Marihuana legalizada: ¿Es la respuesta?

La tendencia está en alza. Varios estados en EE.UU. legalizaron su consumo y producción y ayer la Cámara de Diputados de Uruguay convirtió a ese país en el primero en hacerlo en América Latina; aunque falta la aprobación del Senado uruguayo.

La futura y muy posible ley regula la producción, el consumo y la venta de la marihuana, algo que años atrás varios ex presidentes latinoamericanos como Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, consideraban que era el camino más apropiado para que el Estado deje de tener una mirada netamente represiva en la lucha contra el narcotráfico.

Los argumentos a favor de la legalización indican que es la mejor forma de regular un mercado y así poder tener políticas coherentes de salud para atender a los adictos y no atestar las cárceles de consumidores que no cometen el delito de comerciar con las drogas, sino solo de consumirlas.

Los argumentos no huelen a mucha consistencia ni esencia. El problema de la droga es mucho más profundo. El narcotráfico no desaparecerá, comerciará drogas más fuertes e incentivará un mercado negro con marihuana con aditamentos más tóxicos.

Es entendible el tema de las cárceles atestadas de inocentes y que los adictos representan un problema de salud pública y no penal. Pero debiera entonces incentivarse leyes para que el Estado brinde más recursos en programas de salud apropiados, ya que legalizar no hará que haya menos consumo, sino lo contrario.

La legalización de la marihuana acarrea otro tipo de problemas más allá de los legales y de salud pública, sino de educación y moralidad, sobre la distinción de lo bueno y lo malo, del bien y del mal.

Cuando el tema se trató en California, escribí una columna. Reproduzco algunos párrafos:

“Quienes favorecen la legalización del cannabis anteponen conceptos prácticos y económicos. Estiman que California recaudará 1,4 billones de dólares al año en impuestos. Se ahorrarán miles de millones por no tener que procesar a criminales que ya no lo serán y gastos carcelarios que ascienden a 216.000 dólares al año por cada delincuente juvenil encarcelado, en contraste con 8.000 dólares que se gasta por un niño en el sistema público escolar. Estiman que la legalización blanqueará el mercado y reducirá los precios de la droga; suficientes disuasivos para los narcotraficantes.

Quienes están en contra saben que la marihuana detona enfermedades psiquiátricas, provoca adicción, incentiva el uso de drogas más fuertes, desinhibe conductas delictivas, atrae efectos negativos al hogar, en el trabajo y provoca mayores accidentes, por lo que los ahorros se transferirán como gastos a otro sector. La sociedad estará más enferma y el narcotráfico no se diluirá, se enfocará en otros negocios y productos más rentables. 
La legalización de la marihuana abrirá puertas insospechadas. Es un error si se fundamentan criterios económicos por sobre los problemas de salud pública o los efectos negativos al núcleo familiar, así como minimizar la necesaria discusión ética sobre el tema y sus repercusiones morales. 
La permisividad legal que se conceda hoy a la marihuana nos debiera hacer reflexionar sobre el después. ¿Será que la ambición nos llevará en el futuro a legalizar drogas más duras y peligrosas?”.

Mujica y su miopía digital

El gobierno del presidente uruguayo José Mujica tomó una decisión absurda y errónea para mejorar el rendimiento y la eficiencia de la administración pública. Prohibió a los empleados estatales usar las redes sociales, como Facebook y Twitter, o que descarguen videos en YouTube o servicios telefónicos como Skype en horas de oficina.

Es posible que algunos empleados abusen de sus puestos descargando música, películas o juegos on-line, pero es injusto achacarle al internet la ineficiencia y lentitud que las burocracias arrastran desde hace siglos.

El desconocer el uso eficiente que pueden tener las redes sociales en la función pública y en la creación de un Gobierno 2.0, más participativo y conectado con la gente, demuestra que ciertos políticos han hecho poco para vencer el analfabetismo tecnológico.

Desconcierta esta miopía digital en Uruguay, país con uno de los sistemas más democráticos, con menos corrupción, y pionero en el mundo con el programa “una computadora por alumno”, mediante el cual se abasteció a 400 mil estudiantes con nuevas tecnologías e internet, lográndose mejorar la educación y reducir la deserción escolar.

Es inentendible que esa experiencia positiva no se haya extrapolado a la administración pública. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del gobierno uruguayo optó por colocar en las computadoras de los empleados medidores de descargas de banda ancha, con lo que se sancionarán los abusos, pero a costa la creatividad y la capacidad de una mejor comunicación con los ciudadanos. También se pierde la posibilidad de que el Estado esté presente donde ocurre gran parte de la conversación pública, las redes sociales, el espacio de mayor crecimiento en todos los países del planeta.

Existen buenas experiencias sobre el uso de esos nuevos medios en los gobiernos. Se utilizan en campañas de educación, el mejoramiento de procesos electorales y la orientación para usuarios sobre trámites complejos, así como para informar sobre salud pública por Twitter, reclutar personal por medio de Facebook, entrenar a los empleados por YouTube sobre programas como Excel o Photoshop o ahorrar con Skype en llamadas telefónicas y video conferencias.

Lo más trascendente de un Gobierno 2.0, es que la comunicación digital en redes y blogs, demanda ofrecer más información pública, mayor transparencia y rendición de cuentas, además de que permite a los ciudadanos participar de las soluciones. Por ejemplo, el sitio que lanzó esta semana la Comisión Federal de Comercio de EEUU, en cooperación con 30 agencias federales, enseña a los consumidores no sólo a mantener la privacidad o evitar el robo de identidad, sino también a reportar prácticas fraudulentas y delictivas.

Además del área de seguridad, las mejores prácticas para Facebook y Twitter se hallan en el terreno de la salud y la educación. En EEUU algunos gobiernos municipales han creado cuentas donde los pacientes intercambian síntomas de enfermedades y evalúan cuáles son los hospitales de la ciudad que ofrecen mejores servicios y atención. En Suecia un sitio gubernamental permite a los usuarios hacer evaluaciones, comparaciones y críticas de servicios de las oficinas públicas, lo que las ha obligado a gastar mejor sus recursos, cambiar malos hábitos de atención al público y reducir tiempos en los trámites.

A diferencia de Mujica, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, optó por tener un gobierno alineado a las nuevas tecnologías. En lugar de prohibirlas, prefirió educar a sus funcionarios en el buen uso de ellas. En unos meses, Chile será el primer país latinoamericano con una guía de instrucción para funcionarios y empleados públicos en el manejo apropiado de las redes sociales, que podrá ser actualizado en forma constante. En el primer borrador presentado a fines de diciembre, en forma similar a otros instructivos de Australia, España, EEUU e Inglaterra, se incluyen temas tales como no responder a insultos, usar vocabulario coloquial, no bombardear con información sin calidad o discriminar los datos públicos de los confidenciales.

Uruguay y Chile optaron por caminos opuestos para alcanzar el mismo fin de contar con una administración pública eficiente. Ojalá que otros países que están detrás de la misma senda, adviertan las diferencias entre la miopía digital de Mujica y la responsabilidad tecnológica de Piñera. No es difícil elegir cuál modelo ofrece un gobierno más abierto y participativo.

Mujica se arrepentirá por prohibir redes sociales

El presidente uruguayo, José Mujica, ha tomado una drástica medida en contra de los empleados públicos, quienes tendrán prohibido el uso de Facecebook, Twitter y MSN entre otras redes sociales, navegar por internet, descargar películas o programas de servicios telefónicos como Skype, como parte de una reforma del Estado en la que se trata de que los empleados públicos no pierdan el tiempo y sean más eficientes.

A simple vista pareciera ser que la medida ayudará a que la administración pública no baje el rendimiento. A corto plazo, el hecho de que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ordenara la instalación de medidores de consumo de banda ancha para medir las descargas, pareciera ser adecuado. Sin embargo, a largo plazo, el gobierno está desconociendo la potencialidad de las redes sociales, el internet y todas las herramientas que se ofrecen para hacer más eficiente la labor, como por ejemplo el ahorro de costos que podría significar Skype en materia de ahorro en llamadas telefónicas.

Más que prohibir las redes sociales, las cuales están teniendo cada día mayor impacto, los gobiernos deberían incentivar su uso para el beneficio de la administración pública, la que puede ser utilizada para campañas de educación para los usuarios de la administración pública, para realizar trámites, para ofrecer información pública y mantener una relación más directa con el público, que percibe a la administración pública como lenta, burocrática y poco eficiente.

Las redes sociales y el internet pueden ser instrumentos invalorables para levantar el perfil y ayudar a la eficiencia de la administración pública. El desafío es ese, prohibirlas es fácil y retrógrado. La administración pública siempre fue ineficiente, no porque ahora haya abuso en el uso del internet. Mujica se arrepentirá muy pronto de esta medida.

Mujica y su tendencia contra los medios

José Mujica ganó la presidencia de Uruguay en el ballotage de hoy y si bien los medios de comunicación le darán el tradicional los 100 días sin tantas críticas para ver como se acomoda y hamaca, seguramente el debate prensa – gobierno surgirá antes de que termine ese período de gracia.

Es que ya durante la campaña electoral, el ex tupamaro y senador oficialista, venía argumentando a favor de que el gobierno tuviera mayor incidencia en los medios de comunicación, ya sea controlando su contenido como imponiéndolo.

En el informe reciente de la SIP divulgado el mes pasado en Buenos Aires, se relata que Mujica quiere “imponer al sistema de comunicación, campañas públicas permanentes para el desarrollo de valores colectivos, así como exigir y obligar desde el gobierno espacios mínimos de producción nacional en radio y televisión, modelo como el que en la década de los años ‘40 estableció en Argentina el ex presidente Juan Domingo Perón”.

El informe explica que en los últimos meses, Mujica criticó, culpó y acusó continuamente la tarea de los medios y de los periodistas.
Veremos que sucede en los próximos meses, pero si Mujica sigue los pasos que han dado otros gobiernos populistas de la región, lo más seguro es que en los primeros meses de gobierno ya irá delineando una estrategia de control del periodismo.