Malvinas: obvio y estúpido referéndum

Los políticos británicos de las Islas Malvinas anunciaron un referéndum en el que le consultarán a los ciudadanos malvinenses si querrán seguir con su estatus de británicos o preferirán ser argentinos y regidos por el gobierno de Buenos Aires.

Más que un referéndum se trata de una treta de propaganda para dejar por sentado lo que ya todos saben. Por ello, cuando la noticia surcó los cielos del Atlántico Sur – justo en momentos que el gobierno de Cristina de Kirchner está por demandar a petroleras internacionales que explotan el subsuelo submarino cerca de las islas y se apresta a viajar a Nueva York para representar a la Argentina en la sesión por Malvinas del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas – el primer ministro británico, James Cameron, ni lerdo ni perezoso, dijo que el Reino Unido “respetará y defenderá” el resultado de la votación.

El referéndum, anunciado para la “primera mitad de 2013” por el presidente de la Asamblea Legislativa de las islas, Gavin Short, carece de validez. Primero porque se trata más de un resultado que puede buscarse por medio de una simple encuesta sobre empatías. Un referéndum sirve para decidir entre un sí y un no sobre un tema conflictivo entre dos posiciones polarizadas. En este caso no hay polarización, siempre se supo que los malvinenses quieren ser británicos, de eso nadie tiene dudas, ni siquiera el gobierno argentino. Además un referéndum no tiene validez cuando se consulta solo a una parte de dos en conflicto. Es como si preguntarle a los chavistas si quisieran que Chávez sea el candidato del PSU; o, en un caso internacional, como si se les preguntara a los chilenos o a los bolivianos si Chile debiera entregarle a Evo Morales una salida al mar. Los resultados serían obvios.

Tanto el argumento del referéndum como los dichos de Cameron (“Sólo el pueblo de las Falklands (sic) puede decidir cómo quiere ser gobernado. Por eso respaldo ampliamente esta iniciativa. De hecho, creo que llega en un momento muy significativo y le permitirá al pueblo de las islas enviar un mensaje claro a la Argentina y a toda la comunidad internacional de que son los únicos dueños de su destino”), son realmente obvios, estúpidos y propagandísticos.

Para cualquier tipo interpretación que se haga sobre Malvinas hay ciertas consideraciones a tener en cuenta. Las Islas Malvinas son una colonia británica y no existe otro modo de clasificarlas. Los británicos las usurparon a Argentina en 1833; posteriormente tras décadas tímidas de reclamos, la dictadura militar las invadió en 1982 perdiendo una guerra contra el Reino Unido, bajo alianzas regionales de Estados Unidos, Canadá y Chile, entre otros países americanos, que le dieron la espalda al tratado del TIAR. Ahora el gobierno argentino actual, por consideraciones nacionalistas que algunos piensan están motivadas por los mismos argumentos de la dictadura, de nuevo trae a colación el tema de la soberanía, con el apoyo de resoluciones de la ONU que son ignoradas por Gran Bretaña y otras grandes potencias. A largo plazo – décadas quizá - no habrá forma que el Reino Unido pueda ignorar este reclamo, como así sucedió con territorios como el de Hong Kong.

La posición de los británicos no se sostiene; solo les queda la excusa de la invasión militar argentina. No tienen otro argumento.

Una cloaca se acaba: News of the World

Como lo anunció su presidente James Murdoch, hijo del magnate mediático Rupert, hoy es el último día de un periodismo de porquería ejercido por el dominical News of the World, que cierra sus puertas después de 168 años de publicaciones ininterrumpidas.

Muy contentos estarán la familia real británica, ricos, famosos, padres que perdieron a sus hijos en la guerra y los de Milly Dowler, una niña de 13 años secuestrada y asesinada en marzo de 2002, a quienes una red de detectives contratados por el diario, además de varios ejecutivos, pinchaban sus teléfonos en busca de exclusivas.

El escándalo está arrasando a muchos, entre ellos a James Cameron, el premier británico que permitió a los Murcoh construir un emporio mediático y quien tuvo entre sus filas como asesor al periodista Andy Coulson quien fue director del periódico durante la época en que se registraron las escuchas ilegales.

Posiblemente varios periodistas y ejecutivos terminen en la cárcel y el cierre del periódico, aunque busca ser una medida para evitar la caída o mala imagen de los otros medios del emporio, no podrá detener la crisis de credibilidad de la prensa.

Como consecuencia, más allá de las cuestiones legales y las responsabilidades ante la ley británica, este caso pone en entredicho la ética, un tema que la prensa británica administraba autoregulándose a través de un Consejo de Prensa, lo que Cameron ha dicho que tratará de destruir a través de investigaciones para demostrar que ese Consejo fue muy laxo con News of the World, por lo que no se justiciaría su existencia.

Además, seguro que se instalarán otro tipo de regulaciones que afectarán la libertad de prensa, lo que ya no podrá defenderse porque los políticos serán apoyados por una opinión pública que también está asqueada de los abusos de la prensa, sin entender la diferencia entre ética profesional y los delitos que se comenten, como fue este caso.

En los aspectos legales, también EEUU entrará en acción, que es el país de origen de la compañía subsidiaria en Inglaterra. Seguro que se tratará de penalizar a quienes sobornan funcionarios extranjeros, como es el caso de los periodistas y ejecutivos que pagaban a policías británicos por información.

Este escándalo de escuchas telefónicas y espionaje de correos electrónicos, que parecía un tema más ligado a los servicios de inteligencia de gobiernos inescrupulosos, afectará a toda la prensa al crear dudas sobre su credibilidad. Se trata de un golpe bajo a sí misma. Ojalá que más allá de este cierre conveniente del periódico, los periodistas involucrados no tengan ningún privilegio y sean castigados ejemplarmente.

Sin castigo y con impunidad, el escándalo podría afectar la ética de la prensa. Con castigo legal y prisión, se disiparían las dudas sobre el papel del buen periodismo en una democracia y no permitiría que los políticos hagan de este escándalo algo apropiado para crear regulaciones adicionales y así penalizar a todos los medios afectando la libertad de prensa y el derecho del público a la información.