Coca Cola, obesidad y libertad individual

En momentos que los estados legislan sobre cuestiones sociales polémicas como la despenalización de las drogas, la eutanasia o los matrimonios del mismo sexo; es difícil determinar hasta qué punto un gobierno puede entrometerse en asuntos que lindan con la libertad individual, afectando nuestros hábitos y conductas cotidianas.

Una de estas controversias surgió a principios de mes en Nueva York, cuando el alcalde Michael Bloomberg, con el fin de combatir la obesidad, propuso una ordenanza que prohíbe la venta de refrescos azucarados en envases mayores de 16 onzas (casi de medio litro) en puestos callejeros, cines, restaurantes de comida rápida y estadios.

Muchos la consideraron una medida progresista acorde a las tendencias sobre salud pública que Bloomberg viene promoviendo en todo el país, similar a las que adoptó para prohibir que se fume en espacios públicos abiertos como el Central Park, establecer almuerzos más saludables en las escuelas públicas, u ordenar a los restaurantes que no usen grasas saturadas y que muestren a los clientes tablas con el valor calórico de los alimentos.

Otros, sin embargo, califican a Bloomberg de “alcalde niñero” o sobreprotector, creen que sus prohibiciones encarnan una intromisión en la libertad individual de las personas, al considerar que los individuos tienen el derecho a fumar, tomar o comer lo que quieran, mientras esa actividad no represente una amenaza, afecte la vida de los demás o sea contraria a las buenas costumbres.

En esta cruzada, Bloomberg no está solo. La primera dama, Michele Obama, desde que pisó el umbral de la Casa Blanca, puso en marcha el exitoso programa Let’s move (Movámonos), que incentiva el ejercicio físico en las escuelas públicas, además de almuerzos con verduras y frutas, más fibras y menos grasa. El objetivo, como el de Bloomberg, es combatir la epidemia de la obesidad que afecta a un 17% de los 32 millones de niños en edad escolar y a un 35% de los adultos.

La batalla no resulta fácil, la maquinaria de la industria de alimentos es colosal, desde nuevas marcas y productos más competitivos en los anaqueles de los supermercados, hasta publicidad contagiosa. La franquicia Burger King anunció esta semana un helado con panceta de 670 calorías, muy superior a las 16 onzas de bebida que se pretende prohibir en Nueva York.

La publicidad es el nuevo frente de batalla de los activistas. La compañía Walt Disney no resistió la presión y anunció que en sus parques de diversiones ofrecerá comidas más saludables y que para 2015 ya no permitirá publicidad sobre comida chatarra en sus canales de televisión, radios y sitios de internet. Se calcula que por cada hora que los niños pasan frente al televisor, tienen un 18% más de probabilidades de comer golosinas y un 16% de ingerir comida chatarra.

La tendencia se registra en otros países. En Perú los legisladores analizan un proyecto de ley para prohibir publicidad de comida chatarra en horario de protección del menor, ya que un 25% de los niños, entre cinco y nueve años, tiene problemas de obesidad y sobrepeso, así como un 50% de las mujeres maduras. Según el Congreso peruano, existen dos millones de diabéticos en el país y se suman 100 mil casos nuevos al año.

Como buen economista, Bloomberg justifica con datos concretos sus acciones para mejorar los hábitos alimenticios. Se estima que en EEUU se gastan 190 mil millones de dólares al año en el tratamiento de enfermedades relacionadas a la obesidad, como la diabetes tipo 2 y algunos cánceres y males cardiovasculares.

Aunque es difícil oponerse a medidas de salud pública, los gobiernos deberían estar más limitados y no cruzar la raya divisoria entre los asuntos de interés social y los del ámbito de libertad individual. En estos temas siempre será mejor prevenir y educar, que imponer y prohibir.

Habrá que esperar años para observar si se crean nuevos hábitos y la obesidad se reduce. Mientras tanto, como sugirió el Instituto de Medicina estadounidense, más que prohibir vasos grandes de Coca Cola, será más efectivo incentivar la integración de la actividad física a la vida diaria, que haya mayor disponibilidad de alimentos y bebidas saludables en las ciudades y que las escuelas se transformen en motores de la salud individual y pública.

Julian Assange escogió bien

Un amigo ayer me sorprendió con la noticia de que en Londres, Julian Assange se había refugiado en la Embajada de Ecuador para solicitar asilo, diciéndome que no entendía por qué, alguien que luchó a favor de la libertad de expresión y el derecho del público a estar informado, escogió un país dominado por el presidente Rafael Correa con un terrible récord sobre libertad de prensa.

Pero no creo que a Assange le preocupe eso. Más bien, su decisión para escapar de la posible extradición a Suecia, a la que la Corte Suprema británica ya dio autorización para comenzar con el proceso, es que quiere tener la seguridad de que no lo deporten a Estados Unidos como sus abogados vienen asegurando lo haría el gobierno sueco, una vez que lo procesen por crímenes sexuales en ese país.

Así que le viene muy bien establecerse al lado Correa, sabiendo que el líder ecuatoriano es un crítico acérrimo de cualquier política estadounidense y le resultaría muy difícil no sincronizar sus acciones con su filosofía de gobierno.

Se irán sabiendo los detalles de su decisión, la que viene sopesando desde hace meses con las autoridades ecuatorianas. A este nivel y a lo que está en juego, nada se hace por casualidad. Habrá que ver si Assange resulta asilado en Ecuador, cuales son las condiciones y restricciones que impone Ecuador, para saber a que se tendrá que atener.

Honduras y México: ahora la ONU

La preocupación por los crímenes contra periodistas en Honduras y México fueron parte del discurso que ayer pronunció la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, debido al incremento de la violencia en estos dos países, sin embargo se olvidó de hablar de Brasil donde en 2012 ya fueron asesinados cuatro comunicadores.

Es bueno que la ONU salte ahora con mayor preocupación a lo que ya es una constante entre las organizaciones intergubernamentales. Sin embargo, el problema es que más allá de los discursos no existe una metodología de presión para que los gobiernos hagan algo para paliar esta crisis de la violencia y la impunidad que rodea a los asesinatos contra periodistas.

Muchos temen en Honduras que la suerte del caso Villatoro o de Sá en Brasil, medianamente esclarecidos, debido a la presión internacional y a las marchas que en ambos países hicieron en protesta por la falta de garantías gubernamentales, no sea la misma que acompañe a otra decena de casos de periodistas asesinados en el interior de los países, donde la prensa es más vulnerable y está más a merced del crimen organizado y de su confabulación con criminales de poca monta, pandilleros y funcionarios corruptos.

En Veracruz, en México, unos 20 periodistas han abandonado la profesión y emigrado a otros estados debido a la decena de periodistas asesinados en ese lugar. De los seis crímenes de este 2012, cinco se han producido en ese estado.

Los gobiernos necesitan reaccionar de inmediato y establecer mecanismos eficientes de protección. Todavía Porfirio Lobo y Dilma Rousseff no parecen tener la suficiente voluntad política para atacar este tema, algo que en México, aunque todavía en forma parcial, sí lo está haciendo la administración de Felipe Calderón con varias iniciativas legales y administrativas.

En Honduras, medios y periodistas necesitan continuar fortaleciendo la solidaridad y unidad que demostraron en las protestas por el caso Villatoro. Es la única forma que el gobierno puede escuchar y, por ende, reaccionar.

Protestas equitativas y para todos

Las cumbres presidenciales sirven para que todo tipo de grupos se exprese en protesta contra el status quo, aunque siempre hemos visto que éstas protestas sirven para combatir los excesos de las democracias, más que de las dictaduras.

Casi siempre sirven para el regocijo de aquellos gobiernos que hacen de las peleas ricos vs. pobres o desarrollados vs. en vía de desarrollo.

La Cumbre del G-20 que inició este domingo en Los Cabos, México, ya tiene varios grupos enfocados para protestar por los problemas financieros y económicos en el mundo de países más desarrollados, presión que no solo se ejerce contra los gobiernos sino también contra la banca privada a la que se le atribuye muchos de los males que hoy sufre la clase media.

También es bueno que esas protestas de grupos sociales, mayoritariamente de jóvenes, se exprese contra los candidatos presidenciales y medios de comunicación como en México, como el grupo YoSoy132, o en Chile por una eduación laica y gratuita o en Nueva York y otras ciudades estadounidenses mediante el grupo Ocupemos Wall Street.

En Río de Janeiro en estos días, con motivo de la cumbre del medio ambiente Rio+21, sucedió una interesante protesta, convocada por miles de personas de diferente credo y orientación sexual que desfilaron en la playa de Ipanema, contra el president iraní, Mahmud Ahmadinejad, quien llegará esta semana a Brasil.

La marcha fue convocada en contra de la intolerancia religiosa de los líderes iraníes, por la negación del Holocausto y, entre otras razones, por la dsicriminación y encarcelamiento de homosexuales.

“Queremos captar la atención del mundo para decir que el odio religioso perjudica el medio ambiente y Ahmadinejad representa el odio. El desarrollo sostenible pasa por los derechos humanos”, dijo Ivanir dos Santos, responsable de la Comisión contra la Intolerancia Religiosa de Brasil.

Obama: justo y electoral

Barack Obama sacó un as de bajo de la manga para ganar la pulseada electoral, en momentos que la economía está atorada y Mitt Romney le acusa de administrar de espaldas a la clase media y trabajadora, y ser incapaz de reducir el índice de desempleo por debajo de la tasa del 8%.

Obama logró hoy que la economía quede de lado en su ambición por cerciorarse de que en noviembre el voto hispano mayoritario estará de su lado. Anunció  que suspende por dos años las deportaciones de indocumentados menores de 30 años, facilitándoles permisos de trabajo, algo similar a la legislación del Dream Act que está engavetada en el Congreso, según Obama, por obra y gracia de sus contrincantes republicanos.

De esta forma, Obama se saca de arriba el mote de ser el presidente con más deportaciones de la historia, superando las 200 mil en su mandato, mientras que coloca la pelota en la cancha de los republicanos que han quedado tecleando con tremendo uppercut, y en ascuas con un proyecto de ley parecido al Dream Act que está preparando el senador republicano por la Florida, Marco Rubio.

Uno se pregunta por qué Obama habrá esperado tanto para hacer este anuncio o si es que recién ahora considera que se trata de algo “justo” con quienes se sienten "estadounidenses de corazón".

A todas luces lo de Obama tiene un gran signo partidista y electoralista de caras a su carrera propagandística para quedarse en la Casa Blanca cuatro años más. Pero de todas maneras, bienvenido sea, para que casi un millón de hispanos que se sienten tan americanos como cualquier otro ciudadano, puedan tener la tranquilidad que no les deportarán, seguir trabajando, estudiando y esperar por una ley que no los discrimine.

Los republicanos no deberían responder, como ya lo empezaron a hacer, polarizando las posiciones sobre los inmigrantes, sino apurar el nuevo proyecto de ley de Rubio, para que puedan dar una mejor y más estable solución a largo plazo para todos los inmigrantes indocumentados.

Obama dijo que no “tiene sentido expulsar a jóvenes talentosos" que "son estadounidenses de corazón" y han hecho "contribuciones extraordinarias" al país. "Pónganse en sus zapatos…” – explicó - "muchos fueron traídos a Estados Unidos por sus padres" y no es justo que sean deportados a un país "del que no saben nada y cuya lengua no hablan". "En muchos casos no tienen ni idea de que son indocumentados hasta que piden un trabajo, o una licencia de conducir o una beca".

Ante tanto reconocimiento sobre la situación, vale la pena preguntarse porque esto acaba de ocurrir recién ahora.

La retórica sobre derechos humanos

El presidente ecuatoriano Rafael Correa hace buen uso del discurso político agresivo y de confrontación. Entre la arenga y la propaganda, su táctica consiste en imponer temas de discusión y situar a adversarios, periodistas, activistas o gobernantes extranjeros, a la defensiva.

Alcanzó su propósito una vez más en la recién finalizada 42ª. Asamblea de la OEA en Cochabamba, Bolivia, a la que asistió como único Presidente invitado entre los cancilleres de la región. Con su tono belicoso pero efectivo, logró que el tema principal de la reunión, el hambre que padecen 53 millones de personas en el hemisferio, quedara desplazado por su pretensión de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe reformarse o desaparecer.

Su reclamo estaba anunciado. Desde hace meses Correa viene desafiando a la CIDH y a la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, por defender y proteger a periodistas y escritores que él había demandado por cifras millonarias y castigos carcelarios. Con apoyo de sus colegas del ALBA, Correa forzó a la OEA a discutir recomendaciones, que de ser aprobadas, el sistema de defensa de derechos humanos perdería autonomía y razón de ser.

Aunque la asamblea pospuso la discusión hasta el 2013, Correa logró que su acusación al sistema fuera parte de la agenda; al estilo de otros temas trasnochados de imperialismo y guerra fría que Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega y Raúl Castro imponen ruidosamente en cada reunión de presidentes.
Correa, Morales y el canciller venezolano reclamaron a la OEA “renovarse o morir”, una evolución de la persistente amenaza de Chávez de retirarse del organismo, pero que nunca concreta. Estos gobiernos prefieren organizaciones como las del ALBA, CELAC y UNASUR, a las que ellos mismos forjaron sin los mecanismos internos de vigilancia de los derechos humanos que rechazan por injerencistas.
Correa cometió errores garrafales en su discurso, obligando a las ONGs y a la prensa regional a salir en defensa de un sistema que él consideró “aberrante” por tener su sede en Washington, mientras EE.UU. no ha revalidado la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Tras la reunión, la defensa más concreta la asumió el titular de la CIDH, el mexicano José de Jesús Orozco, quien demostró con datos que la no ratificación de la Convención no fue obstáculo para que la CIDH otorgara en 2011 once medidas de protección a los derechos humanos en EE.UU., una menos que en Honduras. Agregó que de los cinco informes de fondo publicados el año pasado, uno fue sobre Canadá por un asunto de migración y dos sobre EE.UU., por casos de violencia doméstica y pena de muerte.

Las diferencias técnicas - no las políticas como sostuvo Correa - entre las legislaciones nacionales y los principios de la Convención en materia de pena de muerte y aborto, entre otros temas, fueron las trabas históricas de EE.UU., Canadá y algunos gobiernos caribeños para no ratificar la Convención. Sin embargo, la CIDH tanto reclama por detenciones arbitrarias en Cuba, que no es parte de la OEA, como por el cierre de la cárcel estadounidense de Guantánamo.

El discurso polarizador del presidente ecuatoriano terminó paralizando una serie de recomendaciones que hizo un Grupo de Trabajo intergubernamental, que el sistema interamericano sí necesita para ser más eficiente. Una de las más destacadas, propone más esfuerzos a tareas educativas y a que los estados hagan mayores aportes económicos para remendar un severo atraso procesal. Sólo en 2011, la CIDH recibió 1.600 reclamos y 400 pedidos por medidas de protección.

Lamentablemente, la retórica de Correa consiguió consensos – con la excepción de Costa Rica, Chile, México, EE.UU. y Canadá - para que a la CIDH se le impongan cambios de trabajo en lugar de recomendaciones. De aprobarse, la labor de estos organismos terminará siendo supervisada por los gobiernos, convirtiéndose éstos en juez y parte, desvirtuándose así un sistema de protección que se vino construyendo por 50 años.

Ante los abusos de Estado y la impunidad, más que nunca hoy se necesita un sistema internacional más fuerte, autónomo y eficiente a donde los ciudadanos puedan buscar la protección de sus derechos. Esta importante decisión no debería quedar solo en manos de la OEA y los gobiernos.
 

Malvinas: obvio y estúpido referéndum

Los políticos británicos de las Islas Malvinas anunciaron un referéndum en el que le consultarán a los ciudadanos malvinenses si querrán seguir con su estatus de británicos o preferirán ser argentinos y regidos por el gobierno de Buenos Aires.

Más que un referéndum se trata de una treta de propaganda para dejar por sentado lo que ya todos saben. Por ello, cuando la noticia surcó los cielos del Atlántico Sur – justo en momentos que el gobierno de Cristina de Kirchner está por demandar a petroleras internacionales que explotan el subsuelo submarino cerca de las islas y se apresta a viajar a Nueva York para representar a la Argentina en la sesión por Malvinas del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas – el primer ministro británico, James Cameron, ni lerdo ni perezoso, dijo que el Reino Unido “respetará y defenderá” el resultado de la votación.

El referéndum, anunciado para la “primera mitad de 2013” por el presidente de la Asamblea Legislativa de las islas, Gavin Short, carece de validez. Primero porque se trata más de un resultado que puede buscarse por medio de una simple encuesta sobre empatías. Un referéndum sirve para decidir entre un sí y un no sobre un tema conflictivo entre dos posiciones polarizadas. En este caso no hay polarización, siempre se supo que los malvinenses quieren ser británicos, de eso nadie tiene dudas, ni siquiera el gobierno argentino. Además un referéndum no tiene validez cuando se consulta solo a una parte de dos en conflicto. Es como si preguntarle a los chavistas si quisieran que Chávez sea el candidato del PSU; o, en un caso internacional, como si se les preguntara a los chilenos o a los bolivianos si Chile debiera entregarle a Evo Morales una salida al mar. Los resultados serían obvios.

Tanto el argumento del referéndum como los dichos de Cameron (“Sólo el pueblo de las Falklands (sic) puede decidir cómo quiere ser gobernado. Por eso respaldo ampliamente esta iniciativa. De hecho, creo que llega en un momento muy significativo y le permitirá al pueblo de las islas enviar un mensaje claro a la Argentina y a toda la comunidad internacional de que son los únicos dueños de su destino”), son realmente obvios, estúpidos y propagandísticos.

Para cualquier tipo interpretación que se haga sobre Malvinas hay ciertas consideraciones a tener en cuenta. Las Islas Malvinas son una colonia británica y no existe otro modo de clasificarlas. Los británicos las usurparon a Argentina en 1833; posteriormente tras décadas tímidas de reclamos, la dictadura militar las invadió en 1982 perdiendo una guerra contra el Reino Unido, bajo alianzas regionales de Estados Unidos, Canadá y Chile, entre otros países americanos, que le dieron la espalda al tratado del TIAR. Ahora el gobierno argentino actual, por consideraciones nacionalistas que algunos piensan están motivadas por los mismos argumentos de la dictadura, de nuevo trae a colación el tema de la soberanía, con el apoyo de resoluciones de la ONU que son ignoradas por Gran Bretaña y otras grandes potencias. A largo plazo – décadas quizá - no habrá forma que el Reino Unido pueda ignorar este reclamo, como así sucedió con territorios como el de Hong Kong.

La posición de los británicos no se sostiene; solo les queda la excusa de la invasión militar argentina. No tienen otro argumento.