No
puede haber sorpresas. Era lo esperado. En un nuevo apriete y ajuste de cuentas
tal cual el régimen chavista lo viene perpetrando contra políticos de
oposición, sindicalistas, activistas de los derechos humanos, periodistas y
medios de comunicación, Henrique Capriles se encuentra entre la espada y la
pared.
No
solo que el Tribunal Supremo de Justicia desestimó absolutamente los recursos
judiciales de Capriles y otros nueve interpuestos por la oposición y
particulares que pedían la impugnación de los comicios del 14 de abril y
solicitaban que se rehicieran en más de cinco mil mesas – con algo más de dos
millones de electores – debido a las palpables irregularidades, sino que el
Supremo le impuso multas y ordenó que se lo procese penalmente por haber
incurrido en ofensas.
No se
trata de una película de poca monta de Hollywood, sino de una actitud circular
morbosa del chavismo. Se trata del gobierno de Venezuela, cuyo presidente,
Nicolás Maduro, de igual forma que su predecesor el estratégico militar Hugo
Chávez, nunca utiliza la defensa como táctica, solo se agazapa para tomar
fuerza y siempre estar a la ofensiva. Mantener al contrincante a la defensiva,
en este caso contratacar a Capriles - quien con esta investigación penal
fácilmente podría ir a la cárcel, perder la gobernación de Miranda y el
liderato de la oposición en el país – es la mejor forma que el régimen ha
tenido – sin vergüenza alguna – para doblegar a sus contrincantes y a la
oposición.
Capriles
ahora, a contrapelo del ordenamiento jurídico, pasa de acusador a acusado,
teniendo él que demostrar que no es responsable de las manifestaciones
posteriores a la elección que derivaron en una decena de muertos, y deberá
retractarse y será investigado porque su recurso de contiene “conceptos ofensivos e irrespetuosos en contra de
esta Sala y otros órganos del Poder Público”.
La sentencia judicial, aliada al Poder Ejecutivo y que fue vertida a destiempo
y coincidentemente cuando Capriles dijo que el retraso lo obligaba a dirigirse
a tribunales e instancias internacionales, es un claro ejemplo como se busca
neutralizar a los opositores en el país, pero, sobre todo, enviar un mensaje a
la ciudadanía de que todo díscolo debe pagar las consecuencias. En Venezuela,
el gobierno quiere la sumisión y el conformismo.
Dice el fallo del TSJ: “En vista
de la gravedad de las ofensas y términos irrespetuosos que el demandante vertió
en su escrito, esta Sala Constitucional estima necesario remitir al Ministerio
Público, como titular de la acción penal, copia certificada del presente fallo
y del escrito presentado por la parte actora, con el objeto de que realice un
análisis detallado de dichos documentos e inicie las investigaciones que estime
necesarias a fin de determinar la responsabilidad penal a que haya lugar”.
Capriles tendrá ahora que ir
cuesta arriba. No encontrará eco favorable en la OEA o la UNASUR a donde dijo
que acudirá, y mucho menos a través de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, cuyas decisiones y opiniones fueron totalmente ignoradas por el
chavismo, en especial cuando la CIDH solicitó que se le devuelvan los derechos
políticos al opositor Leopoldo López, exigió la restitución de jueces y pidió
la protección de periodistas que eran vilipendiados por el régimen. Además,
Chávez inició el retiro de Venezuela de la jurisdicción de organismos interamericanos
de justicia, por lo que a partir del 10 de setiembre la CIDH no podrá trasladar
los casos en contra del estado de Venezuela a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos como prevé la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Se trata de un círculo político cerrado
y morboso; y muy práctico para quienes detentan el poder y quieren eternizarse
en él sin ningún tipo de contratiempos.
La sentencia judicial, aliada al Poder Ejecutivo y que fue vertida a destiempo y coincidentemente cuando Capriles dijo que el retraso lo obligaba a dirigirse a tribunales e instancias internacionales, es un claro ejemplo como se busca neutralizar a los opositores en el país, pero, sobre todo, enviar un mensaje a la ciudadanía de que todo díscolo debe pagar las consecuencias. En Venezuela, el gobierno quiere la sumisión y el conformismo.