Falsear noticias o descubrir la verdad

Acorralado por el “rusiagate” y las filtraciones de los propios funcionarios de la Casa Blanca a la prensa, Donald Trump no tardó en poner de nuevo el tema de las noticias falsas sobre la mesa.

Resquebrajada su confianza interna, amenazó con cárcel a los soplones, cambió hasta de mayordomo, y como Frank Underwood en House of Cards, buscó chivos expiatorios por doquier, entre ellos, a periodistas y medios de comunicación a los que acusó de inventar noticias y conspiraciones. “Si no revelan sus fuentes, es porque son noticias inventadas por periodistas y medios falsos” tuiteó, bajo la etiqueta “#FakeNews is the enemy”.

Los soplones no son nuevos. Fueron siempre parte de la relación intrincada entre poder y prensa. Desde Richard Nixon a Barack Obama pasando por Bill Clinton los tuvieron que soportar, resistir y hasta encarcelar. En épocas de mayor crisis proliferan y es cuando los medios apelan a los “garganta profunda”, a sabiendas que las fuentes anónimas son el último recurso para descubrir la verdad.

Irreal sería que los medios esperasen a conferencias de prensa para enterarse de las verdades o que en un briefing, el vocero Sean Spicer contara las escaramuzas del “rusiagate”. La tendencia natural del poder, público o privado, es a esconder información y la de la prensa a revelarla.

Vale aclarar que las “verdaderas” noticias falsas siempre existieron. Trump las generó en su época de desconocido magnate para subir en la esclarea social. Impostaba su voz para llamar a periodistas y contar sus nuevos affaires con las más célebres del momento, a sabiendas que los chismes y rumores, aunque sean mentira, tienen mayor audiencia y popularidad que las verdades llanas.

Los “hechos alternativos” y la “postverdad” tampoco las inventó esta administración. Son solo nuevos calificativos de viejas mañas. En los nacionalismos, las noticias falsas eran la estrategia de la propaganda, como la repetición de mentiras que pregonaba Goebbels en el nazismo. En las dictaduras eran la “verdad oficial” que se instauraba por decreto. En los populismos eran parte del relato que servía para adulterar la verdad, como los datos apócrifos de pobreza e inflación que ofrecían el kirchnerismo y el chavismo.

El periodismo tampoco está librado de ellas. Fueron el nutriente del sensacionalismo que nació hace más de un siglo tras la guerra por mayores audiencias y más influencias entre el New York World de Joseph Pulitzer y el New York Journal de William Hearst.

El problema tiene ahora varios agravantes. 

El internet y las redes sociales las han exacerbado y sus fabricantes pueden conseguir jugosas ganancias. Sucedió con varios adolescentes de Veles, un pueblo de Macedonia. Crearon sitios de noticias falsas que viralizaron en redes sociales y buscadores, siendo favorecidos por los algoritmos de Facebook y Google que, sin intención, les premiaron con abundante publicidad y suculentos ingresos.

Advertidos del problema, y de que noticias falsas como la del papa Francisco que apoyaba a Trump perjudicaron el proceso electoral, Facebook y Google trataron de enmendar la situación. Crearon estrategias de contención, aunque no todas exitosas, ya que hecha la ley, hecha la trampa. Ahora emergió una nueva moda de noticias falsas disfrazadas. Sus progenitores advierten en letra pequeña que son bromas, pidiendo a los usuarios que usen esos sitios para embromar a sus colegas, amigos o familiares auto generándose un círculo de alta viralidad y rentabilidad.

Lo peligroso es que esta nueva forma de noticias falsas ha creado más bullying. Uno de esos sitios, channel23News.com, viralizó la noticia de que el restaurante británico, Karri Twist, vendía carne humana. Aunque a las pocas horas se advirtió de la broma, ya uno se imagina los daños causados.

El desafío es mayúsculo. Facebook y Google deberán hacer más para no premiar las mentiras, dejándolas huérfanas de toda publicidad y con dificultades para su propagación.

Los periodistas y medios tendrán que duplicar esfuerzos para hacer información de calidad. El cotejo de datos o el “fact checking” debe convertirse en un nuevo género periodístico, como me comentó de Aaron Sharockman, director ejecutivo de PolitiFact, una organización dedicada a descubrir la verdad y confrontar al poder. trottiart@gmail.com

Quiero llorar: Indefensos ante el ciberterrorismo

Las armas cibernéticas hace tiempo que se han convertido en más peligrosas que las convencionales. Esta percepción se potenció tras el reciente ataque con el virus WannaCry que infectó a más de 300 mil ordenadores en 150 países, con un ingrediente aún más perturbador.

A diferencia de las guerras convencionales, en las que las víctimas civiles solo pueden ser resultado del daño colateral pero nunca el blanco directo, el virus WannaCry atacó computadoras de usuarios civiles.

Las guerras digitales de alta intensidad se solían librar entre gobiernos y hackers, como en el caso del “rusiagate”, el ataque informático ruso a la campaña electoral estadounidense que arruinó las chances de Hillary Clinton. El WannaCry, en cambio, trastoca las características de los ataques cibernéticos como los conocíamos hasta ahora.

Los civiles siempre sufrimos los efectos de los ataques cibernéticos, pero indirectamente y no de esta magnitud. El robo de 500 millones de perfiles de usuarios a Yahoo, el ataque contra el sistema eléctrico de Nueva York o el robo de números de tarjeta de crédito de clientes de Home Depot sirven de ejemplo.

Lo peligroso del ataque con el virus WannaCry (quiero llorar) y el gusano ramsonware (liberación del secuestro virtual mediante pago con bitcoins) no solo se debe a que atacó estructuras de salud pública, educativas, comerciales y de telecomunicaciones en  Inglaterra, España, Francia, Alemania, China y Rusia, sino que desnudó nuestra vulnerabilidad digital individual. El ataque nos impone más dudas sobre el internet que se avecina, el de las cosas, cuando todos nuestros utensilios, la vestimenta, la nevera, el auto y la billetera estén interconectadas… más inseguras.

No se sabe a ciencia cierta si el ciber virus fue propagado por hackers-terroristas independientes o si fue un test de rusos y coreanos para medir resultados. Pero ahora el quiénes no es tan importante como el cómo. Según la evidencia, los ciber criminales habrían obtenido los ingredientes para crear el WannaCry tras una fuga de información desde la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU, diseminada por Wikileaks.

El WannaCry aporta varias lecciones. La más educativa es que la protección digital es una tarea individual. Los expertos recomiendan crear un micro clima digital seguro. Actualizar los sistemas operativos cada vez que los fabricantes lo aconsejen; hacer back ups periódicos de todos los contenidos en discos externos; no usar pendrives de desconocidos; sospechar de todos los adjuntos; comprar los mejores antivirus y, sin caer en la paranoia, nunca bajar la guardia.

Vale aclarar que estas protecciones no nos inmunizan del todo. La ciberguerra no se está librando solo entre gobiernos y soldados en campos de batalla delimitados. Provienen de hackers que utilizan las estrategias de los terroristas tradicionales, pero con un agravante. Los virus cibernéticos, así como los químicos, tienen mayor alcance y son de destrucción masiva.

Los gobiernos tienen mayores desafíos. Los más desarrollados si bien crean sofisticados sistemas de protección, hasta para espiar y des encriptar conversaciones y mensajes de telefonía móvil, muchas veces esos sistemas se convierten en su talón de Aquiles, ya que terminan en manos de los cibercriminales como ocurrió con el WannaCry.

Esa connivencia entre gobiernos y cibercrimen organizado, seguramente involuntaria pero peligrosa al fin, es lo que el presidente de Microsoft, Brad Smith, definió como la mayor amenaza a la ciberseguridad mundial.

Smith cree que la vulnerabilidad cibernética que nos aqueja a los civiles y a las naciones, y que se acrecentará, debe ser prioridad global. Considera que llegó la hora de concertar una especie de Convención de Ginebra Digital que, así como el tratado original, proteja a los civiles como ocurre ante una guerra con armas convencionales.

Tiene sentido una Convención que imponga restricciones a los gobiernos para que no se vulneren los derechos digitales de los civiles, aunque también deben crearse mejores escudos para repeler los ataques no convencionales de los ciberterroristas. Ante ello, y sin muchas opciones por ahora, lo más aconsejable es empezar por apertrecharse en lo individual. trottiart@gmail.com

Violencia contra periodistas: Responsabilidad gremial

Un nuevo cimbronazo sufrió el Periodismo latinoamericano. Sicarios asesinaron al reconocido reportero mexicano Javier Valdez Cárdenas en plena luz del día en las calles de Culiacán, una ciudad que, como tantas otras, se ha acostumbrado a las  balaceras y a narcotraficantes que reclaman territorio y asumen autoridad.

El asesinato de Javier no es ni más ni menos importante que cualquiera de los otros cinco periodistas mexicanos acribillados este año o del centenar en la última década. Sin embargo, la talla cualitativa de sus historias, la honestidad de su labor y el respeto de sus colegas por denuncias contra el narcotráfico que volcó en libros de valiente denuncia, merecen que su caso se convierta en punto de inflexión, para que ayude a generar cambios y la profesión salga del oscuro submundo de la violencia y la impunidad.

Es cierto que es tarea única y prioritaria del gobierno esclarecer el crimen, bajo la obligación estatal que la OEA definió como las tres P: Prevención, Protección y Procurar justicia. Pero ante la impericia, negligencia e ineficiencia históricas de muchos gobiernos mexicanos, los periodistas harían mal en esperar sentados. El gremio necesita asumir sus responsabilidades.

En la historia del Periodismo latinoamericano existen casos como el de Javier que por haberse convertido en emblemáticos, sirvieron para crear conciencia y demostrar que el asesinato de un periodista tiene efectos devastadores para la libertad de expresión.

Los casos de José Luis Cabezas en Argentina, Guillermo Cano en Colombia, Tim Lopes en Brasil, Hugo Bustíos en Perú, Jean Leopolde Dominique en Haití, Jorge Carpio en Guatemala fueron bandera de lucha del periodismo de esos países, ayudando a que se aquellos asesinatos no fueran en vano. Todos, medios de comunicación y reporteros, en solidaridad y con unidad, y en forma consistente, exigieron cambios, presionaron sin pausa y persistieron tozudamente en sus reclamos.

Era esperado que el caso de Javier concitara el interés gremial. La indignación, la frustración y la indefensión profesional se hicieron sentir en marchas al monumento al Ángel de la Independencia en Ciudad de México o en las plazas de Culiacán y Veracruz, en espacios pagados y titulares de los medios más prestigiosos, reclamándosele más determinación al Ministerio Público para administrar justicia.

Todo ello marcha en la dirección correcta. Pero no es suficiente. Falta una estrategia mancomunada entre medios y periodistas que mantenga los brazos en lucha, pese a las adversidades. Se necesita una estrategia consistente, creativa, sostenida en el tiempo y muy contagiosa (viral si se quiere adjetivar en esta época) como la realizada por aquellos gremios que no soltaron los casos de Cabezas o Lopes hasta que se hizo justicia y marcaron un antes y después en la violencia contra periodistas.

También hay que asumir la realidad de México. La Justicia por sí sola tampoco será un disuasivo automático para los violentos. La agresión contra el Periodismo es parte del contexto de una guerra intestina que suma mártires en todas las disciplinas y lugares. La violencia es un problema cultural.

Mal se haría, sin embargo, en tomar esa guerra como la excusa para no hacer nada. El Periodismo mexicano hace mucho que se debe una institución propia y nacional para defender la vida de sus periodistas y la sostenibilidad de sus medios de comunicación. ADEPA y FOPEA en Argentina o ANDIARIOS y la FLIP en Colombia son espejos donde imitar respuestas.

El Periodismo mexicano tiene ahora la oportunidad de asumir sus responsabilidades y debe aprovechar que existen más instrumentos de lucha que antes. La federalización de los delitos contra periodistas, los sistemas de protección, el agravamiento de los castigos y el mayor apoyo social son mecanismos muy importantes, ineficientes y débiles por ahora, pero que pueden maximizarse y perfeccionarse para el bien de la profesión.

La memoria de Javier exige que el Periodismo luche por la profesión como él lo hizo, denunciando y reclamando Justicia. Pero los periodistas no deben reclamar para su propio beneficio, sino para que todo mexicano pueda defender y gozar los derechos a la vida y a la expresión que les manda su Constitución. trottiart@gmail.com

De las molotov a las puputov

El ingenio es más agudo en situaciones de profunda desventaja y en la adversidad. Lo demuestran los venezolanos que buscan nuevas formas para contrarrestar la fuerte represión a la que están sometidos por las fuerzas de seguridad y las milicias del régimen de Nicolás Maduro.

Desde que explotaron las masivas marchas de descontento, los “protestantes” tratan de equilibrar fuerzas y que se les respete el derecho de reunión plasmado en la Constitución, pero violado en la práctica. Ante el desequilibrio, han adoptado prácticas llamativas de protesta, una prolongación del ingenio que usan a diario para conseguir patas de pollo, harina, dentífrico o papel higiénico.

En las redes sociales se comparten fórmulas sobre cómo fabricar escudos, bombas de pintura y hasta las ya famosas y controversiales puputov que, a diferencia del combustible de las molotov, son frascos y bolsitas de polietileno  cargados con excremento humano. Estas bombas han resultado los mejores antídotos para contrarrestar a policías pertrechados desproporcionadamente con gases lacrimógenos, perdigones de vidrio, tanquetas y camiones hidráulicos.

Más allá de los utensilios ingeniosos, lo que está en juego en Venezuela es la defensa de los derechos de reunión, asociación y de expresión, libertades máximas por las que se reconoce a una democracia.

Pese a los 39 asesinados, 700 heridos y miles de detenidos, muchos de ellos procesados arbitrariamente ante la justicia militar, Maduro no aminorará y seguirá pisoteando los derechos democráticos. Con la nueva Constitución que propone, a imagen y semejanza de la totalitaria cubana, busca también borrar los procesos electorales multipartidarios.

Las locuras de Maduro ya no generan risas ni memes, aunque le hable a los pajaritos y a las vacas en busca de inspiración como quedó registrado en cadena televisiva nacional. Bajo esa máscara jocosa, se esconde un hombre determinado, desafiante y autoritario.

Ahora, más que nunca, se observan los efectos de una pérdida paulatina y sistemática de formas republicanas. El régimen ha venido degradando el sistema para gobernar de espaldas al pueblo, del que reclama que es su sostén. Sus  mentiras siguen aflorando. Los más pobres y menos preparados, a los que la revolución bolivariana idolatraba, terminaron siendo un burdo depositario del clientelismo gubernamental. El sistema de chantaje moral fue perfecto durante largo tiempo, hasta que la corrupción y la mala administración drenaron las arcas petroleras que se creyeron inagotables.

Los más vulnerables no recibieron mejores oportunidades, sino subsidios demagógicos a cambio de lealtades y votos para aceitar un engranaje electoral permeable al fraude. El populismo demuestra que no es más que la exteriorización del personalismo mesiánico, fuente de puro despotismo y nido de corrupción.

El descontrol y la falta de justicia independiente no tardaron en corroer aún más el sistema. El chavismo se ha convertido en un narco estado, como lo atestiguan los hijos/sobrinos de Maduro, el vicepresidente Tareck El Aisammi y el ministro del Interior, Néstor Reverol, todos procesados en tribunales internacionales por tráfico de drogas a gran escala.

Venezuela hace rato que dejó de ser un república, la que se distingue por un gobierno con independencia de poderes, mecanismos de control, respeto a las minorías y garantías de que los ciudadanos podrán gozar de las mayores libertades democráticas sin represalias. La justicia politizada es la mayor conspiración del gobierno de Maduro contra la ciudadanía, una farsa tan descomunal como la orden que dio para cerrar la Asamblea Legislativa, el único reservorio de democracia que, por cierto, era bastión de la oposición.

El recrudecimiento represivo de la protesta, el encarcelamiento de opositores y disidentes, así como la negativa a convocar a elecciones, son los últimos manotazos de un régimen ahogado que busca sostenerse sobre la base de impunidad e inmunidad.

Sigo sosteniendo que en Venezuela habrá un golpe de Estado, como sustenté en varios escritos en años anteriores. Pero no será cometido entre instituciones como sueña Maduro para martirizarse. Será un golpe vergonzoso a fuerza de marchas y protestas ciudadanas, empuñadas con escudos, cocteles puputov y dignidad. trottiart@gmail.com

Invertir en la felicidad

Uno de los proyectos más relevantes sobre la felicidad está en riesgo de extinguirse. Donald Trump está recortando gastos públicos y entre los perjudicados aparece una investigación de más de 80 años de la Universidad de Harvard, sostenida con fondos federales.

Si se desactiva este proyecto, quedará trunco un estudio que investiga el estado emocional y físico de un mismo grupo de personas de tres generaciones, sus relaciones familiares y amistades, el trabajo y los placeres. El estudio es simple pero no superfluo. Busca descifrar qué nos hace felices.

La felicidad es una aspiración importante del ser humano desde tiempos remotos. Ha devanado los sesos de los filósofos más encumbrados de la historia. Al contrario de lo que muchos piensan, no es un concepto abstracto. El derecho a la felicidad, junto al de la vida y la libertad, está incrustado en la Declaración de Independencia de EEUU.

El Gran Estudio de Harvard, nacido en 1938, ha descubierto cosas que difieren y tienen similitudes con la búsqueda de la felicidad que Thomas Jefferson incluyó en aquella visión de país. Jefferson creía que el bienestar no debía ser una búsqueda individual, sino que el Gobierno estaba obligado a crear las oportunidades necesarias para que las personas alcancen sus metas. La procura del bien común y la honestidad del servidor público eran esenciales en su teoría.

Todavía no existe certeza sobre la fórmula apropiada para alcanzar y medir la felicidad. Para muchos es una búsqueda existencial; para otros, espiritual y para algunos es emocional. Cada quien la mide desde su experiencia personal. Los estudios son vastos. Varios, la asocian a aspectos de bienestar personal y enfatizan que el tener dinero y poseer bienes materiales son elementos significativos de la felicidad. Otros dicen lo contrario. Enfatizan que el acceso al agua potable, a la educación, a la salud, a vivir en un ecosistema respetable y en un clima de tolerancia hacen a la felicidad.

La felicidad hace rato que dejó de ser una cuestión de autoayuda o de likes en Facebook, convirtiéndose en un asunto de Estado, parte de la ciencia económica y política. De ahí que surgieron diferentes índices para medirla. La ONU la mide por el PBI; también por la equidad, la percepción de la corrupción y el nivel de libertad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) formuló 24 indicadores para que las personas definan su estado de bienestar. Francia e Inglaterra tienen índices propios y Bután reemplazó la medición del PBI por el índice de Felicidad Nacional Bruta.

Los países más ricos y desarrollados no siempre están en los primeros puestos del ranking. En Arabia Saudita y Dubai la gente no se siente feliz.  La revuelta de la Primavera Árabe demostró que en esas naciones ricas el descontento está atado a la discriminación de la mujer, la falta de democracia y la exclusión política de los ciudadanos. También existen sarcasmos demagógicos sobre la felicidad. El gobierno de Venezuela creó un Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, un sinsentido, si se considera que los índices muestran que el bienestar es más esquivo cuanto más autoritario es un sistema.

El estudio de Harvard reafirma viejas fórmulas de sentido común que de alguna forma quedaron rezagadas por la vida moderna. La felicidad no tendría que ver tanto con el contexto económico y político, sino más bien con los lazos interpersonales del individuo, sus relaciones familiares y amistades. Demuestra que las relaciones más cálidas y duraderas ofrecen mayor equilibrio emocional, incentivando, incluso, una mayor expectativa de vida de las personas.

Ese equilibrio emocional es ponderado por la Organización Mundial de la Salud. Considera que el gran desafío actual son las enfermedades mentales, como la depresión (la ausencia de felicidad) ya que tiene tintes de epidemia global.

Por lo tanto, quitarle fondos a proyectos que buscan arrojar luz sobre misterios elusivos para la humanidad como la felicidad, puede tener efectos negativos. Los descubrimientos de este estudio pueden servir para crear programas para prevenir enfermedades, generar proyectos de desarrollo y de progreso social para los países. Al contrario, en vez de recortes, la felicidad merece más atención e inversión. trottiart@gmail.com

Imprevisibilidad: Los 100 días de Trump

La imprevisibilidad fue la mayor característica de Donald Trump en estos 100 días. Debido a ella, este tradicional período de gracia que se les da a los presidentes para que definan el rumbo, tuvo más de traumático divorcio que de luna de miel.

Los 100 días no fueron tan buenos como él los pintaba, ni tan malos como auguraban sus adversarios. Hubo muchos desarreglos, imprecisiones, improvisaciones, pero lo importante es que su estilo volátil y visceral original, trasmutó a una forma menos explosiva. Su imprevisibilidad, algo que él recalca como su mejor cualidad, es para la opinión pública su vicio más pronunciado.

Su improvisación y cambios constantes de rumbo ya no generan las protestas masivas de las primeras semanas, aunque la última encuesta del Washington Post / ABC News, con motivo de este período, demuestra su alta impopularidad y que se le tiene desconfianza en el manejo de crisis.

La encuesta también remarca algo importante para sus detractores. Su base de votantes le sigue siendo fiel y lo votarían de nuevo. La mayoría simpatiza con sus presiones a las compañías estadounidenses para que creen trabajo en casa y cree que la economía está mejorando.

La moderación de su arrogancia inicial no fue casual. El Congreso, con ambas cámaras republicanas y supuestamente a su favor, así como la Justicia, le han maniatado varias iniciativas. Sus partidarios le ayudaron a eliminar el Obamacare pero no apoyaron su plan universal de salud que advirtieron tan malo como el anterior. Y jueces implacables le cortaron las alas a su prohibición de entrada a musulmanes de siete países.

En el ámbito internacional, ese que desdeñó desde la campaña electoral a favor de “America First”, fue inesperadamente donde cosechó mayores elogios. Sorprendió con misiles, bombas y una retórica amenazante para arbitrar conflictos, algo que a sus antecesores se les recriminó.

Trump ni avisó para destruir una base aérea de Siria en represalia por las armas químicas usadas contra la población civil. Ordenó tirar la “madres de todas bombas” contra túneles terroristas en Afganistán, mandó un portaviones a las costas de Corea del Norte, creó un escudo antimisiles con Corea del Sur, presionó a China para que interceda ante las amenazas nucleares del régimen de Kim Jong-un y ahora considera que la OTAN ya no es ni vieja ni que debe disolverse.

En América Latina dictó sanciones económicas contra el gobierno de Nicolás Maduro, dejó de lado su amenaza de que eliminará el tratado de libre comercio con México y Canadá, aunque exige tarifas y aranceles recíprocos. Y sobre el muro en la frontera sur, ya no insiste en que es responsabilidad económica de los mexicanos, sino parte del presupuesto que deben aprobar los demócratas.

En vísperas de los 100 días que se cumplen hoy sábado, y aunque calificó al período de “límite artificial”, Trump, que sabe cómo generar impacto, tiró toda la carne al asador. Anunció su esperada reforma impositiva. Rebajará del 35 al 15% los impuestos a las empresas y ofrecerá más excepciones tributarias a la clase trabajadora.

Su intención y convicción es diferenciarse de los estímulos a la economía que ofreció Barack Obama tras la debacle provocada por la burbuja crediticia inmobiliaria. Trump, republicano al fin, cree en estímulos menos intervencionistas. Cree que la retracción inicial en la recaudación que sufra el Estado, lo recuperará luego cuando la empresa privada genere más empleo y producción.

Los 100 días quedaron atrás y lo que ahora importan son los cuatro u ocho años por delante. Trump no la tiene fácil y el trabajo será arduo, cómo admitió este jueves. Acabar con la “ciénaga” o la corrupción en Washington, consensuar el presupuesto para que el gobierno federal no sea vea obligado a cerrar y dar alivio a millones con un plan sanitario humano y eficiente, serán prioridades.

Pero su gran desafío para proseguir el viaje, es recuperar la credibilidad y minimizar la polarización. No será suficiente con solo mejorar la economía. Deberá tener actitudes y acciones menos improvisadas, apartar los conflictos de interés que le provocan los negocios familiares, reencontrar una prédica a favor de las evidencias sobre el cambio climático y no denigrar sin ton ni son a cualquier inmigrante. trottiart@gmail.com

Las contramarchas y milicias de Maduro

La brutal represión contra las marchas ciudadanas convocadas por la oposición venezolana no es el único signo de autoritarismo de Nicolás Maduro. Su actitud más antidemocrática es el llamado a sus partidarios y milicias para concentrarse en contramarchas con el fin de neutralizar y violentar las protestas en su contra.

Las contramarchas y milicias que Maduro lanza a las calles no son ilegales, pero desnaturalizan los principios constitucionales que demandan garantizar el derecho de protesta, ya sea el reclamo ciudadano para que haya elecciones, que se le reintegren las potestades a la Asamblea Legislativa y se liberen los presos políticos.

No hay leyes que prohíban a un gobierno organizar marchas de auto apoyo. Sin embargo, configuran abusos de privilegio y poder. Es que la virtud de una Constitución no es que obliga a un gobierno a garantizar las libertades individuales y sociales, sino que le impone límites para que no pueda pisotear esos derechos, como las libertades de reunión, asociación y de expresión.

Los gobiernos más autoritarios, aquellos que se creen Estado como el de Maduro, justifican la propaganda y la movilización de masas como extensión legítima de su defensa, a fin de reprimir a la oposición y la disidencia. Ese abuso de las contramarchas queda desnudado por tres particularidades: Dilapida recursos públicos; utiliza fuerzas de choque ilegales para generar caos y pánico; y criminaliza la protesta, justificando así su necesidad de reprimirlas para mantener la paz y el orden.

En el caso venezolano esas características saltan a la vista. Obligó a los empleados públicos a participar de las contramarchas y les advirtió que aquel que no participara perdería su empleo, algo que el chavismo siempre atizó con listas negras de “traidores”. Además, anunció que armaría a otros 500 mil milicianos, un grupo parapolicial que causó varias muertes esta semana y en protestas anteriores.

Las milicias, más que una fuerza auxiliar de las fuerzas de seguridad, son un grupo de choque pretoriano. Al igual que en otros regímenes autoritarios y populistas, estas fuerzas, armadas por los gobiernos para su interés partidario y no de la Nación, como los piqueteros del kirchnerismo o los consejos del poder ciudadano en Nicaragua y Cuba, tienen el mandato de controlar a la población, atemorizar, crear caos y validar una posterior represión estatal. La historia latinoamericana está repleta de estos grupos de civiles armados que terminaron como escuadrones de la muerte, traficantes de armas y mercenarios a disposición de grupos de delincuentes y narcotraficantes. Vale recordar, entre otros grupos, a las patrullas de autodefensa de Guatemala y los paramilitares de Colombia que terminaron como temibles violadores de derechos humanos.

Las contramarchas representan, además, un arma adicional de propaganda, un esquema donde se insertan otras maniobras propagandísticas como las cadenas nacionales obligatorias, utilizadas por Maduro y Rafael Correa, durante las que propalan discursos kilométricos anti disidentes, que nada tienen que ver con emergencias sociales, desastres naturales o problemas de salud pública, únicas prerrogativas que autorizan las constituciones. Con este tipo de abusos usados para arengar a las mayorías adictas, se olvida que la prioridad de un gobierno en democracia es atender y respetar a las minorías.

Maduro con sus contramarchas y milicias podrá estirar su gobierno reprimiendo, produciendo más autogolpes y haciendo llamados inocuos a nuevos diálogos y promesas de elecciones que nunca cumplió. Saldrá a denunciar todo tipo de conspiraciones e intentos de golpes de Estado planificados por el imperialismo y la ultra derecha, y tratará de encontrar un nuevo chivo expiatorio como años atrás, luego de protestas ensangrentadas, le endilgó la responsabilidad de los muertos a Leopoldo López, a quien todavía hoy mantiene prisionero.

Sin embargo, la sistemática represión, la criminalización de la protesta y las milicias armadas no son un buen augurio para Maduro. Resiente las fisuras en el poder militar, ese que él cree y jura que le otorga apoyo condicional y eterno. El apoyo mermará con más represión, más muertos y con la presión internacional cada vez más en ebullición. trottiart@gmail.com