Narcotráfico: Máximo desafío para Macri

Mauricio Macri fue contundente en su primer mensaje al Congreso cuando desmitificó el papel de Argentina como un simple país de tránsito: “Somos un país que recibe droga, la transforma, la vende internamente y la exporta”.

El nivel de sinceridad contrasta con el gobierno anterior que nunca asumió la realidad manipulando estadísticas y datos a ficción. Macri citó informes internacionales y aseveró que Argentina se ha convertido en el tercer proveedor de cocaína del mundo.

A su pesar, le tocó poner los puntos sobre las íes. No es difícil entender que la verdad es la única fórmula para construir una estrategia antidroga. Si luego fracasa o tiene éxito en esa lucha, será otro cantar. Ahora la sinceridad era indispensable.

“Necesitamos verdad y justicia” fue su expresión sobresaliente. Son los ingredientes indispensables para combatir las drogas, en un país que se ha convertido en “próspero para los traficantes” y que dejó de asombrarse de los crímenes violentos en otras regiones, para experimentarlos en carne propia.

Ante el Congreso, Macri no solo desnudó un sombrío panorama heredado con alta inflación, nulo crecimiento y mucha pobreza, sino también con profusa corrupción, poca seguridad y escasa justicia. Casualmente estos elementos son los que influyen, potencian o retroalimentan el tráfico de drogas.

Es que los carteles de la droga se nutren del círculo vicioso que crean. Se empoderan entre la pobreza y desigualdad, potencian a otras mafias dedicadas a otros crímenes y riegan corrupción con la intención de debilitar a las instituciones democráticas para blindarse ante la ley y la justicia.

Puede ser que el presidente argentino haya exagerado en algo para crearse espacio y tiempo para trabajar, en especial después de un comienzo con medidas agobiantes para los ya menguados bolsillos y anuncios impopulares de arreglos con la usura internacional, la única forma de acceder a una cartera de créditos que le estaba negada al país.

Pero Macri no exageró sobre el impacto del narcotráfico. En el informe 2015 divulgado por Naciones Unidas esta semana, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) sentencia que el narcotráfico es el causante del devastador impacto económico, social y político de Centroamérica, aunque sus aseveraciones se aplican a cualquier región donde anidan los narcos.

El informe señala que hasta el desarrollo y crecimiento económico de un país es relativo, sí no se ataca de raíz el problema del narcotráfico, el que socava en forma directa el Estado de derecho y la calidad de la democracia. Ahora se puede apreciar aquella advertencia del Papa sobre la “mexicanización de Argentina”. Francisco no solo se refería al clima de violencia física e inseguridad ciudadana, sino a la inestabilidad democrática.

Macri apuntó bien en su mensaje cuando buscó la alianza del Congreso para delimitar el nuevo marco legal necesario para combatir al narcotráfico. Habló de fondo y de formas. Una reforma judicial que haga realidad la independencia de la Justicia y mejore su funcionamiento como estrategia. Y reformas al Código Penal, el fortalecimiento de la Justicia federal, el decomiso de bienes y las leyes del Arrepentido y la de Acceso a la Información Pública y Transparencia, como tácticas.

Más fácil decirlo que hacerlo. El mayor desafío del oficialismo no es la estrategia que parece clara, sino buscar consensos en una legislatura que no es mayoría. Le costará sudor y lágrimas, sobre todo cuando le está endilgando a esa mayoría haber sido el artífice de tanta inseguridad que “no es una sensación” y haber generado “la violencia verbal, la denigración de sentir que el Estado no solo no te cuida sino que te falta el respecto”.

El egoísmo político puede hacer descarrilar cualquier estrategia por buena que parezca. Sin embargo, Argentina no tiene otra alternativa si no quiere verse reflejado en el espejo mexicano, ese país cuya clase política estuvo por años negándose a admitir que las drogas lo estaba consumiendo todo.

Macri tuvo en este presente la razón de poder endilgarle al gobierno anterior sus responsabilidades. Pero ya está. De ahora en más, ya no podrá quedarse con las culpas del pasado sino mostrar sus propias soluciones y acciones. El narcotráfico ya es su batalla a futuro. 

Evoluciones paralelas a distinta velocidad: Tecnología e intimidad o FBI vs. Apple

La evolución de las nuevas tecnologías, las leyes que las regulan y la adaptación del comportamiento humano a ellas viajan en vías paralelas, pero a distintas velocidades, causando conflictos.

Así quedó en evidencia esta semana con los vertiginosos avances que mostraron los gurús de la tecnología en el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona y la riesgosa disputa entre el FBI y Apple en Washington por los derechos y deberes en la órbita de la comunicación digital.

En Barcelona los innovadores sintieron tocar el cielo con las manos. Presentaron teléfonos móviles casi indestructibles, con capacidad para realidad virtual y videos en 360 grados en redes 5G, mientras que el nuevo “profeta”, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, anunció “conexión para todo el mundo”, mediante un sistema de drones en la estratósfera, que permitirá que 1.700 millones de personas tengan por fin acceso a internet.

La disputa entre el FBI y Apple es más terrenal. Se disputan si es más importante que el gobierno defienda a la ciudadanía ante posibles ataques que los terroristas organizan desde la web o que las empresas ayuden a los usuarios a proteger sus datos personales y comunicaciones por internet. El dilema entre estos dos principios - seguridad nacional y derecho a la intimidad – no es de fácil solución y, sin prudencia y sabiduría, se corre el riesgo de que se promulguen leyes que terminen inhibiendo la innovación tecnológica y restringiendo la privacidad y libertad de expresión.

El FBI pidió que Apple desarrolle un sistema operativo capaz de desbloquear el iPhone del terrorista que mató a 14 personas en San Bernardino en diciembre pasado. El objetivo es saber si Rizwan Farook contó con apoyo y cómplices. El contenido del teléfono es clave, por cuanto semanas antes del atentado lo desconectó de la nube, tras dejar loas al Estado Islámico en su perfil de Facebook.

Apple también está sólido en su posición. Pidió anular la orden de un juez que le pidió colaborar con las autoridades. Tim Cook, el presidente de Apple, que fue acusado por el FBI de negarse a colaborar por anteponer el marketing y su modelo de negocio a la seguridad de los ciudadanos, considera que el gobierno está empecinado en un juego peligroso.

Argumenta que un sistema operativo que permita violar los códigos de seguridad y la encriptación de su propio iPhone, podría ser aprovechado por las autoridades para violentar la privacidad de los ciudadanos, asunto que todavía está en la memoria colectiva, desde que Edward Snowden demostró que el Gobierno espiaba las comunicaciones digitales de cualquiera.

Ante el embate, el director del FBI, James Comey, reconoció que el Gobierno está ante “uno de los dilemas más fuertes” de todos los tiempos. No es para menos. El nuevo sistema o “puerta trasera” que Apple debería crear para debilitar la seguridad del iPhone, tarde o temprano, podría convertirse en una ventana que aprovecharían los hackers y terroristas, así como gobiernos autoritarios ávidos por mejores formas para controlar a los ciudadanos y censurar sus libertades.

Si bien la discusión tiene la fortaleza de los argumentos de cada parte, su debilidad radica en el contexto. Si ocurre un nuevo ataque terrorista de envergadura puede hacer que el público, ahora a favor de Apple según las encuestas, cambie de opinión y acepte nuevas leyes que limiten las libertades, así como sucedió con la controversial Ley Patriótica después de Setiembre 11.

También pudiera ocurrir que los jueces, sin reglas nuevas en el contexto digital, apliquen otras obsoletas sobre terrorismo dándole un mordisco más a Apple. Dadas las condiciones, la empresa prevé que su mejor alternativa es llegar ante la Corte Suprema, tradicionalmente más amiga de las libertades que de las restricciones. Sin embargo el viaje puede ser largo y tortuoso, y en el camino se le podría ordenar que abandone sus planes actuales de hacer más inviolable el sistema operativo del iPhone.

La mejor opción, según el consenso de los últimos días, es que el Congreso forme una comisión de expertos tecnológicos y legales. La intención es crear el mejor entorno para conciliar la tecnología con el deber del Estado a brindar seguridad ciudadana y respetar el derecho a la privacidad. Aparenta ser la única salida. 

Muerto el juez, viva la Justicia

Como si algo le faltara a las coloridas elecciones presidenciales en EEUU, la Justicia se metió de lleno en la campaña, incitando mayor polarización entre  republicanos y demócratas, y entre Barack Obama y un Congreso que no le obedece.

No entró a la contienda por algún fallo electoral, sino por la muerte del magistrado Antonin Scalia, uno de los nueve jueces de la Corte Suprema que ahora quedó en un equilibrio peligroso, justo cuando debía decidir sobre inmigración y calentamiento global, dos temas sobre los que Obama quiere construir su legado en los últimos meses en la Casa Blanca.

Tanto Obama como el Senado dominado por la oposición, que tienen la potestad de nombrar y vetar al reemplazante de Scalia, buscan agua para su molino. Obama quiere un juez menos sedicioso que no le siga bloqueando sus iniciativas en inmigración, medio ambiente y reforma sanitaria; mientras que el Senado espera que el 8 de noviembre se elija de presidente a un republicano, quien podrá designar a un magistrado tan conservador como Scalia.

La controversia no es menor en un país que los fallos de la Justicia pueden tener más fuerza que las leyes del Congreso o los decretos del Ejecutivo. La cultura estadounidense ha sido moldeada por los jueces supremos, ya sea porque inhibieron leyes racistas, declararon legal el aborto, permitieron que quienquiera porte armas, que se queme la bandera o que el matrimonio pueda consumarse entre personas del mismo sexo.

Scalia era tan conservador como la Constitución misma. En algunos fallos trascendentes sobre matrimonio y aborto, recordaba que esos temas no estaban en la Constitución por lo que debían ser zanjados por poderes electos, y no subordinados a nueve abogados que nadie había elegido.

Igualmente, sus opiniones jurídicas siempre sirvieron para equilibrar las de otros magistrados más progresistas, alineados a la ideología del Partido Demócrata. No obstante y a diferencia de lo que sucede en otros países con magistrados sumisos al poder de turno, Scalia supeditaba sus fallos a su forma conservadora de pensar, pero no a los intereses ideológicos del Partido Republicano.

Con el reemplazo de Scalia o sin un nuevo magistrado, Obama tiene más allanado el camino para su reforma migratoria, una orden ejecutiva para regularizar a millones de inmigrantes indocumentados, que ha sido combatida en las cortes por muchos gobernadores republicanos de estados como Texas, que la consideran anticonstitucional, y a quienes se preveía que Scalia les daría la razón.

Sin Scalia, Obama también podría anotarse una pronta victoria en materia de calentamiento global. Es que una semana antes de fallecer, Scalia había inclinado la balanza, 5 votos a 4, a favor de varios estados cuya economía depende del carbón y el petróleo, y que habían protestado una orden administrativa de Obama que impone reemplazar la explotación de las energías fósiles por las renovables.

El Plan de Aire Limpio de Obama es trascendente por dos razones. Primero, por ser la primera vez en la historia que un tema llega a la Corte Suprema por otra vía que no sea un tribunal de apelaciones. Segundo, porque Obama se comprometió en la Cumbre de Cambio Climático de París en diciembre, a que EEUU reduciría los gases de efecto invernadero en un 28% para 2025, contagiando a la Unión Europea y a China a que adopten objetivos similares.

Sin Scalia probablemente los estados díscolos pierdan la pulseada. Sin embargo, como bien apunta el New York Times, una justicia equilibrada con ocho miembros pudiera “prolongar la incertidumbre” de la sociedad sobre otros temas que necesitan definición, como la obligación de empleadores a repartir métodos anticonceptivos o la acción afirmativa universitaria que favorece la incorporación de alumnos de minorías, más allá de requisitos académicos.

Por el bien común, Obama y el Senado necesitan pronto acordar y nombrar al noveno magistrado. Es irrelevante que coincida o no con el pensamiento de Scalia, lo importante es mantener ese desequilibrio equilibrado de la Corte que le da valor a la Justicia en una democracia. Así como el dicho “muerto el rey, viva el rey” servía para despedir al soberano y honrar la monarquía, vale la pena una alegoría por Scalia: “Muerto el juez, viva la Justicia”. 

Francisco; entre Guadalupe y la Santa Muerte

Francisco está en México. Un país paradójico, profundamente católico y sumamente violento. Tan famoso por la devoción a la Virgen de Guadalupe, como por su creciente idolatría a la Santa Muerte.

México ya no es hoy el de las “lindas mañanitas”, sino el de los tenebrosos atardeceres, antesala de noches de temible violencia que prodiga el crimen organizado, amparado por la ineficiencia de un Estado que se ve desbordado y se siente fallido.

El país no solo está impregnado de violencia, sino sumido en la impunidad. La Justicia es escasa, la seguridad nula y el acostumbramiento a cadáveres mutilados colgando de puentes, ha hecho que muchos prefieran no denunciar, sino postrarse ante el fetiche de la Santa Muerte, la “autoridad” más confiable a quien pedirle protección.

En un país pródigo en pecados, donde resaltan los violentos, criminales y corruptos y son finas las líneas que dividen a los “Chapo” Guzmán de los Peña Nieto, Francisco se siente a sus anchas. Retará. Lanzará dardos y dejará frases célebres por doquier. 

Enfrentará al poder revitalizando aquella de “pecadores sí, corruptos no”, excomulgará a los carteles como a la camorra napolitana y la Cosa Nostra siciliana, y se avergonzará de los traficantes de inmigrantes de la misma forma que condenó a los mercaderes de refugiados en Lampedusa.

El derrotero de Francisco está marcado desde que se conoció la agenda de su peregrinaje. A diferencia de los cinco viajes de Juan Pablo II y del de Benedicto XVI por ciudades más acomodadas, como Guadalajara y Monterrey, Francisco, fiel a su estilo arrabalero de Buenos Aires y rebelde ante alfombras rojas y protocolos, se internará en la corrupta Ecatepec, la narcotizada Michoacán, la violenta Ciudad Juárez y la pobrísima zona de Chiapas, bastión de la inequidad.

Sus reflexiones y duros mensajes se escucharán más allá de México. Servirán para avergonzar a más de uno, especialmente cuando toque con su mano el “muro de los lamentos”, esa pared que Donald Trump quiere hacer más alta y más larga para atajar a los migrantes, a los que califica sin distinción de drogadictos y violadores. Sus colegas republicanos, varios de ellos católicos, como Marco Rubio y Jeb Bush, tratarán de usar las palabras de Francisco como trampolín, aunque la cuesta es demasiado elevada.

Como siempre, cada viaje y cada frase de un Papa es tomado en forma selectiva y acomodaticia según el interlocutor. El presidente Enrique Peña Nieto se vanagloriará de haber conseguido su visita, mientras sus opositores las usarán para machacar lo poco que el gobierno ha hecho contra la pobreza, la corrupción y el crimen organizado.

Los datos son tan transparentes que no pasan inadvertidos. Transparencia Internacional tiene a México como un país marcadamente corrupto, grupos de derechos humanos lo definen como el más violento de América Latina, con 151 mil asesinatos y 27 mil desaparecidos en la última década, una violencia que no distingue sectores ni género. 

El Observatorio Nacional del Feminicidio cuenta 1.554 mujeres desaparecidas desde 2005 en el estado de México y la Iglesia Católica, según un informe del Episcopado nacional, estableció que los crímenes y secuestros contra religiosos aumentaron un 275% y que 40 sacerdotes fueron asesinados en los últimos años.

Francisco también recibirá muchas críticas por no atender a los padres de las víctimas de estudiantes incinerados o de niños abusados por el cura Marcial Maciel. Una agenda limitada también le había ganado reproches en EEUU cuando no recibió a víctimas de racismo o en Cuba a disidentes y oprimidos, pero en este caso para no desairar a los dictadores Castro. Aunque como Francisco es dado a saltar protocolos y vallas de seguridad, su espontaneidad fructificará en simpatías, acercándose a la que granjeó Juan Pablo II, por quien los mexicanos sienten todavía más predilección.

Pese a toda la política habitual involucrada, este viaje de Francisco parece más pastoral que los anteriores. Delante de él tiene a dos países opuestos: Aquel que es 83% católico, aunque siga perdiendo adeptos que migran a otras religiones; y el otro, que idolatra a la Santa Muerte. A este último, la oveja descarriada, es al que Francisco le querrá recordar que México es y debe seguir siendo 100% guadalupano. 

Spotlight o Primera Plana y el PERIODISMO en mayúsculas

Es irrelevante que Spotlight gane o pierda el Oscar a la mejor película en la ceremonia del 28 de febrero próximo en Hollywood. Su trascendencia no es para el cine, sino para demostrar el poder transformador que tiene el Periodismo de calidad en una comunidad.

La película retrata cómo una investigación periodística logró desenmascarar a la jerarquía de la Iglesia Católica de Boston que, por años, ocultó el abuso sexual de menores por parte de curas pederastas, confirmando mi convicción de que la máxima cualidad del Periodismo no es cubrir los hechos, sino descubrirlos.

En momentos en que el Periodismo está confundido, ya sea por los desafíos tecnológicos y los políticos, que lo pueden impulsar a la superficialidad o a la militancia política, Spotlight recuerda que la prensa tiene como función social iluminar los hechos, crear conversación pública y, sobre todo, empoderar a la sociedad para que encuentre los antídotos contra el mal.

El Periodismo no debe tener todas las respuestas, pero sí la responsabilidad de alumbrar aquello que muchos quieren mantener oculto. Su función es descubrir la verdad por más dolorosa que esta sea, es decir, que los delitos criminales no se escondan como simples pecados de Confesión.  

La película emociona desde el primero al último cuadro, en especial, cuando uno presta atención a las estrategias investigativas de Martin Baron – interpretado por Liev Screiber - el arquitecto de la investigación del Boston Globe y a quien conocí en su paso anterior por The Miami Herald. Es que en dos horas, la película comprime una investigación de meses y enseña todos los valores que a un estudiante de Periodismo le llevan cuatro años de universidad para aprender.

Una de las cualidades de Baron es que pidió al equipo investigativo del diario (que da nombre a la película) a profundizar las investigaciones aun cuando creían haber llegado a la meta. En una secuencia, los periodistas, interpretados por Mark Ruffalo y Michael Keaton, estaban ansiosos por publicar los resultados sobre unos 60 curas pedófilos. Baron, lejos de quedarse con el sensacionalismo y el golpe de efecto que produciría entre sus lectores dar los nombres de los delincuentes, prefirió que escarben más. Les pidió desenmascarar todo un sistema de encubrimiento y ramificaciones de la jerarquía eclesiástica sobre la justicia y la educación.

En otra secuencia se sienten las presiones a las que es sometida la verdad por sectores acomodados e intereses sectoriales, pese a que las víctimas eran niños. Muestra la conveniencia social de vivir entre mentiras, apariencias y con prejuicios. Pero ahí aparece la grandeza del Periodismo bien hecho, libre, distante e independiente, incluso asumiendo consecuencias de posibles boicots de lectores, anunciantes y sectores que siempre prefieren dejar las cosas como están. No enfrentarlas.

Como en muchas películas e investigaciones, pese a las tramas y los traumas, Spotlight tuvo final feliz: Las víctimas encontraron caminos de redención; la Iglesia de purificación habiendo echado al cardenal Bernard Law y designando al cardenal Sean O’Malley para “blanquear los sepulcros”; la justicia condenó a muchos delincuentes; el Boston Globe renovó su posición de liderazgo y confianza con la sociedad; la comunidad aprendió que ningún poder es absoluto y a cuestionar a sus líderes; mientras que otros medios y comunidades del mundo se dieron cuenta que tenían el mismo problema que descubrió Spotlight.

Al terminar la proyección, Baron dedicó varias párrafos para hablar de su trabajo actual en The Washington Post, un diario que su jefe, Jeff Bezos, dueño de Amazon, quiere convertir en el diario nacional de mayor repercusión. La intención es combinar un periodismo más digital, relatado en otras formas, pero manteniendo los valores tradicionales mostrados en Spotlight y aquella otra gran investigación, Watergate, que permitió a los anteriores dueños del Post, comandados por Katherine Graham, a desafiar a todo el establishment político de la época.

No hay dudas que Baron, que sabe de aguas turbulentas, es un timonel sagaz para la travesía y que llegará pronto a destino. En el trayecto y a futuro, deja demostrado que pese a que el papel de diarios podrá morir algún día, lo que jamás morirá es el papel del buen Periodismo en una sociedad. 

Teconología y terrorismo

La era digital conlleva grandes desafíos. El más impensado es que ha metido de cabeza a las empresas privadas a resolver guerras, conflictos y terrorismo, un campo que antes era exclusivo de gobiernos y estados enfrentados.

Google, Facebook, YouTube y Twitter están cada vez más acorraladas. Tras los ataques del Estado Islámico en París y San Bernardino, el gobierno de Barack Obama les está exigiendo más compromiso para que sus plataformas tecnológicas no sean usadas por los terroristas para propagar su odio, reclutar voluntades y organizar atentados.

El reclamo, también instalado en la campaña electoral por Hillary Clinton y Donald Trump, parece loable y patriótico, aunque esconde muchas complejidades. La principal es que impone a las compañías privadas una actitud de policía que no tienen.

Si estas compañías no resisten, corren el riesgo de perder independencia, lo que carcomerá la confianza del público. También perderán negocios en el extranjero por el temor de que sus productos estén infiltrados por la vigilancia del gobierno estadounidense. Especialmente, les lloverán pedidos similares de gobiernos no tan democráticos, que bajo la excusa de perseguir a terroristas, usarán la información para marginar a sus opositores.

Obama pidió a las empresas digitales que combatan al terrorismo con la misma fuerza que a la pornografía infantil y que dejen de desarrollar tecnología para encriptación de mensajes, para que la información sea más permeable para las agencias de seguridad.

Las tecnológicas han mejorado su trabajo con bancos de imágenes que les permiten detectar pornografía y desactivarla de inmediato, aunque un “googleo” rápido muestra que no son muy eficientes. La encriptación de mensajes, por otro lado, es un arma de doble filo, esencialmente porque es tecnología creada para aumentar la privacidad de los usuarios y para evitar que hackers y cibercriminales puedan atacar bancos, transporte aéreo o plantas nucleares.

Los terroristas, además, no siempre mantienen sus conversaciones a oscuras y son ávidos en el uso de las tecnologías. En París se comunicaron por mensaje de texto regulares y en San Bernardino cuando Twitter eliminó el tuiteo del Estado Islámico, “California: hemos llegado con nuestros soldados y decidan su final, con bombas o cuchillos”; los terroristas reaparecieron con decenas de cuentas nuevas.

En este intríngulis donde entran en conflicto derechos constitucionales de igual valor, como la seguridad nacional, el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, la tarea no es fácil. Las compañías digitales basan su estrategia de crecimiento no solo en la innovación, sino también en la credibilidad, la que ya fue corroída cuando admitieron el espionaje y vigilancia del gobierno tras la denuncia de Edward Snowden en 2013.

Tras aquel escándalo, las empresas reforzaron la protección de los datos de los usuarios y comenzaron a ofrecer informes de transparencia, en los que se describen los pedidos de gobiernos y usuarios para desactivar contenidos incendiarios, los que no siempre acatan.

Por ahora, mientras no haya una ley que los obligue, solo entregan información cuando es solicitada mediante orden judicial. Muchas veces, además, no desactivan contenidos ante el pedido de las propias agencias de seguridad que prefieren no alertar a los sospechosos que están investigando. Parece ser el caso de Tashfeen Malik, el autor de la masacre de San Bernardino, a quien vigilaban por pregonar contenidos propagandísticos a favor del terrorismo en su perfil de Facebook.

Los terroristas, así en el territorio físico como en el virtual, regeneran tácticas y estrategias mediante el uso de tecnologías disponibles para todos, por lo que no resulta fácil encontrar el antídoto. De todos modos, sería grave limitar la eficiencia de los mensajes encriptados. Se correría el riesgo de que la realidad digital se vuelva más vulnerable y disminuyan los espacios de privacidad.

La polémica está situada y no será fácil resolverla. Hasta ahora la tecnología se percibía como la solución a muchos problemas, pero en el caso del terrorismo es en sí misma el problema. La innovación seguramente encontrará sus formas. Ojalá que en el ínterin, los gobiernos no obliguen a las empresas privadas a actuar como agencias de seguridad.

De blanco a gris oscuro

Cuando creíamos que por los sobornos en el fútbol y el consumo de esteroides en el atletismo habíamos perdido la capacidad de asombro sobre la corrupción y el engaño en el deporte, esta semana nos volvimos a sorprender por las denuncias contra el deporte de blanco.

La noticia cayó justo al inicio del Open de Australia. El estruendo lo provocó una denuncia periodística de la BBC y BuzzFeed. En la última década, unos 16 tenistas profesionales del top 50 pactaron perder sus partidos para beneficiar a las mafias rusas e italianas de apuestas.

El escándalo no apunta tanto a los tenistas o a las mafias que exigen resultados previsibles mediante partidos arreglados, sino a que los dirigentes, sabiendo de la corrupción y teniendo identificados a los tenistas, prefirieron tapar las evidencias para guardar las apariencias. Léase, no espantar a los sponsors o perder derechos televisivos que hacen de esta disciplina una de las más rentables.

Tras la denuncia se comprueba que encubrir la realidad produce el efecto contrario. Por no haberse hecho justicia con los malos, hasta los buenos han quedado bajo sospecha. En un deporte en el que un solo individuo maneja el destino del partido, ¿qué espectador no dudará ahora si un partido está o no amañado?

El tenis perdió el partido de la credibilidad. La confianza está destruida y costará restablecerla si los dirigentes no investigan a fondo o insisten en que no tienen pruebas para sancionar. Las dudas sobre la Asociación Profesional de Tenis no ayudan, son de vieja data. André Agassi ya las había planteado en Open, su autobiografía de 2014. 

Confesó que tras dar positivo en un control antidoping, los dirigentes miraron para otro lado permitiéndole ascender en un torneo. La prioridad fue el negocio, no el deporte.

Este tipo de encubrimiento también fue evidente cuando, “por falta de pruebas”, no se sancionó a una de las estrellas top 10, Nicolay Davidenko, tras retirarse por lesión de un match contra el argentino Martín Vasallo Arguello en 2008. Aquel partido detonó las alarmas de los arreglos y condujo a la creación de un tribunal de disciplina que terminó enfocándose en los más rezagados del tenis, cuyas faltas no hacen tanto ruido como lo harían las sanciones contra la élite.

La corrupción en el tenis era un secreto a voces, pero faltaban los detalles. En un primer momento, las autoridades y tenistas en Australia se mostraron sorprendidos y guardaron las apariencias ante la denuncia. La ficción duró solo unos instantes, hasta que, por suerte, llegó la confesión más contundente. El número uno, Novak Djokovic, reveló que en 2007 le ofrecieron 200 mil dólares para perder un partido.

Ya no hizo más falta que la BBC y BuzzFeed trataran de demostrar que su denuncia estaba basada en investigaciones sobre el análisis científico de los resultados de 26 mil partidos en la última década, en información filtrada e intercambio de miles de correos electrónicos entre tenistas, apostadores y mafiosos. Djokovic dio credibilidad a la denuncia: En el circuito existen arreglos de partidos y las mafias acechan.

Por razones legales la BBC y BuzzFeed no identificaron a los tenistas, pero sí dijeron que la Asociación tiene identificados a los 16, ocho de los cuales están o estuvieron jugando en la presente competencia de Melbourne. Inmediatamente, Roger Federer y Andy Murray pidieron deslindar responsabilidades. Reclamaron nombres, por el bien y la credibilidad del tenis y el circuito.

Les llegó a los dirigentes la hora de sincerarse y entrar en el proceso de limpieza, como lo han hecho otras disciplinas deportivas. Deberán revisar no solo los torneos mayores, sino también los menores y de juveniles donde los mafiosos “educan” a futuro. Y como les gustan tanto las apariencias, deberán revisar si no es conflicto de interés mantener a las casas de apuestas como sponsors de grandes torneos, incluido el Open presente.

Sin embargo no todo el trabajo de limpieza lo deben hacer los dirigentes y jugadores. Para el bien de la afición y el tenis, es de esperar que así como sucedió con la FIFA, la justicia de algún país actúe de oficio. Los partidos amañados por sobornos mafiosos son corrupción de alto voltaje. Estos delitos no pueden quedar al simple arbitrio de un tribunal de ética deportiva.