América Latina más confiable

La última vez que América Latina había resonado fuerte en la Asamblea de Naciones Unidas fue cuando Hugo Chávez comparó a George Bush con el diablo, época en que la verborragia sarcástica suplantaba a la diplomacia.

Esta semana América Latina sonó más fina que nunca, más seria, menos complicada. El presidente Juan Manuel Santos hizo el anuncio más resonante con el anuncio del acuerdo definitivo de paz, el que fue esquivo por más de dos décadas. Lo hizo con todo el simbolismo posible, el 21 de setiembre, cuando el sur abraza la nueva vida con el inicio de la primavera y el mundo celebra el Día Internacional de La Paz.

Se descuenta que en el plebiscito del 2 de octubre los colombianos refrendarán el acuerdo definitivo; aunque los más realistas saben que no se debe cantar gloria antes de victoria. El sorpresivo Brexit que sacó a los ingleses de la Unión Europea en su último referendo, invita a la precaución.

El optimismo de Santos va más allá de la paz, que es mucho más que menos violencia. Sabe que la “nueva Colombia” genera más confianza, cualidad clave que ofrece más progreso, dándole la "bienvenida a la inversión, al comercio y al turismo”.

Mauricio Macri también apuntó a un país diferente, más serio y confiable.  Comparte con Santos el objetivo de generar confianza para atraer inversiones y progreso. No dejó de lado el reclamo de sus antecesores por la soberanía de las Islas Malvinas, aunque lo hizo con menos decibeles, más diplomático y con algunos errores, al interpretar que los ingleses habían consentido incluir el tema de la soberanía en las nuevas conversaciones.

Eso no ocurrió y probablemente cuando eso suceda, tal lo piden las resoluciones de la ONU que Gran Bretaña no acata, Macri será historia. Sin embargo, en el ínterin, dio buenas señales de que prefiere el diálogo a los gritos, a sabiendas que ante la quinta potencia del mundo, la confrontación y los boicots solo provocarán espantar inversores y cerrar las puertas a otros negocios redituables.

Brasil, por otra parte, que en otras asambleas brilló por su ataque frontal a la pobreza, así como por hacer honor al lema de su bandera, orden y progreso, tuvo poco de que vanagloriarse, a excepción de sumarse a los esfuerzos de la región para combatir el calentamiento global, el terrorismo y el narcotráfico.

A Brasil el progreso le resulta esquivo y el mamarracho de la corrupción le generó desorden. Pese a que Michel Temer insistió en que la destitución de su antecesora tuvo todos los resortes republicanos, varios gobiernos latinoamericanos se ausentaron del recinto por considerar que se trató de un burdo golpe de Estado.

La destitución de Dilma Rousseff puede interpretarse según la ideología con que se la mire, pero lo que sorprendió fue la hipocresía de aquellos gobiernos que desairaron al brasileño: Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela países que poco pueden ofrecer en materia democrática.

Cuba sigue siendo una dictadura militar. Venezuela se encamina a ello, más cuando esta semana el Consejo Electoral postergó la posibilidad de hacer este año un referendo revocatorio, logrando atornillar a Nicolás Maduro hasta el 2019. En Nicaragua los Ortega están pasando debajo del radar, pero ya se convirtieron en una dictadura unifamiliar. En Ecuador, Rafael Correa desbarató a la oposición y a las instituciones para consolidarse en el poder, mientras que en Bolivia, Evo Morales insiste con la reelección dándole la espalda a los resultados de un referendo popular que le prohíben postularse.

Por suerte, a diferencia de otras veces cuando los violadores de derechos humanos se salían con la suya, esta vez en la asamblea de la ONU, Maduro fue criticado por Argentina, Panamá y Perú. La denuncia más elocuente fue del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski. Al referirse a Maduro, reclamó que la “plena vigencia de la democracia requiere el pleno respeto a los derechos humanos, así como la separación y equilibrio de poderes”. Demandó un diálogo urgente para evitar consecuencias inimaginables.

Ojalá los mejores aires en Latinoamérica no sean pasajeros como tantas otras veces. Las “décadas ganadas” que algunos populistas reclaman, no dejaron más que instituciones políticas derruidas, desconfianza y decadencia. Es hora de reconstruir la confianza. trottiart@gmail.com

La Casa Blanca: Inquilinos muy opacos

Barack Obama y sus antecesores en la Casa Blanca no se han mostrado muy transparentes. Y a juzgar por la opacidad de los dos contendientes que desean habitarla, la tendencia a la oscuridad parece extenderse hacia futuro.

La falta de transparencia parece regla más que excepción en la carrera presidencial. Esta semana el tema explotó cuando Hillary Clinton, acalorada y deshidratada, trastabilló al subir a una camioneta en plena campaña. No interesó tanto el incidente, como que haya ocultado la neumonía y sus antecedentes médicos que, por lo visto, acusan otras caídas y contusiones en meses recientes.

La opacidad de la candidata, que se vio obligada a revelar su estado clínico, sobrepasa su estado de salud. Se le critica que haya ocultado información sobre más de 60 mil correos oficiales que despachó por su cuenta privada y que no ofrezca conferencias de prensa por temor a confrontar a los periodistas. Por suerte para ella, Donald Trump tampoco es transparente. Se le reprocha no dar a conocer su declaración de impuestos, mentir sobre resonantes donaciones que no salen de su bolsillo y por sobornar a un fiscal para que no investigue irregularidades en su universidad.

La falta de transparencia de los inquilinos de la Casa Blanca no es nueva. Es una tradición que empezó desde que fue construida por esclavos, como denunció Mitchell Obama. Sus ocupantes fueron siempre opacos a la hora de informar, ya sea sobre la guerra de Vietnam, los entretelones de espionaje que derribaron a Richard Nixon, los argumentos sobre las armas de destrucción masiva que George Bush nunca encontró en Irak, o hasta por la inteligencia con la que la democracia más fuerte del planeta se involucró con dictadores. La opacidad también abarcó temas mundanos, entre ellos, los amoríos de John Kennedy con Marilyn Monroe y las aventuras sexuales de Bill Clinton en el Salón Oval.

En materia de transparencia el presidente Obama ha sido un fiasco. Prometió mucho al inicio de su mandato, pero casi a su término, es lo que más se le critica. Esta semana, la Sociedad Interamericana de Prensa, junto a 40 instituciones estadounidenses, le escribió reprochándole que su gobierno clasifica demasiada información, retrasa de manera excesiva las solicitudes de entrevistas y que las agencias federales discriminan a reporteros críticos.

Esto, claro, parecen minucias a la hora de las escuchas telefónicas que el gobierno ordenó en contra de la agencia de noticias AP y del espionaje indiscriminado contra ciudadanos en las redes sociales e internet. De no haber sido por las filtraciones de Edward Snowden, quizás esos programas seguirían funcionando.

La Casa Blanca no es una aguja en el pajar. La falta de transparencia es un mal extendido. La divulgación de los Panama Papers que mostró como muchos creaban empresas off-shore para evadir impuestos en sus países de origen, obligó a algunos poderosos a dimitir, como el primer ministro de Islandia. Otros, como el presidente Mauricio Macri todavía está tratando de aclarar ante los fiscales que su participación en empresas off-shore fue inducida por su padre.

Macri, de todos modos, logró esta semana lo que el anterior no hizo en los 12 años anteriores. A su iniciativa, el Congreso aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, la que obligará al gobierno y al Estado a ser más transparentes. La nueva legislación incluye fuertes penalidades para aquellos funcionarios que nieguen o tarden en entregar la información que los ciudadanos soliciten.

Sin embargo, hay que entender que las leyes por sí solas no crean automáticamente mayor transparencia. EEUU tiene en vigencia esta legislación desde 1966 - muchos países latinoamericanos la adoptaron en la última década - y, pese a ello, la opacidad sigue reinando entre quienes recibieron el mandato de administrar los bienes públicos.  

En el mejor de los casos, la ley es un punto de inicio, una herramienta idónea, pero por sí sola no crea cultura de transparencia. Esta se construye exigiendo información, incluso a través de demandas judiciales y con un gobierno cuya obligación es educar a la población sobre cómo usar esa ley.

La opacidad de Hillary y Trump demuestra que por más alto que sea el nivel de la democracia de un país, la transparencia debe ser un reclamo y ejercicio permanentes. trottiart@gmail.com

El muro de las ironías y los lamentos

Donald Trump insiste con un muro en la frontera y que México lo pague. El presidente Enrique Peña Nieto le dijo que no, pero por twitter; y tampoco pudo convencer a Hillary Clinton que lo visite. La candidata no quiere explicar que el muro ya existe y que tendrá que seguir deportando indocumentados como masivamente lo hace Barack Obama.

La telenovela depara ironías para todos los gustos. A Trump le hubiera bastado decir a secas, que su intención era alargar el muro para detener a los migrantes ilegales, pero lo traicionó su verborragia fanfarrona. Calificó de asesinos, violadores y narcotraficantes a los inmigrantes, sin saber que los delincuentes prefieren quedarse y gozar de la impunidad de su país. Los nuevos migrantes, en cambio, son niños y familias enteras víctimas de secuestros, traficantes de personas y de la guerra sanguinaria entre carteles.

Por más que hablen y pataleen, ni Trump ni Clinton resolverán mucho. La reforma migratoria la debe solucionar el Congreso, que no atina a dar soluciones coherentes desde hace tres décadas. La parálisis legal tiene de víctimas a 11 millones de indocumentados y obligó a Obama a convertirse en el presidente récord en materia de deportaciones. Echó a más de 2.5 millones de personas durante sus primeros siete años de mandato, más que los 19 presidentes que le precedieron desde 1892.

Pese a cualquier esfuerzo del Ejecutivo y del Congreso, lo cierto es que el sistema migratorio hace aguas por todos lados. Se calcula que el 40% de quienes entran con visa de turista a EEUU se quedan ilegalmente después de los seis meses permitidos. Además, otras leyes positivas del pasado están quedando descompasadas. Una de ellas es la Ley de Ajuste Cubano, que beneficia con alto grado de solidaridad (entrada automática y residencia legal) a quienes escapan de la eterna dictadura comunista de Raúl y Fidel Castro.

La legislación es extemporánea y está creando más perjuicios que beneficios. Desde que en diciembre de 2014 Obama y los Castro hicieron las paces, los cubanos se fugan en masa por temor a que pronto podrían perder sus privilegios. La estampida masiva provocó en 2015 que miles de ellos quedaran varados en terceros países, creándose una crisis migratoria y económica entre naciones centroamericanas, que suficiente tienen con sus propios conflictos políticos y de inseguridad.

El “Lampedusa latinoamericano”, como se denominó a la crisis de refugiados cubanos en su paso por Costa Rica y Nicaragua hacia EEUU, dejó a muchos de ellos a merced de traficantes de personas, asaltantes, explotadores sexuales y de gobiernos sin capacidad de reacción ni recursos para mitigar la situación. La crisis reventó esta semana. Nueve gobiernos latinoamericanos imploraron a Obama detener esos privilegios que terminaron siendo un búmeran y un muro invisible e insalvable para la región.

A los cubanos los motiva la falta de libertad y las penurias económicas. Iguales razones tenían en otras épocas la mayoría de los latinoamericanos para emigrar hacia el norte. Pero la ecuación determinante es ahora la inseguridad. Un reciente estudio, “Vidas a la Incertidumbre” de la Coalición Pro Defensa del Migrante en México, demuestra que en siete de 10 casos la violencia es la causa principal de la migración. La situación está agravada por la impunidad de los malhechores como consecuencia de la inacción del Estado, según denuncia la mexicana Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Otro dato irónico es que si bien Trump puso de moda al muro con sus exabruptos, EEUU hace décadas que lo está construyendo. De las 2.000 millas de frontera que separa a los dos países, 700 millas ya están con vallas, muchas de ladrillos y tejido, y otras con sonares electrónicos y custodiadas por drones. Más irónico aún, es que los descalificativos de Trump contra los inmigrantes ilegales, encuentran sustento en los argumentos que usa Obama para deportar. En 2015, el 91% de los deportados tenía antecedentes criminales, ya sea por delitos cometidos en EEUU o en sus países de origen.

La ironía mayor, sin embargo, es que Trump, habiendo sido políticamente incorrecto en la última semana, logró que sus dichos y acciones sobre este nuevo muro de los lamentos y los agravios, le ayudaron a pegar un gran salto en las encuestas. trottiart@gmail.com

Brasil, Venezuela, la república y el Golpe (de gente)

Una república se distingue por sobre otro sistema de gobierno por la independencia de poderes; por los mecanismos de la oposición para fiscalizar al poder; por la libertad de la prensa para informar y por la de los ciudadanos a expresarse, asociarse y movilizarse, sin trabas ni represalias, en igualdad de condiciones ante la ley.

El concepto puede ser abstracto. Mejor un par de ejemplos de esta semana.  Dilma Rousseff fue destituida mediante juicio político constitucional, por un Congreso que se manejó autónomo al Poder Ejecutivo, una justicia que permaneció neutral y una prensa que pudo informar sin cortapisas.

En Venezuela las causas y consecuencias de la “Toma de Caracas” de este jueves mostraron lo contrario a una república. Antes y después de la masiva marcha de la oposición para garantizar y acelerar el proceso de referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro, este encarceló a opositores, usó las fuerzas de seguridad para restringir los accesos a Caracas, expulsó a periodistas extranjeros y aseguró que le quitará inmunidad a los parlamentarios para juzgarlos por intentona de golpe de Estado.

Desquiciado con el avance de la oposición y con un país que se le escapa de las manos, Maduro desconoce el mecanismo de referendo que el chavismo creó mediante su propia reforma constitucional. Ante la debilidad de su mandato, Maduro se ha vuelto más autoritario. Apura a la Justicia para que cierre el Congreso y despide a los empleados estatales que firmaron la petición de la revocatoria, una purga que coarta la libertad más preciada, la de conciencia, el hilo más delgado por donde se corta cualquier revolución.

Es verdad que el proceso de destitución de Rousseff es confuso y ambiguo; puede interpretarse según la ideología con que se lo mida. Para la oposición fue un proceso apegado a la Constitución, mientras que para sus adeptos fue un golpe de Estado; en especial, porque si los delitos que se le achacan – haber maquillado cuentas públicas para conseguir su reelección – se aplicaran al resto de gobernantes, América Latina quedaría acéfala.

Más allá de las controversias, como las que en su momento provocaron las destituciones de Fernando Lugo en Paraguay y Manuel Zelaya en Honduras, lo cierto es que en Brasil se siguieron los procesos y las excusas que marcan la Constitución, con total transparencia, libertad y sin presiones ni prisiones.

Rafael Correa, Evo Morales, Nicolás Maduro y Daniel Ortega no reconocieron al nuevo presidente Michel Temer. Pero nadie se rasgó las vestiduras por la obviedad, toda vez que estos políticos siempre se arremolinan detrás de quien ostenta su propia ideología. Nunca denuncian los golpes y autogolpes propios, como los de Maduro contra la Constitución y el Parlamento, y omitieron pronunciarse sobre la renuncia en 2015 del presidente derechista guatemalteco, Otto Pérez Molina, ante la destitución inminente que le amenazaba.

Tampoco se puede desconocer que Rousseff es consecuencia de una purga anticorrupción que pidió a gritos la gente en las calles. Que estuvo involucrada, al menos por omisión, en los casos más sonados de corrupción, que protegió al ex presidente Lula da Silva y vio como varios de sus ministros terminaron detrás de los barrotes.

Pero en la encrucijada, pese a que el Senado prefirió optar por el borrón y cuenta nueva, Rousseff cuenta con otro resorte de la república. Su defensa ya se encaramó ante la Corte Suprema, la que tendrá que dar el veredicto final. La decisión se adivina incierta, sobre todo por la independencia y libertad de los jueces para actuar.

Esa justicia republicana ni existe ni está garantizada en Venezuela, donde la Justicia actúa según los designios de Maduro y la mayoría de las leyes se han fabricado a medida del chavismo.

En Venezuela, más allá de las carestías económicas, la gente está cansada de no gozar de las mieles de una república. Las minorías despreciadas se han convertido en la nueva mayoría y están cada vez más dispuestas a salir a la calle a conseguir lo que no le dan las instituciones. El golpe no será institucional como sueña Maduro, sino de gente.

  

En un país sin justicia ni república, Maduro tendrá que ser cada vez más autoritario para sostenerse; a riesgo, claro, de que estará caminando hacia su autodestrucción. trottiart@gmail.com

La mentira en la política

El nadador Ryan Lochte, la candidata Hillary Clinton, la ex mandataria Cristina Kirchner y el presidente Nicolás Maduro demuestran que es inválido aquel adagio sobre que “la mentira tiene patas cortas”. Los políticos en el poder usan propaganda para que los engaños se confundan con verdades y maniatan a la justicia para que los delitos se barajen como simples problemas éticos.

En el deporte, donde la propaganda no existe, el bien y el mal son más fáciles de diferenciar. Por eso Lochte sufrió de inmediato los efectos de su mentira en Río. Perdió a sus patrocinadores, sus connacionales lo destronaron del pedestal dorado y la justicia brasileña lo procesó por inventar un robo. Lo mismo le sucedió al ciclista Lance Armstrong. Perdió siete trofeos del Tour de Francia tras confesar que los corrió dopado. Por la mentira perdió honores y millones.

En la política las patas son largas. La verdad es más difícil de distinguir. Nada es blanco o negro, sino con infinitas tonalidades de grises. Propaganda, negociaciones, pago de favores, encubrimiento y falta de transparencia, sirven para disfrazar los hechos, confundir a la opinión pública y evitar que la justicia actúe con claridad y rapidez.

En las campañas electorales las mentiras no suelen tener consecuencias. Las de Hillary Clinton están morigeradas por su propaganda electoral, al adjudicarle su corrupción a la verborragia de su contrincante. Clinton niega que los gobiernos árabes y africanos que donaron dinero a su fundación obtuvieron su trato preferencial mientras era secretaria de Estado. Ante toda evidencia, niega que usó cuentas de correo personal para distribuir mensajes clasificados y niega, pese a correos filtrados que la desmienten, que las autoridades del Partido Demócrata la beneficiaron por sobre su oponente Bernie Sanders. Todo lo disfraza como a aquellos affaires de su marido.

Clinton tiene la suerte que Donald Trump también miente. A diario, los sitios que detectan mentiras, FactCheck.org y PolitiFact.com, se hacen picnics con las inexactitudes del candidato. Y semanas atrás debió defender a su esposa por plagiar a Mitchel Obama y un título de arquitecta que nunca obtuvo.

Los políticos suelen pagar las consecuencias de sus mentiras recién cuando dejan el poder. América Latina está lleno de presidentes y vices que terminaron en la cárcel después de que no pudieron eternizarse con la reelección o auto exiliarse en países amigos y sin tratado de extradición, artimañas preferidas de aquellos que se escudan en la impunidad.

Todo indica que alejada del poder, Cristina Kirchner correrá la misma suerte. Los procesos judiciales se le están acumulando y solo basta un disparador para que termine presa. Los Cristileaks, cientos de movimientos financieros por 500 millones de dólares en siete bancos internacionales, pueden ser la gota que rebalse el vaso o la mentira más palpable con la que se cercioren todas las demás.

Existe una regla muy fácil de medir en la política. La inversión en propaganda es directamente proporcional a la cantidad de mentiras. De ahí que en el gobierno de Kirchner la información oficial era tergiversada u omitida para que sea consecuente con el relato. Se mintió sobre índices de inflación, desempleo y pobreza, y cualquier desmentido era neutralizado con campañas de desprestigio contra sus interlocutores.

En Venezuela, Nicolás Maduro tiene el mismo patrón para gobernar. Disfraza su prepotencia con propaganda y clientelismo. Miente mucho y, como todo mitómano patológico, termina siendo cada vez más autoritario para poder defender sus realidades inventadas. Fantasea éxitos de una revolución inexistente para aferrarse al poder; incluso, pese a un mandato constitucional que lo obliga a someterse a un referendo revocatorio.

Los mitómanos como Maduro y Kirchner no suelen medir las consecuencias mientras tienen el poder, y cuando lo pierden y se sienten acorralados, terminan con la paranoia típica de los que se creyeron sus propias mentiras. Acusan a todos de perseguirlos, así sean opositores, arrepentidos, periodistas o jueces.

Por fortuna para la política, a las mentiras de patas largas se le antepone aquella frase del célebre Abraham Lincoln: “Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”. trottiart@gmail.com

Abucheo olímpico

A tono con la nueva modalidad olímpica del abucheo desaprobatorio o burlón que baja de las gradas, hay mucho para reprochar en estos Juegos Olímpicos Río 2016.

Entre los deportistas que merecen desaprobación están el estadounidense Ryan Lochte y sus colegas nadadores, procesados por un atraco a punta de pistola que nunca existió o la nadadora francesa, Aurélie Muller, que hundió a la italiana Rochele Bruni un par de brazadas antes de la meta. El público brasileño tampoco se comportó a la altura de la llama olímpica. Victimizó con sus boos a los atletas argentinos (y viceversa), a su propio Neymar al principio de la competencia, y al pertiguista francés, Renaud Lavillenie, que adjudicó al abucheo la pérdida de su oro, quien además llamó nazis a los hinchas brasileños.

A pesar de todo, estas desaprobaciones quedarán sepultadas por los logros de deportistas como Michael Phelp, Usain Bolt o Simone Biles. Empero, lo que no debiera quedar en el olvido, mereciendo un abucheo estentóreo y prolongado, es la falta de previsión de muchos gobiernos, entre los que se destacan los latinoamericanos, por no aplicar políticas deportivas de largo alcance que les permitan revertir los pobres resultados alcanzados tras cada olimpíada.

El medallero en Río demuestra esa falta de previsión. La brecha entre países con oro se sigue ensanchando, desde que los juegos modernos se iniciaron en Atenas 1896. Y no se trata de que EEUU o Alemania sean países desarrollados comparados a Argentina o México, porque está comprobado que con los programas deportivos y la inversión adecuada, todos los atletas, sin distinción, pueden competir en igualdad de condiciones.

Los países más desarrollados tienen diferente actitud frente al deporte. Invierten en programas de largo alcance y entienden que los Juegos Olímpicos no es solo una competencia, sino con los que pueden medir el resultado de sus políticas y estrategias deportivas. Phelps no cosechó 28 medallas por casualidad. Si bien es consecuencia de un físico superdotado, también es producto de la inversión estatal. Lejos de esa proeza, pero sin menos merecimientos, está el boxeador mexicano Misael Rodríguez que consiguió bronce en Río, pese a que debió mendigar en las calles de su país por falta de apoyo oficial.

Para aplicar políticas deportivas estratégicas, los gobiernos latinoamericanos no deberían buscarlas entre las grandes potencias, sino entre países con ejemplos más recientes y accesibles. El caso más fascinante es Corea del Sur. Su estrategia deportiva comenzó después de ser anfitriona de los JO, Seúl 1988. En las diez olimpíadas anteriores, había cosechado 37 medallas, 7 de oro. Después de Seúl, en las próximas ocho ediciones, cosechó 223 medallas, 94 de oro, convirtiéndose en la sexta potencia dorada y en la decimoprimera del medallero histórico.

Lo logró sobre la base de una Oficina de Política Deportiva que fomenta la industria del deporte. Los coreanos aumentaron a ocho horas semanales la educación física en las escuelas, incluyeron disciplinas occidentales a su cartera deportiva más allá de las tradicionales artes marciales e incentivaron a sus ciudadanos a participar de maratones y clases de gimnasia masivas, así como de los más de 500 mil clubes de barrios. Corea del Sur entendió que el deporte no es un entretenimiento, sino un componente importante de su cultura. 

En América Latina la magra cosecha de medallas demuestra la falta de planificación. Hay hasta países en retroceso, como Argentina, que obtuvo más medallas en las olimpíadas de Ámsterdam 1928 y Berlín 1936, que en Londres 2012 y en estas de Río. Colombia, por otro lado, pese a incipientes logros, está demostrando que las políticas dan resultado. Tras triplicar su presupuesto de 51 a 153 millones de dólares desde el 2012 a la fecha, cosechó 3 medallas de oro, una más que en siete ediciones anteriores disputadas entre 1972 y 2008.

Ojalá que antes del final de este domingo, América Latina aumente su cosecha de preseas. Sin embargo, para competir en Tokio 2020 y en adelante, y para que las medallas no sean solo fruto de hazañas heroicas e individuales de los atletas o producto de deportes profesionales, los gobiernos tendrán que invertir en políticas deportivas coherentes y consistentes. Solo así podrán crear una efectiva cultura deportiva para evitar el abucheo y salir del subdesarrollo olímpico. trottiart@gmail.com

Miami, construcciones y la corrupción injusta

La corrupción es una transacción injusta. El fruto de lo robado en países pobres se fuga hacia los más ricos. Es que los corruptos también necesitan mercados más confiables donde invertir y esconder sus botines. Miami es prueba irrefutable.

Esta área del sur de la Florida creció a ritmo vertiginoso. En los últimos cinco años la población aumentó en 500 mil habitantes. Solo en 2015 se vendieron propiedades por 6,5 mil millones de dólares, 53% en efectivo y en gran parte vendidas a extranjeros, muchos escondidos detrás de empresas pantalla.

Aunque no todo el efectivo es parte de la corrupción, es la forma preferida de quienes buscan pasar por debajo del radar. Así lo demostró una investigación del The Miami Herald, basada en los Panama Papers, aquella filtración de millones de correos del estudio panameño Mossack Fonseca, creador de empresas off-shore.

Muchos de los compradores son los nuevos ricos o ex funcionarios que se han forjado en la corrupción de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Hugo Chávez y Nicolás Maduro y Lula da Silva y Dilma Rousseff. Sin embargo, sería injusto atribuir la explosión de nuevos rascacielos a los ladrones kirchneristas, chavistas y brasileños o a los rusos y del este europeo. Miami, como Nueva York y Los Ángeles, también atrae capitales legítimos nacionales y los que se fugan de cada crisis política o económica en el mundo.

Las investigaciones más recientes apuntan a que ex funcionarios corruptos argentinos han tomado por asalto varios edificios en los barrios de Brickell y Sunny Isle, los chavistas se han afincado en Key Biscayne y Doral, y los brasileños entre Fort Lauderdale y Palm Beach. Casos notables sobran. El ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, fallecido hace tres meses, compró propiedades por 63 millones de dólares, cuando hace unos años declaró que solo tenía un Gol VW en su patrimonio. A Paulo Octavio Alves, vice gobernador por el estado de Brasilia, así como a una veintena de ex funcionarios brasileños, también se le atribuyen condominios de lujo en Miami.

El caso que más sonó esta semana es el de Angélica Rivera, la primera dama de México. The Guardian le atribuye usar un apartamento en Key Biscayne del Grupo Pierdant, que busca beneficiarse con obras públicas en puertos mexicanos. La ex actriz ya debió devolver la “casa blanca” en México, que se la había regalado la empresa Higa, beneficiada con licitaciones por parte de su esposo, Enrique Peña Nieto.

Lo extraño de toda esta corrupción es su característica impúdica. No se trata de ladrones que como los del “robo del siglo” casi que despiertan admiración, sino de casos patéticos. Los más extraños están ligados al kirchnerismo. José López tiraba bolsos con millones de dólares en conventos, Lázaro Báez los enterraba en sus estancias, Milagro Sala los enviaba por correo certificado a Olivos y Muñoz los reconvertía en Miami. Y todo esto durante un período de 12 años en los que la pareja presidencial de Cristina-Néstor aumentó 800%; al menos de patrimonio declarado.

El chavismo también destacó. A sus nuevos ricos escrachados en Miami por connacionales exiliados y perseguidos por el régimen, se les sumaron dos sobrinos de Maduro, criados como hijos, quienes esperan sentencia por intentar meter ocho toneladas de cocaína en EEUU. Y entre narcos, también se destaca el caso del español Alvaro López Tardón, líder de la banda Los Miami, a quien se le incautaron 13 condominios de lujo y una flota aparatosa de autos.

Claro que la culpa no es solo de los ladrones. EEUU, como gran beneficiario de estos capitales en fuga, ha hecho poco para detener la sangría de países a los que castiga oficialmente por corruptos. Es notable que el gobierno recién haya tomado cartas en el asunto después de los Panama Papers. Desde entonces, los federales en Miami están escudriñando todas las compras mayores a un millón de dólares en efectivo; pero, vale recalcar, que muchas se realizan con transferencias y menores a ese monto.

Lo irónico de todo esto, es que mientras la alta cotización del dólar aminora las inversiones de extranjeros y a que las investigaciones y el público en Latinoamérica arrojan a los corruptos al infierno, Miami sigue con la inercia de la construcción de otras épocas y alzándose cada vez más hacia el cielo. trottiart@gmail.com