Arepas y autogolpes. Maduro toca fondo

Venezuela está de patas para arriba. Hay señales inequívocas de que el país tocó fondo y de que el presidente Nicolás Maduro pronto hará honor a su apellido y caerá de la mata.

Maduro sofocó lo poco que restaba de democracia. Desconoció al Congreso con un nuevo autogolpe, esos que el chavismo ha institucionalizado a lo largo de una revolución que nunca tuvo tracción. Hugo Chávez fue el máximo exponente de los autogolpes. Asestó cuatro. Uno en 1999, su primer año, y en 2001, 2007 y 2010. Siempre se arropó con poderes especiales y leyes habilitantes para gobernar a su antojo y sin Congreso.

Maduro siguió el camino de su mentor. El de esta semana es uno de los varios que pegó contra las instituciones estatales. A principios de año, apoyado por una Justicia esclava, evitó que asuma un grupo de diputados que a la oposición le significaban mayoría. Repudió leyes y el proceso legítimo de referéndum revocatorio; y esta semana, con el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, borró al Congreso auto proclamándose como el único legislador.

Estas medidas suspendieron las garantías constitucionales. La excusa es la cansina de siempre, evitar el “golpe”. Esta vez sumó a Colombia, España y la OEA ser parte de esa conspiración internacional liderada por EEUU y los “gusanos de Miami”. Meses antes creó el Parlamento Comunal o “congreso del pueblo” para arrinconar a la “nueva burguesía opositora” instalada en la Asamblea Nacional.

La contradicción del chavismo entre las palabras y los hechos es abismal. Siempre diciéndose defender al pueblo, este régimen es el que más lo atropelló. Las evidencias son palpables. En economía, Venezuela tiene la inflación más alta del mundo y escasez de todo, desde arepas, cerveza, papel higiénico, electricidad, agua, salud e infraestructura. En política el sistema es oportunista y acomodaticio. A los disidentes los persigue. Y siempre manipuló al pueblo como masa y lo arengó para reprimir a la oposición, ya sea mediante sistemas de vigilancia de vecinos contra vecinos o en masivas manifestaciones subsidiadas. Ahora, cuando el pueblo cambió de lado, simplemente le arrebató su derecho más preciado: el de reunión.

La fuerza pública reprimió a todos los líderes y ciudadanos que se aproximaron al Consejo Nacional Electoral para entregar más de un millón y medio de firmas, de las 200 mil que se necesitan para iniciar el revocatorio y para que el término presidencial baje de seis a cuatro años. La represión esta semana no necesitó ser tan férrea. El pueblo se dispersó rápido sabiendo que el abuso de poder está a flor de piel durante las crisis y es impune, como aquella en la que 43 estudiantes perdieron la vida por desafiar el poder.

A Maduro no le queda pueblo que lo apoye. No tiene una pizca de credibilidad y nadie lo respeta. El ex presidente uruguayo, José Mujica, dijo que estaba “más loco que una cabra” al criticar su forma torpe de gobernar. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue más lejos. Lo tildó de “dictadorzuelo” por desconocer al pueblo, al Congreso y advirtió que se le podría aplicar la Carta Democrática. Los dichos de Almagro resultaron agradables, por venir de una institución a la que por muchos años se la apreció de “insulza”, en honor al apellido de quien la dirigía.

El pueblo sabía que Chávez y Maduro no eran buenos administradores y desconfiaba que la “quinta república” sería la fórmula mágica prometida para redistribuir la riqueza. Pero calló por mucho tiempo debido a los subsidios y el clientelismo, moneda corriente que el gobierno usó para tapar robos, corrupción y escasez. En época de vacas flacas, cuando el precio del petróleo está por el piso y se produce el doble menos que hace dos décadas, se advierte con claridad que el chavismo desperdició sus mejores años exportando ideología en lugar de diversificar la economía.

No es difícil sugerir que Maduro es un mal político, pésimo administrador y que su tiempo se acorta. Quedó en evidencia esta semana cuando arengó al pueblo en cadena nacional a usar harinas alternativas a la del maíz para hacer arepas y arremetió contra la empresa Polar por no producir más cerveza. Es que la regla de oro indica que un Presidente o un líder dejan de serlo, cuando el micromanagement ocupa gran parte de su tiempo. trottiart@gmail.com

Soplo de transparencia

Muchos son los problemas que impiden el desarrollo económico de un país: Corrupción, narcotráfico, inseguridad y escasa educación. Sin embargo, existe un elemento que los potencia y agrava, al punto de poner en riesgo el sistema político: La falta de transparencia.

Esta falta de transparencia es el ingrediente que se mostró como protagonista principal de las noticias fuertes de la semana. La presidenta brasileña Dilma Rousseff inició un purgatorio de 180 días por la oscuridad con la que manejó presupuestos, asuntos fiscales, beneficiando a un anillo de amigos que desfalcaron al Estado con sobornos y prebendas. Mientras tanto en Argentina nuevas causas de cohecho se fueron acumulando contra la ex presidente Cristina Kirchner, su hijo y amigos que cobijados en la inmunidad del poder, manejaron dineros públicos como propios y con total impunidad.

Por años, en ambos casos, aunque más pronunciado en el kirchnerismo con ciertas similitudes que el chavismo, la forma despótica de gobernar con personalismo, clientelismo y propaganda, fue la venda en los ojos que cegó a la Justicia y a la gente en general. Ahora, sin esos escudos autoritarios, se advierte como con mayor transparencia, la sociedad pueden encontrar los correctivos.

La transparencia es el elemento que permite mayor eficacia y rapidez a la Justicia. Precisamente fue el elemento protagonista de la Cumbre Anti-Corrupción celebrada esta semana en Londres, donde los Panama Papers o la oscuridad generada por empresarios, artistas y políticos a través de empresas off-shore, el tumultuoso presente de Brasil y el dopaje inducido a deportistas olímpicos rusos, capitalizaron los debates. Nada desvió la definición: Comparado a la lacra del terrorismo internacional, la corrupción fue calificada como el cáncer que carcome a la sociedad moderna y que crea las mayores desigualdades.

Ningún país o ideología están exentos de esa falta de transparencia y, en muchos casos, las apariencias engañan. El saludable acercamiento entre Barack Obama y Mauricio Macri ya empezó a tener sus réditos esta semana. El gobierno estadounidense comenzó a desclasificar documentos de sus agencias de Seguridad sobre el último período de dictadura militar. Posiblemente revelen y certifiquen datos y hechos que ayudarán a reconstruir la memoria y cicatrizar heridas.

Pero me refería a las apariencias, ya que con este gesto Obama se muestra como el más transparente. Sin embargo, por lo que sucede en su propio país, su gobierno ha sido uno de los más oscuros de la historia. Ha incentivado la clasificación indiscriminada de documentos oficiales que, en muchos casos, bajo excusas ligeras de seguridad nacional, violaron muchos principios garantizados por la Ley de Acceso a la Información Pública.

Durante sus casi ocho años de gobierno se registró el mayor número de periodistas apresados por no revelar sus fuentes confidenciales y se dio el caso más patético de espionaje periodístico contra la agencia Associated Press y la cadena Fox. Persiguió a soplones dentro del gobierno, como al soldado Manning que originó las filtraciones de Wikileaks y a Edward Snowden que se refugió en Rusia después de revelar las prácticas de vigilancia masiva, cuando todo hacía pensar que una ley de protección de soplones, ayudaría a crear mayor transparencia y reducir la corrupción en las esferas públicas.

¿Qué importancia tiene crear un marco legal que legitime las filtraciones y las denuncias por corrupción? Edward Snowden da en el clavo. En un avance del libro que publicará este año la Universidad de Columbia, “Periodismo después de Snowden: El futuro de la prensa libre en un Estado vigilante”, este informante explica que se ha confundido el sentido de su denuncia. Dice que no la hizo para evidenciar la vigilancia propiamente dicha, sino para demostrar que el público no siempre tiene conocimiento sobre actos que el gobierno se arroga para sí mismo, que nunca le fueron conferidos.

Esta es la mejor perspectiva sobre la importancia de proteger tanto a los soplones como a los periodistas y sus fuentes. No se trata solo de denunciar el hecho cancerígeno, sino de demostrar como su metástasis corroe la confianza del público en el sistema político. Nada contribuye más a la democracia que el soplo de la transparencia.

La fascinación social por los delitos digitales

Pese a sus beneficios, el internet acarrea desafíos en materia de seguridad. Ha servido de incubadora de nuevos crímenes digitales y potenciado un aumento exponencial de los delitos tradicionales. Pero además, ha modificado la percepción social sobre algunos delitos y los delincuentes.

La cibercriminalidad está teniendo un fuerte impacto sobre la sobresaturada Justicia. Algunos jueces sin capacitación y sin legislación clara a la mano, ante las dudas, prefieren no complicarse y prohibir libertades de cuajo. Pasó esta semana en Brasil, un juez cerró todo Whatsapp, cuando solo le bastaba cancelar las cuentas de unos usuarios comprometidos en tráfico de drogas. Justos pagaron por pecadores.

Pero el mayor problema para la Justicia es que tiene que lidiar con la percepción social, sobre que hay delitos electrónicos buenos y que los delincuentes, al estilo Bonnie & Clayde o los autores del “robo del siglo”, sean ponderados por su inteligencia, confundiéndose picardía por corrupción.

Sucedió en Buenos Aires. Unos vecinos salieron en defensa del joven hacker de 21 años, Christian Iván Cámara, que fue atrapado luego de violar las redes electrónicas de la Universidad Argentina de la Empresa para cambiar sus notas y la de otros alumnos. “Es un número uno”, “es un bocho”, “tendría que trabajar en la Nasa”, decían, con similar fascinación que despertaba en su momento Frank Abagnale Jr., aquel joven que cautivó por su sagacidad para falsificar cheques y hacerse pasar por piloto, médico y abogado, tal como lo interpretó Leonardo di Caprio en “Atrápame si puedes”.

A no ser que se trate de delitos graves, los cibercrímenes no se miden con la misma vara social que los delitos comunes. Los vecinos seguramente percibirían diferente a este hacker si lo hubieran aprehendido con una barreta en la mano, forzando cerraduras y cambiando las notas sobre el papel. En definitiva, el delito que cometió es el mismo, fraude y robo, aunque digitalmente haya aparentado más sofisticación.

Esta percepción es común llevado al plano personal. Por los altos costos, solemos justificar el pirateo de películas, música y programas de software, sin considerar que se violan derechos de propiedad intelectual; de la misma forma que un gobierno justifica el espionaje y la vigilancia indiscriminada de sus ciudadanos, invocando la soberanía y la seguridad nacional.

Las nuevas tecnologías han cambiado muchos paradigmas. Incluso para el Periodismo. En épocas no digitales, la ética era más rígida y la ley no dudaba en imponer consecuencias, nadie podía robar o hurtar información y menos publicarla. También los infomerciales – publicidad disfrazada de información – estaban prohibidos en los medios de calidad; ahora, hasta el New York Times, bajo la nueva fachada de publicidad nativa o contenido promocionado digital, se justifica lo que antes estaba prohibido y mal visto.

Cuatro casos digitales en años recientes trastocaron valores informativos y, aunque fueron justificados, los periodistas y académicos tienen una conversación pendiente. Se trata de los wikileaks sustraídos por Julian Assange y las denuncias de Edward Snowden que comprometen al gobierno de EEUU; los Vatileaks sobre la corrupción y pujas de poder en las finanzas del Vaticano y los Panama Papers que demostraron como las empresas off-shore también pueden ser utilizadas para la evasión y el lavado.

En los cuatro casos hay apreciaciones diferentes sobre el modus operandi para recabar información. Para algunos fue delito, robo y filtración indebida; para muchos, publicar los resultados fue justicia por manos propias de parte de los medios para “atrapar” a los corruptos; y para algunos un deber insoslayable del Periodismo a favor de la transparencia. Nada blanco o negro como antes; ahora hay muchos grises que ponderar.

Habrá que ver lo que sucederá con el joven hacker Cámara. ¿Pondrá sus habilidades a disposición del gobierno y tendrá un final feliz como Abagnale Jr. atrapando a otros falsificadores para el FBI? Prescindiendo del final que elija, su caso demuestra que los delitos cibernéticos no son solo un problema de mejor justicia y leyes, sino de educación. Es la única fórmula que permitirá modificar la percepción social y detener la fascinación por los delincuentes inteligentes. 

Tras la ruta del dinero

Abril es un mes importante para el Periodismo en EEUU. Se entregan los prestigiosos Pulitzer que premian el servicio público de medios y periodistas que denuncian lo que muchos quieren que permanezca en la oscuridad, en especial las rutas del dinero mal habido, público o privado.

La agencia AP ganó un Pulitzer este año por un reportaje sobre el abuso humano en la industria pesquera del sudeste asiático que determinó la liberación de dos mil esclavos.

No todas las investigaciones tienen suerte. Una excelente del The Miami Herald quedó sin premio, aunque puso a un grupo de policías de Bal Harbour, zona del sofisticado shopping mall de Miami, en el banquillo de la Justicia. Los agentes habían incautado 74 millones de dólares a unos narcotraficantes por lavado de dinero. Luego de sus pesquisas, para las que usaron más de dos millones en lujos, pasajes de primera clase y hoteles cinco estrellas, le devolvieron el dinero a los narcos sin ton ni son. Nadie fue arrestado.

En América Latina las investigaciones del Periodismo son hasta más resonantes, pero la diferencia es que la Justicia no actúa en forma rápida y eficiente, ya sea por negligencia, falta de recursos y sometimiento al poder.

La corrupción suele ser tema recurrente en la conversación pública y el debate político, argumentándose siempre las mejores prácticas para debilitarla. En especial cada vez que en un país y en una época se toca fondo y resurge la idea del saneamiento moral. Se echa a los políticos como podría pasar en Brasil y se renuevan las autoridades como ocurrió tras el “corralito” argentino. Pero luego, como por arte de magia, se incurre en iguales o peores abusos que en el pasado.

A menudo se desaprovechen los momentos de quiebre en los que la sociedad reclama más ética y moral. Puede pasar de nuevo con la intención del Congreso de México que, presionado por 634 mil firmas de ciudadanos, creará el Sistema Nacional Anticorrupción. O con la iniciativa de ley de Elisa Carrió en Argentina que obligaría transparencia a sindicalistas y contratistas con el Estado para reducir los altos niveles de enriquecimiento ilícito.

Para esos puntos de quiebre no faltan oportunidades. Una de ellas son los Panama Papers. Pero incluso con la filtración de documentos que compromete a muchos líderes de gobiernos y corporaciones con compañías off-shore con las que evadían y lavaban, no se observó que los sistemas judiciales hayan actuado con premura investigativa, más bien se los notó cautos e incrédulos.

Hubo sí buenas reacciones políticas. El gobierno panameño, siempre refugio de secretos y evasores, firmó acuerdos de transparencia financiera con Alemania. Y Mauricio Macri, aunque no convenció con su defensa, aceptó presentarse ante la justicia. En Argentina, por otro lado, la ruta del dinero K se transformó en una búsqueda del tesoro escondido (y enterrado) en las estancias de Lázaro Báez, una muestra de la labor titánica que deben hacer las fiscalías para encontrar lo que se le robó al pueblo.

Brasil es un caso aparte. Dilma Rousseff puede quedar en la calle por malversación, aunque de los 547 legisladores que la enjuiciarían, más de la mitad tiene cuentas pendientes ante la Justicia. Venezuela es caso de diván. Nicolás Maduro representa el mayor embauque de la historia moderna; la de un chavismo que le ha robado a mansalva a un pueblo al que cínicamente idolatra como centro de la revolución.

El caso de Rafael Correa es sintomático. Acusó a los periodistas de los Panama Papers, porque no revelaron que él y su gobierno eran honestos. Esta semana se supo que el Presidente y su hermano Fabricio fueron investigados por la oficina anticorrupción panameña por una empresa off-shore, una honestidad que ya había sido comprometida en “El Gran Hermano”, un libro que denuncia como benefició a su hermano con la adjudicación de obras públicas.

Lamentablemente no se aprovechan las oportunidades ciclotímicas en las que se reclama ética y castigos para derrotar la corrupción. La falta de voluntad política, las escasas herramientas que se le dan a la Justicia y la cultura general de la viveza criolla, alimentan ese círculo vicioso de corrupción e impunidad, que genera no solo un clima asfixiante, sino uno extremadamente riesgoso para la salud misma de la democracia.

Elecciones, dólares y audiencias

Las nuevas tecnologías están acelerando nuestros tiempos y espacios. La política también esta siendo modificada. Las actuales elecciones presidenciales de EEUU son ejemplo palpable.

Google, Facebook, Apple y otras empresas tecnológicas están invirtiendo tiempo y dinero – y haciendo sentir sus audiencias - para influir sobre quien será el nuevo inquilino de la Casa Blanca, crear nuevas leyes en el Congreso y desafiar a los jueces para que resuelvan conflictos del mundo digital, como el derecho al olvido, hasta hace poco inexistentes.

Los cambios son de forma y fondo. Facebook con Live y Google a través de youTube, las dos compañías con mayor influencia de lobby en Washington, han lanzado sistemas de trasmisión de video de realidad virtual y en 360 grados que alterará la forma en que apreciamos la realidad. El usuario ya puede estar a miles de kilómetros de distancia pero palmo a palmo con el candidato en su campaña, así como un cirujano podrá operar en un quirófano remoto, un usuario en Ushuaia cantar al lado de Mick Jagger en La Habana o sentarse con Iniesta en el Camp Nou hasta que salte a la cancha con la Pulga.

Las campañas políticas también sienten el cambio. Hillary Clinton, Donald Trump o Bernie Sanders ya no se afanan por las mejores prácticas en redes sociales que usó Barack Obama para ganar en 2012. Ahora prefieren mirar a Silicon Valley y aprender de la nueva generación, chicos de 16 a 20 años, que conversan en redes mas nuevas como Snapchat, habiendo dejado a Twitter e Instagram en la prehistoria.

El miedo a perder las audiencias mas jóvenes es lo que impulsa la creatividad y la cultura de cambio de Facebook. Se ha convertido en el lugar preferido para el activismo político y Mark Zuckerberg, reconociendo la falta de contenido, ha creado Instant Articles, que permite a los medios tradicionales descargar sus noticias para que el usuario no quiera salir de Facebook. Zuckerberg, de 31 años y con dos billones de usuarios, se ha convertido en el mas influyente en Washington, comparable a lo que antes eran Ted Turner de CNN, Katherine Graham del Washington Post o los Rockfeller y los Ford.

En su reciente delineación de objetivos para los próximos 10 años, Zuckerberg aprovechó a tirar un viandazo. En alusión a Trump, el candidato menos querido por Silicon Valley por su delirio contra los inmigrantes mexicanos, Zuckerberg tiró: “Escucho voces llenas de miedo que llaman a construir muros”.

Es que Facebook y su equipo de lobby FWD pro inmigración tratan de influir para que el gobierno libere mas visas para trabajadores especializados, especialmente de los “tigres asiáticos”, países insuperables en la enseñanza de ciencias y matemáticas. Las tecnológicas también influyen en temas espinosos confrontando a Obama, entre estos, ciberseguridad, encriptación de contenidos, privacidad, patentes, neutralidad en la web y otros, que el Presidente ha supeditado a la lucha contra el terrorismo.

Mas allá de los forcejeos, Washington mira a Silicon Valley como aliado. No solo los emprendedores digitales y sus millones son la savia de la política, sino que aquel que aspire a político debe pasar por alguna empresa digital para aprender el nuevo ecosistema, de la misma forma que antes buscaba pasantías en bufetes y en oficinas de congresistas en Washington.

Los políticos saben que sin electores no tienen poder y por eso cortejan a estos nuevos magnates digitales, cuyo dominio radica en las masivas audiencias que representan y sus donaciones de campaña. El izquierdista Sanders, sin muchas chances ante Hillary, es inexplicablemente quien mas ha cosechado de parte de Google, Microsoft, Apple y Amazon, tal vez porque obedecen a sus audiencias de jóvenes que prefieren un discurso menos tradicional y mas combativo.

Nadie puede predecir quien ganará las elecciones en noviembre. Pero tampoco nadie puede desconocer que estas empresas juegan un papel cada vez mas relevante en la política. Tienen, además, la ventaja de que ningún político les puede hacer frente, ya que además de dólares y audiencias, potencian el respetado derecho constitucional a la libertad de expresión. Y si alguien intenta aplicarles leyes restrictivas, las nuevas tecnologías se encargan de hacerlas obsoletas al instante. trottiart@gmail.com

Dilma y Cristina: Acorraladas

La última vez que escribí sobre Dilma Rouseff y Cristina Kirchner en conjunto fue a fines de 2012. Por entonces visitaban la Facultad de Gobierno de la Universidad de Harvard y en discursos y acciones plasmaron sus diferencias.

Pese a que eran dos de las mujeres más influyentes en América Latina y estaban en su apogeo político, los contrastes entre ambas fueron abismales. Fieles a su estilo, Dilma se comportó como técnica aguda, consiguió becas y acuerdos científicos. Cristina fue política sarcástica, se mofó de los alumnos y le echó la culpa de todos sus males al FMI y a los ricos.

Hoy, un par de años después, las diferencias desaparecieron. Ambas están acorraladas por la Justicia por graves casos de corrupción, lavado de dinero e enriquecimiento ilícito que las tiene al borde de su ocaso político. Se han unido a un extenso grupo de presidentes latinoamericanos que fueron destituidos por violar la Constitución o que terminaron procesados apenas dejaron el poder.

La diferencia que persiste no es entre ellas, sino en el modo que actuó la Justicia bajo ambos gobiernos. En sus 12 años de mandato, los Kirchner lograron maniatar a los jueces y usarlos a conveniencia, ya sea para perseguir a opositores o escudar sus fechorías. Dilma, en cambio, siempre fue espectadora de una Justicia más independiente y temible, vigilante del poder.

Esta semana sus acciones confirmaron ese contraste. Cristina llegó a tribunales, se mofó del juez y, acostumbrada a arroparse entre multitudes partidarias y clientelistas, hizo gala de su sarcasmo echándole la culpa de todo – como en Harvard – a los medios de comunicación y a los jueces.

Su discurso desnudó una vez más su carácter populista y anticonstitucional, y su creencia de que la política está por arriba de la Justicia. Como una especie de Milagro Sala, siempre por arriba del Estado, gritó para el beneficio de sus clientes: “No necesito fueros, porque tengo los fueros del pueblo”. Debajo de ella, la masa, siempre irracional, que prefiere idolatrar al personalismo y los símbolos sin que importe la verdad o la justicia, amenazó: “Si Cristina va presa, se va a armar”.

Para Dilma el camino hacia el juicio político que se definirá este domingo en la Cámara de Diputados tuvo más espinas. Este viernes el Tribunal Supremo le negó la suspensión del proceso a su posible destitución. Pero el acelerador del impeachment tiene nombre: Lula da Silva. Acabó de cavarse la fosa cuando hace un par de semanas Dilma arropó a Lula con los fueros de su Gabinete para que no fuera investigado por múltiples casos de corrupción. A diferencia de Cristina y del contexto peronista, ni Dilma ni el PT tienen a disposición una masa de seguidores incondicionales; peor aún, las multitudinarias movilizaciones braman por justicia y piden la cabeza de los corruptos.

Ambas han catalogado a sus procesos de golpes de Estado. Cristina se comparó mal con las figuras de Irigoyen y Perón que fueron derrocados por militares y Dilma le achaca a su vicepresidente, Michel Temer, la “gran conspiración”. Mecanismos de autodefensa de lado, lo cierto es que sin Cristina en el poder, la Justicia tiene más campo de acción y Dilma debe enfrentarse a los resortes de la Constitución.

Dilma sigue los pasos de otros líderes destituidos o que debieron renunciar durante su mandato. Su antecedente es Fernando Collor de Melo y el caso más reciente es el del guatemalteco Otto Pérez Molina, destituido por corrupción. Pero la lista es larga y multinacional: El paraguayo Fernando Lugo; el hondureño Manuel Zelaya; el ecuatoriano Lucio Gutiérrez; el haitiano Jean-Bertrand Aristide; el venezolano Carlos Andrés Pérez; el boliviano Carlos Mesa y Fernando de la Rúa, son algunos ejemplos.

Cristina es parte de otra lista vergonzosa, la de ex presidentes investigados por corrupción, destacándose el hondureño Rafael Callejas, el salvadoreño Elías Saca, el peruano Alan García y Carlos Menem, entre otros. Puede, sin embargo, engrosar otra mucho más lúgubre, la de ex presidentes condenados, como el nicaragüense Arnulfo Alemán o los costarricenses Miguel Rodríguez y Rafael Calderón.

Pese a las listas y a lo que sucederá con Dilma y Cristina, lo relevante es que estos procesos son válidos para disuadir a los corruptos y creer un poco más en la Justicia.  

House of Cards o los Panama Papers

Ni Claire ni Frank Underwood imaginarían que la realidad de los “Panama Papers” superaría la ficción de House of Cards. Queda así reconfirmado que no solo los narcotraficantes, mafiosos y traficantes de armas lavan dinero.

También lo hacen impúdicamente presidentes, reyes, empresarios, celebridades, futbolistas y 29 billonarios que figuran en la lista Forbes de los 500 más ricos del mundo. Así se desprende de la investigación periodística sobre las compañías offshore en paraísos fiscales, en la que colaboraron 376 reporteros de 109 medios de comunicación de 76 países, organizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Como en un cambalache, ya nada sorprende en este mundo en el que todo está globalizado; la corrupción más que nada. Como en un efecto dominó, las denuncias y filtraciones son parte del nuevo paisaje que ayuda a crear una realidad que muchos buscan esconder: Desde los banqueros avaros de Wall Street que produjeron la catástrofe de la burbuja hipotecaria del 2008, pasando a las filtraciones de Julian Assange y sus miles de cables de Wikileaks o las denuncias de espionaje masivo de Edward Snowden, hasta el escándalo de sobornos del FifaGate, al lavado masivo del Lava Jato brasileño y el conteo impúdico de La Rosadita argentina.

Los Panama Papers harán historia y seguramente la estrategia de publicación a nivel mundial estará dosificada como sucedió con los cables de Wikileaks. Muchos perderán la cabeza, como el vice primer ministro islandés, Sigmundur Gunnlaugsonn, que renunció apenas fue denunciado y otros temerán perderla o tendrán que salir a explicar y defenderse como Lionel Messi, Roberto Carlos, Pedro Almodóvar y Mario Vargas Llosa o el argentino Mauricio Macri y el rey de Saudi Arabia. Y otros, como el ruso Vladimir Putin, cuyos amigos habrían desfalcado dos billones al fisco, dirán que se trata de propaganda occidental.

Sin dudas que algunos justos pagarán por pecadores, pero ante tanta impunidad y falta de justicia que parece reinar en un mundo estilo Miami Vice, el público parece disfrutar de la justicia por manos propias que se arrogó esta vez el Periodismo o, en otras palabras, del escrache público de aquellos que mantenían su riqueza oculta al fisco y que, en muchos casos, la ostentaban con ligereza y arrogancia como si fuera producto del sudor de sus frentes.

Lo más interesante de esta era de globalización es que así como se ha internacionalizado la corrupción, también se expandió el avance de las denuncias, de los soplones que filtran información y de los arrepentidos, que motivados por los beneficios judiciales, delatan a sus colegas y fechorías. Así como en el caso de Snowden, Wikileaks o el Figagate, es lo que sucedió con un soplón que, sin querer nada a cambio, entregó 11.5 millones de páginas de información al diario alemán Suddeutsche Zeitung, sobre los negocios entre el estudio legal panameño Mossack Fonseca y sus clientes.

No se sabe a ciencia cierta el incentivo de quien ha filtrado la información o si fue un hacker. Las especulaciones son muchas. Pero la denuncia sobre Mossack Fonseca, uno de los cinco estudios más grandes del mundo en la creación de compañías off-shore, con oficinas en 35 países, huele a un ajuste de cuentas contra los distintos gobiernos panameños que en las últimas décadas han sido reacios a la transparencia y a colaborar con investigadores internacionales.

Mucha información conduce a Miami y otros destinos que se favorecieron con los fondos provenientes de los paraísos fiscales. Varios de los nuevos rascacielos de Miami se construyeron con millones de dólares en efectivo que provino de sociedades anónimas y compañías off-shore. Mucho debe ser legítimo; otro tanto no. Lo inentendible es cómo EEUU es juez y parte. Reclama e investiga por más transparencia, pero atrae lo oscuro. Algo no funciona.

En un mundo globalizado y sobre saturado de información, en el que cuesta diferenciar lo esencial de lo chabacano, es importante el papel investigativo del Periodismo para iluminar y destapar la realidad. La justicia le corresponde a otros; pero, obviamente, la información bien investigada y procesada ayuda o presiona por más justicia o, al menos, a crear la sensación de que se hará justicia.