento a los medios y periodistas mentirosas: “La Constitución señala que hay libertad de expresión, pero eso tiene un límite como todo derecho. La información tiene que ser veraz, tiene que ser cierta. Toda la Constitución tiene que ser desarrollada por leyes y tiene que haber una ley que desarrolle ese artículo, que regule la información de los medios de comunicación y que esta sea imparcial, objetiva. Que la propia persona saque sus conclusiones”.

Es probable que como en 2009, la propuesta mordaza de la fiscal quede en la nada. La gravedad del anuncio, sin embargo, es la utilización de la amenaza permanente como herramienta de intimidación, con la intención de crear un clima favorable para la zozobra y la autocensura.

Chavismo desfachatado

A un mes de cumplido el arresto de Leopoldo López, diputados oficialistas se reunieron en una Asamblea Legislativa inoperante – ya que el oficialismo delegó su poder al Ejecutivo tras una nueva Ley Habilitante, esa que el chavismo ya concedió en cinco oportunidades a favor de su líder – y enseguida se dirigieron a la Fiscalía General – también coludida con el Ejecutivo – con una sarta de delitos en contra de la diputada María Corina Machado, con la intención de que se le quite la inmunidad parlamentaria y así se le haga juicio político y termine en la cárcel por instigación y traición a la patria.

La desfachatez ofensiva del régimen autoritario aprovecha esa cualidad para superar cualquier otra noticia y poner a todo el mundo a la defensiva, creando conversación y agenda pública en todos los flancos, con un efecto sorpresa típico de la propaganda totalitaria. Ante ese arraso ofensivo, agresivo y verborrágico nadie atina a defenderse bien, ante tantos frentes de ataque.

Esa propaganda es la que impulsa a Nicolás Maduro a sancionar a los acreedores, como las aerolíneas internacionales que se alejan de Venezuela por falta de pago, condena a los comerciantes que venden a precios para surtir anaqueles, restringe divisas a los medios para que puedan comprar insumos para poder operar, persigue a opositores y a estudiantes, festeja el respaldo de la UNASUR, o convoca a la inoperante Asamblea Legislativa, para que cree la “Comisión de la Verdad” para encontrar a los responsables de las 29 muertes, consecuencia de las protestas que se iniciaron el 12 de febrero.

En todo ese conjunto de temas, acciones y restricciones sin vergüenza, la cantaleta de gobiernos amigos inducidos por los petrodólares y los menos amigos a los que se acusa de instigar un golpe de Estado, el gobierno de Maduro y la falange chavista encuentran tierra fértil para seguir gobernando en forma autoritaria. Como nunca antes, el chavismo se desenmascara como un movimiento totalitario, fascista y desfachatado.    

Necesaria cultura de libertad de expresión

Corría 1994. La Sociedad Interamericana de Prensa creaba la Declaración de Chapultepec para defender y promover la libertad de prensa como esencia de la democracia, mientras la ciclotímica América Latina se sacudía crisis y buscaba consolidar procesos democráticos.

Hace 20 años los temas eran diferentes, pero los problemas similares. Corrupción, inseguridad, inflación, debilidad institucional, censura de prensa, pobreza, desigualdad y autoritarismo reaparecían sin evolución ni aprendizajes. Desde el Vaticano, Juan Pablo II reaccionaba a Latinoamérica prohibiendo a sacerdotes militancia política y sindical. En México no se hablaba de narcotráfico, sino del nuevo movimiento zapatista. En Venezuela, asumía Rafael Caldera, indultando semanas después a Hugo Chávez, preso desde su intento de golpe de Estado en 1992. En Argentina morían 84 personas en el atentado contra la AMIA, se reformaba la Constitución y Maradona era expulsado por dopaje del Mundial de EE.UU.

Hace 20 años el internet era incipiente y desconocido. Los mensajes más vanguardistas eran por fax. En Colombia se inauguraba la telefonía móvil y los medios tradicionales no tenían idea que al final de la década tendrían que emigrar a espacios digitales para sobrevivir y mantener audiencias. Edward Snowden y Julian Assange, si acaso, eran ciencia ficción.

En 1994, mientras Nelson Mandela ganaba las elecciones en Sudáfrica poniendo fin al apartheid, en el Castillo de Chapultepec de la ciudad de México, un grupo de visionarios, entre ex presidentes democráticos, líderes mundiales, premios Nobel y periodistas, redactaban una escueta declaración de principios que serviría para crear cultura sobre libertad de expresión.

El clima actual de libertad de prensa no es mejor que hace 20 años; hasta se retrocedió. Lo prueban el cierre de medios y persecución de periodistas en Venezuela; la censura legalizada en Ecuador; la propaganda gubernamental en Argentina; la matanza de periodistas en México, Brasil y Honduras; la continua falta de libertad en Cuba y la invasión del gobierno de EE.UU. en la privacidad de la gente.

Pese a ello, el público, tal vez sin saber por qué, tiene mayor conciencia sobre que para vivir en democracia, es indispensable que se reconozca con acciones concretas el derecho a la información, en lugar de figurar en lindas frases constitucionales y tratados internacionales. Esa mayor conciencia fue fraguada por debates públicos, participación en las redes sociales y más acceso a decisiones de los gobiernos, que se vieron presionados a rendir cuentas.

La Declaración de Chapultepec contribuyó a esa saludable cultura de mayor apertura gubernamental. Sirvió para medir sistemáticamente el nivel de libertad de prensa en una sociedad y, también, para impulsar medidas concretas que favorecieron la práctica del Periodismo ante gobiernos intolerantes y para crear más garantías y respeto a los derechos del público a la información y expresión.

El logro mayor en estas dos décadas de la Declaración fue haber impulsado la tendencia de leyes de acceso a la información pública, que empezó con México en 2001 y prosiguió hace días con la Ley de Transparencia en Colombia, después de insertarse en más de una docena de países latinoamericanos. Si bien estas leyes – todavía inexistentes en Venezuela, Paraguay, Costa Rica y Argentina, entre otros países -  no derrotaron el secretismo de Estado existente, ayudaron a crear cultura sobre la necesidad de contar con gobiernos más abiertos y trasparentes.

La eliminación del delito de desacato - que las autoridades permitan la crítica sin represalias - fue otro paso positivo en pos de gobiernos menos autoritarios. La excepción son Ecuador y Venezuela, donde por una ley y una reforma al Código Penal, respectivamente, se activaron mayores protecciones para los gobernantes, como si fueran monarquías del Siglo 14.

En materia de libertad de información los desafíos son muchos y constantes, especialmente por esa característica latinoamericana a la ciclotimia, de volver a los errores de siempre. Por eso es válida la celebración de la Declaración de Chapultepec que, aunque un poco imperceptible a la vista del ciudadano común, ha sido en estos 20 años, una usina importante para generar energía y cultura a favor de las libertades de prensa y expresión.

20 años de Chapultepec y la libertad de prensa

Hoy se cumplen 20 años desde que fuera redactada la Declaración de Chapultepec, por iniciativa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), un documento breve pero enérgico, que ha servido para construir cultura sobre libertad de prensa y de expresión en las Américas.

Comparto el comunicado de hoy de la SIP - La Declaración de Chapultepec cumple hoy 20 años, pero “sigue tan vigente como siempre - con el que se recuerda a los visionarios de aquella época, que tuvieron en mente un documento que a la par de ayudar al periodismo y a los medios de comunicación a hacer mejor su labor, obliga a los gobiernos a respetar el derecho del público a la información y a abrir más espacios y procesos democráticos.

Miami (11 de marzo de 2014).- Después de 20 años la Declaración de Chapultepec “sigue tan vigente como siempre”, según las autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que reclaman su relevancia en un continente todavía afectado por las violaciones a las libertades de prensa y expresión.

Al cumplirse hoy un nuevo aniversario desde que fue creada el 11 de marzo de 1994 en el Castillo de Chapultepec, en México, la SIP anunció que abre a partir de ahora una serie de actividades en su conmemoración.

La primera de ellas se efectuará en Barbados del 4 al 7 de abril próximo, donde se discutirá sobre su relevancia como documento para preservar, promover y defender la libertad de prensa. Otros actos están previstos durante la asamblea general que la organización realizará en Santiago, Chile, en octubre, además de encuentros regionales y webinarios en los que se abordará la aplicación de sus principios, esenciales para el derecho del público a la información y el robustecimiento de las democracias.

En su preámbulo, la Declaración, redactada entre ex presidentes democráticos, premios Nobel, líderes y periodistas, destaca que: “Sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión no puede haber libertad”.

Tras recordar “a aquellos visionarios que hicieron posible este documento y su utilidad”, la presidente de la SIP, Elizabeth Ballantine, The Durango Herald, Colorado, dijo que “la relevancia de la Declaración radica en que nos compromete como periodistas, pero especialmente como ciudadanos, a defender y promover las libertades de prensa y de expresión como prioridades para alcanzar el bien común”.

La Declaración de Chapultepec (http://www.sipiapa.org/chapultepec3/acerca-de-la-declaracion) contiene 10 principios fundamentales necesarios para que una prensa libre cumpla su papel esencial en una democracia. Fue aprobada durante la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión del 11 de marzo de 1994 en Ciudad de México y desde entonces adoptada por jefes de Estado, líderes, académicos, estudiantes y ciudadanos de las Américas.

El presidente de la Comisión de Chapultepec de la SIP, José Roberto Dutriz, La Prensa Gráfica de El Salvador, agregó que “la Declaración no solo nos compromete a buscar permanentemente la verdad, a exigir libertad y tolerancia, sino también nos compromete a respetar normas y criterios éticos en la comunicación”.

En tanto el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, Búsqueda, Uruguay, subrayó que “la Declaración se ha transformado en una vara esencial para medir los niveles de libertad y democracia del que gozan los países, ayudando a crear jurisprudencia para garantizar los derechos y libertades individuales”.

En ese sentido, Paolillo y Dutriz, recordaron que en 2001 la Declaración de Chapultepec sirvió de base para la redacción de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Programa de Chapultepec de la SIP cuenta con el apoyo económico actual del Fondo James McClatchy de La Fundación San Francisco, California. Desde sus orígenes en 1994 y por más de una década, ese Programa contó con el respaldo económico de la Fundación Robert R. McCormick, de Illinois, EE.UU.